Chile: HidroAysén, una radio en el sur del mundo y el riesgo de cárcel para una locutora

Luego de intentar legalizar su actividad en tres ocasiones desde 2013, la emisora tuvo que clausurar su actividad por miedo a que alguno de sus miembros termine tras las rejas. Su directora está a la espera de ser formalizada tras ser acusada de operar fuera de la legalidad. “La ley está hecha para los que tienen plata, para los grandes consorcios", apunta Andrea Rosas, una de sus locutoras.

Javier Paredes Godoy 

Esta semana se dio a conocer que la radio Madre de la Divina Providencia, conocida como Madipro, que funciona en Villa O’Higgins en la Región de Aysén, cerraría. La decisión correspondía a un ejercicio defensivo, luego de que la fiscalía de Cochrane iniciara una investigación que los acusa de operar por fuera de la legalidad, motivo por el cual este próximo 28 de marzo se formalizará a Yaline Riveros, responsable legal del medio en tanto directora del mismo. Arriesga tres años de cárcel por contravenir la Ley General de Telecomunicaciones

 
Madipro es una red de radios fundada a inicios de 1991 por el padre Antonio Ronchi. El objetivo era dotarse de una herramienta social -un grupo humano con cierto alcance- que le permitiese evangelizar. El “cura rasca”, como se le conocía, había llegado en 1961 desde Italia con tal cometido y, treinta años después, fundaba la red que contemplaba al Canal 3 TV, Madipro y se incorporaba a los medios del Vicariato Apostólico, conducción intelectual y moral de la iniciativa.
La radio Madipro, en específico, se funda en 2002 y forma parte de un conjunto de emisoras también creadas por el padre Rochi, pero de alcance regional: Puerto Aysén, Mañihuales, Chile Chico, Cochrane, Puerto Cisnes, La Junta y Coyhaique.
En conversación con El Ciudadano, Andrea Rosas, la más notable locutora de la ahora clausurada radio, explica que el conflicto que culmina en la situación actual, comienza “cuando llega el alcalde nuevo (Roberto Recabal, independiente electo en cupo RN)”. “Él es pro represas y estaba enemistado con el obispo de Aysén en la localidad”, sostiene. Hasta entonces, la radio se sostenía a partir del apoyo municipal, cuestión que involucra funcionarios dispuestos y recursos, entre otras cosas. El alcalde echa pie atrás de esa relación acumulada por décadas en favor de la instalación de su propia radio, por lo que corta los recursos a la emisora y levanta la Radio Bernardo O’Higgins, financiada, entre otras entidades, por HidroAysén, según indica Antonia Rosas.
Madipro debe volverse hacia la sociedad civil. La sostienen entre juntas de vecinos, empresarios de la Cámara de Turismo y la Agrupación Río Pascua, presidida por Yaline Riveros. La última agrupación es reconocida como “la más firme y que cuenta con más personas en su organización”, según señala Rosas, por lo que asume la responsabilidad sobre el proyecto mediático.
Hoy, sin embargo, la locutora se lamenta y señala que “decidimos cerrar la radio, porque la opción implica cárcel para cualquier eventual imputado”. “No estamos en condiciones de asumir ese riesgo”, concluye.

“La ley está hecha para los que tienen plata, para los grandes consorcios”
El Vicariato Apostólico de Aysén ha postulado en tres ocasiones a través de su unidad Aysén Comunicaciones a la legalización de su actividad. A cuatro años del primer intento, todas han sido rechazadas y recién ha llegado a manos de los postulantes la justificación de la primera respuesta. Rosas indica que las razones esbozadas no son sustantivas, y se refieren a cuestiones de forma de la postulación. Apunta que el trámite es excesivamente costoso y burocrático, de modo que “la ley está hecha para los que tienen plata, para los grandes consorcios. Si a ellos sirve esta ley, implica que a las radios comunitarias no”.

Sin embargo, apunta a que hay motivos más profundos. “Siempre hemos estado contra el proyecto HidroAysén”, señala. Se refiere a la represa que se pretende construir en la región para aprovechar el afluente de los ríos y producir energía eléctrica, inundando enormes terrenos. “Ha habido compra de estudios y compra de conciencias a través de proyectos truchos. Lo hemos visto en la puerta de nuestras casas y es algo innegable para los vecinos”, denuncia.
Y va más allá cuando afirma que “el actual alcalde financió su campaña a través de la Corporación Aysén por Aysén”, vinculada a HidroAysén, la que -asegura- “facilitó recursos para levantar la radio Bernardo O’Higgins”. En ese sentido, agrega que “somos la piedra de ese zapato como vecinos, además de que, como locutora, soy  bastante crítica de las políticas exógenas y a ciegas realizadas en nuestra localidad, dejando en peores condiciones a los lugareños”. Irónica, añade que todo sucede “en paralelo a discursos sobre soberanía que no se realizan, porque perdemos soberanía”.
“Es vergonzoso que una vecina pueda ir a la cárcel por comunicar”
“Esta medida intenta acallar una emisora que durante más de tres décadas ha comunicado y servido de expresión a ese alejado poblado. Es vergonzoso que en Chile una vecina pueda ir a la cárcel simplemente por comunicar a su comunidad”. Esa fue parte del categórico pronunciamiento del Colegio de Periodistas tras conocerse lo ocurrido a la radio Madipro.
Junto con ello, la organización llamó al Gobierno “a cumplir con los estándares internacionales y respaldar un camino legislativo que erradique la posibilidad de que un ciudadano y ciudadana pueda ir a la cárcel por ejercer un derecho tan básico como expresarse a través de un medio de comunicación”.
En diálogo con El Ciudadano, la presidenta del Colegio, Javiera Olivares, señala que “solo en 2016 son seis o siete casos donde se produjo la misma situación, de trabajadores que terminan detenidos y sus equipos decomisados, y lo hemos denunciado reiteradamente a la Subsecretaría de Comunicaciones”.
Apunta que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las democracias no deben atentar contra la libertad de expresión criminalizando y penalizando con cárcel el ejercicio del radialismo” y que Chile debe seguir la letra y espíritu de los tratados que ha asumido como propios, en particular la doctrina de la CIDH. Especifica que, jurídicamente, se trata del artículo 136 b de la Ley General de Telecomunicaciones, la cual pretende ser derogada por un proyecto de ley presentado por el senador Alejandro Navarro.
Por último, Olivares expresa que “consideramos que el artículo no protege ni garantiza un derecho humano, que es el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión de la ciudadanía, que no se puede amenazar con cárcel o tener sanciones penales que impliquen cárcel por hacer radio, con o sin licencia”.

Fuente: elciudadano.cl