Chile: Parlamentarios acusan debilidad institucional frente a presiones

 

Girardi: “Este es un gobierno totalmente neoliberal 

en materia ambiental, es una vergüenza”

  

“La institucionalidad ambiental no da para más. Está totalmente desprestigiada, politizada y susceptible a las presiones del mundo empresarial. Este es un gobierno totalmente neoliberal en materia ambiental, es una vergüenza”, fue la drástica evaluación que hizo el senador Guido Girardi (PPD) al referirse a la controversia que se ha generado por la desaprobación del proyecto Dominga.

 
Junto a la senadora Adriana Muñoz (PPD), Girardi emplazó al Gobierno a terminar con las actuales condiciones que rigen la institucionalidad ambiental, proponiendo una profunda reforma que se adecúe a los estándares internacionales. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a sus colegas a apoyar la iniciativa que esperan se transforme en ley a la brevedad.
Afirmando que el país ya no resiste las incertezas que provoca el actuar errático de las autoridades ligadas a las decisiones medioambientales, el senador PPD conminó al Gobierno a  “terminar con una institucionalidad de papel, donde las decisiones técnicas no son vinculantes con las políticas”.
Ejemplos como Ralco, Caimanes, Pascua Lama e Hidroayseń demuestran que la política de Chile, independiente del gobierno de turno, no se ha caracterizado por una defensa del medio ambiente y la ecología. O al menos, no es habitual. Gracias a ello,  se han entregado  amplios territorios para un desarrollo a cualquier costo- las mal llamadas zonas de sacrificio- pasando incluso por encima de las comunidades y los ecosistemas.
Un Gobierno poco serio
Distintos autores afirman que para un desarrollo ambiental armónico con las comunidades se deben generar condiciones de sustentabilidad, generando ingresos equitativos para todos. De esta forma, las autoridades debiesen exigir a cualquier proyecto que quiera insertarse en un territorio que cumpla con todos los estándares medioambientales. ”Es un tema que hay que abordar con responsabilidad y delicadeza, no con poca seriedad, una débil legislación y un marco institucional que le hace mal tanto a las empresas que quieren emprender en las regiones como a las comunidades que con esperanza ven llegar una inversión que puede reactivar y dinamizar la economía además de la generación de empleo”, sostuvo la senadora Adriana Muñoz.
Ambos parlamentarios PPD coinciden en que nadie se opone a que se instale Dominga o cualquier otra empresa. Lo único que no puede tolerarse -dicen- es “la irresponsabilidad frente a la normativa y los estándares internacionales”. De esta forma, coinciden, con respeto y resguardo de la salud de las personas y del medio ambiente, del ecosistema y la biodiversidad de la región, se atraen el desarrollo y la inversión.

Sin embargo, hay quienes abogan por que no importe la contaminación y destrucción: pareciera que hay que instalar las empresas a cualquier precio. Por eso, llama la atención que por primera vez un grupo de Seremis y el Intendente se hayan atrevido a reestablecer el Estado de Derecho frente a un proyecto lleno de presiones por aprobarlo, aún cuando hubiesen vicios en su constitución, debido al soborno hecho al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y dado que se cuestionara que la propiedad de la misma estuviese al alero de la familia del ex mandatario Sebastián Piñera.
Su postura es el desafío
La senadora Muñoz ahondó en varias difamaciones hechas contra ella y algunas autoridades que se mostraron contrarias a la aprobación del proyecto que podría acabar con el hábitat del pingüino de Humboldt. Peor aún, con medios de comunicación regionales enfocados en deslegitimar una decisión basada en aspectos técnicos para así ocultar una situación de incumplimiento de las empresas frente a los exigencias medioambientales, el panorama ante la ciudadanía es desalentador. “Si yo me dedico a tapar con un dedo las observaciones de fondo que hizo el Intendente, el Seremi, no se conoce el daño que puede provocar una minera parándose de esta forma. De verdad, recomendaría que se termine con esta ola de acusaciones que le hacen muy mal a la instalación de una empresa seria, al resguardo medioambiental y a la salud de las personas de nuestra región”, señaló la también socióloga.
En la misma línea, y apoyando los dichos de su colega de partido, el senador representante de Santiago poniente afirmó que “estamos dispuestos a reformar la ley para que nunca más haya presión. Si un proyecto se quiere aprobar, que cumpla con las exigencias técnicas y se aprueba cuando las cumpla. No como hoy que no cumpliendo las exigencias, se aprueban igual, tal y como pasó con Pascua Lama, Barrancones, Hidroaysén y Castilla”.
En vista a la coyuntura producto de las próximas elecciones, los representantes de la Cámara Alta expresaron que esperan que las y los candidatos opinen respecto a los temas que están proponiendo.
Mientras, hacen un llamado a sus colegas, como el diputado Matías Walker (DC), que acusó presiones hacia las autoridades para lograr no aprobar el proyecto minero. “Al diputado Walker le recomendaría que toda la pasión que ha utilizado para atacar a las personas que estamos en contra de este proyecto, incluso involucrando al Gobierno, la debería dedicar a desentrañar todos los impactos dañinos e irreversibles que va a provocar la minera en nuestra región”, aconsejó la senadora representante por Coquimbo.
Con todo, Dominga develó diferencias importantes existentes en la Nueva Mayoría, por lo que se abre la pregunta de cuál será la postura que van a tener los candidatos presidenciales en ese sentido. Es probable que existan distintas opiniones, pero por el momento existe una nebulosa poco transparente de cómo se quiere y se piensa  el desarrollo en las distintas regiones.
Asumir  las responsabilidades y obligaciones, tanto de empresarios como de autoridades, es un primer paso, si no el descalabro sería total. No obstante, la polémica en torno a Dominga ha demostrado que todavía quienes busquen un desarrollo de manera sustentable se exponen a recibir un castigo de los que no quieren estar en sintonía con la ciudadanía.

Fuente: El Ciudadano