El impacto de las mega-infraestructuras, ¿quién paga la deuda?: Un informe del ODG relaciona las grandes obras públicas con la deuda ilegítima, ecológica y de género
¿Cuál es el coste real de las mega-infraestructuras? ¿Sobre quién recae la carga de los grandes proyectos y pingües operaciones de compraventa? A mediados los años 90 Alemania ya había vendido a Indonesia la mitad de la flota de la antigua RDA, destacaba el periodista Ángel Ferrero en el artículo “El lado oscuro de las exportaciones alemanas”. Desde 1967 gobernaba el país el general Suharto, cuya dictadura se prolongó durante tres décadas; el exdictador accedió al poder mediante un golpe militar y la masacre, durante los años 1965 y 1966, de entre 500.000 y un millón de personas bajo la acusación de comunistas.
Enric Llopis
Además Indonesia invadió Timor Oriental -con el apoyo de Estados Unidos- poco después que la antigua colonia portuguesa declarara su independencia, en 1975; las consecuencias de la anexión fueron otro genocidio (200.000 timorenses muertos). A finales de la década de los 80 y principios de los 90, durante el régimen de Suharto, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y Alemania fueron los mayores suministradores de armas a Indonesia, subraya Laura Ramos en “Los crímenes de la deuda”; a la muerte de Suharto en 2008, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) recordó que la deuda pública externa se elevó -durante la dictadura- de 3.000 millones de dólares a 67.000 millones de dólares.
Se trata de un ejemplo de deuda ilegítima, mencionado en el informe “Mega-infraestructura como mecanismo de endeudamiento. El riesgo de deuda ilegítima, ecológica y de género”, de Nicola Scherer, Alfons Pérez y Davide Panadori, publicado por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) en diciembre de 2017. Otro caso es el grueso de la deuda externa contraída por la República Democrática del Congo durante la dictadura de Mobutu Seseko, quien gobernó el país entre 1965 y 1997. El endeudamiento de la República de Zaire (denominación de la época) pasó de 5.000 millones de dólares en 1978 a 13.000 millones de dólares cuando Mobutu escapó al exilio.
Enric Llopis
Además Indonesia invadió Timor Oriental -con el apoyo de Estados Unidos- poco después que la antigua colonia portuguesa declarara su independencia, en 1975; las consecuencias de la anexión fueron otro genocidio (200.000 timorenses muertos). A finales de la década de los 80 y principios de los 90, durante el régimen de Suharto, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y Alemania fueron los mayores suministradores de armas a Indonesia, subraya Laura Ramos en “Los crímenes de la deuda”; a la muerte de Suharto en 2008, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) recordó que la deuda pública externa se elevó -durante la dictadura- de 3.000 millones de dólares a 67.000 millones de dólares.
Se trata de un ejemplo de deuda ilegítima, mencionado en el informe “Mega-infraestructura como mecanismo de endeudamiento. El riesgo de deuda ilegítima, ecológica y de género”, de Nicola Scherer, Alfons Pérez y Davide Panadori, publicado por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) en diciembre de 2017. Otro caso es el grueso de la deuda externa contraída por la República Democrática del Congo durante la dictadura de Mobutu Seseko, quien gobernó el país entre 1965 y 1997. El endeudamiento de la República de Zaire (denominación de la época) pasó de 5.000 millones de dólares en 1978 a 13.000 millones de dólares cuando Mobutu escapó al exilio.
Además de robar 5.000 millones de dólares, según Transparencia Internacional, el dictador promovió infraestructuras fastuosas, entre otras la represa hidroeléctrica Inga I (351 megavatios) y II (1.424 megavatios) en el río Congo. “Estos proyectos hidroeléctricos han servido para abastecer principalmente a las minas en los mercados del sur y de exportación, y no a las zonas rurales”, subrayan los autores a partir de las denuncias de la ONG International Rivers; además, “las comunidades desplazadas de Inga han estado luchando desde la década de 1960 para obtener una compensación justa y no han recibido nada hasta la fecha”. El siguiente proyecto hidroeléctrico –el mayor del mundo- previsto en el río Congo es el Grand Inga, con capacidad para generar hasta 40.000 megavatios de electricidad.
Otro aspecto abordado es la relación entre los megaproyectos y la deuda ecológica que generan las élites. Así, el desarrollo en su día de la Red de Autopistas Interestatales (IHS) de Estados Unidos se relaciona en el informe con dos factores: el consumo de petróleo barato y el incremento de las emisiones de CO2. “Entre 1950 y 1960 el sistema de interconexión de autopistas y el desmantelamiento progresivo de los sistemas de ferrocarril brindaron grandes beneficios a General Motors, nombrada previamente como una de las patrocinadoras del IHS”, explican Schrerer, Pérez y Panadori. Los nexos político-empresariales encarnaron en la figura del presidente de General Motors, el ingeniero Charles Erwin Wilson, quien ejerció como Secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1953 y 1957, durante la presidencia de Eisenhower.Un ejemplo de deuda ecológica citado en el documento es el Corredor de Gas del Sur, uno de los proyectos señeros de la UE en materia energética, que consiste en el transporte de gas desde Azerbaiyán hasta el sur de Europa a través de Turquía. El coste de la iniciativa –una red de más de 3.500 kilómetros de gasoductos- asciende a 40.000 millones de euros. El estudio “Smoke and Mirrors” (enero 2018) encargado por la organización CEE Bankwatch Network advierte que, en más de la mitad de los escenarios analizados, el nivel de emisiones de metano (principal componente del gas natural) para el gasoducto es comparable, o incluso mayor, a la huella climática generada por el carbón. La investigación apunta, asimismo, que las emisiones anuales previstas en la primera fase del Corredor gasístico serían equivalentes a las totales de Rumanía en 2015, y superiores a las de Bulgaria durante el mismo año. Frente al macroproyecto se han alzado las voces de los activistas. Además de organizarse el comité No al TAP (por el nombre del gasoducto Trans Adriático, uno de los incluidos en el Corredor), centenares de ciudadanos se concentraron en marzo de 2017 en la localidad italiana de Melendugno (región de Apulia) para impedir la destrucción de olivos centenarios; medios italianos e internacionales se hicieron eco de la represión policial y la resistencia contra las máquinas que trabajaban en las obras del gasoducto.
Otro aspecto abordado es la relación entre los megaproyectos y la deuda ecológica que generan las élites. Así, el desarrollo en su día de la Red de Autopistas Interestatales (IHS) de Estados Unidos se relaciona en el informe con dos factores: el consumo de petróleo barato y el incremento de las emisiones de CO2. “Entre 1950 y 1960 el sistema de interconexión de autopistas y el desmantelamiento progresivo de los sistemas de ferrocarril brindaron grandes beneficios a General Motors, nombrada previamente como una de las patrocinadoras del IHS”, explican Schrerer, Pérez y Panadori. Los nexos político-empresariales encarnaron en la figura del presidente de General Motors, el ingeniero Charles Erwin Wilson, quien ejerció como Secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1953 y 1957, durante la presidencia de Eisenhower.Un ejemplo de deuda ecológica citado en el documento es el Corredor de Gas del Sur, uno de los proyectos señeros de la UE en materia energética, que consiste en el transporte de gas desde Azerbaiyán hasta el sur de Europa a través de Turquía. El coste de la iniciativa –una red de más de 3.500 kilómetros de gasoductos- asciende a 40.000 millones de euros. El estudio “Smoke and Mirrors” (enero 2018) encargado por la organización CEE Bankwatch Network advierte que, en más de la mitad de los escenarios analizados, el nivel de emisiones de metano (principal componente del gas natural) para el gasoducto es comparable, o incluso mayor, a la huella climática generada por el carbón. La investigación apunta, asimismo, que las emisiones anuales previstas en la primera fase del Corredor gasístico serían equivalentes a las totales de Rumanía en 2015, y superiores a las de Bulgaria durante el mismo año. Frente al macroproyecto se han alzado las voces de los activistas. Además de organizarse el comité No al TAP (por el nombre del gasoducto Trans Adriático, uno de los incluidos en el Corredor), centenares de ciudadanos se concentraron en marzo de 2017 en la localidad italiana de Melendugno (región de Apulia) para impedir la destrucción de olivos centenarios; medios italianos e internacionales se hicieron eco de la represión policial y la resistencia contra las máquinas que trabajaban en las obras del gasoducto.
El estudio “Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”, dirigido por el catedrático de Geografía de la Universitat de València, Joan Romero, concluye que las administraciones públicas han malgastado o comprometido desde 1995 hasta la actualidad al menos 80.000 millones de euros en infraestructuras “ociosas, infrautilizadas, innecesarias o cerradas” y en eventos “efímeros” o “inútiles”; si se agregan las obligaciones y compromisos adquiridos por las administraciones, la cifra podría elevarse a 97.000 millones de euros.
Nicola Schrerer, Alfons Pérez y Davide Panadori también vinculan la construcción de mega-infraestructuras con la deuda de género; señalan que el abono de la deuda generada en el estado español por aeropuertos como el de Castellón, Huesca y Murcia, las autopistas radiales de Madrid (entre 2.000 millones y 4.500 millones de euros) y el Proyecto gasístico Castor (1.350 millones de euros además de los intereses) “tienen preferencia antes que la vida y el cuidado de las personas”; añaden que los hombres desempeñan la mayoría de los trabajos -y los más cualificados- en sectores como el de los hidrocarburos, que incluye grandes operaciones de extracción, refinación y transporte.
La primera parte del informe del OGD aborda los diferentes mecanismos por los que se produce el endeudamiento, entre otros las Alianzas Público Privadas (APP). A grandes rasgos, se trata acuerdos –que pueden alcanzar los 30 años- en los que la empresa privada construye, mantiene una mega-infraestructura y presta un servicio, a cambio de cobrar facturas a los usuarios o percibir un dinero por parte de los gobiernos. Tanto los ejecutivos nacionales como el Banco Mundial, el FMI, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea apoyan las APP, “ya que los gobiernos no tienen que endeudarse oficialmente ellos mismos; la deuda no se registra como endeudamiento del sector público”, razonan Schrerer, Pérez y Panadori.
Nicola Schrerer, Alfons Pérez y Davide Panadori también vinculan la construcción de mega-infraestructuras con la deuda de género; señalan que el abono de la deuda generada en el estado español por aeropuertos como el de Castellón, Huesca y Murcia, las autopistas radiales de Madrid (entre 2.000 millones y 4.500 millones de euros) y el Proyecto gasístico Castor (1.350 millones de euros además de los intereses) “tienen preferencia antes que la vida y el cuidado de las personas”; añaden que los hombres desempeñan la mayoría de los trabajos -y los más cualificados- en sectores como el de los hidrocarburos, que incluye grandes operaciones de extracción, refinación y transporte.
La primera parte del informe del OGD aborda los diferentes mecanismos por los que se produce el endeudamiento, entre otros las Alianzas Público Privadas (APP). A grandes rasgos, se trata acuerdos –que pueden alcanzar los 30 años- en los que la empresa privada construye, mantiene una mega-infraestructura y presta un servicio, a cambio de cobrar facturas a los usuarios o percibir un dinero por parte de los gobiernos. Tanto los ejecutivos nacionales como el Banco Mundial, el FMI, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea apoyan las APP, “ya que los gobiernos no tienen que endeudarse oficialmente ellos mismos; la deuda no se registra como endeudamiento del sector público”, razonan Schrerer, Pérez y Panadori.
Los autores critican el “riesgo fiscal oculto” y la “falta de transparencia generalizada” que implica esta fórmula. Por ejemplo el Proyecto Castor, almacén de gas promovido por la multinacional ACS frente a las costas de Castellón, incluía la posibilidad de que la constructora renunciara anticipadamente a la concesión y una indemnización a cargo del erario público por las inversiones realizadas; además el BEI aportó 500 millones de euros para la financiación de esta mega-infraestructura. Los autores concluyen que los proyectos financiados por APP resultan más caros y “a menudo fracasan en proporcionar el servicio contratado”. Un estudio de la investigadora Marta Conde sobre las Alianzas Público Privadas, publicado por el ODG en 2017, señala los casos de Portugal -como país pionero de las APP en Europa-, la concesión de uno de los tramos de la AP-7 (Autopista del Mediterráneo) a la multinacional Abertis y la Línea 9 del Metro de Barcelona, como ejemplo de los perjuicios del modelo para los contribuyentes.Las Agencias de Crédito a la Exportación (ECA, por las siglas en inglés) son entidades públicas que avalan, ofrecen préstamos y apoyo a corporaciones privadas del país de origen para fomentar sus ventas al exterior. Estas agencias son, asimismo, las fuentes de deuda bilateral externa más importantes mantenidas por los países del Sur”, subraya el informe sobre las mega-infraestructuras; “si estos países necesitan acordar la renegociación o cancelación de su deuda, no lo harán con la ECA de forma individual, sino con todos los acreedores colectivamente en el ‘Club de París”, añaden Nicola Scherer, Alfons Pérez y Davide Panadori. Constituido en 1956, el foro parisino reúne a los países deudores y acreedores; un factor relevante de los acuerdos de “reestructuración” de la deuda es que están vinculados a un plan de ajuste y recortes del FMI. En cuanto al estado español, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) opera en nueve países (siete de ellos de América Latina) y tiene como accionista mayoritario al Estado (50,2%), seguido del Grupo Santander (23,8%) y el Grupo BBVA (16,3%).
El informe de los investigadores del OGD menciona el ejemplo de las Agencias de Crédito a la Exportación de Alemania, Suiza y Austria, que inicialmente apoyaron el proyecto de la presa hidroeléctrica de Ilisu sobre el río Tigris, en el sureste Kurdo de Turquía, aunque en 2009 retiraron la financiación tras una campaña de denuncia pública. Sin embargo el proyecto de embalse, que sería el mayor de Turquía, continúa en construcción y amenaza la ciudad antigua de Hasankeyf (de más de 12.000 años de antigüedad), implicaría anegar 68 pueblos y el desplazamiento forzoso de más de 40.000 personas, según Ecologistas en Acción. La organización ecologista ha denunciado asimismo la implicación del BBVA en la mega-infraestructura, ya que posee una participación accionarial destacada en uno de los bancos turcos que la financian.
Fuente: Rebelión.org
Fuente: Rebelión.org
