Un instrumento legal inédito para la región: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
El primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica), Argentina y otros 24 países lo firmarán el 27 de septiembre próximo, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Norberto Ovando
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, constituye el primer tratado vinculante en incorporar tres obligaciones específicas para los Estados relativas a las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales: garantizar entornos propicios y seguros; adoptar medidas adecuadas y efectivas para promover y proteger todos sus derechos, incluidos los derechos de acceso, y; prevenir, investigar y sancionar los ataques que enfrentan. De ese modo constituye un avance progresista en cuanto a la protección de las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos a vivir en un ambiente sano y los de la naturaleza en nuestro país.
En Argentina, la Ley General del Ambiente Nº 25675 y la Ley Nº 25831 garantizan el acceso a la información pública ambiental, a la participación pública y proveen herramientas para la implementación del acceso a la justicia ambiental.
Dolores Duverges, Subsecretaria del ex Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, que participó como representante de la delegación argentina señaló: “Como máxima autoridad ambiental a nivel nacional, realizamos aportes en este Código Penal con un título referido a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. En el marco, se establecieron líneas de trabajo para contribuir con el desarrollo de la justicia ambiental tales como realizar capacitaciones a jueces y fiscales, prestar colaboración y asistencia en investigaciones, contribuir a generar una base de datos integradas y colaborar en la reforma de marcos normativos”.
Este Acuerdo confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible. Al vincular los marcos mundiales y nacionales, el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades —en particular, a través de la cooperación Sur-Sur—, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. Del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado.
Norberto Ovando
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, constituye el primer tratado vinculante en incorporar tres obligaciones específicas para los Estados relativas a las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales: garantizar entornos propicios y seguros; adoptar medidas adecuadas y efectivas para promover y proteger todos sus derechos, incluidos los derechos de acceso, y; prevenir, investigar y sancionar los ataques que enfrentan. De ese modo constituye un avance progresista en cuanto a la protección de las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos a vivir en un ambiente sano y los de la naturaleza en nuestro país.
En Argentina, la Ley General del Ambiente Nº 25675 y la Ley Nº 25831 garantizan el acceso a la información pública ambiental, a la participación pública y proveen herramientas para la implementación del acceso a la justicia ambiental.
Dolores Duverges, Subsecretaria del ex Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, que participó como representante de la delegación argentina señaló: “Como máxima autoridad ambiental a nivel nacional, realizamos aportes en este Código Penal con un título referido a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. En el marco, se establecieron líneas de trabajo para contribuir con el desarrollo de la justicia ambiental tales como realizar capacitaciones a jueces y fiscales, prestar colaboración y asistencia en investigaciones, contribuir a generar una base de datos integradas y colaborar en la reforma de marcos normativos”.
Este Acuerdo confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible. Al vincular los marcos mundiales y nacionales, el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades —en particular, a través de la cooperación Sur-Sur—, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones. Del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado.
Este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.
Para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y más derechos ambientales en el plano local, nuestros países han decidido actuar de manera coordinada a nivel regional, poniendo la creación de capacidades y la cooperación al servicio de bienes e intereses colectivos superiores.
Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
Tengamos presente que la región es una de las más mortíferas para los activistas ambientales, de acuerdo a las últimas estadísticas. 197 defensores fueron asesinados, 60% de ellos en América Latina y el Caribe.
En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asevera que “Con este Acuerdo, nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible”.
En el plano nacional, “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Conclusión
Nuestra región está dando una lección al mundo, escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental.
Fuente: CEPAL UN/AAPN - Rebelión - Imagenes: Conexión INTAL - Aleteia
Norberto Ovando. Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN. Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas - WCPA - de la IUCN.
Copias auténticas del Acuerdo Regional en inglés y español se encuentran abriendo el siguiente link
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
Para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y más derechos ambientales en el plano local, nuestros países han decidido actuar de manera coordinada a nivel regional, poniendo la creación de capacidades y la cooperación al servicio de bienes e intereses colectivos superiores.
Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
Tengamos presente que la región es una de las más mortíferas para los activistas ambientales, de acuerdo a las últimas estadísticas. 197 defensores fueron asesinados, 60% de ellos en América Latina y el Caribe.
En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asevera que “Con este Acuerdo, nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible”.
En el plano nacional, “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Conclusión
Nuestra región está dando una lección al mundo, escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental.
Fuente: CEPAL UN/AAPN - Rebelión - Imagenes: Conexión INTAL - Aleteia
Norberto Ovando. Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN. Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas - WCPA - de la IUCN.
Copias auténticas del Acuerdo Regional en inglés y español se encuentran abriendo el siguiente link
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf
