Redes criminales impulsan la deforestación de la Amazonia brasileña

Según un informe de Human Rights Watch más de 300 personas han sido asesinadas durante la última década por el uso de la tierra y los recursos, y el primer año del gobierno Bolsonaro ha complicado la situación

Joaquim Elcacho

Las espectaculares imágenes de los incendios que han afectado durante los últimos meses diversos puntos de la Amazonia, principalmente en territorio de Brasil, no han hecho más que documentar una tragedia ambiental que sigue afectando a esta zona de importancia ambiental planetaria.
Las causas de esta creciente destrucción de zonas forestales han sido analizada por expertos durante años y ahora la organización internacional Human Rights Watch publica un nuevo informe en el que se denuncia con ejemplos concretos que “la deforestación en la Amazonia brasileña está impulsada en gran medida por redes criminales que utilizan la violencia y la intimidación contra aquellos que intentan detenerlos, mientras que el gobierno sigue sin proteger ni a los defensores ambientales ni a la propia selva”.
El informe de 165 páginas, Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon, documenta cómo la tala ilegal por parte de redes criminales y los incendios forestales resultantes están conectados a actos de violencia e intimidación contra los defensores de los bosques y el fracaso del gobierno de Brasil a la hora de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes.
”Los brasileños que defienden la región del Amazonas se enfrentan a amenazas y ataques de redes criminales involucradas en la tala ilegal”, explica Daniel Wilkinson, director interino de medio ambiente y derechos humanos en Human Right Watch. “La situación solo está empeorando bajo el presidente Bolsonaro, cuyo asalto a las agencias ambientales del país está poniendo a la selva y a las personas que viven allí en un riesgo mucho mayor”.

Las redes criminales tienen la capacidad logística de coordinar la extracción, el procesamiento y la venta de madera a gran escala, mientras despliegan hombres armados para intimidar y, en algunos casos, matar a aquellos que buscan defender el bosque, detalla el informe publicado este 17 de septiembre por Human Rights Watch.
Los autores de esta investigación se entrevistaron con más de 170 personas, incluidos 60 miembros de comunidades indígenas y otros residentes locales en los estados de Maranhão, Pará y Rondônia. Los investigadores también entrevistaron a docenas de funcionarios gubernamentales en Brasilia y en toda la región amazónica, incluidos muchos que proporcionaron informes internos sobre cómo las políticas del presidente Jair Bolsonaro están socavando los esfuerzos de defensa de la naturaleza.
Entre los resultados del análisis de la situación, el informe indica que “durante su primer año en el cargo, Bolsonaro redujo la aplicación de las leyes ambientales, debilitó a las agencias ambientales federales y criticó duramente a las organizaciones e individuos que trabajan para preservar la selva tropical”.

Imagen de la NASA que muestra en colores marrón, naranja y amarillo los niveles elevados el monóxido de carbono asociado con incendios de la región amazónica en Brasil entre el 8 al 22 de agosto de 2019 (NASA / EFE)

Según los datos expuestos en este trabajo, más de 300 personas han sido asesinadas durante la última década en el contexto de conflictos por el uso de la tierra y los recursos en la Amazonia, muchos de ellos por personas involucradas en la tala ilegal, según cifras compiladas por la Comisión de Tierras Pastorales (CPT, en Portugués), una organización sin fines de lucro, y citado por la Oficina del Fiscal General.
“Human Rights Watch documentó 28 asesinatos, más 4 intentos de asesinato y más de 40 casos de amenazas de muerte, en los cuales había evidencia creíble de que los responsables estaban involucrados en la deforestación ilegal y veían a sus víctimas como obstáculos para su empresa criminal. La mayoría de los casos son de los últimos cinco años. Algunas víctimas eran agentes de cumplimiento ambiental. La mayoría eran miembros de comunidades indígenas u otros residentes del bosque que denunciaron la tala ilegal a las autoridades, indica esta ONG en una nota de presentación del informe.
“Los responsables de la violencia rara vez son llevados ante la justicia. De los más de 300 asesinatos registrados por CPT, solo 14 finalmente fueron a juicio; de los 28 asesinatos documentados por Human Rights Watch, solo dos fueron a juicio; y de los más de 40 casos o amenazas, ninguno lo hizo”.

Esta falta de responsabilidad se debe en gran parte a que la policía no realizó las investigaciones adecuadas. La policía local, que reconoció el fracaso, dice que es porque los asesinatos tienen lugar en áreas remotas. Sin embargo, Human Rights Watch documentó omisiones atroces en las investigaciones de asesinatos ocurridos en ciudades, no lejos de las estaciones de policía, incluida la falta de autopsias.
A las investigaciones de amenazas de muerte no les va mejor, y los funcionarios en algunos lugares se niegan incluso a registrar quejas de amenazas. En al menos 19 de los 28 asesinatos documentados, las amenazas contra las víctimas o sus comunidades precedieron a los ataques. Si las autoridades hubieran investigado, los asesinatos podrían haberse evitado.
Las comunidades indígenas y otros residentes locales han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en los esfuerzos de Brasil para frenar la deforestación al alertar a las autoridades sobre las actividades de tala ilegal que de otro modo no se detectarían. La reducción de la aplicación ambiental alienta la tala ilegal y genera una mayor presión sobre la población local para que tome un papel más activo en la defensa de sus bosques. Al hacerlo, corren el riesgo de represalias.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/natural/20190917/47425132560/redes-criminales-impulsan-la-deforestacion-de-la-amazonia-brasilena.html - Imágenes: David Kerr - Rebelion - InPerfecto - CNNespañol