Estudio de Oxfam llama la atención sobre monopolio de tierras y sus consecuencias para las comunidades afectadas

 Por Karol Assunção

"Las personas con derechos sobre la tierra están siendo perjudicadas frente a las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, pues carecen de poder para hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente”. La afirmación es del informe Tierra y Poder: El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras. El documento, difundido por Oxfam la semana pasada, presenta recomendaciones y ejemplos de impactos negativos de la apropiación de tierras.

En base a investigaciones de Land Marix Partnership, el informe destaca que, desde 2001, fueron vendidos, arrendados o entregados en concesiones aproximadamente 227 millones de hectáreas de tierras de países en desarrollo. La mayoría desde 2008 a inversores extranjeros.

"Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a producir para los mercados internacionales de alimentos y de biocombustibles. A muchos se los puede llamar, con acierto, ‘acaparamiento de tierras'”, se comenta. De acuerdo con el documento de Oxfam, América Latina y África Occidental son ejemplos de nuevos destinos para la producción de biocombustibles.

El informe llama la atención sobre la importancia de reducir la apropiación de tierras, porque, de acuerdo con él, el acceso a la tierra por parte de pequeños productores rurales y campesinos produce seguridad alimentaria. Además, países con una distribución más igualitaria de tierras tienden a desarrollarse mejor que los de división desigual.

Para Oxfam, la adquisición de una tierra se transforma en apropiación cuando: viola los derechos humanos; no respeta el principio de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas; ignora los impactos sociales, económicos, ambientales y de género; no posee contratos transparentes; y no respeta las reglas de la democracia.

"Donde ya se han producido los desalojos el panorama es desolador: conflictos y pérdida de la seguridad alimentaria, de los medios de vida, de los hogares y del futuro. La mayoría de las personas afectadas han recibido una compensación escasa o nula, y les ha costado mucho volver a reconstruir sus vidas, a menudo teniendo que hacer frente a unos alquileres más altos, menos oportunidades de trabajo y mayores riesgos para su salud”, se relata.

Para evitar la apropiación de tierras y mejorar la vida de las poblaciones rurales, el informe recomienda que todos los actores involucrados (gobiernos nacionales, inversores, gobiernos de los países donde están ubicadas las instituciones inversoras, investigadores, organizaciones sociales y sociedad) cumplan con su responsabilidad.

"Las empresas y los gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para que se respete el derecho a la tierra de las personas que viven en la pobreza. Además, si se espera que las inversiones contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las personas en lugar de minarlos, las relaciones de poder entre los inversores y las comunidades locales tienen que cambiar”, se resalta. 

Traducción: Daniel Barrantes

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