La ruína nuclear
El mito de la energía nuclear se edificó sobre seis mentiras. El lobby atómico norteamericano la calificó inicialmente de panacea por ser “abundante, segura y barata”. Luego llegaron los atributos de “autóctona” –la OCDE la considera fuente nacional–, “limpia” porque no emite gases de efecto invernadero e “imprescindible” para el suministro energético actual y futuro.
La “abundancia” queda desmentida por las limitadas reservas de uranio identificadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que al ritmo actual de extracción se agotarán en un plazo de entre 50 y 80 años. De confirmarse la apuesta nuclear de China, Rusia e India, el precio del mineral aumentará y el plazo se reducirá. No hay tanto uranio.
La “seguridad”, tras la tragedia de Fukushima –sin contar con actos de guerra o terrorismo– es una creencia mítica sin fundamento. La reciente explosión de un horno de residuos nucleares en Francia ha puesto una vez más en evidencia la inmadurez de la tecnología nuclear frente al riesgo. La inconmensurabilidad monetaria de los riesgos ya se plasmó en las dramáticas cuentas de los efectos sociales y económicos de Chernobyl. Por ello, las aseguradoras excluyen el riesgo nuclear de sus coberturas en las pólizas privadas. En España, la responsabilidad civil de los titulares de las instalaciones es de 1.200 millones de euros (Ley 12/2011), monto insuficiente a la vista de la magnitud de los siniestros.
El atributo “autóctona” decae al constatar la ubicación de los recursos de uranio allende nuestras fronteras (según el informe WNA Market). La “limpieza” desaparece a la vista de la larga vida de los residuos radioactivos. Y de la “prescindibilidad” nuclear da buena cuenta el escaso y decreciente peso que tiene dicha energía en la producción eléctrica mundial y española. El sistema eléctrico español ha funcionando perfectamente con la mitad de los reactores del país parados por causas técnicas.
Antes de Fukushima, la FAES, el PP y el lobby español lanzaron el mensaje de la necesidad del “renacimiento nuclear” con la construcción de nuevas centrales. Entonces, ¿por qué no hay nuevos proyectos privados si no hay impedimento legal alguno? La respuesta es unívoca: los costes de construcción son muy altos, el periodo de obra dilatado, la amortización y el retorno se demoran y los costes financieros se disparan. Los costes de inversión del kilovatio (kW) nuclear suponen entre 3.800 y 5.800 euros (Agencia Moody’s, 2009) y el grupo Areva reconoce que, de momento, la central de Olkiluoto (Finlandia) alcanzará de partida los 4.500 euros por kW instalado. Ni el Banco Mundial ni la banca española fían a las nucleares. El objetivo real del lobby nuclear no es acometer la construcción de nuevas centrales, sino prolongar la vida de las ya existentes para que la industria siga obteniendo superganancias de unas plantas viejas, amortizadas e inseguras.
El sistema eléctrico español protege la energía nuclear y ni siquiera así es competitiva. Las ventajas para las nucleares, cuyos costes variables de funcionamiento son bajos, provienen del tipo de mercado eléctrico mayorista basado en un sistema de retribución marginalista imperfecto que les asegura la compra de toda la producción. Además, durante años, diversas decisiones políticas supusieron un regalo para las compañías eléctricas. El Gobierno socialista, con la moratoria de 1983 –y posterior aceptación de titulación de los activos–, salvó a las empresas nucleares de la quiebra con dinero público –mediante la inversión de más de 4.387 millones de euros– y de los usuarios –a través del recargo del 3,45% del recibo de la luz–. El Gobierno del PP repitió dádiva con la ley de 1997: subvencionó los costes de transición a la competencia.
Los costes de la energía nuclear no cesan de aumentar tras Fukushima, al tener que internalizar mayores gastos de seguridad: construcciones de protección, sistemas de seguridad duplicados, formación y supervisión de operarios y medidas frente a atentados. Y no todos los costes se contemplan. En los informes de rentabilidad, frecuentemente, se obvian gastos muy elevados como los de desmantelamiento de las centrales o los derivados de la gestión actual de los residuos que, sin embargo, se nos repercuten a los usuarios y contribuyentes. Menos aún se tienen en cuenta los costes colectivos legados a futuro en forma de “eternos” residuos peligrosísimos, el cementerio nuclear que se está construyendo en Onkalo (Finlandia) tiene una vida prevista de 100.000 años. En ambos casos se produce una socialización de las pérdidas.
Es una falacia afirmar, como se hace, sin tino, dato o argumento alguno, que la electricidad nuclear es más barata de producir que el resto y, por tanto, más económica para el consumidor final. Al evaluar los costes comparables, el Informe Lazard (2008) estimó –a partir de datos de la Comisión Europea– los costes de producción entre 5 y 9 céntimos de euro por kilovatio por hora (kWh) para la eólica y la biomasa; de 9 a 14, para la solar de concentración; de 7 a 10, para el gas; de 7 a 13, para el carbón; y de 10 a 12, para la nuclear, pese a que la mayoría de las centrales están amortizadas.
España es un país dependiente y vulnerable en casi toda la cadena de valor de la energía nuclear: tiene que importar el mineral, sus centrales funcionan con tecnologías foráneas y paga por la fabricación de concentrados, el enriquecimiento del uranio y el almacenaje de los residuos de alta radiactividad. El declive nuclear es imparable. Si es así, ¿por qué seguir discutiendo? La nuclear, además de peligrosa, es una ruina. Una ruina radiactiva.
La “abundancia” queda desmentida por las limitadas reservas de uranio identificadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que al ritmo actual de extracción se agotarán en un plazo de entre 50 y 80 años. De confirmarse la apuesta nuclear de China, Rusia e India, el precio del mineral aumentará y el plazo se reducirá. No hay tanto uranio.
La “seguridad”, tras la tragedia de Fukushima –sin contar con actos de guerra o terrorismo– es una creencia mítica sin fundamento. La reciente explosión de un horno de residuos nucleares en Francia ha puesto una vez más en evidencia la inmadurez de la tecnología nuclear frente al riesgo. La inconmensurabilidad monetaria de los riesgos ya se plasmó en las dramáticas cuentas de los efectos sociales y económicos de Chernobyl. Por ello, las aseguradoras excluyen el riesgo nuclear de sus coberturas en las pólizas privadas. En España, la responsabilidad civil de los titulares de las instalaciones es de 1.200 millones de euros (Ley 12/2011), monto insuficiente a la vista de la magnitud de los siniestros.
El atributo “autóctona” decae al constatar la ubicación de los recursos de uranio allende nuestras fronteras (según el informe WNA Market). La “limpieza” desaparece a la vista de la larga vida de los residuos radioactivos. Y de la “prescindibilidad” nuclear da buena cuenta el escaso y decreciente peso que tiene dicha energía en la producción eléctrica mundial y española. El sistema eléctrico español ha funcionando perfectamente con la mitad de los reactores del país parados por causas técnicas.
Antes de Fukushima, la FAES, el PP y el lobby español lanzaron el mensaje de la necesidad del “renacimiento nuclear” con la construcción de nuevas centrales. Entonces, ¿por qué no hay nuevos proyectos privados si no hay impedimento legal alguno? La respuesta es unívoca: los costes de construcción son muy altos, el periodo de obra dilatado, la amortización y el retorno se demoran y los costes financieros se disparan. Los costes de inversión del kilovatio (kW) nuclear suponen entre 3.800 y 5.800 euros (Agencia Moody’s, 2009) y el grupo Areva reconoce que, de momento, la central de Olkiluoto (Finlandia) alcanzará de partida los 4.500 euros por kW instalado. Ni el Banco Mundial ni la banca española fían a las nucleares. El objetivo real del lobby nuclear no es acometer la construcción de nuevas centrales, sino prolongar la vida de las ya existentes para que la industria siga obteniendo superganancias de unas plantas viejas, amortizadas e inseguras.
El sistema eléctrico español protege la energía nuclear y ni siquiera así es competitiva. Las ventajas para las nucleares, cuyos costes variables de funcionamiento son bajos, provienen del tipo de mercado eléctrico mayorista basado en un sistema de retribución marginalista imperfecto que les asegura la compra de toda la producción. Además, durante años, diversas decisiones políticas supusieron un regalo para las compañías eléctricas. El Gobierno socialista, con la moratoria de 1983 –y posterior aceptación de titulación de los activos–, salvó a las empresas nucleares de la quiebra con dinero público –mediante la inversión de más de 4.387 millones de euros– y de los usuarios –a través del recargo del 3,45% del recibo de la luz–. El Gobierno del PP repitió dádiva con la ley de 1997: subvencionó los costes de transición a la competencia.
Los costes de la energía nuclear no cesan de aumentar tras Fukushima, al tener que internalizar mayores gastos de seguridad: construcciones de protección, sistemas de seguridad duplicados, formación y supervisión de operarios y medidas frente a atentados. Y no todos los costes se contemplan. En los informes de rentabilidad, frecuentemente, se obvian gastos muy elevados como los de desmantelamiento de las centrales o los derivados de la gestión actual de los residuos que, sin embargo, se nos repercuten a los usuarios y contribuyentes. Menos aún se tienen en cuenta los costes colectivos legados a futuro en forma de “eternos” residuos peligrosísimos, el cementerio nuclear que se está construyendo en Onkalo (Finlandia) tiene una vida prevista de 100.000 años. En ambos casos se produce una socialización de las pérdidas.
Es una falacia afirmar, como se hace, sin tino, dato o argumento alguno, que la electricidad nuclear es más barata de producir que el resto y, por tanto, más económica para el consumidor final. Al evaluar los costes comparables, el Informe Lazard (2008) estimó –a partir de datos de la Comisión Europea– los costes de producción entre 5 y 9 céntimos de euro por kilovatio por hora (kWh) para la eólica y la biomasa; de 9 a 14, para la solar de concentración; de 7 a 10, para el gas; de 7 a 13, para el carbón; y de 10 a 12, para la nuclear, pese a que la mayoría de las centrales están amortizadas.
España es un país dependiente y vulnerable en casi toda la cadena de valor de la energía nuclear: tiene que importar el mineral, sus centrales funcionan con tecnologías foráneas y paga por la fabricación de concentrados, el enriquecimiento del uranio y el almacenaje de los residuos de alta radiactividad. El declive nuclear es imparable. Si es así, ¿por qué seguir discutiendo? La nuclear, además de peligrosa, es una ruina. Una ruina radiactiva.
---------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
Miles de japoneses han salido a la calle en distintos puntos del país para protestar contra el uso de energía nuclear cuando se cumplen seis meses del terremoto y posterior tsunami que provocó además el desastre de la central nuclear de Fukushima. Según la última encuesta del diario Mainichi, el 85% de los japoneses apoya el desmantelamiento de los 54 reactores existentes en el país.
Fuente: Reuters y diario El País
Uno de los actos más concurridos ha sido el celebrado ante la sede de la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO), que opera la central de Fukushima. Unas 2.500 personas se han concentrado allí y después han marchado hasta el Ministerio de Comercio --responsable de la supervisión del sector nuclear-- y han formado una cadena humana alrededor del edificio.
Los manifestantes pidieron el cierre de todas las centrales nucleares de Japón y exigieron al Gobierno una política coherente para fomentar otras fuentes de energía alternativas.
Diez de los activistas antinucleares han anunciado el comienzo de una huelga de hambre de diez días para forzar un cambio en la política nuclear del Gobierno. "Creo que es muy importante que las nuevas generaciones expresen su oposición a la energía nuclear y para difundirlo necesitamos hacernos visibles y es por eso que hacemos esta huelga de hambre de diez días", ha explicado un joven de 20 años, Naoya Okamoto.
Las protestas se han reproducido en otras ciudades japonesas, según recoge la prensa nipona, que da cuenta también de diversas ceremonias religiosas en recuerdo de los 20.000 fallecidos y desaparecidos por el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo.
No es un buen año para la energía nuclear. La oposición a esta se consolida en Japón, donde la inmensa mayoría de la población está a favor de la sustitución de la energía atómica por otras limpias y renovables. Según la última encuesta del diario Mainichi, el 85% de los japoneses apoya el desmantelamiento de los 54 reactores existentes en el país, aunque sólo el 11% pretende que el cierre de las plantas nucleares sea inmediato.
Sólo el 13% de los encuestados no ve ninguna necesidad de que Japón cambie su actual dependencia de la energía atómica.
Greenpeace sostiene que Japón puede sustituir su capacidad atómica de generar electricidad de aquí a 2020 con energía eólica y solar por un coste total de unos 200.000 millones de euros. La ONG internacional basa su análisis en que en la actualidad solo están en funcionamiento 11 de los 54 reactores instalados en Japón, lo que tan solo supone alrededor el 1% de la producción eléctrica total del país.
El Gobierno japonés ordenó una revisión y un reforzamiento de las medidas de seguridad de todas las centrales del país, tras la alarma desatada por el accidente de Fukushima, a raíz del tsunami del pasado 11 de marzo que dañó cuatro de los seis reactores de esta central del noreste japonés.
Para Greenpeace, el mapa energético limpio japonés debe pasar por aumentar la capacidad de las turbinas eólicas hasta los 56 gigavatios (GW), desde la actual de 2,1 GW, y los paneles de energía solar hasta una potencia de 57 GW, desde los actuales 3,6 GW, informa Reuters. Añade para ello cuenta con el aliciente de que proseguirá la reducción de los costes de la electricidad procedente la energía solar, que en Europa cayeron en 2010 un 50% y "se espera que desciendan otro 20% en los próximos 12 meses".
Por otra parte, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, ha confirmado hoy que los reactores de Fukushima afectados están "básicamente estables" y ha expresado su confianza en que pronto se consiga la "parada en frío" de éstos. Según Tepco, la empresa propietaria de la central siniestrada, los trabajos de estabilización de la planta van a buen ritmo y se espera que en enero se haya logrado finalmente esa "parada en frío".
El nuevo primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, recorrió la semana pasada la prefectura de Fukushima, incluida el área de exclusión de 20 kilómetros en torno a la central, y se comprometió a impulsar la "descontaminación total" de Fukushima y su entorno para facilitar la vuelta de la población desplazada a sus hogares lo antes posible. "La recuperación y la reconstrucción es nuestra prioridad", dijo Noda, que visitó también el denominado Pueblo J, una localidad establecida para hospedar a los miles de japoneses llegados de todo el país para trabajar en las tareas de descontaminación.
Los japoneses son muy sensibles a los problemas que pueden derivarse de una explosión atómica, después de ser el único pueblo que ha sufrido la tragedia dos bombas nucleares, en agosto de 1945. La encuesta muestra también que el 71% de la población está "muy o bastante preocupada" porque los productos alimenticios hayan resultado contaminados por la fugas nucleares de Fukushima, frente a un 23% que se siente ligeramente inquieta al respecto y un 4% que no siente la menor preocupación.
|
