México: Demandarán a empresa transnacional de semillas de maíz
PL
La asociación civil mexicana Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) anunció hoy que demandará a la transnacional Monsanto por extraer la huella genética del maíz criollo de la región mixteca y la sierra nororiental de Puebla.
Según René Sánchez Galindo, integrante de la UCCS, la compañía norteamericana acapara unas 120 mil toneladas de las semillas de ese tipo de grano para clonarlas y luego comercializarlas.
La Organización No Gubernamental interpondrá su acusación al consorcio de semillas transgénicas, a propósito del Día Nacional del Maíz, el 29 de septiembre.
Ante la Procuraduría General de la República demandará a la empresa global por delitos contra la riqueza nacional, la bioseguridad, tráfico de influencias y fraude.
Igualmente alerta de que los directivos de la compañía manipulan a algunos campesinos para utilizar su nombre y así comprar toneladas de maíz poblano sin que, en apariencia, intervenga la firma Monsanto.
Sánchez Galindo afirma que Monsanto consiguió información genética de las especies puras de maíz en esa localidad del territorio central de México.
El también abogado Defensor del Derecho a la Alimentación dijo que estas acciones representan un ecocidio de las semillas nativas.
México produce más de 18 millones 200 mil toneladas de maíz por año, según datos de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Segarpa).
La mayor parte de esa producción se dedica al consumo nacional, y desde hace varios años Estados Unidos aporta una cuarta parte de lo que se necesita en el país.
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Quién contra Monsanto
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, Olivier De Schutter, señaló en su informe que “la agricultura debe reorientarse fundamentalmente hacia modos de producción que sean socialmente justos y más sostenibles”, refiriéndose a la agroecología. Este método busca imitar los procesos naturales del medio ambiente para reciclar nutrientes, integrar cultivos y controlar las plagas sin la necesidad de insumos externos (como los plaguicidas), al mismo tiempo que busca empoderar a los agricultores. Todo es cuestión de tiempo… el que controla la semilla, controla el alimento.
La compañía biotecnológica-agrícola más grande del mundo, Monsanto, ha sido objeto de crítica dentro de los grupos ambientales y medios de comunicación desde la creación del glifosato, componente principal del herbicida más vendido: RoundUp.
Esta sustancia fue elaborada en el 1970 por John E. Franz, un trabajador de Monsanto, cuyo descubrimiento lo llevó a ganarse premios dentro de la comunidad científica. Sin embargo, permanece en duda los efectos nocivos que los residuos de glifosato pueden causar en el ser humano. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), en su documento sobre el re-registro de pesticidas del 1993, indicó que esta sustancia química presenta niveles bajos de toxicidad (Clase III), y su exposición puede causar irritación en la piel, los ojos y la garganta (si es aspirado). Pero, en un reportaje investigativo publicado en Ecoportal.net, se denota que las consecuencias pueden ser más severas con la presencia de otros ingredientes “activos” que se encuentran en los herbicidas.
Originalmente, cuando Monsanto fue fundado en el 1901 en St. Louis, Missouri, era una empresa dedicada a la química. Luego, pasó a ser el principal productor de semillas genéticamente modificadas (produce el 90% de las que están en el mercado) para que resistan el herbicida (diseñado para detener el crecimiento de las plagas y las malezas que afectan las cosechas). Según el documental The world according to Monsanto (2008), el herbicida RoundUp fue introducido al mercado en el 1974 como un producto biodegradable y seguro. No obstante, Monsanto fue demandado en dos ocasiones por publicidad falsa y engañosa. La primera fue en 1996 en Nueva York y la segunda tan reciente como el 2007 en Francia.
No es de extrañarse que la empresa haya sido demandada y multada. Actualmente, Monsanto está siendo investigada por la Securities and Exchange Commission (SEC) junto al Departamento de Justicia Federal, porque ha violado los códigos de las políticas de fraude. Entre las acusaciones que están en su contra son: el no mantener sus transacciones y registros al día de manera precisa y transparente, tener a empleados o funcionarios de la compañía que conocen sobre dichos actos sin reportarlos y en ocasiones, omitir datos sobre a quiénes fueron dirigidos los cheques de pago. La multa asciende a aproximadamente $1 millón de dólares y la empresa debe recibir auditoría del Departamento de Justicia por tres años. Curiosamente, Monsanto asintió a pagar por las faltas sin necesariamente aceptar o negar las acusaciones. No ha sido la primera vez que lo hacen.
Por ejemplo, en el documental The world according to Monsanto de Marie-Robin Monique, se demuestra una planta en Anniston, Alabama, donde la compañía descargaba sus desechos tóxicos en los ríos y quebradas que la gente utilizaba para bañarse o pescar. Pero, los habitantes de Anniston desconocían que las descargas no se filtraban y que contenían PCB (Polychlorinated Byphenils), una mezcla de compuestos químicos con cloro, que causan cáncer a los animales y ha producido cambios inmunológicos en los seres humanos.
Cientos de personas en Anniston murieron y otros quedaron afectados por la contaminación. El caso se llevó a corte y Monsanto accedió a pagar $700 millones para compensar los daños. Pero, ningún funcionario en específico ha sido procesado. Parece ser que la vía más fácil es pagar por las faltas y continuar con sus prácticas… y caso cerrado.
¿Etiquetar o no etiquetar? El dilema de los transgénicos
Para entrar en contexto, la primera semilla alterada genéticamente fue la soya, creada en los laboratorios de Monsanto en el año 1996, al cual se le llamó RoundUp Ready debido a su resistencia al herbicida RoundUp, producto también de ellos. Antes de poder ser admitidas al mercado, tenían que ser evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Esto ha provocado controversia porque aprobaron el producto con el argumento de que eran “sustancialmente equivalentes” a los alimentos naturales, según documentos revelados en el filme. Además, se reveló en la película que varios ejecutivos de Monsanto pasaron a ser funcionarios importantes en la FDA, lo cual pondría en duda la legitimidad de los estudios científicos para otorgar los permisos.
Por otro lado, organizaciones como el Movimiento Internacional de Consumidores (CI, por sus siglas en inglés), ha estado luchando alrededor de dos décadas para etiquetar los productos que tengan organismos genéticamente modificados (GMO, por sus siglas en inglés), por entender que es un derecho de todo consumidor conocer qué contienen los productos que compra. Finalmente, en la Cumbre Anual del Códex Alimentarius de este año, se aprobó la medida de que cualquier país que desee adoptar el etiquetado no enfrentará sanciones legales de la Organización Mundial del Comercio, luego que Estados Unidos retirara su oposición a la identificación de transgénicos.
Monsanto en Puerto Rico
Monsanto inició sus operaciones en la Isla para el año 1983 (como sucesor de la empresa Asgrow) y actualmente cuenta con dos plantas: una en Isabela y la otra en Juana Díaz. En Puerto Rico, la empresa se dedica a la investigación de maíz y algodón, al igual que la elaboración de soya para ser consumida en los Estados Unidos.
El pasado 30 de junio, Monsanto anunció que establecerá un laboratorio bioagrícola en el municipio de Juana Díaz para investigar mejores calidades de maíz y algodón. Según el artículo publicado en el periódico El Nuevo Día, la compañía invertirá $4.3 millones y creará aproximadamente 45 empleos, datos que la industria biotecnológica del País considera beneficioso para la economía. Luego, el mismo diario publicó un reportaje investigativo sobre las dudas, controversias y repercusiones que tendrá los productos transgénicos en la Isla a causa de los impulsos de Monsanto y la empresa bioagrícola Pioneer Hi-Bred para expandir sus operaciones. En este artículo, muchos expertos coincidieron en que estos productos son tóxicos y causarán graves daños tanto al medio ambiente como a la salud.
Uno de los argumentos que se ha utilizado para justificar la introducción de cultivos transgénicos a los países es garantizar la seguridad alimentaria para los habitantes. En cambio, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, Olivier De Schutter, señaló en su informe que “la agricultura debe reorientarse fundamentalmente hacia modos de producción que sean socialmente justos y más sostenibles”, refiriéndose a la agroecología. Este método busca imitar los procesos naturales del medio ambiente para reciclar nutrientes, integrar cultivos y controlar las plagas sin la necesidad de insumos externos (como los plaguicidas), al mismo tiempo que busca empoderar a los agricultores.
Todo es cuestión de tiempo… el que controla la semilla, controla el alimento.
Alyssa A. Méndez Batista - Revista Latitudes - http://revistalatitudes.org
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Mientras se discute modificar la ley de fitosanitarios, los ambientalistas quieren una zona libre de agrotóxicos de al menos 800 metros.
Uno de los temas que más polémica generó en los últimos años en la provincia, y en el país también, tiene que ver con la necesidad de regular la aplicación de agroquímicos a partir del uso intensivo que se le da a la tierra. La sojización de la agricultura es un modelo que aporta muy buenos dividendos a los productores y al Estado (con las retenciones), pero decenas de entidades ambientalistas contraponen otra parte de la historia: reclaman que haya zonas libres de fumigación alrededor de los pueblos, barrios y ciudades porque advierten que la salud pública está en peligro. Ahora, en la Cámara alta oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo con las distancias.
En ese contexto, desde hace cinco años la Legislatura santafesina discute cambios a la ley de fitosanitarios y así adaptar el uso y disposición de químicos a las nuevas condiciones de producción. Al respecto, en 2010 luego de un arduo debate político y técnico, los diputados provinciales dieron media sanción a un proyecto que establecía prohibir la aplicación de glifosato sobre los sembrados a una distancia de 500 metros cuando es vía terrestre y 1.000 metros cuando es por aire, siempre a partir del perímetro urbano fijado por los municipios y comunas.
