Brasil: Los saqueadores entorpecen la labor de los guardianes de la Amazonia
Por Paulo Prada
Alex Lacerda y Paulo Maués conducen una camioneta plateada hasta un aserradero cerca del borde de la Amazonia. Armados con escopetas calibre 12, bajan del automóvil y se acercan a una choza, llaman y entran con cautela. Son agentes de la policía medioambiental de Brasil.
Un hombre bajo y fornido se identifica como João Pereira, el propietario del lugar. Los agentes le piden dos documentos: una licencia de operaciones para el aserradero y un certificado de origen para la madera que se apila afuera. "Tengo la licencia", dice Pereira. "Mi contable tiene el otro (documento)".
Respuesta equivocada. Los troncos fuera del aserradero no tienen las etiquetas de identificación requeridas para madera cortada de forma legal. Y la ley exige que Pereira, como todos los dueños de aserraderos, tenga los permisos en el lugar.
"Está dando rondeos", dice Lacerda. "No hay razón para no tener la documentación. O está operando legalmente o no".
El aserradero de Pereira es uno de los cientos en la cada vez más reducida periferia de la selva más grande del mundo.
Los aserraderos no autorizados son parte de la economía que devora la Amazonia e incluye desde maderas preciosas hasta minerales extraídos de forma ilegal y bosques talados que luego son vendidos como pastos para ganado u ocupas que especulan con su valor futuro.
A finales de septiembre, Reuters acompañó a agentes del Instituto Brasileño para el Medioambiente y los Recursos Naturales Renovables, o Ibama, en el inicio de una operación de un mes de duración contra las personas que talan la selva.
Encargados de hacer cumplir las leyes ambientales del país, los agentes del Ibama ven la destrucción de primera mano. Muchas personas que viven aquí consideran la tala un derecho local. Ecologistas y científicos dicen que perjudica la lucha contra el cambio climático, ya que la Amazonia actúa como un filtro de los gases de efecto invernadero.
Durante la operación, Ibama cerró ocho aserraderos y destruyó otros nueve, demoliendo construcciones no autorizadas cuyos gestores no estaban en el lugar, una táctica común cuando el Ibama anda cerca.
Los agentes impusieron multas por más de 1,7 millones de dólares, confiscaron maquinaria y madera por valor de casi 2 millones de dólares. La mayoría de esa madera provenía de una reserva indígena cercana, un área de selva virgen que, como ocurre con gran parte de la tierra protegida de Brasil, está cada vez más asediada.
Tras un retroceso de una década, la deforestación en el Amazonas está volviendo a aumentar.
Los beneficiarios de la deforestación se han animado por los cambios en la legislación ambiental, además de proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno en la Amazonia y por los altos precios globales de soja, carne y otros productos cultivados en tierras deforestadas.
Y los métodos que en años recientes frenaron la destrucción y permitieron una caída récord en la deforestación en 2012, han perdido un poco de efectividad.
Ahora que los satélites pueden detectar extensas zonas taladas, los madereros cortan áreas más pequeñas. Los permisos más estrictos regulan el mercado para la tala legal, pero los leñadores y aserraderos desobedecen las reglas y falsifican las licencias.
Y mientras esperan la aplicación de nuevas leyes, los rancheros aprovechan la incertidumbre para despejar sus tierras.
CON LA GUARDIA BAJA
"Brasil bajó la guardia", dice Paulo Barreto, un ingeniero forestal en Imazon, un instituto de investigación que estudia la deforestación en Belém, la capital del estado donde Ibama hizo las redadas. "Hay un mayor incentivo para despejar la tierra y el Gobierno no está sabiendo responder".
¿El resultado? Un pronunciado aumento en la deforestación. Utilizando satélites, la agencia espacial brasileña detectó el año pasado nuevos agujeros por un total de 5.843 kilómetros cuadrados, un alza de casi un 30 por ciento desde 2012. Eso es más de siete veces el tamaño de la ciudad de Nueva York.
Las autoridades, entre ellos la presidenta Dilma Rousseff, promocionan el éxito de políticas que permitieron reducir la deforestación, incluso tras el reciente aumento, a menos de un quinto del área perdida en 2004. Entonces fue talada una área del tamaño de Bélgica.
En septiembre, la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, viajó a Nueva York y aceptó un premio de Naciones Unidas por "revertir la deforestación".
El Gobierno y sus aliados dicen que el aumento de la deforestación sugiere que se ha alcanzado un equilibrio, un nivel de destrucción mínimo que permitirá lentos avances.
"Debemos esperar algunas fluctuaciones anuales", dijo Tine Sundtoft, la ministra de Medio Ambiente de Noruega, que en 2008 prometió hasta 1.000 millones de dólares para ayudar a Brasil a combatir la deforestación hasta 2015.
Los responsables brasileños dicen que los avances continuos dependen de una mayor concienciación, educación y disuasión. "La sociedad debe cambiar", dice Francisco Oliveira, el director de políticas contra la deforestación en el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. "Todos en la Amazonia deben entender que hay consecuencias reales por violar la ley".
Y para que el mensaje sea comprendido, Brasil está reforzando a las agencias encargadas del cumplimiento del orden. Eso significa un mayor número de redadas del Ibama.
La agencia ha estado en vilo desde que una ley de 2011 dio a las autoridades locales un mayor papel en el cumplimiento de la ley. Sus 1.200 agentes se centran en tareas de reconocimiento, inteligencia y análisis de datos, esfuerzos utilizados después para enviar equipos a puntos problemáticos. "No podemos estar en todas partes" dice Luciano Evaristo, el director de protección ambiental del Ibama. "Debemos ser más inteligentes y más ágiles para combatir la deforestación en el lugar en que es más intensa".
Las multas y confiscaciones están en aumento. Entre agosto de 2012 y julio de 2013, Ibama emitió multas por unos 830 millones de dólares y se incautó de casi 86.000 metros cúbicos de madera en la Amazonia. El año anterior, las multas ascendieron a 700 millones de dólares y fueron capturados 54.000 metros cúbicos de madera.
SELVA SIN LEY
Al frente de las redadas hay agentes como Lacerda y Maués. Son los inspectores principales del Ibama en Pará, un estado mayor que Texas y California juntos. Conocido por sus anárquicas localidades en medio de la selva, Pará representa casi la mitad de la devastación del año pasado.
A las 4 de la mañana del primer día de su misión, Maués está en una comisaría en las afueras de Belém dando instrucciones a 16 agentes del Ibama y a un equipo de 10 policías estatales que los acompañarán como seguridad adicional. Hasta ahora, sólo los principales agentes conocen su destino: un viaje en coche de cinco horas hacia el este hasta uno de los rincones más difíciles de controlar de Brasil.
Maués les recuerda de los peligros en un área plagada de enfrentamientos entre madereros, mineros, tribus indígenas y agentes del orden. En 2008, tras recibir amenazas de muerte por las redadas que encabezaba, Maués huyó de una oficina que Ibama operaba en las cercanías. Poco después, los madereros la quemaron por completo.
Las redadas, planificadas durante más de seis meses, se centrarán en los alrededores de Nova Esperança do Piriá, uno de los tantos ríos que atraviesan Pará.
Establecido en la década de 1970, Nova Esperança, con 20.000 habitantes, es un pueblo fronterizo con un destartalado centro y rodeado por un monte escasamente poblado.
Cuando los satélites mostraron a principios del año pasado más cantidad de claros en la cercanías del lugar, agentes del Ibama examinaron registros de compañías madereras autorizadas. Inspectores vestidos de civil recorrieron la región y el Ibama empezó a contactarse con la policía estatal y el Ejército de Brasil.
En abril, el Ejército desplegó una unidad a Nova Esperança para una breve misión "social y civil", dijo el teniente coronel Jucenílio Evangelista da Silva, comandante del grupo. Mientras los dentistas, médicos y peluqueros del Ejército atendían a los vecinos gratuitamente, las tropas hicieron un reconocimiento del área.
Ahora, mientras Maués da instrucciones antes del amanecer, 104 hombres de Evangelista están de vuelta en el lugar montando un campamento, una cocina de campaña y un centro de comunicaciones. Los funcionarios locales, agradecidos por la visita de abril, autorizaron al coronel a usar una escuela aún sin terminar para "una operación".
Evangelista no ha especificado el objetivo: los aserraderos, la única industria privada en una ciudad donde un 98 por ciento del presupuesto municipal es financiado por ingresos federales. "Eso tenía que ser una sorpresa", dice el militar.
"SABIAN QUE VENIAMOS"
En la Amazonia hay espacio para la explotación forestal legal. Un 80 por ciento de la selva tropical original todavía sigue en pie, cubriendo un área del tamaño de Europa occidental.
Y existe el conocimiento y la legislación para promover una industria forestal sostenible. Las concesiones legales indican qué tipos de árboles pueden ser talados y lo densa que debe mantenerse la selva alrededor del lugar de tala.
Pero el Ibama se enteró que la madera que pasa a través de Nova Esperança pertenecía a especies que sólo sobreviven en la Reserva Indígena Alto Guamá, una zona de casi 2.600 kilómetros cuadrados donde vive de la tribu Tembé. Esas maderas - especies como jatobá, maçaranduba y andiroba - son muy preciadas para usarlas en suelos, fabricación de muebles y en la construcción. Y pueden ser legales siempre que sean extraídas de zonas de la selva administradas.
Pero la reserva de Tembé está protegida, y es una de las pocas áreas de selva original que ha quedado en el este de la Amazonia. A menos de 160 kilómetros hacia el sur, también hay árboles en la zona donde habita la tribu Awá, que tiene entre sus integrantes a indígenas que no han tenido contacto con el mundo moderno.
"Hay un mosaico de selva que debe ser preservado para que la gente, los animales y las plantas no queden acorraladas en áreas no sustentables", dice Lacerda, un biólogo de formación.
Maués va redondeando su sesión de instrucción. Los agentes y oficiales se amontonan en seis camionetas. A medida que el sol empieza a asomar, su caravana recorre la saturada autopista de cuatro carriles en las afueras de Belém, las carreteras secundarias llenas de baches hasta llegar finalmente a los caminos de tierra roja en Nova Esperança.
Llegan alrededor de mediodía, conduciendo por polvorientas calles con tiendas que venden motosierras y equipo de tala. Una casa cercana utiliza hojas de sierra desechadas como cerca, con los dientes hacia arriba. Las camionetas giran por un camino en el límite de la ciudad. Allí, siete aserraderos han estado cortando árboles en pedazos.
Los agentes bajan y empujan la puerta del primer aserradero: la compañía maderera Maranata. No hay nadie en la oficina, el escritorio y los armarios están vacíos. El largo galpón donde se sierra la madera está desierto. El depósito de herramientas fue vaciado y un agujero en el piso revela que una gran máquina fue arrancada.
"Sabían que veníamos", dijo Maués.
Afuera, los vecinos lo admiten. Los trabajadores, viendo al Ejército llegar, pasaron la noche desmantelando algunos de los aserraderos y ocultando la madera, maquinaria y documentos en la selva.
Los leñadores, el eslabón más bajo en la cadena de esta industria, también se escondieron. Ellos se embolsan apenas 15 dólares por cada metro cúbico de madera. Pero la madera, cuando está cortada, se vende por al menos por 30 veces ese monto y a menudo más.
NEGOCIO PERDIDO
En la puerta siguiente, de la compañía maderera Piriá, una pareja de mediana edad se quedó. Maúes y Lacerda se acercan, empequeñecidos por las pilas de madera. La pareja está sentada, con calma.
Igual que los troncos en el aserradero de João Pereira, ninguno tiene etiquetas de identificación. Y como Pereira, los propietarios dicen que tienen los documentos requeridos, pero que están en poder de su abogado en Belém.
"Será mejor que lo llame", les dice Lacerda.
Y la mujer, Rosa María da Silva Santos, obedece.
A esta altura, montones de lugareños se han reunido a lo largo de la valla del aserradero. Muchos gritan a los agentes. Algunos lloran.
"De esto come la gente en este lugar", dice Alves Borges de Nascimento, un empleado de un aserradero de 35 años. "¿Cómo es que el Gobierno tiene recursos para venir a cerrarnos, pero no para darnos alternativas?" Esa noche, los soldados comparten arroz y frijoles en la escuela. Fuera, agentes armados con ametralladoras montan guardia.
Llega el abogado de Santos y un consultor de los madereros. Traen consigo las licencias de operación y los certificados de la madera. Pero no alcanza para explicar los 840 metros cúbicos de madera encontrados en su patio. Las etiquetas que debían estar en los troncos, explica el consultor, "pueden haberse caído".
"Eso puede ocurrir en uno o dos troncos", dice Maués. "Pero no en todos". A la mañana siguiente, los agentes se dirigen al bosque.
Conducen a través de granjas y pasan unos pastos de ganado en un terreno despejado algunos años atrás. Parte del lugar fue público en el pasado, y por lo tanto protegido. Pero la mala demarcación, documentos forjados y una laxa aplicación de la ley hicieron prevalecer los derechos de quienes ocuparon el terreno.
Aunque los propietarios a veces preservan los bosques, muchos los están ahora talando a medida que Brasil se dispone a aplicar un mapa digital de sus más de cinco millones de granjas conocidas. El Gobierno dice que el registro ayudará a controlar lo que es público y privado, además de ver si las nuevas áreas despejadas son legales. Los propietarios están apresurándose a talar antes del mapeo, que podría demorar años.
Alrededor del mediodía, los agentes conducen a través de la reserva Tembé. "ME PODRIAN HABER "MATADO"
Dos años atrás, un grupo de 35 tembés se enfrentaron a cinco madereros que cortaban árboles de la reserva. Los tembé, armados con escopetas y machetes, los echaron de sus tierras y quemaron dos tractores.
En noviembre de 2012, agentes de Ibama se unieron a Valdecí Tembé, un líder de la tribu, para investigar otra incursión.
Esta vez los madereros se habían armado para enfrentarlos. El episodio terminó pacíficamente, pero Valdecí quedó tan alterado que se sumergió en la selva y caminó sólo durante varios días.
"Me podrían haber matado", dice.
Esta tarde los agentes entran en el depósito de madera de João Pereira. Los policías cachean a los empleados de Pereira y registran el aserradero en busca de armas.
"No van a encontrar ninguna", dice Pereira, de 58 años. "Nunca conseguí nada con un arma".
Lacerda le ordena llamar al contable con los documentos de sus 404 metros cúbicos de madera. Maués, mientras, autoriza a un comprador con un semi remolque cargado con unos 7.000 dólares en tauarí recién serrada, a llevar las tablas a un depósito. Puede rociar la madera con fungicidas, dice Maués, pero no venderla hasta que Ibama compruebe su origen.
Durante el viaje de regreso al campamento, los agentes se topan con tres trabajadores montando una barraca de aserradero. Ya colocaron los rieles para el vehículo que moverá los troncos por las sierras. Este tipo de aserraderos rudimentarios pueden ser construidos por apenas 10.000 dólares. Hay cientos de ellos en la Amazonia y miles en todo Brasil, dicen los agentes del Ibama.
"¿Tienen una licencia para esto?", les pregunta el agente Gunther Barbosa. "No lo sé", responde uno de los trabajadores, mirando con nerviosismo el arma de Barbosa.
"Dile a quien sea que te mandó a construir esto que vas a parar", responde Barbosa. "Si volvemos y esto está todavía aquí, lo vamos a destruir con motosierras".
Durante los siguientes días y semanas, los agentes empiezan a demoler los aserradores no autorizados, incluyendo el que estaba siendo construido cerca de lo de Pereira. Santos y su marido fueron multados con 290.000 dólares por documentación irregular y posesión de madera ilegal. Pereira fue multado con 149.000 dólares por el mismo tipo de violaciones. Los agentes ordenaron el cierre de los dos aserraderos hasta aclarar si la documentación está en regla.
Algunos de los lugareños ausentes al comienzo del episodio comienzan a aparecer, incluyendo Dejair Nunes, el dueño de Maranata, el aserradero vacante del primer día. Los agentes encuentran sus equipos, los incautan y lo multan con 930.000 dólares por no tener licencia y por almacenar madera ilegal.
Bebiendo Coca-Cola en casa de su novia, Nunes, de 31 años, se burla de los cargos.
Y su desdeño ilustra un problema del Ibama: la agencia a menudo no puede cobrar las multas, pues los madereros apelan o directamente las ignoran. Pese a haber aplicado multas por 830 millones de dólares en la Amazonia, el Ibama informó en 2012 de ingresos por multas de apenas 34 millones de dólares en todo Brasil.
La agencia puede ir a por los activos de los multados y bloquear sus créditos, pero muchos encuentran la forma de seguir serrando. Utilizan nuevos nombres, se trasladan a otro lugar o simplemente comienzan otra vez tan pronto como el Ibama se va.
"Puede que lo que hago sea ilegal", dice Nunes, "pero no es inmoral".
Reuters http://es.reuters.com/
Alex Lacerda y Paulo Maués conducen una camioneta plateada hasta un aserradero cerca del borde de la Amazonia. Armados con escopetas calibre 12, bajan del automóvil y se acercan a una choza, llaman y entran con cautela. Son agentes de la policía medioambiental de Brasil.
Un hombre bajo y fornido se identifica como João Pereira, el propietario del lugar. Los agentes le piden dos documentos: una licencia de operaciones para el aserradero y un certificado de origen para la madera que se apila afuera. "Tengo la licencia", dice Pereira. "Mi contable tiene el otro (documento)".
Respuesta equivocada. Los troncos fuera del aserradero no tienen las etiquetas de identificación requeridas para madera cortada de forma legal. Y la ley exige que Pereira, como todos los dueños de aserraderos, tenga los permisos en el lugar.
"Está dando rondeos", dice Lacerda. "No hay razón para no tener la documentación. O está operando legalmente o no".
El aserradero de Pereira es uno de los cientos en la cada vez más reducida periferia de la selva más grande del mundo.
Los aserraderos no autorizados son parte de la economía que devora la Amazonia e incluye desde maderas preciosas hasta minerales extraídos de forma ilegal y bosques talados que luego son vendidos como pastos para ganado u ocupas que especulan con su valor futuro.
A finales de septiembre, Reuters acompañó a agentes del Instituto Brasileño para el Medioambiente y los Recursos Naturales Renovables, o Ibama, en el inicio de una operación de un mes de duración contra las personas que talan la selva.
Encargados de hacer cumplir las leyes ambientales del país, los agentes del Ibama ven la destrucción de primera mano. Muchas personas que viven aquí consideran la tala un derecho local. Ecologistas y científicos dicen que perjudica la lucha contra el cambio climático, ya que la Amazonia actúa como un filtro de los gases de efecto invernadero.
Durante la operación, Ibama cerró ocho aserraderos y destruyó otros nueve, demoliendo construcciones no autorizadas cuyos gestores no estaban en el lugar, una táctica común cuando el Ibama anda cerca.
Los agentes impusieron multas por más de 1,7 millones de dólares, confiscaron maquinaria y madera por valor de casi 2 millones de dólares. La mayoría de esa madera provenía de una reserva indígena cercana, un área de selva virgen que, como ocurre con gran parte de la tierra protegida de Brasil, está cada vez más asediada.
Tras un retroceso de una década, la deforestación en el Amazonas está volviendo a aumentar.
Los beneficiarios de la deforestación se han animado por los cambios en la legislación ambiental, además de proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno en la Amazonia y por los altos precios globales de soja, carne y otros productos cultivados en tierras deforestadas.
Y los métodos que en años recientes frenaron la destrucción y permitieron una caída récord en la deforestación en 2012, han perdido un poco de efectividad.
Ahora que los satélites pueden detectar extensas zonas taladas, los madereros cortan áreas más pequeñas. Los permisos más estrictos regulan el mercado para la tala legal, pero los leñadores y aserraderos desobedecen las reglas y falsifican las licencias.
Y mientras esperan la aplicación de nuevas leyes, los rancheros aprovechan la incertidumbre para despejar sus tierras.
CON LA GUARDIA BAJA
"Brasil bajó la guardia", dice Paulo Barreto, un ingeniero forestal en Imazon, un instituto de investigación que estudia la deforestación en Belém, la capital del estado donde Ibama hizo las redadas. "Hay un mayor incentivo para despejar la tierra y el Gobierno no está sabiendo responder".
¿El resultado? Un pronunciado aumento en la deforestación. Utilizando satélites, la agencia espacial brasileña detectó el año pasado nuevos agujeros por un total de 5.843 kilómetros cuadrados, un alza de casi un 30 por ciento desde 2012. Eso es más de siete veces el tamaño de la ciudad de Nueva York.
Las autoridades, entre ellos la presidenta Dilma Rousseff, promocionan el éxito de políticas que permitieron reducir la deforestación, incluso tras el reciente aumento, a menos de un quinto del área perdida en 2004. Entonces fue talada una área del tamaño de Bélgica.
En septiembre, la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, viajó a Nueva York y aceptó un premio de Naciones Unidas por "revertir la deforestación".
El Gobierno y sus aliados dicen que el aumento de la deforestación sugiere que se ha alcanzado un equilibrio, un nivel de destrucción mínimo que permitirá lentos avances.
"Debemos esperar algunas fluctuaciones anuales", dijo Tine Sundtoft, la ministra de Medio Ambiente de Noruega, que en 2008 prometió hasta 1.000 millones de dólares para ayudar a Brasil a combatir la deforestación hasta 2015.
Los responsables brasileños dicen que los avances continuos dependen de una mayor concienciación, educación y disuasión. "La sociedad debe cambiar", dice Francisco Oliveira, el director de políticas contra la deforestación en el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. "Todos en la Amazonia deben entender que hay consecuencias reales por violar la ley".
Y para que el mensaje sea comprendido, Brasil está reforzando a las agencias encargadas del cumplimiento del orden. Eso significa un mayor número de redadas del Ibama.
La agencia ha estado en vilo desde que una ley de 2011 dio a las autoridades locales un mayor papel en el cumplimiento de la ley. Sus 1.200 agentes se centran en tareas de reconocimiento, inteligencia y análisis de datos, esfuerzos utilizados después para enviar equipos a puntos problemáticos. "No podemos estar en todas partes" dice Luciano Evaristo, el director de protección ambiental del Ibama. "Debemos ser más inteligentes y más ágiles para combatir la deforestación en el lugar en que es más intensa".
Las multas y confiscaciones están en aumento. Entre agosto de 2012 y julio de 2013, Ibama emitió multas por unos 830 millones de dólares y se incautó de casi 86.000 metros cúbicos de madera en la Amazonia. El año anterior, las multas ascendieron a 700 millones de dólares y fueron capturados 54.000 metros cúbicos de madera.
SELVA SIN LEY
Al frente de las redadas hay agentes como Lacerda y Maués. Son los inspectores principales del Ibama en Pará, un estado mayor que Texas y California juntos. Conocido por sus anárquicas localidades en medio de la selva, Pará representa casi la mitad de la devastación del año pasado.
A las 4 de la mañana del primer día de su misión, Maués está en una comisaría en las afueras de Belém dando instrucciones a 16 agentes del Ibama y a un equipo de 10 policías estatales que los acompañarán como seguridad adicional. Hasta ahora, sólo los principales agentes conocen su destino: un viaje en coche de cinco horas hacia el este hasta uno de los rincones más difíciles de controlar de Brasil.
Maués les recuerda de los peligros en un área plagada de enfrentamientos entre madereros, mineros, tribus indígenas y agentes del orden. En 2008, tras recibir amenazas de muerte por las redadas que encabezaba, Maués huyó de una oficina que Ibama operaba en las cercanías. Poco después, los madereros la quemaron por completo.
Las redadas, planificadas durante más de seis meses, se centrarán en los alrededores de Nova Esperança do Piriá, uno de los tantos ríos que atraviesan Pará.
Establecido en la década de 1970, Nova Esperança, con 20.000 habitantes, es un pueblo fronterizo con un destartalado centro y rodeado por un monte escasamente poblado.
Cuando los satélites mostraron a principios del año pasado más cantidad de claros en la cercanías del lugar, agentes del Ibama examinaron registros de compañías madereras autorizadas. Inspectores vestidos de civil recorrieron la región y el Ibama empezó a contactarse con la policía estatal y el Ejército de Brasil.
En abril, el Ejército desplegó una unidad a Nova Esperança para una breve misión "social y civil", dijo el teniente coronel Jucenílio Evangelista da Silva, comandante del grupo. Mientras los dentistas, médicos y peluqueros del Ejército atendían a los vecinos gratuitamente, las tropas hicieron un reconocimiento del área.
Ahora, mientras Maués da instrucciones antes del amanecer, 104 hombres de Evangelista están de vuelta en el lugar montando un campamento, una cocina de campaña y un centro de comunicaciones. Los funcionarios locales, agradecidos por la visita de abril, autorizaron al coronel a usar una escuela aún sin terminar para "una operación".
Evangelista no ha especificado el objetivo: los aserraderos, la única industria privada en una ciudad donde un 98 por ciento del presupuesto municipal es financiado por ingresos federales. "Eso tenía que ser una sorpresa", dice el militar.
"SABIAN QUE VENIAMOS"
En la Amazonia hay espacio para la explotación forestal legal. Un 80 por ciento de la selva tropical original todavía sigue en pie, cubriendo un área del tamaño de Europa occidental.
Y existe el conocimiento y la legislación para promover una industria forestal sostenible. Las concesiones legales indican qué tipos de árboles pueden ser talados y lo densa que debe mantenerse la selva alrededor del lugar de tala.
Pero el Ibama se enteró que la madera que pasa a través de Nova Esperança pertenecía a especies que sólo sobreviven en la Reserva Indígena Alto Guamá, una zona de casi 2.600 kilómetros cuadrados donde vive de la tribu Tembé. Esas maderas - especies como jatobá, maçaranduba y andiroba - son muy preciadas para usarlas en suelos, fabricación de muebles y en la construcción. Y pueden ser legales siempre que sean extraídas de zonas de la selva administradas.
Pero la reserva de Tembé está protegida, y es una de las pocas áreas de selva original que ha quedado en el este de la Amazonia. A menos de 160 kilómetros hacia el sur, también hay árboles en la zona donde habita la tribu Awá, que tiene entre sus integrantes a indígenas que no han tenido contacto con el mundo moderno.
"Hay un mosaico de selva que debe ser preservado para que la gente, los animales y las plantas no queden acorraladas en áreas no sustentables", dice Lacerda, un biólogo de formación.
Maués va redondeando su sesión de instrucción. Los agentes y oficiales se amontonan en seis camionetas. A medida que el sol empieza a asomar, su caravana recorre la saturada autopista de cuatro carriles en las afueras de Belém, las carreteras secundarias llenas de baches hasta llegar finalmente a los caminos de tierra roja en Nova Esperança.
Llegan alrededor de mediodía, conduciendo por polvorientas calles con tiendas que venden motosierras y equipo de tala. Una casa cercana utiliza hojas de sierra desechadas como cerca, con los dientes hacia arriba. Las camionetas giran por un camino en el límite de la ciudad. Allí, siete aserraderos han estado cortando árboles en pedazos.
Los agentes bajan y empujan la puerta del primer aserradero: la compañía maderera Maranata. No hay nadie en la oficina, el escritorio y los armarios están vacíos. El largo galpón donde se sierra la madera está desierto. El depósito de herramientas fue vaciado y un agujero en el piso revela que una gran máquina fue arrancada.
"Sabían que veníamos", dijo Maués.
Afuera, los vecinos lo admiten. Los trabajadores, viendo al Ejército llegar, pasaron la noche desmantelando algunos de los aserraderos y ocultando la madera, maquinaria y documentos en la selva.
Los leñadores, el eslabón más bajo en la cadena de esta industria, también se escondieron. Ellos se embolsan apenas 15 dólares por cada metro cúbico de madera. Pero la madera, cuando está cortada, se vende por al menos por 30 veces ese monto y a menudo más.
NEGOCIO PERDIDO
En la puerta siguiente, de la compañía maderera Piriá, una pareja de mediana edad se quedó. Maúes y Lacerda se acercan, empequeñecidos por las pilas de madera. La pareja está sentada, con calma.
Igual que los troncos en el aserradero de João Pereira, ninguno tiene etiquetas de identificación. Y como Pereira, los propietarios dicen que tienen los documentos requeridos, pero que están en poder de su abogado en Belém.
"Será mejor que lo llame", les dice Lacerda.
Y la mujer, Rosa María da Silva Santos, obedece.
A esta altura, montones de lugareños se han reunido a lo largo de la valla del aserradero. Muchos gritan a los agentes. Algunos lloran.
"De esto come la gente en este lugar", dice Alves Borges de Nascimento, un empleado de un aserradero de 35 años. "¿Cómo es que el Gobierno tiene recursos para venir a cerrarnos, pero no para darnos alternativas?" Esa noche, los soldados comparten arroz y frijoles en la escuela. Fuera, agentes armados con ametralladoras montan guardia.
Llega el abogado de Santos y un consultor de los madereros. Traen consigo las licencias de operación y los certificados de la madera. Pero no alcanza para explicar los 840 metros cúbicos de madera encontrados en su patio. Las etiquetas que debían estar en los troncos, explica el consultor, "pueden haberse caído".
"Eso puede ocurrir en uno o dos troncos", dice Maués. "Pero no en todos". A la mañana siguiente, los agentes se dirigen al bosque.
Conducen a través de granjas y pasan unos pastos de ganado en un terreno despejado algunos años atrás. Parte del lugar fue público en el pasado, y por lo tanto protegido. Pero la mala demarcación, documentos forjados y una laxa aplicación de la ley hicieron prevalecer los derechos de quienes ocuparon el terreno.
Aunque los propietarios a veces preservan los bosques, muchos los están ahora talando a medida que Brasil se dispone a aplicar un mapa digital de sus más de cinco millones de granjas conocidas. El Gobierno dice que el registro ayudará a controlar lo que es público y privado, además de ver si las nuevas áreas despejadas son legales. Los propietarios están apresurándose a talar antes del mapeo, que podría demorar años.
Alrededor del mediodía, los agentes conducen a través de la reserva Tembé. "ME PODRIAN HABER "MATADO"
Dos años atrás, un grupo de 35 tembés se enfrentaron a cinco madereros que cortaban árboles de la reserva. Los tembé, armados con escopetas y machetes, los echaron de sus tierras y quemaron dos tractores.
En noviembre de 2012, agentes de Ibama se unieron a Valdecí Tembé, un líder de la tribu, para investigar otra incursión.
Esta vez los madereros se habían armado para enfrentarlos. El episodio terminó pacíficamente, pero Valdecí quedó tan alterado que se sumergió en la selva y caminó sólo durante varios días.
"Me podrían haber matado", dice.
Esta tarde los agentes entran en el depósito de madera de João Pereira. Los policías cachean a los empleados de Pereira y registran el aserradero en busca de armas.
"No van a encontrar ninguna", dice Pereira, de 58 años. "Nunca conseguí nada con un arma".
Lacerda le ordena llamar al contable con los documentos de sus 404 metros cúbicos de madera. Maués, mientras, autoriza a un comprador con un semi remolque cargado con unos 7.000 dólares en tauarí recién serrada, a llevar las tablas a un depósito. Puede rociar la madera con fungicidas, dice Maués, pero no venderla hasta que Ibama compruebe su origen.
Durante el viaje de regreso al campamento, los agentes se topan con tres trabajadores montando una barraca de aserradero. Ya colocaron los rieles para el vehículo que moverá los troncos por las sierras. Este tipo de aserraderos rudimentarios pueden ser construidos por apenas 10.000 dólares. Hay cientos de ellos en la Amazonia y miles en todo Brasil, dicen los agentes del Ibama.
"¿Tienen una licencia para esto?", les pregunta el agente Gunther Barbosa. "No lo sé", responde uno de los trabajadores, mirando con nerviosismo el arma de Barbosa.
"Dile a quien sea que te mandó a construir esto que vas a parar", responde Barbosa. "Si volvemos y esto está todavía aquí, lo vamos a destruir con motosierras".
Durante los siguientes días y semanas, los agentes empiezan a demoler los aserradores no autorizados, incluyendo el que estaba siendo construido cerca de lo de Pereira. Santos y su marido fueron multados con 290.000 dólares por documentación irregular y posesión de madera ilegal. Pereira fue multado con 149.000 dólares por el mismo tipo de violaciones. Los agentes ordenaron el cierre de los dos aserraderos hasta aclarar si la documentación está en regla.
Algunos de los lugareños ausentes al comienzo del episodio comienzan a aparecer, incluyendo Dejair Nunes, el dueño de Maranata, el aserradero vacante del primer día. Los agentes encuentran sus equipos, los incautan y lo multan con 930.000 dólares por no tener licencia y por almacenar madera ilegal.
Bebiendo Coca-Cola en casa de su novia, Nunes, de 31 años, se burla de los cargos.
Y su desdeño ilustra un problema del Ibama: la agencia a menudo no puede cobrar las multas, pues los madereros apelan o directamente las ignoran. Pese a haber aplicado multas por 830 millones de dólares en la Amazonia, el Ibama informó en 2012 de ingresos por multas de apenas 34 millones de dólares en todo Brasil.
La agencia puede ir a por los activos de los multados y bloquear sus créditos, pero muchos encuentran la forma de seguir serrando. Utilizan nuevos nombres, se trasladan a otro lugar o simplemente comienzan otra vez tan pronto como el Ibama se va.
"Puede que lo que hago sea ilegal", dice Nunes, "pero no es inmoral".
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