Argentina: Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado
La Vaca
El Gobierno anunció hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva legislación de semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales, campesinas y cátedras universitarias.
Monsanto
La Presidenta viajó a Estados Unidos en junio de 2012 a una reunión del Consejo de las Américas, donde se reúne el establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
Como parte de la misma política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de la empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2 Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a insectos.
El 21 de agosto de 2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los expedientes de aprobación son confidenciales.
En paralelo, Monsanto comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el pago de “regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó hacer
El marzo de 2015, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las entidades rurales más cercanas al agronegocios.
Aclaran que están de acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso, inaplicable, incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los productores”.
Ley-Decreto-Ley
En 2012 el Gobierno intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA (Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación Agraria filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas de sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto). Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para frenar el proyecto.
No hubo nueva ley
El 19 de mayo pasado, en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores). También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y un registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan antigua como la agricultura).
Carlos Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago”.
Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron como una acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas. Los diarios que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero destacaron que ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los contratos con productores y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2 Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día, pero desde La Nación Campo, el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.
El 4 de junio, Aníbal Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los actores del sector”.
Delgado, el funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que “las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado al Congreso Nacional.
Otro campo
Una veintena de organizaciones nucleadas en la “Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras semillas”, es el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.
“Estos ‘eventos biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley, haya habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
Exigen la apertura de un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses de la población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria.
También sentaron postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a la tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el uso propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el Gobierno dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad” que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, pilar de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
El modelo
La soja abarcaba seis millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto, con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo. En la actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).
Desde 1996, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.
El último transgénico aprobado fue la soja de la multinacional Dow Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno anunció la nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.
