Macri y Bolsonaro comparten objetivos: Privatizar los Parques Nacionales comenzando por Iguazú
Argentina: Por decreto, Macri recorta poderes a Parques Nacionales y La Asociación Amigos de los Parques anticipó que presentará una acción de amparo contra esta grave maniobra. Denuncian que es un “desmantelamiento” de la APN para avanzar en los negocios turísticos. El presidente Macri modificó una ley nacional quitándole la facultad de dar concesiones.
El artículo 6 de la Ley Nacional Nº 22.351 establece que la Administración de Parques Nacionales (APN) es la encargada de autorizar o rechazar la construcción de obras o la concesión de negocios turísticos en los sitios a su cargo en todo el país, siempre y cuando no representen amenaza al ecosistema. Mediante el decreto 368/19 el presidente Mauricio Macri le quitó ese poder a la APN y se lo entregó a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La medida, desconocida hasta hoy, escondería varias irregularidades graves.
La primera es que, por tener menor jerarquía, se modificó una ley por decreto por lo que sería inconstitucional. Y lo segundo es que esta maniobra le daría luz verde al Gobierno nacional para, ahora sí, avanzar con la construcción de una Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú.
Conocido el decreto polémico, la Fundación Amigos de los Parques anticipó que impulsará una acción de amparo para declarar inconstitucional la norma presidencial.
José Barrios, presidente de la ONG ambiental, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “este decreto anula la autoridad que tenía la Administración de Parques Nacionales y también deja fuera de competencia a todo el personal técnico y capacitado de este organismo, como los biólogos que realizan informes sobre la viabilidad ambiental de los emprendimientos que se pretenden realizar”.
“Ahora el personal de Parques Nacionales no tiene más facultades para opinar ni para advertir cuando algún emprendimiento podría dañar el medioambiente. Quedaron fuera de juego”, sostuvo.
“Los técnicos y los investigadores eran las personas que advirtieron que la Villa Turística podría causar un impacto grave en Iguazú, ahora los sacan del medio”, dijo. Para el dirigente ambiental, queda claro que “ahora no se puede detener cualquier emprendimiento que quieran hacer. La única opción que nos queda es presentar una acción de amparo que lo vamos a hacer con los abogados”.
Para José Barrios, este decreto es un claro “desmantelamiento de la Administración de Parques Nacionales para avanzar con los negociados. Queda claro que ya está todo arreglado con inversores extranjeros”.
“Es lamentable que mediante un decreto se modifique una ley y se le quiten funciones a un organismo que fue creado justamente para cuidar el medioambiente y las áreas protegidas. Estamos viendo que los negocios pesan más”, se lamentó.
El decreto polémico
El decreto 368/19 fue firmado el pasado 22 de mayo y era desconocido hasta esta publicación. Hace referencia, supuestamente, al “Plan de Modernización del Estado” y la “simplificación” para el funcionamiento del Sector Público Nacional.
Sostiene que la finalidad “es la desconcentración en la toma de decisiones” y que ello permitirá “brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”.
Agrega el decreto que la APN “como autoridad de aplicación de la Ley Nº 22.351 y sus modificatorias” desempeña un rol fundamental y preponderante en la política nacional de conservación y mantenimiento de la diversidad biológica, del patrimonio natural y cultural, y de las bellezas paisajísticas y escénicas más representativas” del país.
Sin embargo, se argumenta que el Ejecutivo nacional ya venía realizando una tarea inherente a la infraestructura “destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales” y por eso “resulta razonable, oportuno y conveniente, desde el referido punto de vista organizacional, y teniendo en cuenta el principio de especialidad, asignar las competencias que surgen del artículo 6° de la Ley N° 22.351 y sus modificatorias a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia o al órgano que en el futuro la reemplace”.
El artículo 6 de la Ley Nacional Nº 22.351 establece que la Administración de Parques Nacionales (APN) es la encargada de autorizar o rechazar la construcción de obras o la concesión de negocios turísticos en los sitios a su cargo en todo el país, siempre y cuando no representen amenaza al ecosistema. Mediante el decreto 368/19 el presidente Mauricio Macri le quitó ese poder a la APN y se lo entregó a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La medida, desconocida hasta hoy, escondería varias irregularidades graves.
La primera es que, por tener menor jerarquía, se modificó una ley por decreto por lo que sería inconstitucional. Y lo segundo es que esta maniobra le daría luz verde al Gobierno nacional para, ahora sí, avanzar con la construcción de una Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú.
Conocido el decreto polémico, la Fundación Amigos de los Parques anticipó que impulsará una acción de amparo para declarar inconstitucional la norma presidencial.
José Barrios, presidente de la ONG ambiental, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “este decreto anula la autoridad que tenía la Administración de Parques Nacionales y también deja fuera de competencia a todo el personal técnico y capacitado de este organismo, como los biólogos que realizan informes sobre la viabilidad ambiental de los emprendimientos que se pretenden realizar”.
“Ahora el personal de Parques Nacionales no tiene más facultades para opinar ni para advertir cuando algún emprendimiento podría dañar el medioambiente. Quedaron fuera de juego”, sostuvo.
“Los técnicos y los investigadores eran las personas que advirtieron que la Villa Turística podría causar un impacto grave en Iguazú, ahora los sacan del medio”, dijo. Para el dirigente ambiental, queda claro que “ahora no se puede detener cualquier emprendimiento que quieran hacer. La única opción que nos queda es presentar una acción de amparo que lo vamos a hacer con los abogados”.
Para José Barrios, este decreto es un claro “desmantelamiento de la Administración de Parques Nacionales para avanzar con los negociados. Queda claro que ya está todo arreglado con inversores extranjeros”.
“Es lamentable que mediante un decreto se modifique una ley y se le quiten funciones a un organismo que fue creado justamente para cuidar el medioambiente y las áreas protegidas. Estamos viendo que los negocios pesan más”, se lamentó.
El decreto polémico
El decreto 368/19 fue firmado el pasado 22 de mayo y era desconocido hasta esta publicación. Hace referencia, supuestamente, al “Plan de Modernización del Estado” y la “simplificación” para el funcionamiento del Sector Público Nacional.
Sostiene que la finalidad “es la desconcentración en la toma de decisiones” y que ello permitirá “brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”.
Agrega el decreto que la APN “como autoridad de aplicación de la Ley Nº 22.351 y sus modificatorias” desempeña un rol fundamental y preponderante en la política nacional de conservación y mantenimiento de la diversidad biológica, del patrimonio natural y cultural, y de las bellezas paisajísticas y escénicas más representativas” del país.
Sin embargo, se argumenta que el Ejecutivo nacional ya venía realizando una tarea inherente a la infraestructura “destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales” y por eso “resulta razonable, oportuno y conveniente, desde el referido punto de vista organizacional, y teniendo en cuenta el principio de especialidad, asignar las competencias que surgen del artículo 6° de la Ley N° 22.351 y sus modificatorias a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia o al órgano que en el futuro la reemplace”.
La Villa Turística:
Desde principio de año el Gobierno nacional pretende crear una Villa
Turística con restaurantes, hoteles y comercios dentro del parque, lo
que generó un fuerte rechazo en la comunidad local por el impacto
ambiental que generaría. Debido a las protestas, los funcionarios de
Cambiemos dijeron que la medida estaba suspendida, pero con este decreto
se sospecha que están allanando el camino para avanzar.
DENUNCIA. Desde Fundación Amigos alertaron que el objetivo final es vender parcelas del Parque Iguazú.
En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/100052308/rechazo-al-proyecto-del-gobierno-de-privatizar-los-parques-nacionales/
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En principio, el Gobierno nacional planea empezar con la Administración de Parques Nacionales (APN), pero la idea es que se incorporen áreas naturales protegidas, tanto provinciales como privadas.
En el proyecto está incluido el Parque Iguazú, que según detalla la Nación en el programa “destino únicos para inversiones”: es “el área protegida de mayor biodiversidad del país, una experiencia única e inolvidable en la tierra de los grandes ríos, donde emocionan las maravillosas Cataratas, los sonidos y aromas de la selva”.
La idea cuenta con la intervención de las Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, porque “debe tener un equilibrio entre visitas, desarrollo de economías locales y sustentabilidad de los proyectos”. Incluso, la Nación reveló sus verdaderas intenciones a los funcionarios provinciales en la reunión, en conjunto, del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Consejo Federal de Medioambiente (Cofema). Allí las autoridades nacionales explicaron que la tipología de inversión es muy reducida y con estrictos estándares de construcción sustentable.
En ese encuentro, la Nación aseguró que ningún emprendimiento afectará “lo que ha sido el espíritu de la administración de parques, que tiene que ver con la conservación”, según comentó una fuente de APN, quien agregó que “son ideas de emprendimientos chicos, amigables con el entorno, desde la arquitectura hasta los materiales que se utilicen y son todas en áreas que ya tienen uso público. No se construirá ninguno en áreas donde no se reciban visitas. Ya tiene el visto bueno del área de conservación de parques”.
Rotundo rechazo
Esta polémica decisión nacional alertó a los ecologistas misioneros, quienes, ante la consulta de PRIMERA EDICIÓN, advirtieron que “defenderán las áreas naturales hasta las últimas consecuencias”.
La agrupación Capuera tendrá una reunión, tras la cual, se expedirán sobre el polémico proyecto, pero algunos de sus referentes ya adelantaron el rotundo rechazo a la iniciativa nacional.
Una de sus integrantes, Cristina Besold, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “cuanto más prístino y más conservado estén nuestros bienes naturales, más valor adquieren a nivel local e internacional, por lo tanto generar una herida más a la Selva Paranaense es contraproducente”. “Y en Misiones, el concepto que tenemos que incorporar funcionarios y ciudadanos, es el de recuperar la selva. Tanto en concepto como en acción”, afirmó.
Besold remarcó que “pasamos de ser una provincia de vanguardia con el primer y único Ministerio de Ecología y una red de áreas protegidas a una que hoy, tristemente, se destaca por permitir la fractura del Corredor Verde, lo último que quedaba de Selva Paranaense en bloque continuo en el mundo, con todo lo que eso representa para el turismo, el agua, la biodiversidad”. “Entonces, los misioneros necesitamos señales claras de defensa y recuperación de los bienes naturales. Y que cuando existan proyectos como éste, se nos informe y seamos nosotros quienes decidamos. Necesitamos contar con la información precisa y a tiempo, sobre proyectos que afecten a nuestros bienes”, cerró.
A medida de la preferida de Macri
Una fuente proveniente de Parques Nacionales estimó que sería diseñado a medida de un empresario favorito del presidente Mauricio Macri. El mismo que ya tendría un emprendimiento hotelero en Iguazú y que pretendería extenderse. Es un hotel de lujo, ubicado en las 600 hectáreas y que no tiene ningún contacto con la ciudad y que incluso, el personal debería firmar un contrato de fidelidad.
Awasi tiene alrededor de 15 emprendimientos en todo el país. Es un empresa de las favoritas del Presidente y, cada vez que viaja a alguna ciudad donde esta cadena tiene un hotel, Macri decide hospedarse en estos lujosos emprendimientos.
El programa tiene como objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales. Las propuestas deberán cumplir con los puntos de bases y condiciones y un concurso publico que se va a realizar. Según la Nacional, todo tiene una burocracia con pasos ordenados, abiertos, transparentes.
http://www.primeraedicion.com.ar/nota/100052308/rechazo-al-proyecto-del-gobierno-de-privatizar-los-parques-nacionales/
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Brasil: Bolsonaro tambien quiere privatizar Cataratas
En enero, a pocos días de asumir como ministro de Medio Ambiente del gobierno de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles visitó Paraná para participar de las celebraciones por los 80 años del Parque Nacional de Iguazú. En esa oportunidad, defendió las sociedades público-privadas en la gestión de este tipo de parques y dijo que este modelo debía ser extendido por todo Brasil.
En enero, a pocos días de asumir como ministro de Medio Ambiente del gobierno de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles visitó Paraná para participar de las celebraciones por los 80 años del Parque Nacional de Iguazú. En esa oportunidad, defendió las sociedades público-privadas en la gestión de este tipo de parques y dijo que este modelo debía ser extendido por todo Brasil.
A poco más de dos meses de esa visita, Salles ya comienza a ver materializado su deseo. El miércoles, a la salida de una audiencia en el Senado, el ministro dijo que el gobierno pretende comenzar a privatizar este año la administración de sus parques nacionales, incluidos algunos de sus sitios turísticos naturales más famosos.
Citado por Reuters, Salles aseguró que el programa para concretar la privatización va a comenzar “definitivamente este año”. “Veremos cuánto podemos hacer. Se está haciendo el esfuerzo de hacer lo máximo posible sin perturbar un proceso que se basa tanto en un modelo económico como en una sustentabilidad bien ejecutada”, comentó.
Este programa prevé la privatización de la gestión de territorios demarcados como “unidades de conservación”, que son generalmente administrados por el Instituto para la Biodiversidad Chico Mendes. La agencia tiene el nombre del defensor de la selva tropical amazónica que fue asesinado por su trabajo. A principios de año, Salles se refirió a Mendes como una figura “irrelevante”.
Salles incluyó a las Cataratas del Iguazú, una de las más grandes del mundo que se extienden a lo largo de la frontera con Argentina, como uno de los muchos parques nacionales famosos de todo el país que podrían ser administrados por el sector privado. El ministro también citó como objetivos potenciales para la administración privada a la isla Fernando de Noronha, un destino exclusivo para quienes practican buceo, así como a los parques nacionales Pau Brasil, Chapada dos Veadeiros e Itatiaia.
Ya a fines de febrero, en alusión a la inminente entrega del parque nacional Pau Brasil a manos privadas, Renato Cunha, coordinador del Grupo Ambientalista de Bahía, reconocía al sitio Brasil de Fato que las comunidades locales, organizaciones sociales y movimientos populares estaban preocupados con las concesiones y temían la pérdida de transparencia y control social de la reserva con su privatización.
Las mismas reservas sobre el proyecto del gobierno manifiesta André Lima, abogado brasileño especialista en temas ambientales y coordinador del programa de deforestación de Marina Silva en la época que fue ministra de Medio Ambiente de Lula. “Uno de los riesgos es que no se respeten las reglas básicas de los parques, que no haya estudios que califiquen la capacidad de soporte del parque para actividades y que la cosa crezca más de lo que se debe, que de aquí a poco se quiera levantar casinos dentro de un parque nacional”, comentó a La Tercera.
Y es que activistas y ambientalistas han manifestado su temor a que Bolsonaro y Salles quieran suprimir las restricciones a la construcción en zonas protegidas, favoreciendo el desarrollo económico a corto plazo a costa del medio ambiente.
Durante la campaña electoral, Bolsonaro también criticó la aplicación de multas por infracciones relacionadas con el medio ambiente. Al respecto, Salles dijo que su ministerio está trabajando para crear un nuevo organismo que tendrá como objetivo autorizar, modificar o cancelar multas, así como llegar a acuerdos con quienes confiesen infracciones ambientales. Según el ministro, el actual sistema, aplicado por la agencia Ibama, no resulta en un cobro efectivo de todas las multas.
Fuente: La Tercera
A poco más de dos meses de esa visita, Salles ya comienza a ver materializado su deseo. El miércoles, a la salida de una audiencia en el Senado, el ministro dijo que el gobierno pretende comenzar a privatizar este año la administración de sus parques nacionales, incluidos algunos de sus sitios turísticos naturales más famosos.
Citado por Reuters, Salles aseguró que el programa para concretar la privatización va a comenzar “definitivamente este año”. “Veremos cuánto podemos hacer. Se está haciendo el esfuerzo de hacer lo máximo posible sin perturbar un proceso que se basa tanto en un modelo económico como en una sustentabilidad bien ejecutada”, comentó.
Este programa prevé la privatización de la gestión de territorios demarcados como “unidades de conservación”, que son generalmente administrados por el Instituto para la Biodiversidad Chico Mendes. La agencia tiene el nombre del defensor de la selva tropical amazónica que fue asesinado por su trabajo. A principios de año, Salles se refirió a Mendes como una figura “irrelevante”.
Salles incluyó a las Cataratas del Iguazú, una de las más grandes del mundo que se extienden a lo largo de la frontera con Argentina, como uno de los muchos parques nacionales famosos de todo el país que podrían ser administrados por el sector privado. El ministro también citó como objetivos potenciales para la administración privada a la isla Fernando de Noronha, un destino exclusivo para quienes practican buceo, así como a los parques nacionales Pau Brasil, Chapada dos Veadeiros e Itatiaia.
Ya a fines de febrero, en alusión a la inminente entrega del parque nacional Pau Brasil a manos privadas, Renato Cunha, coordinador del Grupo Ambientalista de Bahía, reconocía al sitio Brasil de Fato que las comunidades locales, organizaciones sociales y movimientos populares estaban preocupados con las concesiones y temían la pérdida de transparencia y control social de la reserva con su privatización.
Las mismas reservas sobre el proyecto del gobierno manifiesta André Lima, abogado brasileño especialista en temas ambientales y coordinador del programa de deforestación de Marina Silva en la época que fue ministra de Medio Ambiente de Lula. “Uno de los riesgos es que no se respeten las reglas básicas de los parques, que no haya estudios que califiquen la capacidad de soporte del parque para actividades y que la cosa crezca más de lo que se debe, que de aquí a poco se quiera levantar casinos dentro de un parque nacional”, comentó a La Tercera.
Y es que activistas y ambientalistas han manifestado su temor a que Bolsonaro y Salles quieran suprimir las restricciones a la construcción en zonas protegidas, favoreciendo el desarrollo económico a corto plazo a costa del medio ambiente.
Durante la campaña electoral, Bolsonaro también criticó la aplicación de multas por infracciones relacionadas con el medio ambiente. Al respecto, Salles dijo que su ministerio está trabajando para crear un nuevo organismo que tendrá como objetivo autorizar, modificar o cancelar multas, así como llegar a acuerdos con quienes confiesen infracciones ambientales. Según el ministro, el actual sistema, aplicado por la agencia Ibama, no resulta en un cobro efectivo de todas las multas.
Fuente: La Tercera
