Argentina: Saqueo colonial con antifaz nacional
Medios del sector anuncian que se viene la megaminería con retórica soberana y popular. Circula un proyecto para que el extractivismo trasnacional tenga una división dentro de YPF, con lo que buscarán utilizar la imagen histórica de la petrolera estatal para enfrentar el rechazo de las comunidades que evitan el saqueo y la contaminación.
Por NoalaMina.org
En diversos medios del sector energético y extractivo viene circulando una idea impulsada por el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que buscaría hacer frente a la pésima imagen que tiene la megaminería en los territorios donde buscan avanzar con nuevos proyectos. Una imagen que las empresas se ganaron por sí mismas por no generar desarrollo productivo donde se instalan y por el contrario, por tener demasiados antecedentes de desastres ambientales: en San Juan las mineras cortaron glaciares al medio, contaminaron ríos con metales pesados, generaron basureros clandestinos de residuos tóxicos y derramaron millones de litros de agua cianurada siendo el derrame de Veladero en 2015 en la mina de oro de Barrick Gold el que tuvo mayor repercusión.
Justamente quien hoy se encarga de la cartera nacional de minería es quien estaba a cargo de controlar a las mineras en San Juan y por el contrario, se encargó de garantizar su impunidad. Si bien se habló mucho de que Hensel venía a nacionalizar el “modelo Barrick” sanjuanino, la mala imagen de las trasnacionales le está haciendo buscar alternativas para que estas empresas logren instalarse.
La legitimidad social es el principal problema de las mineras. Si bien como indicamos, el rechazo es algo que se ganaron por sí mismas, es importantísima la lucha de las comunidades que son afectadas o que evitan ser afectadas por la actividad quienes lograron que la población toda reconozca en el extractivismo minero una amenaza para los territorios y no las falsas promesas de trabajo y desarrollo que ya no calan en la sociedad.
Es por ello que en las últimas décadas se han esforzado en buscar mejorar su imagen, han aplicado programas de “responsabilidad social empresaria” así como invertido muchísimo en promocionarse como defensoras del ambiente. Basta entrar a la página web de cualquier minera para constatar que a ninguna se le escapa comunicar que trabajan en el oximorón de la “minería sustentable”. Asimismo, las empresas internacionales fabrican firmas “locales” para mostrar una cara distinta a la que de todos modos se puede identificar fácilmente, con solo googlear, junto a los desastres sociales y ambientales que generan en otras partes del mundo.
Entre las nuevas estrategias, está la búsqueda de socios locales que, omitiendo sus propios historiales, logren ser el puntapié de entrada para sortear los asuntos sociales, ambientales y de gobierno. Es lo que acordó la empresa canadiense Yamana Gold con los empresarios argentinos Elzstain y Zang. Formar una empresa nacional para obtener la licencia social, el permiso ambiental y la modificación de leyes que impiden que el proyecto pase a la etapa de explotación. Todo lo que las multinacionales no han logrado desde 2002 hasta la fecha.
La nueva estrategia, delineada por el ministro en una charla virtual del sector en plena pandemia, consiste en crear una empresa estatal de minería. Ni Hensel ni ningún medio minero se sonroja al comentar sobre la pésima imagen que las multinacionales deben sortear, o sobre cómo una empresa estatal puede servir de punta de lanza. Y decimos punta de lanza porque desde el principio está aclarado que la empresa estatal se encargaría de lo que le encargaron a Elsztain (los asuntos sociales, ambientales y de gobierno). Que nadie se entusiasme, que el rol de la minera estatal llegaría hasta ahí nomás. No hablamos de una empresa testigo para los precios internos (como YPF con los combustibles o como podría ser una alimenticia como Vicentín). La megaminería en Argentina no produce para quienes habitamos este país. Ni siquiera produce: extrae y exporta.
Hasta ahora las participaciones estatales en megaminería han tenido objetivos similares. O bien, han quedado como parte de otras épocas y funcionan como exploradoras y concesionarias de yacimientos que posee el Estado. Una de ellas es Fomicruz, empresa estatal santacruceña que posee el 7,5% de Cerro Vanguardia y que está a la expectativa sin poder decidir sobre su futuro dado que AngloGold, la empresa verdaderamente dueña de la explotación, está buscando vender sus activos a medida que sus números desmejoran y se acerca el fin de la explotación. La otra empresa es la Corporación Minera del Neuquén, la cual como concesionaria de Andacollo ya rompió contratos con dos multinacionales (Barrick Gold y Trident) por faltas severas en cuanto al ambiente e incumplimiento del contrato tanto con la provincia como con trabajadores y proveedores. En los dos casos las multinacionales no cumplieron lo pautado y la provincia de Neuquén se hizo cargo del abandono de los trabajadores. La otra empresa con un rol similar es YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), clave para inaugurar el ingreso de la megaminería en el país con La Alumbrera, y pionera en poner a las universidades públicas como validadoras del saqueo a cambio de fondos. Es importante remarcar aquí que muchas casas de altos estudios rechazaron los fondos, principalmente porque atacaban la autonomía universitaria y por la posibilidad clara de condicionar estudios posteriores sobre las consecuencias de la actividad. YMAD también ha cosechado fuertes denuncias por contaminación, incumplimientos del contrato y causas judiciales por sobreprecios, lavado de dinero y corrupción.
Pero el proyecto que circula busca que YPF abra una división minera o bien elevar el estatus de Cimsa (Compañía de Inversiones Mineras Sociedad Anónima) que hoy es subsidiaria de la petrolera, para que se asocie a mineras extranjeras. Entre los objetivos buscados, ampliamente reconocidos por los medios mineros, se destaca el uso -o clara usurpación- de la imagen histórica de la petrolera fundada por el General Enrique Mosconi, hoy más asociada al desarrollo local que generó en su momento en los territorios donde se instaló, que a su carácter estatal y a las políticas de estado que la guiaban.
Tan lejos de Mosconi y tan cerca de Chevron
Lo que realmente hará esta empresa minera nominalmente «estatal» no hay que buscarlo en los “años dorados” de YPF como promotor del desarrollo nacional, sino en su utilización como puerta de entrada para el extractivismo multinacional. La realidad está muy lejos de Mosconi y muy cerca de Chevron. Y para ello no hay que ir al descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia a principios del siglo XX sino a Vaca Muerta en el XXI.
Tras el anuncio del descubrimiento de uno de las mayores reservas de gas shale del planeta, el gobierno nacional estatizó el 51% de las acciones de YPF tras 20 años de estar en manos de la española Repsol. La medida se presentaba como una recuperación soberana, e incluso el gobierno indicó que le haría pagar a la española los desastres ambientales sobre los que no habían dicho una palabra mientras la empresa operaba. Finalmente el Estado desembolsó los cinco mil millones de dólares en pago a Repsol (sin descuentos por daños ambientales) y hasta el día de hoy la petrolera española continúa buscando una tajada más grande en los tribunales de Nueva York.
Sin embargo, la expropiación de YPF no buscaba volver a los «años dorados» de producción estatal. Podríamos decir que lo único que se mantuvo de dichas épocas fue la contaminación con aval estatal y la falta de consulta a las comunidades afectadas. En 2013 se firmó un contrato con la trasnacional Chevron (ex Texaco) con la cual Argentina se comprometía a levantar un embargo que pesaba sobre la petrolera: se trata de una empresa prófuga de la justicia de Ecuador, de donde se fugó sin pagar el embargo por 19 mil millones de dólares que la justicia de ese país le impuso por contaminar 480 mil hectáreas de selva amazónica y afectar a miles de indígenas y agricultores. Tras un dictamen de Gils Carbó en mayo, la Corte Suprema falló en junio levantar el embargo. En una de las gestiones más express en la historia del extractivismo nacional, en agosto del mismo año en la legislatura de Neuquén (mientras se reprimía durante horas la movilización popular en el exterior) los legisladores de los principales partidos votaron el permiso para que YPF explote mediante fractura hidráulica (fracking) la formación de Vaca Muerta.
La nacionalización de las acciones de YPF fue indispensable para poder avanzar con el fracking (la megaminería del petróleo) en Vaca Muerta bajo un discurso de recuperación de los recursos naturales. Pero lejos está la petrolera nacional de haber vuelto a los años en donde representaba el desarrollo de comunidades locales en muchos aspectos más que en lo extractivo. Lo que sí significó, fue el ingreso al país de una de las multinacionales más gravemente acusadas de violar derechos humanos. Así como también implicó dejar solo al entonces aliado estratégico Ecuador en su búsqueda de justicia por los crímenes de la empresa. En plena retórica contra los fondos buitres se firmó un contrato que nos vuelve a situar en una situación colonial: si tenemos que enfrentar a Chevron, nuestra suerte se definirá en los tribunales de París y Nueva York, que decidirán en caso de que corramos la misma suerte que los ecuatorianos.
Podemos esperar lo mismo de CIMSA, o de la YPF minera. No hay que hurgar demasiado para ver que será una máscara que busque el ingreso de las trasnacionales en territorios con poblaciones que las rechazan. El mismo secretario de minería se encarga de aclararlo a las empresas. El Estado no les competirá, solo se asociará para buscar garantizar lo que ellas por sí solas no pueden lograr: la aprobación social.
Fuente: https://noalamina.org/argentina/item/44010-saqueo-colonial-con-antifaz-nacional
Por NoalaMina.org
En diversos medios del sector energético y extractivo viene circulando una idea impulsada por el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que buscaría hacer frente a la pésima imagen que tiene la megaminería en los territorios donde buscan avanzar con nuevos proyectos. Una imagen que las empresas se ganaron por sí mismas por no generar desarrollo productivo donde se instalan y por el contrario, por tener demasiados antecedentes de desastres ambientales: en San Juan las mineras cortaron glaciares al medio, contaminaron ríos con metales pesados, generaron basureros clandestinos de residuos tóxicos y derramaron millones de litros de agua cianurada siendo el derrame de Veladero en 2015 en la mina de oro de Barrick Gold el que tuvo mayor repercusión.
Justamente quien hoy se encarga de la cartera nacional de minería es quien estaba a cargo de controlar a las mineras en San Juan y por el contrario, se encargó de garantizar su impunidad. Si bien se habló mucho de que Hensel venía a nacionalizar el “modelo Barrick” sanjuanino, la mala imagen de las trasnacionales le está haciendo buscar alternativas para que estas empresas logren instalarse.
La legitimidad social es el principal problema de las mineras. Si bien como indicamos, el rechazo es algo que se ganaron por sí mismas, es importantísima la lucha de las comunidades que son afectadas o que evitan ser afectadas por la actividad quienes lograron que la población toda reconozca en el extractivismo minero una amenaza para los territorios y no las falsas promesas de trabajo y desarrollo que ya no calan en la sociedad.
Es por ello que en las últimas décadas se han esforzado en buscar mejorar su imagen, han aplicado programas de “responsabilidad social empresaria” así como invertido muchísimo en promocionarse como defensoras del ambiente. Basta entrar a la página web de cualquier minera para constatar que a ninguna se le escapa comunicar que trabajan en el oximorón de la “minería sustentable”. Asimismo, las empresas internacionales fabrican firmas “locales” para mostrar una cara distinta a la que de todos modos se puede identificar fácilmente, con solo googlear, junto a los desastres sociales y ambientales que generan en otras partes del mundo.
Entre las nuevas estrategias, está la búsqueda de socios locales que, omitiendo sus propios historiales, logren ser el puntapié de entrada para sortear los asuntos sociales, ambientales y de gobierno. Es lo que acordó la empresa canadiense Yamana Gold con los empresarios argentinos Elzstain y Zang. Formar una empresa nacional para obtener la licencia social, el permiso ambiental y la modificación de leyes que impiden que el proyecto pase a la etapa de explotación. Todo lo que las multinacionales no han logrado desde 2002 hasta la fecha.
La nueva estrategia, delineada por el ministro en una charla virtual del sector en plena pandemia, consiste en crear una empresa estatal de minería. Ni Hensel ni ningún medio minero se sonroja al comentar sobre la pésima imagen que las multinacionales deben sortear, o sobre cómo una empresa estatal puede servir de punta de lanza. Y decimos punta de lanza porque desde el principio está aclarado que la empresa estatal se encargaría de lo que le encargaron a Elsztain (los asuntos sociales, ambientales y de gobierno). Que nadie se entusiasme, que el rol de la minera estatal llegaría hasta ahí nomás. No hablamos de una empresa testigo para los precios internos (como YPF con los combustibles o como podría ser una alimenticia como Vicentín). La megaminería en Argentina no produce para quienes habitamos este país. Ni siquiera produce: extrae y exporta.
Hasta ahora las participaciones estatales en megaminería han tenido objetivos similares. O bien, han quedado como parte de otras épocas y funcionan como exploradoras y concesionarias de yacimientos que posee el Estado. Una de ellas es Fomicruz, empresa estatal santacruceña que posee el 7,5% de Cerro Vanguardia y que está a la expectativa sin poder decidir sobre su futuro dado que AngloGold, la empresa verdaderamente dueña de la explotación, está buscando vender sus activos a medida que sus números desmejoran y se acerca el fin de la explotación. La otra empresa es la Corporación Minera del Neuquén, la cual como concesionaria de Andacollo ya rompió contratos con dos multinacionales (Barrick Gold y Trident) por faltas severas en cuanto al ambiente e incumplimiento del contrato tanto con la provincia como con trabajadores y proveedores. En los dos casos las multinacionales no cumplieron lo pautado y la provincia de Neuquén se hizo cargo del abandono de los trabajadores. La otra empresa con un rol similar es YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), clave para inaugurar el ingreso de la megaminería en el país con La Alumbrera, y pionera en poner a las universidades públicas como validadoras del saqueo a cambio de fondos. Es importante remarcar aquí que muchas casas de altos estudios rechazaron los fondos, principalmente porque atacaban la autonomía universitaria y por la posibilidad clara de condicionar estudios posteriores sobre las consecuencias de la actividad. YMAD también ha cosechado fuertes denuncias por contaminación, incumplimientos del contrato y causas judiciales por sobreprecios, lavado de dinero y corrupción.
Pero el proyecto que circula busca que YPF abra una división minera o bien elevar el estatus de Cimsa (Compañía de Inversiones Mineras Sociedad Anónima) que hoy es subsidiaria de la petrolera, para que se asocie a mineras extranjeras. Entre los objetivos buscados, ampliamente reconocidos por los medios mineros, se destaca el uso -o clara usurpación- de la imagen histórica de la petrolera fundada por el General Enrique Mosconi, hoy más asociada al desarrollo local que generó en su momento en los territorios donde se instaló, que a su carácter estatal y a las políticas de estado que la guiaban.
Tan lejos de Mosconi y tan cerca de Chevron
Lo que realmente hará esta empresa minera nominalmente «estatal» no hay que buscarlo en los “años dorados” de YPF como promotor del desarrollo nacional, sino en su utilización como puerta de entrada para el extractivismo multinacional. La realidad está muy lejos de Mosconi y muy cerca de Chevron. Y para ello no hay que ir al descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia a principios del siglo XX sino a Vaca Muerta en el XXI.
Tras el anuncio del descubrimiento de uno de las mayores reservas de gas shale del planeta, el gobierno nacional estatizó el 51% de las acciones de YPF tras 20 años de estar en manos de la española Repsol. La medida se presentaba como una recuperación soberana, e incluso el gobierno indicó que le haría pagar a la española los desastres ambientales sobre los que no habían dicho una palabra mientras la empresa operaba. Finalmente el Estado desembolsó los cinco mil millones de dólares en pago a Repsol (sin descuentos por daños ambientales) y hasta el día de hoy la petrolera española continúa buscando una tajada más grande en los tribunales de Nueva York.
Sin embargo, la expropiación de YPF no buscaba volver a los «años dorados» de producción estatal. Podríamos decir que lo único que se mantuvo de dichas épocas fue la contaminación con aval estatal y la falta de consulta a las comunidades afectadas. En 2013 se firmó un contrato con la trasnacional Chevron (ex Texaco) con la cual Argentina se comprometía a levantar un embargo que pesaba sobre la petrolera: se trata de una empresa prófuga de la justicia de Ecuador, de donde se fugó sin pagar el embargo por 19 mil millones de dólares que la justicia de ese país le impuso por contaminar 480 mil hectáreas de selva amazónica y afectar a miles de indígenas y agricultores. Tras un dictamen de Gils Carbó en mayo, la Corte Suprema falló en junio levantar el embargo. En una de las gestiones más express en la historia del extractivismo nacional, en agosto del mismo año en la legislatura de Neuquén (mientras se reprimía durante horas la movilización popular en el exterior) los legisladores de los principales partidos votaron el permiso para que YPF explote mediante fractura hidráulica (fracking) la formación de Vaca Muerta.
La nacionalización de las acciones de YPF fue indispensable para poder avanzar con el fracking (la megaminería del petróleo) en Vaca Muerta bajo un discurso de recuperación de los recursos naturales. Pero lejos está la petrolera nacional de haber vuelto a los años en donde representaba el desarrollo de comunidades locales en muchos aspectos más que en lo extractivo. Lo que sí significó, fue el ingreso al país de una de las multinacionales más gravemente acusadas de violar derechos humanos. Así como también implicó dejar solo al entonces aliado estratégico Ecuador en su búsqueda de justicia por los crímenes de la empresa. En plena retórica contra los fondos buitres se firmó un contrato que nos vuelve a situar en una situación colonial: si tenemos que enfrentar a Chevron, nuestra suerte se definirá en los tribunales de París y Nueva York, que decidirán en caso de que corramos la misma suerte que los ecuatorianos.
Podemos esperar lo mismo de CIMSA, o de la YPF minera. No hay que hurgar demasiado para ver que será una máscara que busque el ingreso de las trasnacionales en territorios con poblaciones que las rechazan. El mismo secretario de minería se encarga de aclararlo a las empresas. El Estado no les competirá, solo se asociará para buscar garantizar lo que ellas por sí solas no pueden lograr: la aprobación social.
Fuente: https://noalamina.org/argentina/item/44010-saqueo-colonial-con-antifaz-nacional
