Las ranas le ganan una batalla judicial a la minería en Ecuador
Por Doménica Montaño
En el valle de Íntag se juntan dos ecosistemas: una parte de El Chocó ecuatoriano —área de prioridad de conservación mundial—y los Andes Tropicales —el hotspot con mayor riqueza biológica del planeta—. En este extenso valle en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, sus habitantes durante casi tres décadas se han enfrentado al Estado ecuatoriano para evitar la minería. Desde 2011 han centrado sus esfuerzos en detener, en particular, el proyecto Llurimagua. Nueve años después, lo han conseguido: el 24 de septiembre de 2020, una jueza les concedió una acción de protección y medidas cautelares para cuidar a la naturaleza.
Las ranas encabezaron la lucha. La demanda presentada por la bióloga Andrea Terán dice que la industria minera en Llurimagua amenaza de forma inminente y grave a las ranas arlequín hocicuda (Atelopus longirostris) y nodriza confusa (Etopoglossus confusus) que están en peligro de extinción. La Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a la rana nodriza confusa como una especie En Peligro, mientras la arlequín hocicuda sigue en el listado de especies extintas —porque se creía que lo estaba hasta 2016 y aún no se ha actualizado—. Ambas especies son bastante vulnerables pues solo existen en este lugar y por eso Terán cree que fue por ellas que la jueza falló a favor de las medidas cautelares. “La victoria de las ranas es la victoria de todos”, dice.
Según un estudio publicado en el Tropical Conservation Science Journal en 2018, el valle de Íntag protege a varias especies En Peligro y otras En Peligro Crítico de extinción. Además, es hogar de mamíferos, aves, anfibios y plantas que son únicas del ecosistema de bosque nublado y páramo, entre ellos, el oso de anteojos, el tapir andino, el zamarrito pechinegro, el sapo andino de Tandayapa y el mono araña. Todas estas especies estaban en riesgo por la industria minera en Llurimagua y ahora, con las medidas cautelares y la acción de protección, eso podría cambiar.
Una lucha de casi treinta años
La historia minera en Íntag se remonta a la década de los noventa cuando la empresa japonesa Bishimetals, subsidiaria de Mitsubishi, inició la exploración minera en la zona. En la concesión de 4829 hectáreas —unas 75 veces el Parque La Carolina de Quito— se cree que hay aproximadamente 2,26 millones de toneladas de cobre —suficientes para construir 90 estatuas de La Libertad—.
La preocupación por la minería empezó en las comunidades, y en 1995 se conformó la Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), una organización creada para cuidar los bosques de la región. Un año después, la compañía presentó a los habitantes locales un estudio de impacto ambiental que, según DECOIN, mostraba que el proyecto de los japoneses contaminaría los ríos y que los bosques serían destruidos. Entonces, la resistencia se hizo más fuerte, y en 1998, cuenta el activista y cofundador de la DECOIN Carlos Zorrilla, la empresa Bishimetals se fue de Íntag.
El valle de Íntag es uno de los lugares con mayor riqueza biológica de Ecuador. Fotografía de Carlos Zorrilla.
Pero la oposición no terminó ahí. En 2004, la empresa canadiense Ascendant Copper, que luego cambió su nombre a Copper Mesa, llegó a Íntag para hacerse cargo de las áreas de concesión minera que le pertenecían a Bishimetals. Los locales se opusieron de inmediato.
Un informe sobre el caso, elaborado por Corporate Europe Observatory —un grupo de investigación que trabaja para exponer las malas prácticas de las corporaciones— dice que la minera canadiense habría incurrido en actividades que atentaron contra el medio ambiente y la integridad de las comunidades. El asunto escaló al punto que, en 2005, habitantes del valle de Íntag incendiaron un campamento de la compañía.
La resistencia antiminera tuvo otra victoria en 2008 cuando Ascendant Copper se fue de Íntag y de Ecuador. En abril de ese año, la Asamblea Nacional aprobó el Mandato Minero y con él se extinguieron alrededor del 80 % de concesiones mineras en el país, entre ellas la de la compañía canadiense.
Sin embargo, en enero de 2009 se aprobó la Ley de Minería que incentivaba los proyectos mineros a gran escala en el país. Dicha ley fue ampliamente rechazada por grupos sociales que se movilizaron en varias zonas del país para exigir su revocatoria, pero no fueron escuchados. Un año después, en 2010, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la ley y el entonces presidente Rafael Correa ordenó la creación de la Empresa Nacional Minera (Enami EP). Los proyectos mineros rondaron al valle de Íntag una vez más.
La minería volvió a la zona en noviembre de 2011, cuando el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables le entregó a la Enami EP la concesión minera de Llurimagua. Ese mismo mes, la empresa firmó un acuerdo para la exploración minera del lugar con la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco). De nuevo, comenzó otro enfrentamiento entre las comunidades del valle contra la industria minera.
Con la aprobación de la acción de protección y medidas cautelares para proteger a Íntag, se puede cuidar a decenas de especies endémicas y salvar a otras que están en peligro. Fotografía de Carlos Zorrilla.
Carlos Zorrilla, quien vive en Íntag desde hace 42 años, dice que la Enami intentó socializar los beneficios económicos del proyecto para la comunidad local y, aunque las autoridades oficiales dicen que no había oposición, la realidad era otra. Zorrilla cuenta que la mayoría de personas rechazaron las propuestas de la Enami y que por eso, en mayo de 2014, la empresa pública trajo a más de 300 policías para poder entrar al área de la concesión que estaba abandonada desde que la minera canadiense se fue. Su intervención fue igual de grande que la de Bishimetals y Ascendant Copper: hasta 2018, la ENAMI y Codelco habían hecho 90 perforaciones.
En 2019, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado hicieron observaciones sobre irregularidades del proyecto. Sin embargo, no se tomaron acciones concretas y la lucha contra Codelco parecía que no iba a terminar.
Mongabay Latam se comunicó con Enami, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Las ranas a la cabeza
Tras décadas de enfrentarse a la minería, los reclamos de la comunidad fueron escuchados. El 24 de septiembre una jueza de la ciudad de Cotacachi concedió una acción de protección y medidas cautelares contra el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE). Además, la Procuraduría General del Estado exigió respuestas con respecto a los efectos del proyecto minero Llurimagua. Con esta decisión, se protegerá a decenas de especies endémicas de anfibios, aves, y mamíferos que viven en Íntag. Al menos 58 están En Peligro de extinción, y otros más En Peligro Crítico.
El fallo es muy importante para la naturaleza, pero lo es en particular para los anfibios, sostienen expertos y habitantes de Íntag. Ecuador es uno de los países con mayor número de anfibios por metro cuadrado en el mundo, dice la bióloga Andrea Terán. Además, la mayoría de especies de este grupo que están en riesgo de desaparición se encuentran en bosques nubosos montañosos como los del Valle de Íntag.
Hay dos especies de ranas que se benefician de las medidas cautelares y de la acción de protección. Estas son la rana arlequín hocicuda —que fue redescubierta en 2016 después de no haber sido vista desde 1989— y la nodriza confusa.
Algunos de los principales efectos de la minería son la contaminación de las fuentes de agua y la erosión del suelo. Fotografía de Carlos Zorrilla.
Santiago Ron, herpetólogo y curador del museo de zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), dice que las ranas cumplen un rol muy valioso en los ecosistemas porque son parte de la cadena de flujo de energía y de alimento. Ron explica que son predadores que se alimentan de insectos y animales pequeños que están en las plantas y en la hojarasca y, a su vez, son presas de otros animales. Su presencia permite el flujo de energía y alimentos indispensables para que el bosque mantenga su funcionamiento.
Sin ellas, el ecosistema perdería su balance y más especies, que forman parte de esa cadena, correrían el riesgo de extinguirse. Ron, quien también pertenece a The World Academy of Sciences (TWAS), opina que la decisión de la jueza de otorgar la acción de protección da mucha esperanza a las especies en Íntag, ya que si la industria minera continúa en su hábitat “su extinción sería inevitable” y esa sería una pérdida biológica no solo para Ecuador sino para el mundo.
Un modelo a seguir
Según los registros del Consejo de la Judicatura, nunca antes una Corte de la provincia de Imbabura había aceptado una acción de protección con medidas cautelares para proteger la naturaleza. De hecho, la demanda inicial era solo por medidas cautelares, pero la jueza la cambió por una acción de protección tras constatar que había un daño que necesitaba reparación.
Esto no es un acto injustificado. La abogada especializada en derechos humanos, Vivian Idrovo, explica que el artículo 436 de la Constitución del Ecuador permite esta clase de enmiendas. En el caso de las medidas cautelares, por ejemplo, si un juez nota que las demandas no se clasifican como amenaza de un derecho sino como una vulneración de un derecho, debe cambiar la solicitud, y tramitar las medidas cautelares que se pidieron al inicio junto a la otra garantía que corresponda —en este caso la acción de protección—. El hecho de que se haya dispuesto el cambio es significativo y demuestra el alto impacto de la minería en Íntag y la importancia de este caso.
En la sentencia —que aún no ha sido entregada por escrito— se ordenó, en términos generales, que el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) cumpla con las observaciones que hizo la Contraloría sobre los daños causados por la Enami y Codelco en el área. Si el Ministerio no termina estos procesos en tres meses, deberá revocar la licencia ambiental que le otorgó al proyecto en 2014.
El activista Carlos Zorrilla cree que estas son buenas noticias. Sobre todo porque se trabajó de la mano con otros actores de la sociedad civil, gobiernos locales y la academia. Zorrilla dice que involucrando a más personas, en especial a académicos cuyo trabajo es presentar evidencias científicas, “el MAAE va a tener que hacer las cosas bien”. De esta forma, opina el activista, se podrá regular que todo esté correcto y evitar la deforestación y la contaminación del agua de Íntag. Mongabay Latam pidió una declaración oficial al Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta.
Aunque el fallo es importante, la bióloga Terán opina que no hay que cantar victoria. El MAAE apeló la sentencia de la jueza. Para Terán, quien interpuso la demanda, esta sentencia es solo una batalla de la guerra. Cree que con la apelación se viene una lucha enorme. En primer lugar, se trata de una batalla contra dos grandes: una industria que mueve millones de dólares al año, y un Ministerio que, según el biólogo Santiago Ron y el activista Carlos Zorrilla, “no está del lado de la naturaleza”. Además, no será fácil oponerse a las actividades extractivas cuando hoy el gobierno maneja el discurso de que la minería va a sacar al país de la crisis económica.
Sin embargo, ni los científicos ni las comunidades pierden la esperanza. El fallo inicial a favor de la acción de protección ya lo consideran memorable. Están convencidos que se puede hacer historia para proteger los derechos de la naturaleza en el país.
Fuente: Mongabay Latam - *Imagen principal: Íntag es el hogar de varias especies de ranas en peligro de extinción, la rana arlequín hocicuda es una de ellas. Foto: Gustavo Pazmiño.
