Chile: Aymaras y Quechuas rechazan política nacional de minería 2050
Según asistentes, la reunión que no logró llevar a cabo la metodología que durante un año elaboró la cartera de gobierno con tres de los siete consejeros indígenas ante CONADI, que consistía en un taller de acuerdo a cuatro ejes para lo cual se contemplaba desarrollar las mesas de trabajo: social, ambiental, económico e institucional. Pues en la cita las personas expusieron su negativa a participar en la actividad porque no contempló Consulta Previa Indígena, desconocimiento de este proceso y rechazo a la minería en los territorios aymaras y quechuas.
Comunicado Público
A continuación compartimos el comunicado publico emitido por asistentes durante el fracasado taller del proceso de participación que tenía como objetivo construir el Capítulo Indígena de la Política Nacional Minera 2050.
“Personas y organizaciones de las naciones originarias y ancestrales en el Norte Grande de Chile, en esta zona del Qollasuyo, queremos expresar a la comunidad internacional, nacional y local que rechazamos la Política Nacional Minera 2050 (PNM) que impulsa el Ministerio de Minería, iniciativa que solo buscan consolidar el extractivismo y dar carta blanca a la megaminería, vulnerando una vez más nuestros derechos humanos fundamentales, usando estrategias de marketing, “sustentabilidad” y estableciendo cuestionados mecanismos de “participación”, sin consulta previa indígena.
1. Según señala la web http://capituloindigena.minmineria.cl/capitulo_indigena/ en el documento adjunto titulado Acuerdo Metodológico entre Representantes Indígenas del Consejo Nacional de la Conadi y el Ministerio de Minería para la participación Nacional de Pueblos Indígenas en la Política Nacional Minera 2050 (http://capituloindigena.minmineria.cl/capitulo_indigena/wp-content/uploads/2021/09/Acuerdo-metodolo%CC%81gico-proceso-de-participacio%CC%81n-Capi%CC%81tulo-Indi%CC%81gena.pdf), la Política Nacional Minera 2050, no aplicará Consulta Previa Indígena, argumentando que:
“En este contexto, en noviembre de 2019, el Ministerio de Minería solicitó un informe de Procedencia de Consulta Indígena al Ministerio de Desarrollo Social, respecto de la Política Nacional Minera. La respuesta del Ministerio fue que no era procedente el desarrollo de una Consulta Indígena porque la Política Nacional Minera tiene un carácter de aplicación general y no corresponde a una medida administrativa o legislativa de aquellas que define el Decreto Supremo N° 66, susceptible de afectación directa a los pueblos indígenas”.
Por lo que una vez más el Gobierno de Chile aplica interpretaciones restrictivas en relación al alcance del Convenio 169 de la OIT y su carácter vinculante, y, por ende, a los derechos de los pueblos originarios reconocidos a nivel global.
En tanto, como gesto de buena voluntad “el Ministerio de Minería acordó realizar un proceso de participación indígena normado por el convenio 169 de la OIT, con el fin de levantar las visiones de los pueblos indígenas respecto de los principales desafíos asociados a la sostenibilidad establecidos en la Política Nacional Minera”.
2. Por otro lado, según expone el documento citado,la metodología acordada entre Representantes Indígenas del Consejo Nacional de la CONADI y el Ministerio de Minería para la participación Nacional de Pueblos Indígenas en la Política Nacional Minera 2050, fue pactada con una mínima fracción del consejo indígena de CONADI, con la que supone la representatividad de los Pueblos Indígenas. No existe ninguna Ley que otorgue tal facultad a este organismo. La opinión de los consejeros de CONADI, no pueden ser elevadas como un sentimiento y consentimiento de los Pueblos Indígenas.
Es importante mencionar que el artículo 42 de la Ley 19.253, respecto de las funciones del Consejo Nacional Conadi, donde participan los consejeros indígenas y para lo cual son elegidos, no les reconoce ni otorga ninguna representatividad de los pueblos originarios, sino que son representantes ante CONADI únicamente.
3. Además, la convocatoria no es abierta, sino que ha sido diseñada para recolectar datos personales de los posibles participantes, para que luego puedan ser utilizados para consentir la Política. Lo anterior ha sido una práctica de las instituciones que se ha consolidado en pandemia.
Cabe recordar, que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Resolución N°1/2020, del 10 de abril de 2020, ante la emergencia sanitaria mundial, recomienda a los estados abstenerse de llevar a cabo procesos que tengan que ver con consulta indígena.
El proceso de participación, entonces, solo busca entregar información sin otorgar ninguna decisión a los pueblos indígenas respecto de los temas a tratar.
4. La Política solamente busca extender la imagen de Chile como un país minero, lo que significa continuar la sobreexplotación de los bienes comunes, distorsionando la relación histórica de los Pueblos Originarios Andinos, que no usamos los minerales con fines lucrativos, sino que fuimos esclavizados para la explotación minera desde la colonia española hasta hoy en día por los Estados Republicanos y las corporaciones empresariales transnacionales.
La sustentabilidad que pregona la política hasta el momento no ha sido un objetivo sincero de la industria minera, y los estándares que ha dispuesto el Estado son mínimos, por no decir inexistentes, por lo que desde las generaciones anteriores y actuales somos testimonios vivos de los estragos socioambientales del extractivismo minero.
5. La Política no asume, ni busca resolver los graves daños que ha producido la minería en todas las regiones del norte de Chile, con relaves abandonados, agotamiento de las aguas, contaminación, enfermedades producto de la contaminación de desechos tóxicos. ¿Al 2050 será capaz de resolver lo que en 200 años no ha hecho? Nos preguntamos.
En sus 150 páginas el anteproyecto de la Política Nacional Minera (PNM) publicado en la web https://www.politicanacionalminera.cl/, expone a la minería como la gran solución al cambio climático, calificándola con palabras como: “sustentabilidad”, “más verde”, “transparente”, “inclusiva”, “nuevo modelo”, “armónico”, “país líder”, “agregar valor”, “colaborativo”, términos que ya hemos escuchado antes en las publicaciones y acciones de la megaminería privada, en sus intentos de limpiar la imagen al extractivismo que nos ha convertido en zonas de sacrificio.
6. Con esta Política lo único que quiere el gobierno es que el Estado ceda su rol garante de derechos a la industria minera, y que cumpla con otorgar calidad de vida y bienestar en estos territorios, haciendo que las organizaciones indígenas se subordinen al extractivismo a través de acuerdos, transando la vida por dinero, como hasta ahora lo han resuelto a costa de fragmentaciones de los pueblos, desplazamiento ambiental y asistencialismo empresarial.
Un aspecto a considerar, es que la pandemia ha develado que aquellos territorios donde existen organizaciones indígenas que tienen tratos con compañías mineras están en tan malas condiciones como aquellos que no tienen esos acuerdos. La minería no representa el mejoramiento de la calidad de vida o bienestar real.
Constatamos, también, que el gobierno ha logrado su cometido en despoblar los territorios tradicionales indígenas para que estas iniciativas prosperen, así vemos que continúan las nuevas exploraciones mineras vía concesiones mineras, sin pasar siquiera por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, usando triquiñuelas para no hacer participaciones ciudadanas y menos consultas previas indígenas.
7. En consecuencia, hacemos un llamado a las personas que, identificándose con algún pueblo originario del Norte Grande de Chile, en este lado del Qollasuyo, apoyan la minería, a que reflexionen respecto del protagonismo que están asumiendo en la destrucción de la Pachamama, la única herencia ancestral de nuestros antepasados. Que tener un apellido indígena, sin respetar y salvaguardar los territorios, es una ofensa a ellos mismos, un sacrilegio a sus abuelos y abuelas, una traición a naciones preexistentes a los Estados.
8. Finalmente, solicitamos a los constituyentes indígenas de escaños reservados, -en particular aymara, quechua, likanantay, colla, chango y diaguita, apoyar a los indígenas que buscan resguardar los territorios ancestrales de los pueblos originarios y que manifiesten su postura frente a la Política Nacional Minera 2050, código de aguas, código de minería y concesiones mineras.
¡NO A LA MINERÍA EN TERRITORIOS AYMARA Y QUECHUA!“
Fuente: Gentileza: Radio Ayni - fuente declaración: https://www.facebook.com/belendicenoalamineria/posts/855956758399454 - Publicado en: https://www.elciudadano.com/mineria/rechazo-a-politica-mineria/09/25/
