Ecuador: Corporaciones vs. derechos humanos y de la naturaleza
Por Vanessa Dourado
El Presidente Guillermo Lasso ratificó oficialmente el retorno de Ecuador al CIADI el 16 de julio de este año a través de un Decreto Ejecutivo. La noticia impacta por ser una muestra de cómo Lasso pretende posicionar el país en el escenario económico y político internacional, y también evidencia un atropello a lo que había sido decidido a través del proceso constituyente que retiró Ecuador del convenio en 2009. ¿Cómo se dio el proceso de retirada y reingreso del país en el CIADI y qué consecuencias tendrá esta decisión para el país?
Cecilia Cherrez: Ecuador acaba de retornar al CIADI porque salió en el año 2009. Y salió después de una historia de terribles irregularidades. En el año 1986, el embajador de Ecuador en Estados Unidos, Édgar Terán —una persona de derecha— suscribió la adhesión al CIADI. Para ello sólo mandó un comunicado, una carta, al Banco Mundial, notificando que Ecuador era parte del Convenio de Washington. Sin embargo no se cumplió con todos los pasos que corresponden luego de esa firma y el proceso no se concretó. Recién en el año 2001 el Congreso lo aprueba.
Según un constitucionalista argentino que conoce de cerca ese episodio en nuestro país por haber sido parte de la comisión de auditoría de la deuda externa y también de la comisión que auditó los tratados bilaterales de inversión, todos los contratos que se firmaron y todas las actuaciones del Estado ecuatoriano cuando no estaba realmente en vigencia el CIADI, no tendrían validez jurídica. Un 70%, de las demandas arbitrales contra el Ecuador provienen del CIADI.
Los avances logrados con la constitución en el año 2008 hicieron un parte aguas porque la constitución se convirtió en referente de una serie de luchas contra el neoliberalismo que se dieron a principios de los 2000, que permitió inclusive parar el TLC con los Estados Unidos. Los derechos establecidos en la constitución consistieron, en los últimos años —sobre todo en los últimos tres gobiernos, incluido el del propio Correa— en un obstáculo para llevar adelante iniciativas que significan, en la práctica, la expansión de actividades extractivas y la consiguiente vulneración de derechos.
Sin embargo, con el Gobierno de Lasso, estamos en un pico de implementación de políticas neoliberales. Hay una arremetida agresiva a nivel nacional e internacional.
A nivel internacional, vemos el retorno al CIADI y la firma de varios tratados de libre comercio. De hecho, al acuerdo comercial multipartes —que es el TLC firmado con la Unión Europea en la época de Rafael Correa— se sumaron, ya con Moreno, otros tratados de libre comercio: con el grupo EFTA, formado por 4 países europeos que no son parte de la Unión Europea. Luego, un impulso muy fuerte para insertar a Ecuador en la Alianza del Pacifico, que la integran los países de trayectoria más neoliberal en la región, después vino el TLC con el Reino Unido, y luego se dieron pasos importantes para la firma de un TLC con Estados Unidos.
Lasso llega con el camino bastante allanado y con la consigna desacelerar la firma del tratado con Estados Unidos. Además, hay una presión muy fuerte para firmar tratados bilaterales de inversión que fueron denunciados en las últimas semanas del Gobierno de Correa. En ese momento no se evidenciaron las cláusulas de supervivencia de esos tratados de inversión, por lo que siguen en vigencia con 16 países, entre ellos ocho países europeos, China, Estados Unidos y Canadá, que son sedes de las grandes transnacionales.
Más allá de los tratados, la dependencia generada alrededor del FMI ha retomado con mucha fuerza la imposición de políticas de ajuste en Ecuador. Los varios créditos con la banca multilateral de desarrollo, que incluyen condicionalidades, refuerzan estos programas de ajuste, incluidos ámbitos de privatización importantes.
Desde espacios como el ecologismo y los espacios que luchamos contra los tratados de libre comercio, estamos vigilando esas políticas, que significan tomarse por asalto aquellos logros basados en la lucha popular.
A nivel nacional, tenemos el pedido —durante el Gobierno de Moreno— de reinterpretación de uno de los artículos claves, el 422, para impedir que Ecuador ceda soberanía jurídica ante tribunales de arbitraje internacionales regidos por normas comerciales. El ministro de Comercio Exterior y de Producción de la época, que pertenece a uno de los grupos s económicos más influyentes del país, cumplió el papel de pedir a la Asamblea Nacional la interpretación del artículo 422. El texto fue votado mayoritariamente y el pedido pasó a la Corte Constitucional, donde esta pretensión no pasó.
Esto nos permite entender cómo el discurso de atraer las inversiones internacionales funciona, mucho más en el contexto de una crisis económica muy fuerte agravada por la pandemia. Se dice que la inversión extranjera será la tabla de salvación para la economía nacional. Se quiere firmar nuevos tratados de inversión antes de que expiren las cláusulas de supervivencia.
Podemos identificar tres políticas que acaban de ser planteadas y que demuestran la agresividad del modelo en el que se sostiene el presidente Lasso. Los Decretos Ejecutivos 95 y 151, el primero para duplicar la explotación petrolera en la Amazonía —lo que significa duplicar aún más los gravísimos impactos de la contaminación y los efectos sobre los pueblos indígenas que viven en estas zonas, principalmente la Amazonía— y el segundo, el 151, imponiendo la legalización, con sentido de urgencia, en dos a tres meses, de los proyectos mineros que en su totalidad adolecen de graves irregularidades.
La estrategia es forzar a que los funcionarios públicos del Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Recursos no Renovables, tramiten todos los permisos, las autorizaciones y las licencias, pero de esta manera, obviamente, los controles ambientales se debilitarán. Para agravar la situación, se ha acordado una consultoría con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias para abrir mayores posibilidades a la introducción de semillas y cultivos transgénicos en Ecuador, ignorando el artículo 401 de la Constitución, que explícitamente dice que Ecuador es un país libre de semillas y cultivos transgénicos.
Ahí vemos tres dimensiones de gran interés para las empresas transnacionales, y también nacionales, cuando el Gobierno de Lasso recién empieza. Si sumamos a eso el hecho de que Ecuador adhiere al CIADI, podemos poner en el rompecabezas una ficha más que completa este tablero. Se busca desmantelar derechos en función de facilitar el trabajo de las transnacionales aquí.
Vos mencionaste que el artículo 401 de la Constitución prohíbe el cultivo de transgénicos. Sin embargo, en toda la región, hay un avance importante en la aprobación de nuevos agrotóxicos y según parece, Lasso también tiene intenciones de seguir esa agenda. ¿Cómo se están dando las resistencias para hacer frente a estos atropellos?
Cecilia Cherrez: Justamente en el contexto de las luchas que están dando los colectivos que trabajan por la agroecología, las organizaciones indígenas y campesinas que defienden la soberanía alimentaria. De este modo, se han puesto alertas en el debate público.
Desde que se empezaron a aprobar las primeras leyes después de la constitución, se aprobaron una serie de normas vinculadas con las semillas, con medidas sanitarias y fitosanitarias que hacen todo lo contrario a lo que se supone que se debe hacer en función de este horizonte de soberanía alimentaria. Se plantea justo ahora un código relacionado con la agricultura, con el sello de “agricultura sustentable”, que son expresiones de vaciamiento del concepto y que abren el camino para que la alimentación y la producción agrícola entren de lleno bajo el control de las corporaciones, sobre todo las transnacionales semilleras y las que venden los agrotóxicos, que muchas veces son las mismas.
Vivimos este escenario esquizofrénico de tener una carta magna con una serie de garantías, principios y derechos, que constituyó un referente internacional en cuanto a los derechos de la naturaleza, y por otro lado están las normas secundarias, los reglamentos y los decretos que van en sentido contrario.
Esto, es una preocupación muy grande para los sectores que trabajan por la agroecología y la soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, esperamos que en este proceso se fortalezcan los espacios de articulación desde los cuales hacer frente a estas políticas públicas que atentan contra los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
Ustedes en Ecuador, en la región de Cuenca, dieron una lucha importante en defensa del agua. Incluso lograron llevar a cabo una consulta popular vinculante. Tú, David, has estado organizando esta iniciativa y, además, has trabajado transversalmente la problemática de los tratados de comercio e inversión dentro de este proceso. ¿Cómo se construyó esta resistencia y cómo fue el proceso de organización y concientización de las comunidades?
David Fajardo: En el caso de Cuenca lo que se hizo fue una consulta popular para prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica, donde se ubican los ecosistemas, porque la funcionalidad ecosistémica es justamente la de regular el ciclo hídrico. De ahí nace el agua que consumimos, no únicamente en mi ciudad, Cuenca, sino que en muchos sectores. Básicamente el agua que consumimos en Ecuador, o viene de los glaciares, de los grandes nevados, o viene de los páramos, de este ecosistema tan importante.
Como primer antecedente, en Cuenca tenemos una historia de más de 30 años de lucha y resistencia por la defensa del agua. Empezando por las comunidades indígenas y campesinas de nuestra localidad. De ahí, pues, con el tiempo, este sentimiento fue contagiando a los sectores urbanos y ahora podemos decir con muchísimo orgullo que tenemos una articulación bastante importante entre los sectores rurales y urbanos para la defensa del agua. De hecho, hace apenas un par de semanas que se constituyó acá en Cuenca, que es el sur del Ecuador, un frente para la resistencia y la defensa del agua y la vida que recorre a más de 50 organizaciones de todo el sur de Ecuador. Esto muestra lo que decía Cecilia en su momento que, de una forma u otra, a pesar de estas dificultades, estamos avanzando en sentido organizativo hacia la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
En todo este antecedente, y en todos estos 30 años de resistencia, hay varios hitos importantes. Uno de ellos es la consulta comunitaria que se hizo en una parroquia de Cuenca, que se llama Victoria del Portete. Esta consulta tuvo el apoyo del 94% de las personas que se manifestaron en contra de la explotación minera.
La consulta comunitaria no tenía efectos jurídicos vinculantes sobre los proyectos mineros, sin embargo era una manifestación política extremadamente contundente. Posterior a eso, con estos resultados, se plantea una consulta popular jurídicamente vinculante, que es la Consulta Popular de Girón. Esta consulta gana un 86% de apoyo y prohíbe la explotación minera en el cantón Girón, en el año 2019. En consecuencia, se afecta a uno de los proyectos mineros más grandes que se encuentra en esta zona, que es el proyecto Loma Larga. Se trata de un proyecto de una empresa de capital canadiense que recién se vendió a otra empresa de capital canadiense, Dundee Precious Metals, una compañía realmente grande dentro del mundo de las mineras.
Por lo tanto el paso siguiente, y lógico, era realizar una consulta popular. Hubo cuatro intentos de consulta popular en Cuenca. Fueron presentadas de manera personal por un dirigente antiminero, que en ese momento tenía funciones como prefecto de la provincia de Azuay. Las tres fueron negadas por la Corte Constitucional de Ecuador. La cuarta fue presentada por el Cabildo por el Agua, en un proceso sumamente interesante. Si bien el Cabildo por el Agua construyó la propuesta de la consulta popular, la compartió al consejo cantonal de Cuenca del gobierno local. Así fue el gobierno local quien presentó la consulta popular ante la Corte Constitucional para que fuera aprobada. Es decir, existió un trabajo que articuló a los sectores sociales con el gobierno local cantonal. Con esta articulación, nos dirigimos hasta la Corte Constitucional y se aprobó la consulta popular. Esta se desarrolló el 7 de febrero de 2021. Tuvimos una victoria de un 80% de personas diciendo sí a la prohibición de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica.
Y ante todo esto pues, obviamente, el sector minero reaccionó. Uno de los mensajes más contundentes fue el de amenazar al Estado ecuatoriano. Y la amenaza básicamente se constituyó en la posibilidad de que las empresas mineras recurran a estas instancias internacionales arbitrales para procesar el Estado ecuatoriano y hacer valer los derechos que ellos creen acogidos. Dentro de su discurso piensan que están por encima de los derechos humanos fundamentales y constitucionales, e incluso los derechos de la misma naturaleza. Y todo este discurso además se construye sobre este principio que tenemos en nuestra Constitución: la seguridad jurídica.
Todo el tiempo amenazaban que lo que se estaba vulnerando era la seguridad jurídica, porque una consulta popular estaba amenazando derechos que ya habían sido otorgados por el Estado ecuatoriano a los concesionarios mineros. Pero hay una serie de erráticas en su lógica. Para empezar, los derechos que otorga el Estado ecuatoriano —porque solo otorga derechos mineros— no son derechos reales, son derechos subjetivos, son derechos que de ninguna forma, en términos jerárquicos, se encuentran ni al nivel, ni mucho menos, por encima de los derechos constitucionales, que tienen el carácter de fundamentales al ser reconocidos en la carta magna de Ecuador. Y ahí estamos hablando de derechos como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al acceso al agua, y los derechos de la naturaleza, que son derechos fundamentales, en el caso de Ecuador. Asimismo, tenemos el derecho a la participación ciudadana, que es un derecho de igual manera de rango constitucional.
Sin embargo, ese discurso de la seguridad jurídica alrededor de estos derechos subjetivos fue muy utilizado por el Gobierno y por el poder ejecutivo especialmente. Incluso llegó a pesar mucho sobre la misma decisión de la Corte Constitucional al momento de aprobar la consulta popular de Cuenca. Porque la Corte Constitucional , en el dictamen donde aprueba la consulta popular, lo que establece es que esta no tendrá efecto retroactivo. Desde ahí ha surgido un debate jurídico sumamente interesante. Creo que es muy importante sostenerlo y profundizarlo en el sentido de que efectivamente las consultas populares tienen que ser entendidas como instrumentos de participación ciudadana, pero que su finalidad no es la participación en sí misma. La consulta no se vota garantizando el derecho de participación ciudadana, sino que la consulta se constituye en un instrumento que permite la garantía de otros derechos fundamentales. En el caso de Cuenca, los derechos ambientales fundamentales y los derechos de la naturaleza y sus derechos conexos. Entonces, la Corte Constitucional, efectivamente, lo que dice es que se otorga, se da paso a la consulta popular, la califica como constitucional. Sin embargo, no tiene efecto retroactivo. Y es ahí donde decimos que necesitamos profundizar, dado que hacer un instrumento que busque garantizar y tutelar derechos en muchos casos debería tener este efecto retroactivo en el sentido de que permita garantizar derechos que, incluso antes de la realización de la consulta popular, se encuentran o amenazados o vulnerados por el objeto que se busca atacar por medio de la consulta popular. En este caso, las actividades mineras en estos ecosistemas sumamente frágiles y de los cuales dependemos ecológicamente.
La corte decide que no tiene efecto retroactivo y de esto también se valen los mineros, especialmente la cámara minera. Esta tendría que ser la representante más fuerte del sector privado minero, pero resulta que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables actúa como tal. Hay que decirlo de esta manera porque no trabajan por los intereses del Estado y mucho menos para cumplir con los derechos humanos y de la naturaleza, sino que precautelan los derechos reales y guardan los derechos patrimoniales de las empresas mineras. De esto también se están agarrando en este momento las empresas. Indican que, si es que el Estado ecuatoriano el que permite que se materialice lo que hemos ganado en la consulta popular, se constituye una base fáctica con la cual se podría apelar a estos centros de arbitraje internacional. Con la firma y la reintegración de Ecuador al CIADI, la amenaza es mucho más latente, es mucho más material.
La cuestión es que sobre el dictamen de la Corte Constitucional se han construido dos discursos: el discurso de los mineros y el discurso de las organizaciones que impulsamos la consulta popular. Nosotros defendemos el agua y, obviamente, creemos que estamos con la razón, entendemos que lo que la Corte Constitucional dice es que el carácter retroactivo no debe ser entendido como una cancelación de los proyectos mineros. Hasta ahí estamos de acuerdo. En el proceso de consulta popular nunca hicimos alusión a la cancelación de los proyectos mineros o de las concesiones. A lo que hacíamos alusión es a la explotación minera. Si analizamos adecuadamente la ley de minería, nos damos cuenta que la explotación es una fase administrativa y jurídica específica y distinta a otras fases en el desarrollo de los proyectos mineros, así como tenemos la exploración inicial y la exploración avanzada, tenemos la fase de explotación.
Esta fase de explotación es la que buscábamos atacar específicamente, porque además era uno de los criterios que había establecido con anterioridad la Corte Constitucional . En este sentido, efectivamente, así se constituye y es lo que entendemos en este momento con base en el dictamen. Y es que todo proyecto que hasta el 7 de febrero de 2021 no haya alcanzado la fase de explotación se vea afectado por los resultados de la consulta popular y por lo tanto no pueda iniciar esa fase. Ahí entonces, nuestra constitución y la ley de garantías jurisdiccionales establece con claridad que el resultado de las consultas populares genera una serie de obligaciones, incluso para los distintos niveles de gobierno en la medida de sus propias consecuencias. Es decir, no atañe únicamente a Cuenca, ni al gobierno local, sino que incluye a todos los distintos niveles de gobierno, incluido el Gobierno nacional.
En este momento nos encontramos en el debate de cómo se aplican los resultados de esta consulta popular y en medio de estas amenazas que han surgido desde el sector minero, de llevar al Estado ecuatoriano a estos centros internacionales de arbitraje para hacer valer sus intereses.
¿Cómo se dan los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de estos proyectos mineros en Ecuador?
David Fajardo: Guillermo Lasso, el actual presidente, tiene una alineación muy fuerte con los sectores mineros, y de hecho su ministro de ambiente, Gustavo Manrique, viene de realizar tareas de consultoría privada para proyectos mineros y petroleros.
Es importante decir que hay una vinculación muy fuerte entre el Estado ecuatoriano y el sector minero, incluso en lo ideológico. Las actividades mineras responden a las necesidades propias de una sociedad de mercado, claramente delimitadas por las lógicas del capitalismo. Y el Gobierno ecuatoriano, al ser un Gobierno neoliberal, lógicamente va a responder a estas lógicas, necesidades e intereses. Y la minería se convierte en una de sus herramientas más fuertes para avanzar en el desarrollo de sus políticas económicas y sus políticas productivas.
Estamos atravesando un cuadro de colapso ambiental evidente que preocupa, sobre todo, por afectar la capacidad de recuperación de los ecosistemas y nos acercamos a un punto de no retorno. ¿Cómo podemos relacionar el regreso de Ecuador al CIADI y el actual cuadro de Emergencia Climática?
Cecilia Cherrez: Yo diría que es una señal más de la insensibilidad, miopía, irresponsabilidad jurídica, propia de las lógicas internacionales y de los poderes de la globalización, que siguen funcionando para expandir la explotación de petróleo, hacer de Ecuador un país minero , y meternos en la lógica pura y dura del agronegocio basado en la biotecnología.
Todo esto destruye la naturaleza, los bosques, el agua; desplaza la pequeña producción y genera emisiones que están íntimamente vinculadas al colapso climático. Es el caso de la agricultura industrial, basada en una tecnología dependiente de insumos procedentes del petróleo y por lo tanto generadora de emisiones de CO2 como de metano.
David Fajardo: Debe llamarnos la atención que los acuerdos que se están dando desde los Estados, para enfrentar la crisis climática, ponen como uno de sus más principales peros el hecho de que los mismos Estados están cediendo soberanía ante el desarrollo de estas políticas globales para limitar las emisiones y limitar incluso los modelos económicos, en general el modelo civilizatorio que nos ha llevado a este declive ecológico. Pero nos damos cuenta que, al mismo tiempo, no resulta en un inconveniente para los Estados ceder soberanía a estos centros de arbitraje como el mismo CIADI, pues responden a los intereses particulares de las grandes corporaciones que mueven los mercados globales.
En este sentido, la urgencia en este momento es enfrentarnos a esta clase mundial. El conflicto de clase solo se ha profundizado. Los ricos nos están vendiendo una crisis climática, nos están vendiendo una crisis ecológica y nos están comprando la soberanía de los Estados para poder jugar con nuestros derechos. Esto debe convocarnos a una acción inmediata. Hay un punto de quiebre entre cómo se está desarrollando la política internacional para unos temas que no son cruciales y que responden a intereses particulares. Mientras tanto, otros temas que son absolutamente cruciales, y de los cuales depende nuestra supervivencia como especie, no se están tomando en cuenta.
Frente a la situación de emergencia climática, se están gestando muchas iniciativas que plantean una transición ecológica. Están las iniciativas del Norte, con el llamado Green New Deal, pero también hay propuestas desde los movimientos sociales en América Latina, como es el caso del Pacto Ecosocial del Sur. En este momento de búsqueda por salidas al actual estado de cosas, avanzan políticas que atacan la soberanía de los Estados con proyectos verdes. ¿Creen ustedes que es posible una transición ecosocial con tratados de libre comercio?
Cecilia Cherrez: La transición debe darse, es una cuestión de vida o muerte. Para ello, necesitamos identificar, en colectivo, las falsas soluciones que se van planteando ante la crisis climática y que permiten reciclar las mismas agendas corporativas. La transición debe estar en manos de los pueblos y a las políticas públicas las tenemos que enfrentar en las calles. Y desde los espacios de unidad de las organizaciones sociales, seguir avanzando en la construcción de sociedades centradas en el cuidado de la vida.
Es revelador lo que puede ocurrir en los territorios en nombre de la transición. China, por ejemplo, en los últimos años, para cumplir con ciertos compromisos internacionales, pasó a incorporar en su matriz energética la producción eólica, para lo que empezó a reemplazar con madera de balsa los materiales con los cuales producen las aspas de torres aerogeneradoras. Esto ha traído como consecuencia, sobre todo durante la pandemia, que se arrasen bosques en la Amazonia y en la costa del Ecuador para sacar la balsa, que es una madera muy liviana. Es decir, se sacrifican nuestros territorios para hacer posible una supuesta transición energética en China. Esto nos confirma en la necesidad de construir la transición desde abajo.
David Fajardo: Debemos posicionar el tema de la crisis climática. Pero no solamente de la crisis climática, sino del declive ecológico en las líneas de trabajo de todas nuestras organizaciones y espacios de articulación. Además, creo que es importante ponerlas de una manera adecuada. Muchas veces se habla sobre la crisis climática pero no se la considera como consecuencia del verdadero problema, que es la dinámica de producción, distribución, acumulación y gestión de desechos en el marco del capitalismo. Este es el origen del problema ecológico, que a su vez produce la crisis climática. Y además existen otras consecuencias terribles, como la gran extinción de ecosistemas a nivel planetario, la gran desaparición de especies, la alteración de las corrientes marítimas en nuestros océanos y la disminución de los glaciares, entre otras. Estas consecuencias devienen de un mismo problema, que es el capitalismo global y sus gestores, quienes gestan, sostienen y profundizan este modelo.
La lucha contra la crisis climática debe permear completamente nuestro accionar colectivo y tiene que ser absolutamente política. Debe ser entendida desde abajo. Porque uno de los problemas son las falsas soluciones, que se derivan de cómo el capitalismo ha ido cooptando el discurso de la defensa del ambiente. En este sentido, es importante diferenciar entre ambientalismo y ecologismo. Porque el ambientalismo básicamente busca una lavada de cara del capitalismo, con conceptos como la sustentabilidad y la sostenibilidad. Estos, si no son entendidos desde un punto de vista crítico, simplemente se convierten en dos herramientas más que van a permitir que el capitalismo verde salga a flote y que con el tiempo los grandes millonarios sean los únicos supervivientes de la especie humana en sus naves interplanetarias.
El ecologismo tiene que ser popular. Tiene que cuestionar las bases sobre las que se sostiene, no únicamente el capitalismo, sino la misma modernidad que entiende como sujeto del desarrollo al ser humano, dejando de lado a la naturaleza. Hay que cuestionar también a la humanidad. Hablar de humanidad en este momento es peligroso porque debemos entendernos como una especie más dentro de la naturaleza, necesitamos recuperar la animalidad de alguna manera, entendernos como especie. Tenemos que dirigirnos a una transformación profunda. Por eso el cuestionamiento va hacia el modelo civilizatorio y no únicamente hacia el modelo económico o de Estado.
Las COP y todo lo que hay alrededor de ellas está totalmente cooptado por el discurso del capitalismo verde. Ahí entra el debate de cómo se cede soberanía para unas cuestiones y no para otras. Mientras no nos entendamos como especie, no vamos a transformar absolutamente nada.
El Gobierno ecuatoriano retorna al CIADI con la narrativa de que las inversiones son necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población, sin embargo abre el camino para que se vulneren los derechos de los pueblos a través de un mecanismo que es evidentemente inconstitucional. ¿Cómo el conjunto de la sociedad en Ecuador evalúa esta decisión?
Cecilia Cherrez: Es necesario tomar en cuenta que la gran mayoría de la sociedad en este momento está viviendo condiciones sumamente duras, abocada a resolver la supervivencia. Se ha calculado que en Ecuador siete de cada diez personas que son parte de la población económicamente activa están en el desempleo o en condiciones de empleo muy precario. En estas condiciones es difícil que un tema de este tipo, con una serie de trampas en el discurso pueda tener un debate abierto. Pero tengo la percepción de que hay un posicionamiento creciente en las organizaciones sociales.
Este supone un proceso de alerta, de pedagogía, de difusión. Desde Ecuador Decide Mejor sin TLC, como articulación amplia de organizaciones, redes, colectivos estamos abriendo algunos espacios de incidencia en la Asamblea y desarrollamos también algunos formatos comunicacionales que ayudan para la socialización sobre lo que implica el CIADI en un contexto en que el tratado de libre comercio con Estados Unidos está entre las prioridades del Gobierno.
Estamos tejiendo aprendizajes y voluntades sobre todo a nivel de las organizaciones y para el fortalecimiento de espacios de encuentro y de diálogo entre colectivos y. seguir trabajando con vigilancia y denuncia.
David Fajardo: La cuestión del CIADI es muy complicada sobre todo porque el discurso y el proyecto de Gobierno de Lasso en este momento se centra en el crecimiento económico para la recuperación económica de Ecuador. Y desde su planificación este crecimiento económico viene de la mano de los tratados bilaterales de inversión, de los TLC. Es decir, una serie de acuerdos a nivel interestatal que permitan profundizar la inversión en el país. Esto implica mayor explotación petrolera y minera. Y este discurso de crecer la economía para generar condiciones de vida digna, empleo y riqueza a las personas dentro de Ecuador siempre es un discurso muy difícil de pelear. No es que lo estén utilizando por primera vez y que Lasso lo descubrió, sino que está siendo utilizado desde hace mucho. Y si lo utilizan es porque funciona en sociedades con estratos sociales extremadamente empobrecidos y con necesidades y carencias muy sentidas. Y por ahí es complicado pelear contra este discurso y contra el CIADI.
Pero, así como Cecilia, soy optimista. Cada vez más los sectores sociales se van comprometiendo con esta lucha en contra de estos instrumentos del capitalismo global para someter a los pueblos. El mismo movimiento indígena en Ecuador ha asumido dentro de sus compromisos denunciar y exigir al Gobierno que pare con los TLC. Exige también desde su bancada en el Gobierno nacional que procedan con la declaratoria de inconstitucionalidad del reintegro de Ecuador al CIADI.
La Corte Constitucional de Ecuador fue bastante clara. Sin embargo, por sí sola no tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad del reintegro de Ecuador al CIADI, pero lo puede hacer la Asamblea Nacional. Y recién hubo un diálogo entre Pachakutik, que es la rama política electoral del movimiento indígena y la CONAIE, que es el movimiento indígena propiamente dicho, para establecer una agenda de trabajo. Y esto es bueno porque venían de una ruptura y una división muy profundizada que se evidenció sobre todo durante las elecciones que permitieron que Lasso llegara a la presidencia. Los demás sectores sociales se están alineando al movimiento indígena y encontrando en él un gran frente para la resistencia y la lucha social.
Creo que Ecuador es una olla de presión que en algún momento va a explotar y Guilermo Lasso se va a encontrar con manifestaciones incluso más potentes de las que vivimos en 2019. Esto nos va a llevar nuevamente a un proceso en el que la institución del Estado va a estar al servicio de los sectores populares y sociales, y que nos permita tener una base como la que tuvimos en 2007 y 2008 por medio de la constitución y de los procesos que llevaron Correa al Gobierno, no por medio de Correa y del correísmo propiamente dicho.
Estamos en este momento en un proceso de reorganización, de reencuentro, de articulación que es sumamente importante y que además amerita su tiempo y paciencia. No puede ser acelerado, exigido o forzado, sino simplemente no funciona. Con el tiempo este proceso de articulación y encuentro nos permitirá llegar a estos procesos de lucha social. Muy pronto estaremos en las calles forzando al Gobierno a tomar las decisiones que no quiere tomar.
Fuentes: americalatinasintlc.org/ - https://americalatinasintlc.org/2021/09/15/ecuador/
