Patagonia argentina: La adhesión de Río Negro al RIGI y la vanguardia extractivista
El gobierno de Río Negro fuel primero en adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), plan del Presidente para profundizar el extractivismo. Desde la organización ecologista Piuke explican cómo se llegó a esta situación, detallan la vulneración de derechos y advierten que, asambleas y pueblos originarios, defenderán los territorios.
Por Organización Ecologista Piuke
Desde Bariloche
La Legislatura de Río Negro adhirió el pasado 12 de julio, en pleno receso invernal, al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional y aprobado el 27 de junio por el Congreso Nacional, dentro de la Ley Bases. En un territorio que abarca la zona norte de la Patagonia y es codiciado por empresas mineras y petroleras, la noticia fue repudiada por gran parte de la población.
“Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Río Negro, estamos convencidos de que podemos transformar a nuestra provincia y a nuestro país”. Con estas palabras, difundidas mediante la red social X, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió a la aprobación del proyecto de ley mediante el cual la provincia adhirió a este régimen de incentivos. Además, habló de “la oportunidad histórica que tenemos de salir adelante después de tantos años de frustraciones y estancamiento”, planteando que el RIGI traerá “trabajo genuino, desarrollo, ingresos brutos, inversiones y un mejor futuro para los rionegrinos”. Cabe señalar que su partido gobernó la provincia durante los últimos tres períodos.
A los pocos días de la adhesión provincial, se aprobó por amplia mayoría en la Legislatura la autorización para renegociar las concesiones hidrocarburíferas por diez años. Una semana después, se anunció la intención de instalar una planta de Gas Natural Licuado en Punta Colorada (Sierra Grande). “Nos comprometimos con la adhesión al RIGI y garantizamos el cumplimiento de otros requisitos clave, como exenciones de tasas municipales, permisos ambientales y garantías de terrenos en los puertos”, anunció el Gobernador.
Desde Piuke, organización ecologista con 27 años de historia en la zona, e integrante de asambleas territoriales y autónomas, rechazamos esta decisión gubernamental porque pone en peligro la provisión de agua para el desarrollo de la vida en la Patagonia.
La prioridad del uso del agua para las actividades extractivas en zonas donde ésta escasea, condena a la desaparición a las poblaciones de nuestra región. Por otro lado, los drenajes ácidos y la contaminación con químicos, que son intrínsecos a estos emprendimientos eliminan toda proyección de futuro desarrollo sustentable y humano.
Y, como plantea el comunicado elaborado por la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), espacio horizontal y autónomo que reúne a asambleas y colectivos socioambientales de todo el país, del cual formamos parte: “Los proyectos protegidos por el RIGI, que se aplicará a inversiones de al menos 200 millones de dólares por 30 años, se enmarcan en los distintos ejes del extractivismo al que vienen siendo sometidos nuestros territorios: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología”.
El camino del RIGI en Río Negro
En nuestra provincia la adhesión a este régimen se traduce en los intentos por avanzar con la megaminería, principalmente de oro, pero también de plata, litio y uranio; la explotación de hidrocarburos y el acaparamiento de cuencas de aguas en función de ese extractivismo, entre otros proyectos.
Recordamos que el actual gobernador ejercía como vicegobernador en 2011 cuando se derogó la Ley 3.981, conocida como la “ley anticianuro”, norma ambiental que protegía al territorio provincial de la megaminería, impulsada por la movilización popular. Esta legislación fue derogada en la madrugada del jueves 29 de diciembre de 2011. Fue una de esas medidas que se toman “con un pan dulce debajo del brazo”, 20 días después de la asunción de Carlos Soria como gobernador y dos días antes de su muerte, luego de la cual quedaría a cargo del ejecutivo provincial el vicegobernador, Alberto Weretilneck.
Desde ese diciembre, las tensiones con los movimientos ambientalistas se profundizaron. Al vacío legal se sumaron los anuncios de exploración y el impulso al avance de las corporaciones mineras sobre los territorios vecinales y de comunidades mapuche. Allí empezó el camino.
A partir de la derogación de esta conquista social, el gobierno provincial, asociado con las mineras, comenzó una campaña de las más diversas índoles y en todos los frentes, para intentar cooptar sectores y pobladores. La penetración en la institucionalidad se consolidó a partir de la apertura de la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras en Ingeniero Jacobacci —localidad en donde se ubica el yacimiento de oro y plata que pretende explotar Patagonia Gold—, sumada la modificación de la normativa provincial que regula las tierras rurales que incorporó a la minería y al turismo como actividades permitidas y a los talleres de “uso inteligente del agua”.
En la misma línea, se firmó un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot para entregar la gestión del agua en la provincia y se generaron campañas de desinformación o tendenciosas con datos falsos o confusos, además de intentar la legitimación de la minería apelando a organizaciones fantasmas, alianzas espurias con grupos religiosos, intentos de división de las comunidades locales, eventos para lograr la licencia social —que no se obtiene— y charlas técnicas públicas brindadas por funcionarios de las mineras. Todo ello confluye en erigirse como la primera provincia en adherir al RIGI. Como dicen desde la Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio: “Es necesario remarcar, insistir y denunciar estos intentos de construir una licencia social trucha”.
Todas estas medidas tuvieron una resistencia organizada del Pueblo Mapuche-Tehuelche que —articulando con organizaciones sociales, vecinales y asambleas— no deja de manifestar y accionar sin pausa. En su última declaración, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro advirtió: “Sepan el gobierno y las corporaciones mineras que no tendrán seguridad jurídica en territorios indígenas”.
Sabemos que, cuando dentro de unas pocas décadas las mineras terminen su vida útil, la región será un páramo con montañas destruidas, ríos contaminados, arroyos y lagunas desecadas y napas drenadas. No dejamos de mencionar los riesgos de accidentes que pueden producirse en los diques de cola, por las cada vez más frecuentes tormentas de verano, que están dándose en la estepa y que arrasan con torrentes que se llevan todo a su paso.
Desde Piuke le ponemos cero en ambiente y cero en gestión al gobierno provincial y expresamos nuestra profunda preocupación sobre el actual escenario socioambiental en Argentina y en especial en nuestra región. Pensamos que quienes bregamos por la continuidad de la vida debemos organizarnos de forma autónoma, autogestiva y horizontal en la defensa de los territorios. Y recordamos las palabras siempre vigentes de Javier Rodríguez Pardo, periodista y militante ecologista, impulsor de numerosas asambleas socioambientales de la cordillera: “Vuelven los espejitos de colores, ¿y cuáles son? nos ponen la zanahoria delante y nos dicen que va a haber trabajo. Mentira, no hay trabajo que justifique este genocidio que nos quieren imponer, quedarse al margen es inmoral”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-adhesion-de-rio-negro-al-rigi-y-la-vanguardia-extractivista/ - Imagen de portada: La Legislatura de Río Negro votó a favor de profundizar el extractivismo - Foto: prensa.rionegro.gov.ar
