Ecuador: «La existencia de la minería ilegal responde a una complicidad con autoridades locales»
Entrevista a Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas de Ecuador. En NotiMundo A La Carta el exministro exhortó al gobierno a ejecutar controles más rigurosos y a combatir a la minería ilegal, como parte de sus acciones para enfrentar al crimen organizado transnacional: De acuerdo con Acosta, la violencia campea en muchos lugares controlados por la minería ilegal. Esta situación se repite con creciente brutalidad. Se atropella comunidades y Naturaleza.
Este no es un problema nuevo. Explicó que, en el Plan Nacional de Desarrollo del Sctor Minero del 2020, en las páginas 108 a 112, se enlistan -provincia, cantón, parroquia- los “lugares identificados de minería ilegal” (https://issuu.com/revistavirtualmrnnr/docs/plan_nacional_de_desarrollo_del_sector_minero_2020). Lo grave es que los distintos gobiernos no han hecho nada para impedir la minería ilegal.
Es evidente que el incremento de la minería ilegal en Ecuador solo es posible por los elevados niveles de complicidad, lo que revela como mínimo, tramas de corrupción en los que participan funcionarios del Estado, que se enriquecen directamente de esas extracciones ilícitas, inclusive vinculadas con narcotraficantes; basta ver cómo —vía “puertas giratorias”— funcionarios públicos y empresarios mineros deambulan del sector estatal al sector privado sin vergüenza alguna. Y tampoco se pueden esconder los vínculos directos e indirectos que pueden existir entre los mineros “legales” y los ilegales, pero cada vez más con el narcotráfico y el crimen organizado.
Las noticias nos sacuden. Preocupa que en estas actividades esté cada vez más involucrado el crimen organizado. La reciente acción de la fuerza pública en el Cantón Ponce Enriquez, en la Provincia del Azuay, llegó tarde, bien se pudo evitar la masacre en la que se encontraron varios cuerpos desmembrados. Además, el combate a la minería ilegal debería ser en todo el territorio nacional asediado por la minería, que -por mandato constitucional- debe ser defendido por el Estado. ¿Por qué no se da paso a esa obligación constitucional y legal? Simplemente por la corrupción, que es inocultable.
Desde hace muchos años, resulta inocultable la coexistencia de actividades de las mineras “legales” con las mineras propiamente ilegales; y de todas, directa o indirectamente, con los capitales del crimen organizado. Sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso las mineras “legales” alientan la actividad ilegal, quizás aprovechando los trabajos de prospección de los mineros ilegales o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales a esos mineros, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica.
Acosta recordó que Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil exportaron poco menos de 6 mil toneladas de oro -unos 160 mil millones de dólares-, entre 2013 y 2023, pero que no se conoce el origen de más de 3 mil toneladas. En Ecuador esas exportaciones, en un perído más corto: 2017-2023, llegaron a 82 toneladas, de las cuales al menos un 20% son de origen desconocido.
Ahora, por más indignados que estemos, no nos olvidemos que la minería no solo que provoca violencia, sino que la violencia es condición necesaria de la minería… Basta ver cómo se impone la minería en el Ecuador desde hace 10 años: literalmente a sangre y fuego, criminalizando y persiguiendo a quienes defienden sus territorios.
¿Qué hacer? En primer lugar respetar a las comunidades que defienden su territorio y suspender su criminalización. Al tiempo que se combate sin cuartel a la minería ilegal, se debería impulsar un auditoria integral de todas las concesiones y proyectos mineros en marcha… lo que permitirá constatar que toda la minería en el Ecuador es ilegal, puesto que los proyectos mineros considerados como legales son ilegales.
La vigente Ley de Minería, impuesta en el año 2009, tiene en su génesis una estructural vulneración de la Constitución. No se dio paso a la consulta previa a los pueblos y nacionalidades, según lo establecido en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución. Pese a que la Corte Constitucional de Transición reconoció este hecho, eso no le impidió declararla como constitucional en 2010. Además, con esta Ley (de carácter ordinario), se atropelló lo dispuesto en una Ley orgánica como lo fue el Mandato Constituyente número 6, conocido como Mandato Minero, del 18 de abril de 2008, que, entre otros puntos clave, prohibe la minería en cualquier cuerpo de agua, como son los páramos, humedales, ríos, lagunas, manglares…
Igualmente, cabría mencionar que no se han dado las consultas previas libres e informadas a los pueblos y nacionalidades (artículo 57,7), así como tampoco las consultas ambientales al resto de las comunidades (artículo 398), tal como se establece en la Constitución. Este irrespeto continuado a la normativa legal vigente, que viene de la mano de imposiciones violentas por parte de los sucesivos gobiernos desde el año 2009 -recordemos la imposición a “sangre y fuego de la minería” en la Cordillera del Cóndor o en Intag-, ha desatado una larga fila de reclamos, muchos de ellos ya con sentencia y otros en pleno proceso de resolución, así como de resistencias múltiples, las que -tal como van las cosas- configuran el camino democrático más potente para enfrentar tanto atropello desatado por el poder minero-gubernamental.
Por último, ningún proyecto minero cumple con el artículo 408 de la Constitucicón, que establece que el Estado debe percibir más del 50% de los beneficios o ganancias.
Fuentes: NOTIMUNDO - Ver / escuchar la entrevista en: https://notimundo.com.ec/la-existencia-de-la-mineria-ilegal-responde-a-una-complicidad-de-autoridades-locales-afirma-exministro-de-energia/
