El Gobierno brasileño no podrá aprobar construcciones en el Amazonas sin el visto bueno previo del Parlamento

El Tribunal Supremo brasileño ha dictaminado que el Gobierno no podrá dar el visto bueno a proyectos de construcción en áreas protegidas, como el Amazonas, sin la aprobación previa de los diputados.
 
En los últimos años, el Ejecutivo había abusado de la llamada "medida provisional", un instrumento legal que permitía a los presidentes aprobar proyectos de construcción reduciendo el tamaño de las zonas protegidas.

Los activistas han declarado que la decisión velará mejor por los bosques y las reservas naturales del país. "El fallo marca el final del abuso de las medidas provisionales en el nombre de la desprotección medioambiental", ha dicho uno de los abogados del grupo activista Instituto Socioambiental (ISA), Mauricio Guetta.
Entre otros proyectos, el Gobierno había permitido la construcción de las dos plantas hidroheléctricas más grandes del país, la Jirau y la Santo Antonio, en el Amazonas.
El panel de ocho jueces ha votado de forma unánime que utilizar la "medida provisional" para reducir el tamaño de las áreas protegidas por cualquier motivo es inconstitucional. Este veredicto ha marcado el final de un proceso en el que la Justicia ha estudiado la decisión de 2012 del Gobierno de permitir que se talaran árboles en seis áreas protegidas del Amazonas para hacer sitio a cinco plantas hidroeléctricas.
Entre otros proyectos, el Gobierno había permitido la construcción de las dos plantas hidroheléctricas más grandes del país, la Jirau y la Santo Antonio, en el Amazonas.
"Esta 'medida provisional', transformada después en ley, ha reducido el nivel de protección medioambiental provocando que se dejara fuera de las áreas protegidas sin seguir los cauces legales debidos a varias zonas de grandes dimensiones", ha declarado el presidente del Tribunal, Alexandre de Moraes, en un comunicado.
El Tribunal ha asegurado que la sentencia no afectará a las cinco plantas hidroeléctricas investigadas ya que la "medida provisional" ya había sido transformada en ley y algunas de las plantas ya están en funcionamiento. Guetta ha denunciado que el uso de la "medida provisional" ha provocado "consecuencias irreversibles, daños irreversibles en el medioambiente".
El abogado ha explicado que la sentencia supone que a partir de ahora cualquier cambio de las áreas protegidas tiene que ser aprobado por ley y que las autoridades deben consultar a las comunidades locales sobre los proyectos de construcción desarrollados para sus regiones.
"El Ejecutivo ha estado tratando de reducir en más de un millón de hectáreas (10.000 kilómetros cuadrados) el área protegida en la parte sur de Amazonas", ha criticado Guetta. "Ahora, esta iniciativa ha sido oficialmente vetada por la decisión del Tribunal Supremo", ha añadido el activista.
Los ecologistas han denunciado que se están talando franjas cada vez más grandes de bosques para hacer espacio al pastoreo, la agricultura y los proyectos de desarrollo.
La deforestación del Amazonas disminuyó entre agosto de 2016 y julio de 2017, la primera vez que lo ha hecho en tres años. Sin embargo, los 6.624 kilómetros cuadrados de bosque que se han talado en este último periodo siguen estando muy por encima de los objetivos marcados para luchar contra el cambio climático.

Por: ECOticias.com / Red / Agencias

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