Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca
Colombia es el país más desigual de América Latina en tenencia y distribución de la tierra. La nueva legislación, que está cerca de aprobarse, al parecer no responde a las necesidades de las organizaciones campesinas y dejaría enormes vacíos. El 1 % de las fincas más grandes ocupan el 81 % de Colombia. El 80 % de la tierra con uso agropecuario está dedicado a la ganadería y solo el 20 % a la agricultura.
por Antonio José Paz Cardona.
Las tierras siempre han sido un problema en Colombia. De hecho, la desigualdad en su uso y pertenencia ha sido reconocida como uno de los detonantes en la creación de las guerrillas, especialmente las FARC. Tan importante es este tema en el país que fue el primero de los puntos que se negociaron en el Acuerdo de Paz, firmado a finales de 2016. En el proceso de negociación se llegó a la conclusión de que, a pesar de que es su principal soporte, el problema agrario no solo se limitaba a dar acceso a la tierra, sino que requería inversión en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología. Esto es muy importante, ya que Colombia es el país más desigual de América Latina en los derechos de propiedad sobre las tierras, pues la mayoría de predios están concentrados en manos de unos pocos.
Durante décadas ha sido imposible lograr una reforma rural exitosa que responda a las necesidades de los campesinos y permita cerrar las brechas de la desigualdad. El Acuerdo de Paz obligaba a que esta reforma no se aplazara más, pero sus exigencias son tan concretas y completas que se han convertido en un dolor de cabeza gigante para el Gobierno, pues varias de sus propuestas se han hundido en el Congreso durante el 2017.
Entre los puntos más difíciles se encuentran: 1. El desarrollo integral del campo: se indica que este se alcanza con un equilibrio entre agricultura familiar, agroindustria, turismo y agricultura comercial de escala. 2. Propiedad privada: Darle tierra a las campesinos se enfrenta al gran desafío de no pasar por encima de la propiedad privada. 3. Competitividad: El gobierno y las FARC se comprometieron a patrocinar las alianzas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comerciantes y exportadores.
Ganadería en Magdalena Medio. Foto tomada por Guillermo Rico.
Cumplir con estos puntos no es tarea fácil y así lo confirman también los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Mientras se gestaba el Acuerdo de Paz en La Habana, esta entidad adelantaba el primer Censo Nacional Agropecuario de los últimos 45 años, una herramienta valiosa para saber cómo está el campo en Colombia. Durante mucho tiempo organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propusieron la realización de un ejercicio como este, pero hasta el momento sus recomendaciones habían sido ignoradas. Los datos obtenidos con esta figura estadística han sido reveladores, pero confirman que la realidad sobre la concentración de tierras es peor de lo que se pensaba.
Con base en el Censo Nacional Agropecuario, Oxfam realizó el informe Radiografía de la Desigualdad en el que ha hecho un llamado de alerta por la terrible situación que se vive en las zonas rurales de Colombia. Además, le ha manifestado al Gobierno su preocupación por las propuestas que el Ejecutivo ha elevado ante el Congreso en el tema de tierras.
Aida Pesquera, directora de Oxfam Colombia, conversó con Mongabay Latam y fue contundente en indicar que a pesar de que han tenido conversaciones con el Ministerio de Agricultura, este parece tener oídos sordos. “Creo que el Gobierno tiene mucha presión del sector privado. El presidente (Juan Manuel Santos) desde hace muchos años ha hecho declaraciones en reuniones con empresarios, como los cañeros del Valle del Cauca, prometiéndoles seguridad jurídica. No están priorizando para nada la agenda de las organizaciones campesinas”.
Cifras alarmantes
Las tierras siempre han sido un problema en Colombia. De hecho, la desigualdad en su uso y pertenencia ha sido reconocida como uno de los detonantes en la creación de las guerrillas, especialmente las FARC. Tan importante es este tema en el país que fue el primero de los puntos que se negociaron en el Acuerdo de Paz, firmado a finales de 2016. En el proceso de negociación se llegó a la conclusión de que, a pesar de que es su principal soporte, el problema agrario no solo se limitaba a dar acceso a la tierra, sino que requería inversión en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología. Esto es muy importante, ya que Colombia es el país más desigual de América Latina en los derechos de propiedad sobre las tierras, pues la mayoría de predios están concentrados en manos de unos pocos.
Durante décadas ha sido imposible lograr una reforma rural exitosa que responda a las necesidades de los campesinos y permita cerrar las brechas de la desigualdad. El Acuerdo de Paz obligaba a que esta reforma no se aplazara más, pero sus exigencias son tan concretas y completas que se han convertido en un dolor de cabeza gigante para el Gobierno, pues varias de sus propuestas se han hundido en el Congreso durante el 2017.
Entre los puntos más difíciles se encuentran: 1. El desarrollo integral del campo: se indica que este se alcanza con un equilibrio entre agricultura familiar, agroindustria, turismo y agricultura comercial de escala. 2. Propiedad privada: Darle tierra a las campesinos se enfrenta al gran desafío de no pasar por encima de la propiedad privada. 3. Competitividad: El gobierno y las FARC se comprometieron a patrocinar las alianzas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comerciantes y exportadores.
Ganadería en Magdalena Medio. Foto tomada por Guillermo Rico.
Cumplir con estos puntos no es tarea fácil y así lo confirman también los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Mientras se gestaba el Acuerdo de Paz en La Habana, esta entidad adelantaba el primer Censo Nacional Agropecuario de los últimos 45 años, una herramienta valiosa para saber cómo está el campo en Colombia. Durante mucho tiempo organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propusieron la realización de un ejercicio como este, pero hasta el momento sus recomendaciones habían sido ignoradas. Los datos obtenidos con esta figura estadística han sido reveladores, pero confirman que la realidad sobre la concentración de tierras es peor de lo que se pensaba.
Con base en el Censo Nacional Agropecuario, Oxfam realizó el informe Radiografía de la Desigualdad en el que ha hecho un llamado de alerta por la terrible situación que se vive en las zonas rurales de Colombia. Además, le ha manifestado al Gobierno su preocupación por las propuestas que el Ejecutivo ha elevado ante el Congreso en el tema de tierras.
Aida Pesquera, directora de Oxfam Colombia, conversó con Mongabay Latam y fue contundente en indicar que a pesar de que han tenido conversaciones con el Ministerio de Agricultura, este parece tener oídos sordos. “Creo que el Gobierno tiene mucha presión del sector privado. El presidente (Juan Manuel Santos) desde hace muchos años ha hecho declaraciones en reuniones con empresarios, como los cañeros del Valle del Cauca, prometiéndoles seguridad jurídica. No están priorizando para nada la agenda de las organizaciones campesinas”.
Cifras alarmantes
El análisis de Oxfam
indica que Colombia es el país de América Latina con mayor concentración
en la tenencia de tierra, en un continente donde los niveles de
concentración son de por sí muy altos.
El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas.
El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra.
En 1960 el 29 % de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número escaló al 66 %.
El 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos.
Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras.
De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales.
De las 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar pero el país está lejos de llegar a esa cifra.
Los predios de más de 1000 hectáreas dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % agricultura. En los predios más pequeños, es decir, los menores a 5 hectáreas, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura. A pesar de que la situación es menos dramática en este último sector, la tendencia a la ganadería siempre es más alta que otras formas de explotación de la tierra.
Los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta corresponde a palma aceitera.
Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.
Para Pesquera, si no se resuelve la desigualdad en la tenencia de la tierra es imposible resolver la pobreza, pues los mayores índices están en el sector rural. Y es que a pesar de que el país ha tenido progresos significativos en los últimos años, la pobreza rural ha aumentado.
Por su parte, Jaime Forero Álvarez, director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, asegura que el Censo Nacional Agropecuario es el fiel reflejo de las consecuencias del conflicto rural “en medio del cual los terratenientes se han apropiado, en primer lugar, de la tierra despojada a los campesinos. En segundo lugar, han usurpado baldíos pertenecientes a la nación, áreas de ecosistemas sensibles que por ley deben estar en conservación y tierras que antes eran recursos de uso común”, comenta.
Los baldíos —tierra que no se emplea con un fin productivo, no se cultiva, ni labra—, eran de las pocas esperanzas que quedaban para que los campesinos sin tierras pudieran tener un sustento económico. De hecho, Colombia es uno de los pocos países en América Latina que tiene una figura de baldíos donde las tierras que son propiedad del Estado están destinadas a reducir la brecha entre grandes tenedores y pequeños productores.
Agricultores indígenas y campesinos trabajan el campo con técnicas ancestrales para la obtención de productos limpios. Foto: Unión de Productores Agroecológicos de Tungurahua (PACAT)
Pero al realidad es otra. Mucho de lo que se propuso en el punto 1 del Acuerdo de Paz y que busca una reforma integral del campo podría verse desdibujado con las iniciativas legislativas que buscan reglamentarlo. “De la tierra depende el sustento de vida de la población más pobre (la rural). Es necesaria una mejor redistribución y para ello es muy importante el punto 1 del Acuerdo de Paz con las FARC. El problema es que para su reglamentación ya ha habido varias iniciativas de ley que han cursado en el Congreso pero se han hundido. De otra parte, el decreto 902 de 2017 ya está aprobado pero está en revisión de la Corte Constitucional porque va en contravía de ese acuerdo”, afirma Pesquera.
Las críticas a las leyes
El decreto 902 de 2017 está aprobado pero en revisión y un nuevo proyecto de ley de Tierras hace trámite en el Congreso esperando ser aprobado. Oxfam asegura que ambos documentos presentan muchas falencias y no representan de la mejor manera a las comunidades campesinas.
Crítica 1: Se refuerza el modelo extractivista
Según Aida Pesquera, directora de Oxfam, la nueva ley de Tierras busca favorecer y habilitar la tierra para el desarrollo de la minería, afectando la redistribución entre los campesinos. Para ella y el equipo de expertos de Oxfam, la ley privilegia actividades extractivas por encima de la agricultura porque declara inadjudicables tierras que estén siendo utilizadas en explotación de recursos naturales. “Eso significa que habrá menos tierras para la agricultura. Este último sector sustenta la producción de alimentos en el país, mientras que el sector minero genera menos empleos y causa mayores impactos ambientales”, asegura.
En el Chocó el 99 % de la minería no cuenta con títulos mineros ni licencias ambientales. Foto: Tierra Digna
En el Chocó el 99 % de la minería no cuenta con títulos mineros ni licencias ambientales. Foto: Tierra Digna
A pesar de esto, cuando Mongabay Latam le preguntó a la Agencia Nacional de Tierras, entidad a cargo del proyecto de ley que transita en el Congreso, sobre la concesión de baldíos para proyectos mineroenergéticos, respondieron que el proyecto de ley de Tierras no menciona este punto.
Al preguntarles por qué las tierras donde se explotan recursos naturales son inadjudicables, la entidad dijo que “la inadjudicabilidad de una tierra no se determina porque en ella se exploten recursos naturales, sino por su ubicación y características físicas, que las hacen estratégicas para efectos de preservación del medio ambiente o el desarrollo de proyectos de interés general”.
Pero el profesor Jaime Forero tiene una opinión contraria al Gobierno y cercana a la de Oxfam. “Esta ley aumentaría enorme e innecesariamente el área alrededor de las explotaciones mineras y de hidrocarburos con grave perjuicio de la asignación y formalización de tierras de los campesinos”.
Crítica 2: Privilegiar a la agroindustria por encima de los campesinos
Para Pesquera es muy grave que exista la posibilidad de entregarles tierras baldías a personas que no son sujetos de reforma agraria, es decir, a personas que no sean campesinas. Que estos predios puedan otorgarse a grandes empresarios hace que se acentúe el fenómeno de concentración de tierras.
A pesar de que este punto ya fue abordado en el decreto 902 de 2017 y no es considerado en el proyecto de ley de Tierras, en la Agencia Nacional están convencidos de que dicho decreto, a pesar de que es objeto de revisión en la Corte Constitucional, contempla medidas para permitir la entrega de títulos de propiedad a quienes tenían relaciones informales con la tierra.
Lo que preocupa a muchos es que puede haber otros beneficiarios aparte de los campesinos, pues como respondió la Agencia Nacional de Tierras “el sistema de categorización y priorización garantiza que las medidas emprendidas por el Estado recaigan principalmente sobre la población rural que cumple con las condiciones pactadas en el Acuerdo de Paz”. Lo anterior significa que dichas medidas pueden recaer sobre otros actores y eso le preocupa a algunas organizaciones y a la academia. El profesor Forero asegura que hacer esas grandes concesiones a los grandes propietarios colocan en desventaja, en algunos casos, a los campesinos frente a la asignación de baldíos.
Crítica 3: Extinción de dominio y propiedad de las mujeres
Esta figura es utilizada cuando un predio está abandonado o no ha sido aprovechado durante largos periodos de tiempo. Una vez se hace la extinción de dominio el terreno podría ser adjudicado a familias campesinas. La ley de Tierras propone que a las personas que incumplan la función social de la propiedad se les impondrán sanciones económicas y se les hará una advertencia para que exploten económicamente el predio en plazos razonables. “Si a pesar de la sanción impuesta persiste el incumplimiento una vez superados esos plazos, se aplicará la medida de extinción del derecho de dominio”, aseguran en la Agencia Nacional de Tierras.
Por su parte, Jaime Forero Álvarez, director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, asegura que el Censo Nacional Agropecuario es el fiel reflejo de las consecuencias del conflicto rural “en medio del cual los terratenientes se han apropiado, en primer lugar, de la tierra despojada a los campesinos. En segundo lugar, han usurpado baldíos pertenecientes a la nación, áreas de ecosistemas sensibles que por ley deben estar en conservación y tierras que antes eran recursos de uso común”, comenta.
Los baldíos —tierra que no se emplea con un fin productivo, no se cultiva, ni labra—, eran de las pocas esperanzas que quedaban para que los campesinos sin tierras pudieran tener un sustento económico. De hecho, Colombia es uno de los pocos países en América Latina que tiene una figura de baldíos donde las tierras que son propiedad del Estado están destinadas a reducir la brecha entre grandes tenedores y pequeños productores.
Agricultores indígenas y campesinos trabajan el campo con técnicas ancestrales para la obtención de productos limpios. Foto: Unión de Productores Agroecológicos de Tungurahua (PACAT)
Pero al realidad es otra. Mucho de lo que se propuso en el punto 1 del Acuerdo de Paz y que busca una reforma integral del campo podría verse desdibujado con las iniciativas legislativas que buscan reglamentarlo. “De la tierra depende el sustento de vida de la población más pobre (la rural). Es necesaria una mejor redistribución y para ello es muy importante el punto 1 del Acuerdo de Paz con las FARC. El problema es que para su reglamentación ya ha habido varias iniciativas de ley que han cursado en el Congreso pero se han hundido. De otra parte, el decreto 902 de 2017 ya está aprobado pero está en revisión de la Corte Constitucional porque va en contravía de ese acuerdo”, afirma Pesquera.
Las críticas a las leyes
El decreto 902 de 2017 está aprobado pero en revisión y un nuevo proyecto de ley de Tierras hace trámite en el Congreso esperando ser aprobado. Oxfam asegura que ambos documentos presentan muchas falencias y no representan de la mejor manera a las comunidades campesinas.
Crítica 1: Se refuerza el modelo extractivista
Según Aida Pesquera, directora de Oxfam, la nueva ley de Tierras busca favorecer y habilitar la tierra para el desarrollo de la minería, afectando la redistribución entre los campesinos. Para ella y el equipo de expertos de Oxfam, la ley privilegia actividades extractivas por encima de la agricultura porque declara inadjudicables tierras que estén siendo utilizadas en explotación de recursos naturales. “Eso significa que habrá menos tierras para la agricultura. Este último sector sustenta la producción de alimentos en el país, mientras que el sector minero genera menos empleos y causa mayores impactos ambientales”, asegura.
En el Chocó el 99 % de la minería no cuenta con títulos mineros ni licencias ambientales. Foto: Tierra Digna
En el Chocó el 99 % de la minería no cuenta con títulos mineros ni licencias ambientales. Foto: Tierra Digna
A pesar de esto, cuando Mongabay Latam le preguntó a la Agencia Nacional de Tierras, entidad a cargo del proyecto de ley que transita en el Congreso, sobre la concesión de baldíos para proyectos mineroenergéticos, respondieron que el proyecto de ley de Tierras no menciona este punto.
Al preguntarles por qué las tierras donde se explotan recursos naturales son inadjudicables, la entidad dijo que “la inadjudicabilidad de una tierra no se determina porque en ella se exploten recursos naturales, sino por su ubicación y características físicas, que las hacen estratégicas para efectos de preservación del medio ambiente o el desarrollo de proyectos de interés general”.
Pero el profesor Jaime Forero tiene una opinión contraria al Gobierno y cercana a la de Oxfam. “Esta ley aumentaría enorme e innecesariamente el área alrededor de las explotaciones mineras y de hidrocarburos con grave perjuicio de la asignación y formalización de tierras de los campesinos”.
Crítica 2: Privilegiar a la agroindustria por encima de los campesinos
Para Pesquera es muy grave que exista la posibilidad de entregarles tierras baldías a personas que no son sujetos de reforma agraria, es decir, a personas que no sean campesinas. Que estos predios puedan otorgarse a grandes empresarios hace que se acentúe el fenómeno de concentración de tierras.
A pesar de que este punto ya fue abordado en el decreto 902 de 2017 y no es considerado en el proyecto de ley de Tierras, en la Agencia Nacional están convencidos de que dicho decreto, a pesar de que es objeto de revisión en la Corte Constitucional, contempla medidas para permitir la entrega de títulos de propiedad a quienes tenían relaciones informales con la tierra.
Lo que preocupa a muchos es que puede haber otros beneficiarios aparte de los campesinos, pues como respondió la Agencia Nacional de Tierras “el sistema de categorización y priorización garantiza que las medidas emprendidas por el Estado recaigan principalmente sobre la población rural que cumple con las condiciones pactadas en el Acuerdo de Paz”. Lo anterior significa que dichas medidas pueden recaer sobre otros actores y eso le preocupa a algunas organizaciones y a la academia. El profesor Forero asegura que hacer esas grandes concesiones a los grandes propietarios colocan en desventaja, en algunos casos, a los campesinos frente a la asignación de baldíos.
Crítica 3: Extinción de dominio y propiedad de las mujeres
Esta figura es utilizada cuando un predio está abandonado o no ha sido aprovechado durante largos periodos de tiempo. Una vez se hace la extinción de dominio el terreno podría ser adjudicado a familias campesinas. La ley de Tierras propone que a las personas que incumplan la función social de la propiedad se les impondrán sanciones económicas y se les hará una advertencia para que exploten económicamente el predio en plazos razonables. “Si a pesar de la sanción impuesta persiste el incumplimiento una vez superados esos plazos, se aplicará la medida de extinción del derecho de dominio”, aseguran en la Agencia Nacional de Tierras.
Cultivo agroecológico en Tungurahua. Foto: Unión de Productores Agroecológicos de Tungurahua (PACAT)
La crítica de Aida Pesquera de Oxfam va a que esta nueva legislación propone procedimientos adicionales que complican el proceso. “Si es más difícil hacer extinción habrá menos tierras disponibles para repartir”, asegura.
Otro aspecto que preocupa es que no hay ninguna medida para la superación de la desigualdad en el campo entre hombres y mujeres. Según la Radiografía de la Desigualdad de Oxfam, las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras. “La mayor cantidad de tierra, incluso entre los campesinos, está titulada a nombre de los hombres y esta ley no contiene ninguna medida afirmativa para las mujeres, cosa que sí contiene el punto 1 del Acuerdo de Paz”, comenta Pesquera.
Ley Zidres: el inicio del inconformismo
Esta ley fue bastante polémica y se aprobó en 2016. Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (zidres) en teoría son territorios con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola que constituyen un nuevo modelo de desarrollo rural integral y están a cargo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura de Colombia.
Cultivos de palma africana. Foto: Michelle Carrere.
Felipe Fonseca, director general de la Upra, le dijo a Mongabay Latam que el objetivo de los zidres es contribuir a la seguridad alimentaria; la planificación y ordenamiento del territorio rural agropecuario; promover el acceso a factores productivos, bienes y servicios públicos para la competitividad agropecuaria; impulsar el desarrollo sostenible del territorio a través de proyectos productivos que respeten el ambiente y fomentar alianzas público-privadas en un entorno competitivo con reglas claras para la inversión agroempresarial.
Es justo en este último punto donde recaen todos los cuestionamientos. Según Pesquera, en la nueva ley de Tierras se extiende el modelo Zidres, con lo cual se le pueden conceder derechos de uso de la tierra a personas que no eran objetivo de reforma agraria y se promueven alianzas productivas que son desiguales para los campesinos. “Lo preocupante es que ese modelo ya existe. El sector palmero lo utiliza mucho y sabemos que es muy desventajoso para los campesinos pues terminan cargando con los riesgos de la cosecha, asumiendo microcréditos que después no pueden pagar y entregando la tierra por periodos de 20 o hasta 30 años, tiempo durante el cual no pueden usarla para ninguna otra actividad”, argumenta.
Otra de las críticas que se le ha hecho al modelo Zidres es que podría darle predios del Fondo de Tierras, creado en el Acuerdo de Paz, a alianzas agroindustria-campesinos que presuntamente atentan contra la estabilidad social y económica del campo. Sin embargo, Felipe Fonseca afirma que “por el contrario, las Zidres aportan recursos a este Fondo para adquisición de predios que garanticen el acceso a beneficiarios por fuera de las áreas constituidas como Zidres”. También fue enfático al afirmar que los bienes que ingresen al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral son parte de la inversión social del Estado para la implementación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural y su destinación no puede cambiarse.
Sin duda, todos los dramas sociales y políticos que se esconden detrás de la alta concentración de tierra en Colombia son amplios y complejos. El decreto y la ley de Tierras, que esperan tener su visto bueno muy pronto, están llenos de artículos que no tienen contentas a las organizaciones campesinas. De no subsanarse estos aspectos muchos creen que nada de los propuesto podrá darle un viraje a la triste situación de desigualdad en el campo colombiano, el más desigual de América Latina.
El profesor Jaime Forero, director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, resume muy bien el gran reto que enfrenta Colombia: “Es urgente formalizar y redistribuir la tierra en función de uso productivo. El 45 % del área agropecuaria está en ganadería extensiva con muy baja productividad, mientras que más del 75 % de los campesinos no tienen tierra suficiente, aunque han mostrado ser altamente eficientes en términos productivos y económicos”.
Fuente: https://es.mongabay.com/2018/04/colombia-distribucion-de-la-tierra/?utm_source=Latam&utm_campaign=c17fe4149c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_e3bbd0521d-c17fe4149c-71089191 Imagen de tapa: Ganado en Colombia. Foto: Ministerio de Agricultura de Colombia.
