“Monsanto Papers”, la filial Argentina de Monsanto también sabía que el Roundup no era seguro
Cómo impacta el fallo que condenó a Monsanto en Estados Unidos en nuestro país y en el mundo. Por qué el SENASA debe tomar nota y actuar en consecuencia. Los correos que revelan que la empresa oculta información sobre la toxicidad de sus productos.
El fallo condenatorio del pasado 10 de agosto, en el caso Dewayne Johnson v. Monsanto Company, marca un duro revés para la compañía ahora propiedad de Bayer. Es un antecedente judicial sin precedentes que alerta sobre la peligrosidad del Roundup arrojando luz – apoyada en sólidos documentos probatorios- sobre el modo en que esa empresa ocultó información e influyó sobre agencias regulatorias para mantener su producto en el mercado.
En Argentina es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -, dependiente de la cartera de Agroindustria- quien autoriza estos productos químicos, basado en los estudios de seguridad de las propias empresas que los producen. Distintas investigaciones demuestran que esas agencias de regulación actúan en connivencia con las empresas y no cumplen su rol de proteger la salud pública (ver aquí). Después del fallo de EEUU, ¿es válido seguir manteniendo la etiqueta de “inocuidad” con la que se comercializa el RoundUp en nuestro país?
Argentina ostenta el triste récord de usar 350millones de litros por año de esa sustancia, que ya está presente en alimentos, ríos y hasta en el agua de lluvia.
En el texto del veredicto del reciente juicio, Monsanto fue hallado culpable de actuar de manera premeditada o abusiva en ocultar el riesgo en el diseño de dos de sus herbicidas a base de Glifosato. “El Roundup Pro® o Ranger Pro® suponían posibles riesgos que se conocían o podían saberse a la luz del conocimiento científico generalmente aceptado en la comunidad científica al momento de su producción, distribución o venta”, afirmó el jurado sosteniendo su veredicto en las pruebas presentadas por la defensa y respaldada en los documentos internos de la propia Monsanto (ver aquí).
Muchas de esas pruebas forman parte de lo que se conoce como Monsanto Papers: miles y miles de documentos conseguidos por la ONG USRTK, a través de pedidos de información pública y por abogados de distintos casos contra el Roundup en los más de 4000 litigios que esperan su turno en corte. Documentos que lavaca.org pone a disposición desde un sitio en especial monsantopapers.lavaca.org por el derecho a la información.
Monsanto Argentina asegura en su página “que el glifosato, cuando es utilizado de manera correcta, no presenta riesgos para la salud humana, vida silvestre o medio ambiente”. Tras el fallo, además de adelantar que apelarían la decisión del jurado, volvieron a asegurar mediáticamente que sus productos son seguros.
El glifosato fue clasificado en 2015 por la IARC (Agencia Internacional de Cáncer de la OMS) como genotóxico, cancerígeno en animales y probablemente cancerígeno en humanos. Como está documentado en los monsanto papers, la EPA deberá explicar la relación con la empresa, sospechas de influir en negociaciones de la EFSA (si bien la agencia regulatoria europea lo desmintió en un comunicado ) y en otras agencias como la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, ASTDR, una agencia federal de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, para evitar que ese nuevo status de peligrosidad cancerígena avanzara en otros lugares (ver aquí).
Brent Wisner, el abogado que representa a muchas de las víctimas del cáncer que están demandando a Monsanto, dijo que los documentos ofrecen pruebas contundentes de vínculos inapropiados entre la EPA y la compañía química en esfuerzos por evitar nuevas revisiones de seguridad tras la re categorización de la IARC. “Creo que es muy claro que los funcionarios de la EPA y los empleados de Monsanto trabajaron juntos para lograr el objetivo de detener un análisis en la ATSDR”, dijo Wisner. La ASTDR planeaba actualizar una revisión de seguridad del glifosato que se intuía estaría en línea con la decisión de la IARC. El estudio “fue cajoneado” tras conversaciones de empleados de Monsanto y el empleado de la EPA, Jess Rowland, quien ofreció abiertamente en un mail, en abril de 2015, su disposición para frenar la revisión de la ATSDR (ver aquí). Rowland, que se jubiló en 2016, fue el subdirector de división dentro de la división de efectos de salud de la Oficina de Programas de Pesticidas (OPP) de la EPA. La sospechosa e íntima relación entre Rowland y Monsanto ha provocado una investigación de la Oficina del Inspector General de la EPA en EE.UU.
Documentos internos de esa agencia muestran que la EPA en marzo y abril de 2016 estaba “luchando” internamente para lograr reunir datos sobre los ingredientes que Monsanto ha utilizado comúnmente para formular sus productos herbicidas. A pesar de que Monsanto ha estado vendiendo herbicidas Roundup por más de 40 años, los documentos internos de la agencia indican que la EPA tenía información, suelta, parcial y desordenada sobre esas formulaciones.
La necesidad de revisar con qué papeles y en qué certificaciones se basa el permiso de ingreso a nuestro país es imperiosa. El fallo y las revelaciones de los Monsanto Papers muestran que cuando Monsanto asegura que sus productos están autorizados desde hace 40 años por no poseer peligro, oculta información. Los propios investigadores de la empresa admiten en correos internos que no hicieron los estudios suficiente para hacer esa afirmación (ver aquí).
Las estrategias de Monsanto para defender al Roundup se han revelado en correos electrónicos internos, presentaciones y memos. Peor aún, estos documentos sugieren que la compañía ni siquiera pareciera saber si Roundup es inofensivo para la salud de las personas. “No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer en uno de los correos electrónicos. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”. El correo electrónico, enviado el 22 de noviembre de 2003, es una de las pruebas utilizadas en el caso de Dewayne Johnson (ver aquí).
Esa misma afirmación, que no había suficientes estudios para decir que el Roundup no es cancerígeno, fue leída por varios empleados de Monsanto Argentina, hace ocho años, el 14 de diciembre de 2010. El intercambio de correos, – en algunos de los cuales participa o está en copia, el Presidente de Monsanto Argentina, Juan Farinati-, finaliza admitiendo la falta de estudios. En esa copia final figuran como destinatarios por la filial Argentina, Martín Lasarte y Diego Kavanas, entre otras personas vinculadas a la compañía.
El glifosato fue clasificado en 2015 por la IARC (Agencia Internacional de Cáncer de la OMS) como genotóxico, cancerígeno en animales y probablemente cancerígeno en humanos. Como está documentado en los monsanto papers, la EPA deberá explicar la relación con la empresa, sospechas de influir en negociaciones de la EFSA (si bien la agencia regulatoria europea lo desmintió en un comunicado ) y en otras agencias como la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, ASTDR, una agencia federal de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, para evitar que ese nuevo status de peligrosidad cancerígena avanzara en otros lugares (ver aquí).
Brent Wisner, el abogado que representa a muchas de las víctimas del cáncer que están demandando a Monsanto, dijo que los documentos ofrecen pruebas contundentes de vínculos inapropiados entre la EPA y la compañía química en esfuerzos por evitar nuevas revisiones de seguridad tras la re categorización de la IARC. “Creo que es muy claro que los funcionarios de la EPA y los empleados de Monsanto trabajaron juntos para lograr el objetivo de detener un análisis en la ATSDR”, dijo Wisner. La ASTDR planeaba actualizar una revisión de seguridad del glifosato que se intuía estaría en línea con la decisión de la IARC. El estudio “fue cajoneado” tras conversaciones de empleados de Monsanto y el empleado de la EPA, Jess Rowland, quien ofreció abiertamente en un mail, en abril de 2015, su disposición para frenar la revisión de la ATSDR (ver aquí). Rowland, que se jubiló en 2016, fue el subdirector de división dentro de la división de efectos de salud de la Oficina de Programas de Pesticidas (OPP) de la EPA. La sospechosa e íntima relación entre Rowland y Monsanto ha provocado una investigación de la Oficina del Inspector General de la EPA en EE.UU.
Documentos internos de esa agencia muestran que la EPA en marzo y abril de 2016 estaba “luchando” internamente para lograr reunir datos sobre los ingredientes que Monsanto ha utilizado comúnmente para formular sus productos herbicidas. A pesar de que Monsanto ha estado vendiendo herbicidas Roundup por más de 40 años, los documentos internos de la agencia indican que la EPA tenía información, suelta, parcial y desordenada sobre esas formulaciones.
La necesidad de revisar con qué papeles y en qué certificaciones se basa el permiso de ingreso a nuestro país es imperiosa. El fallo y las revelaciones de los Monsanto Papers muestran que cuando Monsanto asegura que sus productos están autorizados desde hace 40 años por no poseer peligro, oculta información. Los propios investigadores de la empresa admiten en correos internos que no hicieron los estudios suficiente para hacer esa afirmación (ver aquí).
Las estrategias de Monsanto para defender al Roundup se han revelado en correos electrónicos internos, presentaciones y memos. Peor aún, estos documentos sugieren que la compañía ni siquiera pareciera saber si Roundup es inofensivo para la salud de las personas. “No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer en uno de los correos electrónicos. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”. El correo electrónico, enviado el 22 de noviembre de 2003, es una de las pruebas utilizadas en el caso de Dewayne Johnson (ver aquí).
Esa misma afirmación, que no había suficientes estudios para decir que el Roundup no es cancerígeno, fue leída por varios empleados de Monsanto Argentina, hace ocho años, el 14 de diciembre de 2010. El intercambio de correos, – en algunos de los cuales participa o está en copia, el Presidente de Monsanto Argentina, Juan Farinati-, finaliza admitiendo la falta de estudios. En esa copia final figuran como destinatarios por la filial Argentina, Martín Lasarte y Diego Kavanas, entre otras personas vinculadas a la compañía.
Con el ASUNTO: Re: Response Need – Re: Glyphosate Questions (Argentina); FW: publicaciones CASAFE, el último mail responde, entre otras, a estas preguntas: “Porque las fórmulas de Roundup no son cancerígenas? Cualés son sus metabolitos más relevantes y que estudios demuestran no lo son (cancerígenos)?
Stephen Adams, Chemistry Regulatory Affairs Manager de Monsanto Company, confirma en la respuesta la misma información que Donna Farmer (también en copia en este mail): la fórmula de su producto estrella nunca fue testeada; sólo sus componentes por separados pero nunca la formulación final qué es lo que comercializan. Textualmente en español: “Con respecto a la carcinogenicidad de nuestras formulaciones, no tenemos realizados esa clase de testeos directamente sobre ellas, pero tenemos tales pruebas en el componente de glifosato y algunas pruebas de toxicidad extensivas en el surfactante”.
Hoy 8 años después de ese correo, de contar con esa información, el discurso público de la empresa sigue siendo el mismo. “Sólo salen al mercado aquellos que fueron certificados como seguros para el medio ambiente y la salud humana.”, se lee en el sitio de Monsanto Argentina sin informar sobre lo que la empresa sabe según el texto del email interno consignado más arriba (ver aquí).
Las primeras declaraciones del SENASA tras el veredicto, en nota publicada el 17 de agosto por iprofesional, desestimaron la gravedad de la conclusión que arrojó el litigio y que se resolvió en contra de la compañía (ver aquí). “Se trata de un juicio entre particulares. El usuario de un producto va contra la empresa. Y lo que ocurrió es un fallo de primera instancia. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato”, informaron fuentes del organismo a Patricio Eleisegui, autor del artículo mencionado.
“Para nosotros la seguridad de nuestros productos es fundamental. Ni una sola agencia normativa considera al glifosato cancerígeno. Las evaluaciones realizadas por autoridades reguladoras en todo el mundo durante más de 40 años lo confirman”, aseguran desde Monsanto en las cinco preguntas más habituales sobre el Glifosato en su sitio web (ver aquí).
Los papeles de la propia compañía publicados en MonsantoPapers desmienten esa afirmación y la declaración de Donna Farmer, en la décima jornada del juicio realizado en San Francisco y que encontró a Monsanto culpable de todos los cargos (ver aquí). A eso se le suman las demostradas campañas para interferir o desprestigiar a la ciencia que contradiga lo que Monsanto sigue repitiendo y los estudios “científicos” sobre toxicidad escrito de modo fantasma por los propios empleados de la empresa, que respaldan la inocuidad, y son usados como “ciencia independiente”.
Toda esta información debe ser analizada y no puede obviarse para decidir la utilización de esos agrotóxicos en Argentina. Es hora de que el SENASA tome nota y cumpla su rol en proteger a la sociedad argentina, y garantizar el derecho a la información y a la salud.
Fuente: Monsanto Papers – La Vaca.org
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El texto fue aprobado gracias al voto de la presidenta
del Concejo, de la alianza Cambiemos, dado que había quedado igualada en
siete votos. Fue en ese momento cuando entraron los ambientalistas a
insultar a los concejales. El proyecto que se votó establece en su
artículo 7 que “salvo Baker y Villa Cacique, se generará una zona de
exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites
del área urbana".
El presidente del bloque de consejales del FPV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales".
“Nos quedó una sensación amarga de la sesión", agregó en diálogo con radios locales. Según trascendió, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, del Frente Para la Victoria, vetará la ordenanza “por el principio precautorio de la salud”.
Fuente: Pagina12
Stephen Adams, Chemistry Regulatory Affairs Manager de Monsanto Company, confirma en la respuesta la misma información que Donna Farmer (también en copia en este mail): la fórmula de su producto estrella nunca fue testeada; sólo sus componentes por separados pero nunca la formulación final qué es lo que comercializan. Textualmente en español: “Con respecto a la carcinogenicidad de nuestras formulaciones, no tenemos realizados esa clase de testeos directamente sobre ellas, pero tenemos tales pruebas en el componente de glifosato y algunas pruebas de toxicidad extensivas en el surfactante”.
Hoy 8 años después de ese correo, de contar con esa información, el discurso público de la empresa sigue siendo el mismo. “Sólo salen al mercado aquellos que fueron certificados como seguros para el medio ambiente y la salud humana.”, se lee en el sitio de Monsanto Argentina sin informar sobre lo que la empresa sabe según el texto del email interno consignado más arriba (ver aquí).
Las primeras declaraciones del SENASA tras el veredicto, en nota publicada el 17 de agosto por iprofesional, desestimaron la gravedad de la conclusión que arrojó el litigio y que se resolvió en contra de la compañía (ver aquí). “Se trata de un juicio entre particulares. El usuario de un producto va contra la empresa. Y lo que ocurrió es un fallo de primera instancia. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato”, informaron fuentes del organismo a Patricio Eleisegui, autor del artículo mencionado.
“Para nosotros la seguridad de nuestros productos es fundamental. Ni una sola agencia normativa considera al glifosato cancerígeno. Las evaluaciones realizadas por autoridades reguladoras en todo el mundo durante más de 40 años lo confirman”, aseguran desde Monsanto en las cinco preguntas más habituales sobre el Glifosato en su sitio web (ver aquí).
Los papeles de la propia compañía publicados en MonsantoPapers desmienten esa afirmación y la declaración de Donna Farmer, en la décima jornada del juicio realizado en San Francisco y que encontró a Monsanto culpable de todos los cargos (ver aquí). A eso se le suman las demostradas campañas para interferir o desprestigiar a la ciencia que contradiga lo que Monsanto sigue repitiendo y los estudios “científicos” sobre toxicidad escrito de modo fantasma por los propios empleados de la empresa, que respaldan la inocuidad, y son usados como “ciencia independiente”.
Toda esta información debe ser analizada y no puede obviarse para decidir la utilización de esos agrotóxicos en Argentina. Es hora de que el SENASA tome nota y cumpla su rol en proteger a la sociedad argentina, y garantizar el derecho a la información y a la salud.
Fuente: Monsanto Papers – La Vaca.org
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Aprobaron en Benito Juárez una ordenanza que permite fumigar a 30 metros del casco urbano:
"Cambiemos" juega con el glifosato
En
el municipio de Benito Juárez, en el sur de la provincia de Buenos
Aires, se aprobó el jueves una ordenanza municipal impulsada por el
bloque Cambiemos, que habilita fumigaciones de agroquímicos a 30 metros
de la zona urbana. En dos localidades de ese partido, Barker y Villa
Cacique, la medida varía, aunque no mucho: allí la utilización del
agroquímico se puede aplicar a 100 metros de la zona urbana.
Al momento de la votación, un grupo de vecinos de Benito Juárez ingresaron al edificio del Consejo Deliberante para denunciar la maniobra con carteles que decían “Fuera Monsanto”. La ordenanza se sancionó en medio de un clima enrarecido, dado que el proyecto había sido presentado en primera instancia por el Municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
Al momento de la votación, un grupo de vecinos de Benito Juárez ingresaron al edificio del Consejo Deliberante para denunciar la maniobra con carteles que decían “Fuera Monsanto”. La ordenanza se sancionó en medio de un clima enrarecido, dado que el proyecto había sido presentado en primera instancia por el Municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El presidente del bloque de consejales del FPV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales".
“Nos quedó una sensación amarga de la sesión", agregó en diálogo con radios locales. Según trascendió, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, del Frente Para la Victoria, vetará la ordenanza “por el principio precautorio de la salud”.
Fuente: Pagina12
