Albemarle y las grietas del modelo chileno de explotación del litio
En febrero de este año, Corfo decidió llevar a arbitraje internacional a Albemarle -empresa química con sede en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos y con presencia en más de 75 países- la cual explota en Chile pertenencias mineras en el Salar de Atacama y opera el complejo La Negra, en la región de Antofagasta.
La situación se dio a partir de una pugna en torno al precio y la fórmula de cálculo de las comisiones que la compañía debe pagar al Estado y que, según denunció Corfo, le han significado una merma de US $ 15 millones en 2020, la cual -según Corfo- se dio por una interpretación unilateral de una parte del contrato. Por su lado, la empresa negó haber incumplido sus obligaciones contractuales, según reportó La Tercera, con el Estado de Chile y lamentó que Corfo haya insistido en esta vía arbitral con la Cámara de Comercio Internacional “que implicará tiempo y costos al país, habiendo una cláusula, en el mismo contrato, para la solución de estos temas”.
En cualquier caso, no es el primer conflicto que la empresa estadounidense tiene en suelo nacional. Junto con ser oficiada en reiteradas ocasiones en 2020, entre 2018 y 2019 también estuvo a punto de irse a un arbitraje con Corfo por las cláusulas del contrato en torno a la venta del 25% de la producción a un precio preferente, para impulsar en Chile la industrialización del litio.
Junto a ello, se cuenta una investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII) a los precios de exportación de la minera, problemas con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) por entrega insuficiente de información y un arbitraje por $19 mil millones con la constructora Ocetgel de Atacama, la que acusó entonces a la compañía Rockwood (que ya había sido adquirida por Albemarle) de no haberle pagado los trabajos de ampliación de la planta La Negra.
Frente a todos estos conflictos que genera solo una de las dos empresas que tienen derechos sobre la explotación del litio, surgen voces críticas que evalúan mal el modelo chileno de explotación de este mineral no metálico, el cual se basa en la explotación e inversión por parte de privados, y una infraestructura legal de contratos y regulaciones, que debiera garantizar una participación ventajosa por parte del Fisco.
Esto, en un contexto en que la industria mundial de electromovilidad da señales de un crecimiento explosivo, en el marco mundial de reemplazo de la matriz energética, lo que implicará el uso masivo de baterías intensivas en el uso del litio.
Críticas al modelo
La situación del arbitraje entre Albemarle y Corfo ha sido un caso ilustrativo para los detractores de la actual política del Estado chileno en torno al litio.
Cabello se desempeña como consultor independiente en el rubro, cuenta con una vasta trayectoria, y además tiene el grado en la industria de persona competente, es decir, se trata de un profesional universitario, miembro de la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, con experiencia relevante en el área de los recursos mineros, y con capacidad para informar y reportar sobre esos activos mineros en los mercados de capital.
En esa condición de experto, en conversación con INTERFERENCIA, Cabello dice que “hay que situarse en que en este momento Chile es una potencia mundial en producción de litio, tiene las mayores reservas. Eso para cualquier compañía minera debería ser una enorme ventaja, porque tiene una capacidad de maniobra y de aumentar la producción, y Chile no lo aprovecha porque está en una situación donde entregó la operación estratégica a dos compañías que funcionan por cuotas”.
Consultado sobre las propuestas respecto a desarrollar una industria estatal del litio, el geólogo dice que “me parece que técnicamente es totalmente factible. No hay ninguna razón que lo impida. Hay mucha gente que se lo plantea, incluso colegas como ingenieros en minas. Como que la única inquietud que tienen es la inversión extranjera». Según Cabello, «en este momento me parece que ha sido una desventaja operar el litio para Chile del modo como se ha hecho, como negocio y como estrategia de país. No podría encontrar ningún fundamento técnico serio para decir ‘era lo único que se podía hacer’”, concluye.
En una línea similar, el diputado Daniel Núñez (PC), quien ha impulsado iniciativas en el Congreso para crear una Empresa Nacional del Litio, manifestó en conversación con este medio que “este conflicto que se ha suscitado entre Albemarle y Corfo por el incumplimiento de los contratos que se habían suscrito hace menos de un año refleja muy bien la lógica con la cual actúan las transnacionales mineras en Chile. Les interesa la ganancia fácil y la sobreexplotación de un recurso. No quieren hacer inversiones verdaderas, y eso caracteriza a un modelo extractivista, donde tú sacas de la naturaleza un recurso sin la incorporación de ningún tipo de valor agregado y simplemente a mayor volumen mayor desastre ambiental y conflicto nos dejan”.
A juicio del parlamentario, “esto pone en relieve que para actuar en una actividad minera no se puede confiar en la buena voluntad del privado, hay que tener iniciativa estatal para desarrollar una actividad estratégica en el país, como en este caso toda la cadena de valor ligada al litio”.
En cuanto a la capacidad instalada para aportar valor al litio en el país, Núñez sostiene que “hoy la capacidad que tenemos en Chile de generar valor agregado al litio es nula. Es la realidad. De Chile se saca el litio, se hace salmuera en su grado más básico y así es como se exporta”. “La posibilidad de haber podido avanzar en la cadena productiva, de forma también muy tímida, estaba en estos nuevos contratos que la Corfo hizo con SQM y con Albemarle, pero partamos de la base que SQM lo desconoció, y eso implicó que toda la expectativa que había para empresas que podían instalarse en Chile teniendo un litio ya refinado quedó en fojas cero», dice Nuñez. «De SQM no sé qué sorpresa más nos vamos a encontrar cuando conozcamos más detalles lo que está ocurriendo. Esto refleja que las mineras que explotan el litio en Chile no tienen la voluntad de potenciar una cadena productiva y menos aún el uso para procesos de industrialización. Prefieren sacarlo a destajo y que sean industrias de otros países las que se vean beneficiadas”, asevera el diputado.
Por su parte, el presidente de la Comisión del Litio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Leonidas Osses, afirmó en una reciente columna titulada Chile 2022: el litio y la era de un nuevo Código de Minería que “en países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y otros de Europa, el problema de la propiedad de los recursos mineros, de aguas, de energía (petróleo, gas) y de otros recursos y derechos, ya han sido resueltos: ellos pertenecen 100% al Estado, y ellos lo licitan otorgando una alta participación en porcentaje al Estado en las empresas productoras. El sector privado participa activamente pero junto con el sector estatal. Chile es hoy día el único país en el mundo que entrega a privados en perpetuidad: derechos y pertenencias mineras”. Por ello, Osses cree que “este mecanismo de que los recursos mineros de Chile (cobre, oro, plata, litio, hierro y otros) sean explotados por consorcios estatales–privados es una alternativa perfectamente viable para financiar la gratuidad de a la educación pública, la salud pública y las pensiones de los sectores más vulnerables. Lo más relevante, es que esta política no necesita el aumento de impuestos, es la propia riqueza de los recursos mineros que pertenece al Estado de Chile la que podría generar ingresos para financiar estos tres ejes claves sociales antes nombrados”, junto con exponer los nuevos temas que deberían ser considerados en un nuevo Código de Minería a propósito del proceso constituyente.
Ojos que no ven
Respecto de Albemarle, el director ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, afirma que ‘mientras esté yo en la administración de la Corfo, no permitiré y no cederé ante ningún tipo de incumplimiento» y lleva a arbitraje a la empresa socia, según consigna una entrevista en El Mercurio, por otro -en el mismo artículo- garantiza que Albermarle no corre riesgo alguno de que se le quite la concesión, pues sí cumple con otros aspectos del contrato.
Para Terrazas este conflicto es un hecho aislado y no un problema más sistémico de los contratos entre el Estado y los privados. “La estrategia que ha tenido la Corfo para explotar sus pertenencias mineras ha sido exitosa. Somos un actor relevante en el mercado internacional y no está en cuestionamiento el modelo en que se ha venido trabajando el litio”, aseguró en la entrevista.
Terrazas aseveró que SQM -la otra gran empresa que explota el litio en el país, cuyo principal dueño es Julio Ponce Lerou- ha resultado ser un socio más confiable al no presentar este tipo de problemas. “La verdad es que creo que mi antecesor, Eduardo Bitrán, hizo una gran gestión. Los contratos fueron mejorados considerablemente en beneficio del Estado de Chile y no tengo ninguna crítica al respecto”, dijo en esa oportunidad.
En un planteamiento similar, ante las tensiones producidas por las limitaciones a la venta del mineral de Chile a la Unión Europea -que ha considerado el litio como un mineral prioritario para sus proyectos de electromovilidad-, el subsecretario chileno de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, dijo al medio estadounidense Politico en diciembre de 2020 que “Chile tiene sus propias ambiciones estratégicas como poseedor de las mayores reservas de litio del mundo y no quiere ser solo un minero de materias primas para industrias internacionales que tomarán el valor agregado del negocio de las baterías”.
Según Yáñez, “la intención [de Chile] es brindar un régimen de valor agregado a los bienes y servicios derivados del litio, de modo que no solo estemos exportando la materia prima, sino que tengamos la capacidad de producir algo con ella”.
Una política que suena bien y sobre la cual hay acuerdo, en el papel, pero que ha sido fuertemente cuestionada por distintos expertos, analistas de la industria y también parlamentarios, quienes consideran que de la mano de Albemarle y SQM no serán suficientes ni adecuados los esfuerzos de la Corfo por seguir promoviendo la instalación de empresas que puedan otorgar productos más sofisticados a partir del mineral, como afirma este artículo de La Tercera, en que se evalúa la salida del mercado de Fulin Transportation Group, Posco y Molymet, las últimas empresas que habían apostado por dar valor agregado a la industria chilena del litio en 2019.
Terrazas responde
Consultado sobre cuáles son las acciones para brindar valor agregado al litio en Chile, Pablo Terrazas señaló a INTERFERENCIA mediante un documento escrito que “Corfo realizó una convocatoria nacional e internacional, y en junio de 2020 adjudicamos a la empresa chilena Nanotec este concurso para convertirse en productor especializado y dar valor agregado al litio, iniciativa impulsada en el marco del contrato suscrito por la Corporación y SQM Salar en el Salar de Atacama, y que obliga a esta última a vender hasta un 25% de su producción a un precio preferente a los productores especializados, con el fin de elaborar productor con valor agregado». «Nanotec es una empresa nacional con más de once años de experiencia en el campo de la nanotecnología aplicada, siendo hoy una de las empresas líderes en producción de nanocompuestos de cobre. El proyecto presentado a Corfo consiste en producir nanopartículas de litio y aditivos de nanopartículas de litio, lo que se utiliza como insumo para la fabricación de baterías de litio”, complementa Terrazas en su respuesta. Además, el vicepresidente ejecutivo destacó que “en cuanto al trabajo por dar valor agregado al litio, también destacamos el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL), que estará emplazado en la Región de Antofagasta, y que deberá destinar al menos un 10% del aporte I+D entregado por SQM Salar S.A. para actividades de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e innovación, asistencia tecnológica y técnica especializada, en las áreas señaladas en el objetivo general del Procedimiento, cuyos beneficiarios principales sean aquellos productores especializados seleccionados por Corfo (como es el caso de Nanotec S.A.)”.
En cuanto a la posición de la actual administración de Corfo respecto al modelo vigente de explotación de litio en el país y las mejoras que podrían introducirse en un nuevo Código de Minería, Terrazas sostuvo que “si bien es cierto que el litio tiene una menor incidencia en los recursos generados para el país respecto del cobre, dado que el cobre significa 30 mil millones de dólares de exportación versus mil millones de dólares en el caso del litio, se puede pensar que sería conveniente asimilar el régimen jurídico que regula el litio, al del cobre y el resto de los minerales del país».
«El régimen especial actual del litio ha hecho complejo que esta industria se desarrolle y alcance su máximo potencial en Chile, restándole competitividad respecto a otros países, por lo que podría ser ventajoso que existan las mismas reglas que tienen las empresas que explotan otros minerales en el país”, concluye.
Fuente Interferencia - Imagen de portada: Foto: mch.cl -Otras: Terram.cl
