Trampas al solitario en la UE

La ley climática europea fija una reducción de gases de efecto invernadero del 55% para 2030, pero tiene truco: las "emisiones deslocalizadas"… El acuerdo alcanzado el pasado 5 de mayo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo sobre la ley climática se presentaba con un un objetivo más ambicioso en la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero como titular. La meta pactada pasa de una reducción del 40% al 55% para el año 2030, comparado con las emisiones en 1990 (en España se acaba de aprobar un triste 23%). Aclaran que se contabilizarán esas emisiones descontando lo que se pueda compensar. Esta compensación se puede realizar, por ejemplo, gracias a los bosques que retienen CO2, gracias a nuevas (e inciertas) tecnologías para la captura de carbono o usando la geoingeniería más delirante (tapar el sol para bajar la temperatura, por ejemplo).

Por Alejandro Moruno

También se indica en el acuerdo que se dará prioridad a la reducción de emisiones sobre su posible compensación, fijando un presupuesto máximo, en equivalentes de CO2, para las emisiones compensadas. Hasta aquí todo suena más o menos bien. El problema es que, en parte, tiene truco debido a las emisiones deslocalizadas, es decir, aquellas que se producen fuera del territorio europeo y que sirven para generar nuestros insumos, pero que no se contabilizan como emisiones europeas.
Se trata de un truco bastante torpe, ya que en esto de modificar el clima da igual en que país que se liberen esos gases, pues se acumulan globalmente. Entonces, ¿por qué hacerse estas trampas al solitario? Porque es rentable económicamente, y ahora también políticamente, haciendo más fácil cumplir nuestros objetivos climáticos.
Los tratados de libre comercio ya no sólo movilizan recursos y mercancías hacia el mundo rico, ahora también sirven para dejar las emisiones asociadas a estos productos donde no molesten a la contabilidad verde europea.

¿De dónde salen esas emisiones ‘externalizadas’?  

De diversos sectores, como el alimentario. Por ejemplo, la soja que usamos para engordar a nuestro ganado industrial viene, en gran parte, de Sudamérica, donde la expansión sin fin de este monocultivo arrasa con los bosques que compensan el CO2 que liberamos y libera el almacenado en el suelo, además de otras consecuencias nefastas.
Junto con la expansión de la ganadería o la minería, han conseguido que sea la primera vez que en la Amazonia brasileña se genere más CO2 del que retiene, un 20% más en los últimos 10 años debido a la deforestación.
Un europeo consume más del doble de carne que la media mundial, y el 87% de la soja importada por la UE (segundo importador después de China) se destina a alimentación animal. En 2017, el 48% de la producción de soja mundial provino de Argentina y Brasil, afectando a los bosques del Gran Chaco, El Cerrado y la Amazonia.
España, por su parte, es ya el cuarto productor mundial de cerdos, solo por detrás de Alemania, China y Estados Unidos. Una producción que genera otro ‘dumping‘ ambiental en nuestro propio medio rural, cuyas poblaciones sufren los residuos de las macrogranjas.
Cada vez más estudios indican que es imposible abordar eficazmente la crisis climática sin la dimensión alimentaria. Fomentar otro patrón dietético, regular la publicidad y una Política Agraria Común (PAC) diferente se quedan fuera del acuerdo verde europeo. No se cambian las cosas sin cambiar de hábitos, ni cambiando sólo los hábitos cambian las cosas.
Los insumos de este sector dependen demasiado de combustibles fósiles, cada vez más escasos y caros de extraer. Es una locura invertir entre 7,3 y 10 calorías de estos combustibles por cada caloría de alimento. También debemos recuperar biodiversidad y suelo, con su materia orgánica capaz de retener CO2.
Además, el mercado alimentario es especulativo y, por tanto, el equilibrio entre productividad e impacto ambiental, los precios y, en parte, las hambrunas, no dependen solo de la oferta, sino de mercados de futuro, rentabilidad y el neocolonialismo (China acaparando tierras de cultivo, por ejemplo, o los ya mencionados tratados de libre comercio, como el de la UE-Mercosur).

No obstante, la ONU acaba de pedir que se ponga el foco en el metano, 86 veces más potente que el CO2 pero activo mucho menos tiempo en la atmósfera. Se trata de disminuir las emisiones de metano del ganado y el gas natural para lograr un ‘enfriamiento’ rápido que permita la consecución de los primeros objetivos climáticos.
Pero hay otros ‘efectos colaterales’ fuera de nuestras fronteras, no solo relacionados con las emisiones que afectan al clima. Durante la pandemia, se ha generado una mayor demanda de productos electrónicos y la gran dependencia de Asia en la producción de microchips para tabletas, móviles y coches ha provocado escasez en el suministro, obligando a detener pedidos.
Ante esta situación, el principal productor mundial, Taiwan, que atraviesa una grave sequía, ha tenido que elegir entre destinar el agua a la fabricación de microchips, cuyo consumo de agua es elevado, o a la producción de alimentos, optando finalmente por lo primero, dejando 74.000 hectáreas de tierras agrícolas sin riego. La lista es interminable: palma y níquel de Indonesia, Cobalto del Congo, Litio de Sudamérica o de Cáceres, medicamentos o móviles de China, hidrógeno “verde” de Chile que viajará a Rotterdam, y hasta minería de criptomoneda de una empresa canadiense en Argentina.
Todo esto no es solo cuestión europea. Hace poco le preguntaban al líder de los laboristas australianos sobre la contradicción entre ser un gran exportador de carbón y las cero emisiones “netas” en 2050, a lo que respondió: “El sistema internacional en el que participamos cuenta las emisiones donde ocurren”.
Tampoco se trata de un tema nuevo. Referentes dentro del ecologismo lo tratan habitualmente, como Luis González Reyes o Andreu Escrivà, pero el debate no trasciende a los medios de comunicación masivos.
Para abordar estas ‘trampas’ habría que evaluar el impacto de cada sector midiendo el ciclo de vida completo del producto y la energía utilizada. Algunos economistas proponen un impuesto en frontera para gravar las importaciones en función de su huella de carbono. El greenwashing (o lavado verde), esta especie de nuevo negacionismo climático, ya no niega las causas de la crisis, sino las soluciones reales; relocalizar, descolonizar, reducir, democratizar, reruralizar y decrecer.
Sociedades más sencillas, con las necesidades básicas cubiertas, con más tiempo libre, mejores cuidados o alimentación, y un entorno más bello y saludable.
Alejandro Moruno es nutricionista especializado en crisis climática.

Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/trampas-emisiones-deslocalizadas/
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Luego del "truco utilizado con las emisiones deslocalizadas", la Eurocámara pide reconocer el “ecocidio” como delito internacional

El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde en el pleno a un informe que pide redoblar la protección para los activistas medioambientales y reivindica reconocer el “ecocidio” como un delito internacional. El texto apuesta por negociar en el marco de la Corte Penal Internacional el reconocimiento del “ecocidio” como delito a nivel internacional dentro del Estatuto de Roma. “Estamos hablando de un delito, de un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, de una responsabilidad internacional en esas conductas”, dijo en declaraciones a Efe la eurodiputada Soraya Rodríguez (Renew), ponente del informe.

La legisladora española sostiene que el “ecocidio”, un término que “divide” al Parlamento, será finalmente tratado y contemplado como lo que es, “un delito” contra la destrucción del medioambiente. Las ampollas que levanta este término entre los diputados quedaron patentes en las votaciones: su mención en el texto pasó por 344 a favor, 316 en contra y 26 abstenciones.
“La destrucción de un ecosistema supone un daño irreversible para todo el planeta y para los derechos humanos que todos tenemos”, afirmó Rodríguez.
Votaciones
Aprobado con 518 votos a favor, 97 en contra y 77 abstenciones, con el documento la Eurocámara instó a la Unión Europea (UE) a mostrar su apoyo a los defensores del medioambiente y protegerlos de la persecución.
Un texto que pone de manifiesto cómo el cambio climático amenaza el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, al agua potable, a la alimentación o a la salud, al igual que el derecho a la vivienda, ya que el deterioro del hábitat provoca desplazamientos de la población.
Según un estudio de Global Witness, 212 activistas medioambientales fueron asesinados en 2019, un 30 % más que el año anterior.
La cifra ascendió hasta las 331 muertes el año pasado.
Delitos medioambientales
Aproximadamente, el 40 % de estas víctimas eran indígenas y otros propietarios tradicionales y más de dos terceras partes de los asesinatos tuvieron lugar en Latinaomérica.
Con la aprobación del informe, el Parlamento aboga por luchar “contra la impunidad de los autores” de delitos medioambientales a nivel mundial.
Rodríguez denunció que “son muchos” los asesinatos sin resolver y acusó la falta de reparación y justicia para las víctimas.
Defensores del medio ambiente
En 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, el 69 % de los activistas de los derechos humanos asesinados defendía el medioambiente, estimó la diputada, y, entre ellos, el 26 % trabajaba en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas.
“Los defensores del medio ambiente son defensores de derechos humanos, de los suyos, de sus colectividades, de sus comunidades locales, pero también de los nuestros, de los que estamos a millones y millones de kilómetros de distancia”, zanjó.

EFEverde