Soja y agrotóxicos entre barrios y casas
Los terrenos pertenecen a una desarrolladora inmobiliaria vinculada con el grupo Macri. Los vecinos encontraron los bidones vacíos del glifosato, pese a que el uso de este herbicida está prohibido en zonas urbanas.
Por Rocío Magnani
Media hora al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Esteban Echeverría, donde metro a metro la cuadrícula urbana se tironea con la zona rural, 120 hectáreas de pastizales naturales fueron quemadas con glifosato al paso de un pintoresco tractor amarillo. Desde 2009, las tierras, propiedad de una desarrolladora inmobiliaria vinculada con el grupo Macri, son utilizadas para el cultivo de soja transgénica. Pero este año la siembra se extendió hasta los límites de un country de la misma empresa, Creaurban S.A., y de un barrio del Plan Federal de Viviendas, donde quedaron expuestas al tóxico al menos unas 4500 personas. Además de poner en riesgo la salud de las familias que toman agua de pozo, los vecinos temen las consecuencias que el agroquímico pueda generar al medio ambiente, ya que la plantación se realiza sobre el ecosistema de humedales Laguna de Rocha, que forma parte del sistema hídrico de la Cuenca Matanza-Riachuelo y cuenta con media sanción de Diputados bonaerenses para convertirse en Reserva Natural. El intendente Fernando Gray adelantó a Página/12 que “iniciará acciones” contra la empresa.
La familia de Alejandro Cruz se había mudado hacía menos de un mes a una casa ubicada en la última calle del barrio privado Los Mirasoles en la localidad de Monte Grande. El 15 de noviembre pasado escuchó llegar al tractor amarillo, que ingresó por la entrada del country y atravesó entre una decena de viviendas, a pesar de que la ley provincial 10.699 prohíbe que los equipos de aplicación de agroquímicos terrestres circulen por centros poblados. Por eso, cuando el vehículo se puso a fumigar los campos ubicados detrás de su medianera, Alejandro, extrañado, buscó su filmadora y documentó la tarea de la máquina. “Nunca se sabe”, pensó, y lo repitió en voz alta mientras grababa el video cargado en YouTube como “Fumigación con glifosato en Mirasoles de Monte Grande”. Al día siguiente, los vecinos amanecían con una invasión de cucarachas.
La puerta blanca de Lorena Hastka estaba negra. Al otro lado del teléfono, su voz suena inquieta. “Soy alérgica, pero la doctora me dijo que los granos que me salieron ese día en la espalda no eran normales.” María José, su vecina, también tuvo un brote, “unas manchas rojas, raras”, y a la semana “empezó con unas hinchazones, primero en el labio, después en la nariz, y así”. Además, dice, varios chicos del barrio tuvieron derrames en los ojos esos días.
El glifosato es un agroquímico indispensable para el paquete tecnológico de la soja genéticamente modificada. Cuando se rocía la tierra, el resto de los vegetales absorbe el veneno y muere en pocos días. En Argentina, se utiliza en las 20 millones de hectáreas sembradas, es decir, en más de la mitad de la superficie cultivada del país. Sus comercializadores dicen que es inofensivo para el ser humano, pero estudios científicos alertan que puede producir malformaciones en embriones humanos y cáncer.
Alejandro camina con expresión incrédula entre los brotes de soja que asoman de la tierra en hilera perfecta. Está parado a menos de tres metros de su casa, apoyado en la tranquera que marca el final del barrio y sostiene un bidón de glifosato que se incautó por las dudas. “Es increíble que los mismos tipos que te venden un proyecto de vida, te lo destruyan así. Acá había un verde precioso y mirá ahora”, dice mientras apunta con el dedo a lo que parece una lechuga carbonizada. Menea la cabeza. “Lo que están haciendo es un emprendimiento agropecuario con utilización de agroquímicos en una zona urbana.”
El 22 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto que declara “reserva natural integral y mixta” al ecosistema Laguna de Rocha, de 1400 hectáreas. “Este es el tercer año que denunciamos la utilización de glifosato ante el municipio, sin recibir respuesta”, explicó a este diario Martín Farina, integrante del Colectivo Ecológico Laguna de Rocha. Por eso, esta vez, la organización elevó el pedido de intervención a la Unidad Fiscal Federal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima).
En el texto presentado el 15 de diciembre pasado, el organismo acusa que la “actividad agrícola con uso de agroquímicos se realizó junto a los espejos de agua” del humedal de 330 hectáreas, que “tienen un papel ecológico fundamental que contribuye a mejorar las condiciones ambientales de las cuencas baja y media del río Matanza-Riachuelo”.
“El problema acá es que como son terrenos privados se manejan de cualquier manera, lo que se evitaría si el predio fuera reserva natural”, asegura Farina. En su denuncia también se destaca que de las “4500 personas que habitan los barrios residenciales, al menos la mitad no cuenta con red de agua potable, sino que se aprovisionan de agua de pozo cuya fuente es el acuífero subterráneo” que está siendo contaminado, mientras que a pocas cuadras, sobre la calle Cervetti, “se han realizado pozos de alimentación de agua para el servicio de agua corriente brindado por AySA para la ciudad de Monte Grande”.
Los vecinos de Los Mirasoles, por su parte, realizaron la denuncia ante la Subsecretaría de Medio Ambiente local y los inspectores municipales Daniel Biró y Hernán Pirito constataron la siembra y rescataron los bidones de glifosato que habían quedado olvidados después de que se levantara el campamento de los trabajadores que sembraron la soja. El intendente Gray explicó a este diario que el municipio elevó la denuncia al Ministerio de Agricultura nacional, para que hiciera un peritaje sobre las tierras y se elevaron denuncias al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS). También se alertará a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
“La siembra de soja no es ilícita, no es que a mí personalmente me guste, pero cualquiera lo puede hacer en cualquier lado, el tema es el uso de este producto, que en nuestro distrito está expresamente prohibido” a través de la ordenanza 79.590 de 2009, señaló el intendente Gray. “Cuando tengamos todas las pruebas de que la Laguna de Rocha se fumigó con glifosato, el municipio presentará una demanda judicial contra la empresa (Creaurban).”
Analía Martínez está en plena mudanza. Acaba de terminar su vivienda al lado de la casa de Alejandro y desde su terraza en construcción puede ver cómo crece la soja a pocos metros de la pileta. Mientras avanza por medio del cultivo, muestra a este diario la carta que entregaron al intendente, donde la Asociación de Vecinos del Barrio Mirasoles de Monte Grande expresa su “gran preocupación” por la fumigación con glifosato “que afecta a 350 familias de Mirasoles, 2 mil familias del barrio Plan Federal de Viviendas y población adyacente”.
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