Chile: Senado discute extender subsidio forestal que favorece a grupos económicos
Como primer tema de la tabla del Senado, a partir de las 16 horas del martes 11 de junio, está el Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento forestal. Este modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el Decreto Ley N° 701.
Esta es una ley que viene de la dictadura militar y subsidia a las grandes corporaciones con monocultivos de pino y eucaliptus en territorio mapuche. Este proyecto, que promueve la desigualdad, atenta contra la biodiversidad y es una nueva burla a las demandas del pueblo mapuche, ha sido calificado de “suma” urgencia.
El texto legal sometido a tramitación legislativa para extender el D.L N° 701, por 20 años, presenta numerosas falencias tanto de forma como de fondo, las cuales han sido explicitadas por organizaciones y comunidades mapuches y que van desde el incumplimiento de la Consulta Previa, que no existe una evaluación social ambiental y económica de la aplicación de este decreto durante casi 40 años, y hasta que Chile no cuenta con una institucionalidad forestal pública que pueda administrar esta nueva ley.
El gobierno, en medio de una férrea oposición de comunidades y organizaciones, viene promoviendo este proyecto que busca fortalecer la forestación a nivel nacional por medio de la prórroga del Decreto Ley y que apunta principalmente a intensificar la introducción de especies de pino y eucaliptus a suelos de comunidades y campesinos chilenos, hecho que a la postre significa beneficios para las corporaciones forestales, quienes no están comprando más tierra y esto les ayuda a anexar estos terrenos a sus intereses industriales por cuanto regulan los precios del mercado y pueden adquirir las cosechas de las plantaciones evitando riesgos.
En Chile, de acuerdo a la información oficial sostenida por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al 2011, las plantaciones forestales son de dos millones setecientas mil hectáreas de superficie, lo que corresponde al 3.1 % total de la superficie nacional, sin embargo, con las políticas de incentivo, expansión y proyección, estas bordean o habrían superado las tres millones de hectáreas a finales del 2012.
Dicho modelo fue impuesto en la dictadura militar y con amplia apertura en los denominados gobiernos democráticos a través de diversos acuerdos comerciales multilaterales, cuya producción se ha basado en la instalación sistemática de monocultivos a gran escala de especies exóticas de pinos y eucaliptus para abastecer plantas de celulosa, aserraderos y productos madereros principalmente con fines de exportación.
Cabe mencionar que en abril del 2012 el diario La Segunda, medio ligado a sectores empresariales, daba a conocer a través de un artículo denominado “Quiénes son los mecenas de la política chilena” sobre el involucramiento de grupos económicos chilenos de la industria forestal, como los Matte (CMPC) y Angelini (Celco Arauco) en el financiamiento de partidos políticos de la denominada Alianza o Coalición por el cambio y a la Concertación, lo que refleja el nivel de intervencionismo de los intereses empresariales con sectores que en teoría, deberían gobernar y legislar para los intereses de las mayorías.
Por El Clarín de Chile
Esta es una ley que viene de la dictadura militar y subsidia a las grandes corporaciones con monocultivos de pino y eucaliptus en territorio mapuche. Este proyecto, que promueve la desigualdad, atenta contra la biodiversidad y es una nueva burla a las demandas del pueblo mapuche, ha sido calificado de “suma” urgencia.
El texto legal sometido a tramitación legislativa para extender el D.L N° 701, por 20 años, presenta numerosas falencias tanto de forma como de fondo, las cuales han sido explicitadas por organizaciones y comunidades mapuches y que van desde el incumplimiento de la Consulta Previa, que no existe una evaluación social ambiental y económica de la aplicación de este decreto durante casi 40 años, y hasta que Chile no cuenta con una institucionalidad forestal pública que pueda administrar esta nueva ley.
El gobierno, en medio de una férrea oposición de comunidades y organizaciones, viene promoviendo este proyecto que busca fortalecer la forestación a nivel nacional por medio de la prórroga del Decreto Ley y que apunta principalmente a intensificar la introducción de especies de pino y eucaliptus a suelos de comunidades y campesinos chilenos, hecho que a la postre significa beneficios para las corporaciones forestales, quienes no están comprando más tierra y esto les ayuda a anexar estos terrenos a sus intereses industriales por cuanto regulan los precios del mercado y pueden adquirir las cosechas de las plantaciones evitando riesgos.
En Chile, de acuerdo a la información oficial sostenida por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al 2011, las plantaciones forestales son de dos millones setecientas mil hectáreas de superficie, lo que corresponde al 3.1 % total de la superficie nacional, sin embargo, con las políticas de incentivo, expansión y proyección, estas bordean o habrían superado las tres millones de hectáreas a finales del 2012.
Dicho modelo fue impuesto en la dictadura militar y con amplia apertura en los denominados gobiernos democráticos a través de diversos acuerdos comerciales multilaterales, cuya producción se ha basado en la instalación sistemática de monocultivos a gran escala de especies exóticas de pinos y eucaliptus para abastecer plantas de celulosa, aserraderos y productos madereros principalmente con fines de exportación.
Cabe mencionar que en abril del 2012 el diario La Segunda, medio ligado a sectores empresariales, daba a conocer a través de un artículo denominado “Quiénes son los mecenas de la política chilena” sobre el involucramiento de grupos económicos chilenos de la industria forestal, como los Matte (CMPC) y Angelini (Celco Arauco) en el financiamiento de partidos políticos de la denominada Alianza o Coalición por el cambio y a la Concertación, lo que refleja el nivel de intervencionismo de los intereses empresariales con sectores que en teoría, deberían gobernar y legislar para los intereses de las mayorías.
Por El Clarín de Chile
