Brasil: Empresa paga a indígenas que no saben leer ni escribir, 900 pesos por 62 mil ha.
Por Luis Velázquez
El presidente de la comunidad Pai-Pai de Santa Catarina, en Ensenada, firmó el acuerdo sin saber leer ni escribir. La Segob busca la nulidad del contrato
Sin saber leer ni escribir, Raúl Sandoval Aguilar, presidente de la comunidad indígena Santa Catarina, de Ensenada, Baja California, entregó por 30 años el usufructo de una superficie superior a las 62 mil hectáreas a la filial mexicana de la empresa estadounidense Asociados PanAmericanos (APA).
Al plasmar su huella digital en el contrato, que se celebró el 20 de mayo de 2011 ante la Notaria 5 de esa entidad, el artesano de la comunidad Pai-Pai condenó a unas 90 familias a recibir mensualmente 900 pesos hasta 2041 como única compensación de esa trasnacional productora de energía.
APA, que paradójicamente se promociona con el slogan Energía para el crecimiento sustentable con justicia social y medio ambiente limpio, pone en riesgo una etnia extremadamente pobre, marginada históricamente, en extinción y una antigüedad superior a los tres mil 500 años.
Asociados PanAmericanos se especializa en producir electricidad eólica y en las tierras de los Pai-Pai aspira a generar más de 500 megawatts (mw) a partir del presente año y, más adelante, hasta dos mil megawatts para consumo regional y exportaciones al oeste de Estados Unidos, donde hay problemas de abasto.
Dicha firma, además, es muy conocida en México. En la ciudad de México posee la filial Eléctrica del Valle de México y explota en la zona oaxaqueña de La Ventosa, donde la población se ha manifestado en contra de la explotación de sus recursos sin el pago justo de ellos.
El acuerdo suscrito en Ensenada, cuya copia posee 24 HORAS, muestra ese rostro de la injusticia: más de 62 mil hectáreas disponibles para la explotación de sus vientos con el pago ridículo de 900 pesos mensuales: menos de diez pesos para cada comunero.
Esta realidad la conoció de viva voz Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob) a finales de junio pasado al visitar la comunidad.
Los reclamos por el despojo llegaron a los oídos de Martínez Veloz porque la historia tiene un trasfondo que en los últimos 20 años se ha vuelto una constante en las comunidades indígenas en México: el presidente comunal firmó a espaldas de los miembros de su comunidad.
La historia no le sorprende al funcionario de la Segob, porque ha comprobado que fue el modus operandi de los anteriores tres gobiernos de la República, el del priista Ernesto Zedillo y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
“En 18 años se entregaron entre 96 y 98 millones de hectáreas a las compañías extranjeras, la mayoría para la explotación minera”, dice en entrevista realizada el pasado 11 de junio. En ese mismo periodo, añade, las condiciones de los indígenas, paradójicamente, “están peores”.
Por ello encabeza la gestión de la Segob para buscar la nulidad del contrato o, en el peor de los casos, conseguir mejores condiciones de arreglo económico con los Pai-Pai.
Desde 2006, el crecimiento de empresas transnacionales dedicadas al desarrollo de proyectos de energía eólica en comunidades indígenas de México es innegable.
Los megaproyectos concesionados a las firmas Gas Fenosa y Renovables Mareña en el Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, son un par de ejemplos de los litigios que se han abierto entre las comunidades y las transnacionales.
Datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), revelan que desde 2006 México genera energía eólica. A siete años de distancia la producción es de 1.400 mw y se espera generar un potencial de 12.000 mw (15% de energía que se consume en el país) en 2020 con la inversión de empresas estadounidenses, europeas y japonesas.
Adrián Escofet, presidente de la AMDEE, ha dicho que existe un registro de 18 parques eólicos en México, nueve en construcción y 12 más en vía dedesarrollo, pero la mayoría se concentran en Oaxaca.
Proméxico, promotora de inversión extranjera de la Secretaría de Economía, ha informado también que en el país hay un potencial eólico de 71,000 mw, con lo que se cubriría hasta tres veces la demanda del sector residencial en México.
Se quedaron sólo con 951 hectáreas
La comunidad Pai-Pai recibió en 1972, durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, las 63 mil 43 hectáreas donde han desarrollado una zona urbana con servicios básicos.
El 20 de mayo de 2011, la historia de la comunidad cambió de acuerdo con la escritura 29477 firmada en la notaría número cinco de Ensenada, de la cual 24 Horas posee copia.
El contrato de usufructo de las tierras cerriles y de agostadero, firmado por la autoridad del comisariado de bienes comunales, representado por Evaristo Ceseña, Armando González, Eulalia Brown y Raúl Sandoval, y los representantes de Asociados Panamericanos, Benito Reyes y Michael Edward Folloni, obligó a los indígenas Pai-Pai a la cesión de 62 mil 49 hectáreas los próximos 30 años.
Los indígenas lograron preservar 951 hectáreas donde desarrollaron la parcela militar, agroindustrial, escolar, para la mujer y una comunitaria agrícola.
A cambio en la quinta cláusula se estableció la compensación trimestral de 22 mil 500 dólares, que equivalen a unos 300 mil pesos mexicanos.
El acta notarial precisa que desde 2007 el plan estaba trazado y la asamblea de los comuneros aceptó arrendar sus tierras.
Sin embargo, las cláusulas del contrato, que desconoce la mayoría de la comunidad, dejan ver serias desventajas para los comuneros como la establecida para que “el propietario (la comunidad) acuerda y acepta que Asociados Panamericanos podrá, a su sola elección y discreción durante cualquier trimestre durante el término del usufructo o de la prórroga, realizar el pago de dicha cantidad de 22 mil 500 dólares, en tres mensualidades de 7 mil 500 dólares al mes”.
Además, en caso de que haya una suspensión por la vía judicial o de cualquier otro tipo la Asociación Panamericana tendrá derecho a no pagar un solo peso a los indígenas.
La empresa estadounidense manifiesta que su objeto social es “de manera enunciativa y no limitativa”, promover, generar, adquirir estructurar, construir, instalar y desarrollar proyectos de energías sustentables en territorio nacional, gestionar permisos y realizar investigaciones en zonas de aprovechamiento de energía eólica y solar, así como su comercialización dentro y fuera de la República.
En su sitio web, la compañía cuenta que la carga de potencia actual de Baja California es de alrededor de 2.000 mw, está creciendo a más del 6 por ciento por año, y podría duplicarse para el año 2020.
“México está listo para el desarrollo de energía limpia. Nuestro objetivo es suministrar a alrededor del 7,5 por ciento de la red aislada de Baja de poder desde CIMSC 2020. El equilibrio de poder de los sitios de Baja CIMSC y otros que tenemos en proceso de negociación está destinada lógicamente para el mercado de EU”, afirma la compañía.
Buscan anular el contrato
Para revertir el contrato, la Comisión de Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Segob analiza el escenario jurídico, con base en la reforma constitucional en materia de amparo en 2011, que amplió las posibilidades de los indígenas para acudir al juicio.
Por ello, se buscará la nulidad del contrato, bajo la premisa de que en el protocolo de actuación para juzgadores en materia indígena establece que deben reflexionar acerca de las demandas de admisión de amparo de aquellas personas que en lo individual o colectivamente lo accionen, incluso sin ser titulares de derechos.
Beatriz Olivares, coordinadora del Programa de Cambio Climático y Energía de Greenpeace, asegura que se ha dado el aval a las empresas de desarrollo de energía eólica como una alternativa para combatir el cambio climático en México.
No obstante, se ha detectado un problema de derechos humanos por el pago de las tierras a los indígenas y la falta de consulta pública para el desarrollo de proyectos.
“Los principales errores detectados es que se implementaron sin una regulación adecuada, porque está en proceso la norma oficial que regula los parques”, afirma.
Añade que en el último año han ido en aumento las quejas contra las compañías extranjeras. “La gente de viva voz se queja de las intimidaciones por parte de algunas empresas como Gas Fenosa y Renovables Mareña que va vender electricidad a grupo Femsa de Coca-Cola y Oxxo”, agrega.
“México está listo para el desarrollo de energía limpia. Nuestro objetivo es suministrar a alrededor del 7,5 por ciento de la red aislada de Baja de poder desde CIMSC 2020. El equilibrio de poder de los sitios de Baja CIMSC y otros que tenemos en proceso de negociación está destinada lógicamente para el mercado de EU”
Asociados PanAmericanos
DATOS
900 Pesos les pagarán a 90 familias indígenas durante 30 años
Pai-Pai Es una comunidad indígena de Baja Califonia que vive en la marginación, está en extinción y tiene una antigüedad superior a los 3mil 500 años.
APA Asociados PanAmericanos ya ha construido parques eólicos en Oaxaca y Estado de México
Fuente: 24 horas http://www.24-horas.mx - Imagen: Aspectos de la zona elegida por la empresa Asociados PanAmericanos. Foto: Especial
El presidente de la comunidad Pai-Pai de Santa Catarina, en Ensenada, firmó el acuerdo sin saber leer ni escribir. La Segob busca la nulidad del contrato
Sin saber leer ni escribir, Raúl Sandoval Aguilar, presidente de la comunidad indígena Santa Catarina, de Ensenada, Baja California, entregó por 30 años el usufructo de una superficie superior a las 62 mil hectáreas a la filial mexicana de la empresa estadounidense Asociados PanAmericanos (APA).
Al plasmar su huella digital en el contrato, que se celebró el 20 de mayo de 2011 ante la Notaria 5 de esa entidad, el artesano de la comunidad Pai-Pai condenó a unas 90 familias a recibir mensualmente 900 pesos hasta 2041 como única compensación de esa trasnacional productora de energía.
APA, que paradójicamente se promociona con el slogan Energía para el crecimiento sustentable con justicia social y medio ambiente limpio, pone en riesgo una etnia extremadamente pobre, marginada históricamente, en extinción y una antigüedad superior a los tres mil 500 años.
Asociados PanAmericanos se especializa en producir electricidad eólica y en las tierras de los Pai-Pai aspira a generar más de 500 megawatts (mw) a partir del presente año y, más adelante, hasta dos mil megawatts para consumo regional y exportaciones al oeste de Estados Unidos, donde hay problemas de abasto.
Dicha firma, además, es muy conocida en México. En la ciudad de México posee la filial Eléctrica del Valle de México y explota en la zona oaxaqueña de La Ventosa, donde la población se ha manifestado en contra de la explotación de sus recursos sin el pago justo de ellos.
El acuerdo suscrito en Ensenada, cuya copia posee 24 HORAS, muestra ese rostro de la injusticia: más de 62 mil hectáreas disponibles para la explotación de sus vientos con el pago ridículo de 900 pesos mensuales: menos de diez pesos para cada comunero.
Esta realidad la conoció de viva voz Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob) a finales de junio pasado al visitar la comunidad.
Los reclamos por el despojo llegaron a los oídos de Martínez Veloz porque la historia tiene un trasfondo que en los últimos 20 años se ha vuelto una constante en las comunidades indígenas en México: el presidente comunal firmó a espaldas de los miembros de su comunidad.
La historia no le sorprende al funcionario de la Segob, porque ha comprobado que fue el modus operandi de los anteriores tres gobiernos de la República, el del priista Ernesto Zedillo y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
“En 18 años se entregaron entre 96 y 98 millones de hectáreas a las compañías extranjeras, la mayoría para la explotación minera”, dice en entrevista realizada el pasado 11 de junio. En ese mismo periodo, añade, las condiciones de los indígenas, paradójicamente, “están peores”.
Por ello encabeza la gestión de la Segob para buscar la nulidad del contrato o, en el peor de los casos, conseguir mejores condiciones de arreglo económico con los Pai-Pai.
Desde 2006, el crecimiento de empresas transnacionales dedicadas al desarrollo de proyectos de energía eólica en comunidades indígenas de México es innegable.
Los megaproyectos concesionados a las firmas Gas Fenosa y Renovables Mareña en el Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, son un par de ejemplos de los litigios que se han abierto entre las comunidades y las transnacionales.
Datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), revelan que desde 2006 México genera energía eólica. A siete años de distancia la producción es de 1.400 mw y se espera generar un potencial de 12.000 mw (15% de energía que se consume en el país) en 2020 con la inversión de empresas estadounidenses, europeas y japonesas.
Adrián Escofet, presidente de la AMDEE, ha dicho que existe un registro de 18 parques eólicos en México, nueve en construcción y 12 más en vía dedesarrollo, pero la mayoría se concentran en Oaxaca.
Proméxico, promotora de inversión extranjera de la Secretaría de Economía, ha informado también que en el país hay un potencial eólico de 71,000 mw, con lo que se cubriría hasta tres veces la demanda del sector residencial en México.
Se quedaron sólo con 951 hectáreas
La comunidad Pai-Pai recibió en 1972, durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, las 63 mil 43 hectáreas donde han desarrollado una zona urbana con servicios básicos.
El 20 de mayo de 2011, la historia de la comunidad cambió de acuerdo con la escritura 29477 firmada en la notaría número cinco de Ensenada, de la cual 24 Horas posee copia.
El contrato de usufructo de las tierras cerriles y de agostadero, firmado por la autoridad del comisariado de bienes comunales, representado por Evaristo Ceseña, Armando González, Eulalia Brown y Raúl Sandoval, y los representantes de Asociados Panamericanos, Benito Reyes y Michael Edward Folloni, obligó a los indígenas Pai-Pai a la cesión de 62 mil 49 hectáreas los próximos 30 años.
Los indígenas lograron preservar 951 hectáreas donde desarrollaron la parcela militar, agroindustrial, escolar, para la mujer y una comunitaria agrícola.
A cambio en la quinta cláusula se estableció la compensación trimestral de 22 mil 500 dólares, que equivalen a unos 300 mil pesos mexicanos.
El acta notarial precisa que desde 2007 el plan estaba trazado y la asamblea de los comuneros aceptó arrendar sus tierras.
Sin embargo, las cláusulas del contrato, que desconoce la mayoría de la comunidad, dejan ver serias desventajas para los comuneros como la establecida para que “el propietario (la comunidad) acuerda y acepta que Asociados Panamericanos podrá, a su sola elección y discreción durante cualquier trimestre durante el término del usufructo o de la prórroga, realizar el pago de dicha cantidad de 22 mil 500 dólares, en tres mensualidades de 7 mil 500 dólares al mes”.
Además, en caso de que haya una suspensión por la vía judicial o de cualquier otro tipo la Asociación Panamericana tendrá derecho a no pagar un solo peso a los indígenas.
La empresa estadounidense manifiesta que su objeto social es “de manera enunciativa y no limitativa”, promover, generar, adquirir estructurar, construir, instalar y desarrollar proyectos de energías sustentables en territorio nacional, gestionar permisos y realizar investigaciones en zonas de aprovechamiento de energía eólica y solar, así como su comercialización dentro y fuera de la República.
En su sitio web, la compañía cuenta que la carga de potencia actual de Baja California es de alrededor de 2.000 mw, está creciendo a más del 6 por ciento por año, y podría duplicarse para el año 2020.
“México está listo para el desarrollo de energía limpia. Nuestro objetivo es suministrar a alrededor del 7,5 por ciento de la red aislada de Baja de poder desde CIMSC 2020. El equilibrio de poder de los sitios de Baja CIMSC y otros que tenemos en proceso de negociación está destinada lógicamente para el mercado de EU”, afirma la compañía.
Buscan anular el contrato
Para revertir el contrato, la Comisión de Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Segob analiza el escenario jurídico, con base en la reforma constitucional en materia de amparo en 2011, que amplió las posibilidades de los indígenas para acudir al juicio.
Por ello, se buscará la nulidad del contrato, bajo la premisa de que en el protocolo de actuación para juzgadores en materia indígena establece que deben reflexionar acerca de las demandas de admisión de amparo de aquellas personas que en lo individual o colectivamente lo accionen, incluso sin ser titulares de derechos.
Beatriz Olivares, coordinadora del Programa de Cambio Climático y Energía de Greenpeace, asegura que se ha dado el aval a las empresas de desarrollo de energía eólica como una alternativa para combatir el cambio climático en México.
No obstante, se ha detectado un problema de derechos humanos por el pago de las tierras a los indígenas y la falta de consulta pública para el desarrollo de proyectos.
“Los principales errores detectados es que se implementaron sin una regulación adecuada, porque está en proceso la norma oficial que regula los parques”, afirma.
Añade que en el último año han ido en aumento las quejas contra las compañías extranjeras. “La gente de viva voz se queja de las intimidaciones por parte de algunas empresas como Gas Fenosa y Renovables Mareña que va vender electricidad a grupo Femsa de Coca-Cola y Oxxo”, agrega.
“México está listo para el desarrollo de energía limpia. Nuestro objetivo es suministrar a alrededor del 7,5 por ciento de la red aislada de Baja de poder desde CIMSC 2020. El equilibrio de poder de los sitios de Baja CIMSC y otros que tenemos en proceso de negociación está destinada lógicamente para el mercado de EU”
Asociados PanAmericanos
DATOS
900 Pesos les pagarán a 90 familias indígenas durante 30 años
Pai-Pai Es una comunidad indígena de Baja Califonia que vive en la marginación, está en extinción y tiene una antigüedad superior a los 3mil 500 años.
APA Asociados PanAmericanos ya ha construido parques eólicos en Oaxaca y Estado de México
Fuente: 24 horas http://www.24-horas.mx - Imagen: Aspectos de la zona elegida por la empresa Asociados PanAmericanos. Foto: Especial
