Chile: Comunidades movilizadas de Arica a Chiloé convocan a la “V Marcha por la defensa de las aguas y los territorios”
El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), desde la Red de Defensa de los Territorios de la Araucanía y la Coordinadora por la Defensa de los Territorios del Biobío, convocan a esta nueva movilización que partirá a las 12:00 en la plaza Perú, para concluir en la Plaza de Tribunales con una feria y un acto cultural.
Organizaciones de todo Chile nuevamente se congregan en el día mundial de la tierra, para fortalecer sus procesos de defensa territorial, denunciar la ceguera de los gobiernos y dar una señal de la voluntad decidida de poner la vida al centro de las decisiones del país, de modo de transitar del extractivismo salvaje que contamina, quema, divide y arrasa todo a su paso, a apuestas descentralizadas, conectadas con los ecosistemas, que posibiliten recuperarnos de la degradación y la sequía que hemos visto instalarse en todas las regiones.
El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), desde la Red de Defensa de los Territorios de la Araucanía y la Coordinadora por la Defensa de los Territorios del Biobío, convocan a esta nueva movilización que partirá a las 12:00 en la plaza Perú, para concluir en la Plaza de Tribunales con una feria y un acto cultural.
Mediante un comunicado, informan que la región del Biobío constituye un claro ejemplo de la negligencia y complicidad con que están operando las autoridades gubernamentales contra la voluntad de las comunidades. Mientras que el territorio se organiza y reivindica el derecho a la salud, la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la respuesta de los gobiernos es una brutal intensificación del modelo extractivista en todos sus ámbitos: se tramitan cerca de 80 concesiones de salmonicultura y acuicultura en la costa, al menos dos proyectos de terminales marítimos de gas – con sus termoeléctricas asociadas, conocido anteriormente como Octopus-, una serie de proyectos hidroeléctricos de tamaño pequeño y mediano, y el proyecto Embalse Punilla, con capacidad tanto de generación eléctrica y riego agroindustrial, cuya represa terminará por eliminar uno de los pocos ríos no intervenidos en la zona, el Ñuble. Todo esto convierte a la Región en una zona de sacrificio para las comunidades y el medioambiente, en función de la expansión del extractivismo en la Región.
También alegan que “cuestiones como los incendios, el vertimiento masivo de salmones descompuestos al mar, así como el año pasado los aluviones de relaves tóxicos, y el antepasado la sequía que tenía a un tercio del país surtiéndose con camiones aljibes, son señales ineludibles de que es urgente un cambio en la lógica político económica que depreda nuestro país”.
En ese sentido, continúan: “No puede haber extractivismo sin corrupción y sin violación a los Derechos Humanos, esto que venimos denunciando hace décadas hoy se ha vuelto patente en Chile, pero nuevamente ante esta constatación, la respuesta ha sido más corrupción y más criminalización a quienes exigen sus derechos… Por eso, nos articulamos, ya comprendimos que el problema no es un embalse, o las AFP, o una carretera, o los TLC, o una hidroeléctrica, o una celulosa, o un plantel agroalimentario o una minera; sino que todo ello responde a una lógica de acumulación enferma que necesitamos confrontar colectivamente”.
“Por eso salimos a la calle a exigir el derecho al agua para la vida humana y de los ecosistemas, y el reconocimiento y valoración de las soberanías territoriales y alimentarias. Esto requiere la eliminación de la arquitectura que sostiene este modelo, por un lado los instrumentos privatizadores del agua, y por el otro los instrumentos de subsidio para la promoción del uso y abuso del agua en fábricas de muerte, tales como el modelo forestal, el modelo minero, el modelo energético y el modelo agroalimentario. En reemplazo de la institucionalidad que debe ser derogada, debemos avanzar en la constitución de una asamblea constituyente, para dotarnos de una estructura país por fin verdaderamente nacida del diálogo y del reconocimiento de la diversidad fecunda que nos constituye. Creemos central también, para transitar a otras formas de desarrollo, que avancemos en la creación de instrumentos de protección, como una ley de glaciares para la vida y no para la minería, leyes de ordenamiento territorial, manejo integrado de cuencas, entre otras”. agregan.
Luego señalan que “por otra parte, nos parece fundamental terminar con los tratados negociados a puerta cerrada y en secreto, como cualquier reformulación del TPP o la suscripción del TISA (Tratado sobre Servicios) y más bien implementar los exigidos por las comunidades, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Finalmente, hacen el llamado a toda la ciudadanía: “Las y los convocamos a encontrarnos y caminar juntas y juntos este sábado 22 desde la Plaza Perú, retomando la importancia del protagonismo colectivo para construir y visibilizar un mundo sano, donde quepamos todos y todas. Como habrá delegaciones de diversos territorios en conflicto, se desarrollará también el día 23 un Trawun, para mirar lo avanzado y determinar futuros pasos colectivos, en este reloj de arena que mide nuestro tiempo, donde todo grano es imprescindible y donde se avanza mirando lo hecho y lo por hacer”.
Fuente: El Desconcierto -Imágenes: mapuexpress.org
----------
Sara Larrain: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”
• Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes avances logrados en la Cámara de Diputados.
• “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.
Luego señalan que “por otra parte, nos parece fundamental terminar con los tratados negociados a puerta cerrada y en secreto, como cualquier reformulación del TPP o la suscripción del TISA (Tratado sobre Servicios) y más bien implementar los exigidos por las comunidades, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Finalmente, hacen el llamado a toda la ciudadanía: “Las y los convocamos a encontrarnos y caminar juntas y juntos este sábado 22 desde la Plaza Perú, retomando la importancia del protagonismo colectivo para construir y visibilizar un mundo sano, donde quepamos todos y todas. Como habrá delegaciones de diversos territorios en conflicto, se desarrollará también el día 23 un Trawun, para mirar lo avanzado y determinar futuros pasos colectivos, en este reloj de arena que mide nuestro tiempo, donde todo grano es imprescindible y donde se avanza mirando lo hecho y lo por hacer”.
Fuente: El Desconcierto -Imágenes: mapuexpress.org
----------
Sara Larrain: “Este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”
• Hace un par de semanas se conoció una minuta que el Ejecutivo difundió entre los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la cual desmantela importantes avances logrados en la Cámara de Diputados.
• “La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración” indicó la directora de Chile Sustentable.
Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” definieron desde la sociedad civil la presión que ha realizado el Ministerio de Hacienda para introducir cambios a la reforma al Código de Aguas durante su tramitación en el Senado, aprobada en noviembre pasado en la Cámara la de Diputados. Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.
“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado.
Los cambios
Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan con esta.
Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales el uso doméstico de subsistencia. También retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.
Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento. Tambien debilita la regulacion referida a las mineras, eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo. Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo prestaba servicios a una compañía minera.
Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen. Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW). Insólitamente la autoridad entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden poner en peligro las fuentes de agua.
Finalmente la administración de Bachelet también propone eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.
Fuente: http://www.ecosistemas.cl/2017/04/18/sara-larrain-este-gobierno-claudico-ante-los-intereses-de-los-empresarios-y-la-mirada-mercantil-de-la-sociedad/ Imagen: Taringa!
En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo que debilitan seriamente importantes avances alcanzados en la Cámara.
“Esta es una nueva señal de que esta administración claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad” señaló Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, al conocer los cambios que propone el gobierno al Senado.
Los cambios
Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11 transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan con esta.
Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales el uso doméstico de subsistencia. También retrocede en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.
Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento. Tambien debilita la regulacion referida a las mineras, eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo. Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex vocero de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo prestaba servicios a una compañía minera.
Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen. Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW). Insólitamente la autoridad entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden poner en peligro las fuentes de agua.
Finalmente la administración de Bachelet también propone eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo cual atenta contra el corazón de una reforma que, justamente, busca introducir criterios de interés público en las políticas de agua.
Fuente: http://www.ecosistemas.cl/2017/04/18/sara-larrain-este-gobierno-claudico-ante-los-intereses-de-los-empresarios-y-la-mirada-mercantil-de-la-sociedad/ Imagen: Taringa!
