La Patagonia estuvo presente en el 5° Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

A principios de este mes sesionó en Santiago el Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo creado por la sociedad civil para proporcionar una alternativa sistémica a la protección del ambiente y que reconoce que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, con legitimación legal en los tribunales.

 
El espacio fue constituido por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014. En esta ocasión, el tribunal fue presidido por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez, e integrado por la socióloga argentina Maristella Svampay, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile Nancy Yáñez, el analista internacional Raúl Sohr, el sociólogo chileno Antonio Elizalde y el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, desde donde impulsó, precisamente, la incorporación de la figura de derechos de la naturaleza.
Fiscal de la Tierra fue el abogado ambientalista argentino Enrique Viale, y secretaria la ecuatoriana Natalia Greene. Así, ante una audiencia de unas 150 personas que se congregaron en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, expertos y afectados expusieron los fundamentos de los tres casos principales: Minería de litio en el desierto de Atacama; amenazas a la Patagonia, reserva de agua y vida; y privatización del agua: el agua como objeto en Chile. 
Adicionalmente, se pusieron a consideración para su admisibilidad los casos de la Amazonía (varios países) y Vaca Muerta (Argentina). En total, fueron 22 los expositores de Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil.
Patagonia presente
Desde la Patagonia se presentaron casos de la región de Aysén, siendo responsable de la presentación general el director de Codeff Aysén y presidente de la agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann Samhaber. 
Como exponentes del caso concurrieron el periodista Patricio Segura Ortiz (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), el asesor legal Erwin Sandoval Gallardo (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), la empresaria de turismo local Miriam Chible Contreras (Corporación Chelenko), el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas Núñez (Centro Ecocéanos), la abogada Victoria Belemmi Baeza (FIMA), y la dirigenta de la Agrupación “Puro Ibáñez” de Puerto Ingeniero Ibáñez, Rayen Cayún.
Mientras, desde la región de Magallanes, se presentaron las representantes yagán, María Luisa Muñoz Manquemilla, y kawésqar, Leticia Caro Kogler.
Las exposiciones abordaron los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros de Aysén Los Domos, El Toqui, Cerro Bayo y Mina Javiera y Mina Invierno. Asimismo, el avance depredador de la salmonicultura en toda la Patagonia chilena. Luego de escuchar a los expositores, el tribunal ratificó que “la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza, y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema”.
El organismo también determinó que “el Estado chileno permitió un genocidio de los habitantes indígenas del extremo sur para poder desarrollar la ganadería ovina”, y que el Estado “no ha respetado a las comunidades. De igual manera se reconoce la vulneración de los derechos consagrado en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la que se reconoce que cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico”.
Ante esto, se recomendó al Estado chileno “cambiar su actitud ecocida; respetar rigurosamente las áreas protegidas y de conservación; cumplir con los procesos de consulta previa; establecer medidas de precaución para que las actividades humanas no afecten brutalmente los sitios en cuestión; establecer justicia restaurativa para los pueblos originarios afectados; condenar moralmente a las empresas mineras y salmonícola e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones”. 
Asimismo, se exigió “al Estado de Chile generar todo las condiciones para adoptar una nueva constitución que consagre Derechos a la Naturaleza”.
Al finalizar, el Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.
En entrevista con Patricio Segura Ortiz, pudimos indagar mayormente en la experiencia. Escucha la entrevista en el siguiente link: https://archive.org/details/entrevistasegura

Fuente: El Ciudadano