Argentina: La Corte de Catamarca falló a favor de la megaminería. El pueblo de Andalgalá en alerta
Valeria Foglia
Como ocurre con Mendoza y Chubut, en Andalgalá, una ciudad de más de diez mil habitantes ubicada al centro de Catamarca, una lucha histórica arrancó un fallo de la Corte Suprema de la Nación el 2 de marzo de 2016, que hizo lugar al pedido de vecinas y vecinos y obligó a la Justicia catamarqueña a revisar y analizar su amparo contra la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc, la propia provincia de Catamarca y el municipio de Andalgalá. A raíz de esto se logró la ordenanza del municipio de Andalgalá.
“Nos quieren condenar a muerte porque no soportan ver que no nos hace falta la megaminería para vivir”, dicen los asambleístas que desde hace once años rechazan la actividad y se ven obligados a sortear persecuciones, represiones y nuevas arremetidas del poder minero en complicidad con los Gobiernos. “Está en juego la paz social, están provocando otro 15 de febrero”, advierten, en referencia al día de 2010 en que una feroz represión a una protesta cambió para siempre la vida tranquila de Andalgalá, cuya lucha contra la megaminería despertó a la comunidad y fortaleció a El Algarrobo.
Vienen por el agua
Tras este fallo de la Corte catamarqueña los asambleístas hacen “un llamamiento masivo ante esta embestida criminal e injusta que afecta a nuestra agua, para proteger nuestro único recurso hídrico, que es El Aconquija”.
El Serpaj presidido por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel es uno de los organismos más comprometidos con la pelea de los andalgalenses. En una declaración que suscriben Nora Cortiñas, APDH, Amigos de la Tierra, Conciencia Solidaria y otros, el organismo repudia y rechaza la sentencia de la Corte de Catamarca. Afirman que la resolución “pone en jaque el orden democrático local, dado que la ordenanza municipal dictada como inconstitucional fue aprobada por todos los bloques políticos (Frente de Todos y Cambiemos) del ámbito local y de manera unánime”.
En sus primeros artículos, la normativa municipal prohíbe toda la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.) a cielo abierto y también aquella que extrae minerales nucleares como el uranio y torio en cualquier modalidad (cielo abierto o galerías) y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción) a lo largo de toda la cuenca hídrica del río Andalgalá, al tiempo que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico en minería. Su artículo 3º directamente señala la prohibición del uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales (tanto superficiales como subterráneos) para la actividad extractiva.
“Esta ordenanza ha sido un logro en la férrea defensa del derecho humano al agua y el acceso a ella libre de contaminación”, dice el petitorio que circuló desde la noche del miércoles. La vida de los andalgalenses depende de su curso de agua: cada sábado desde hace una década caminan alrededor de la plaza principal para seguir marcando su reclamo, conocedores de los vericuetos legales que siempre halla la complicidad del poder político y judicial con los intereses de las megamineras.
El Ejecutivo catamarqueño y la minera Yamana Gold Inc. buscaron durante todos estos años echar abajo la ordenanza. El primero al aducir que “el Estado provincial es dueño de los recursos minerales”, lo que dio pie a la Declaración de Impacto Ambiental dictada favorablemente a las corporaciones por el Ministerio de Minería de Catamarca en junio de 2020. Autoriza, según Serpaj, “incluso un pozo que se encuentra por fuera de la mensura minera y en áreas prohibidas por la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Glaciares y Ambiente Periglaciar”. Yamana Gold, en tanto, aduce que la actividad minera es lícita. Esa conjugación de intereses solo puede existir porque se elige desconocer que la megaminería en Andalgalá no tiene licencia social.
El agua y la vida en la ciudad catamarqueña están otra vez en vilo. Es parte de una arremetida a nivel nacional con el Plan Estratégico de Desarrollo Minero impulsado por Alberto Fernández, Matías Kulfas y el secretario de Minería Alberto Hensel, a quien en su San Juan natal reconocen como lobista de las multinacionales mineras.
Esa luz verde para establecer “zonas de sacrificio” que vuelen cerros, arrasen y contaminen el agua en territorios en emergencia hídrica envalentonó a Mariano Arcioni en Chubut, que ahora mismo intenta hacer votar en la Legislatura provincial la ley de zonificación minera y derribar la prohibición que rige desde 2003. Incluso en Mendoza hacen nuevos movimientos en ese sentido pese a la enorme derrota infligida por el pueblo al pacto de la UCR y el PJ hace exactamente un año. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, también habla de “minería sustentable” con el mismo libreto del Gobierno nacional, que en marzo de este año nombró a Fernando Jalil, su hermano, como presidente del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa minera estatal para la extracción de oro y plata.
Como dice Pablo Anino, economista de La Izquierda Diario y el programa radial El Círculo Rojo, “hay un hilo que une extractivismo con la dependencia financiera: se necesita reventar el ambiente para pagar la deuda”. Vecinos de Andalgalá, Mendoza y Chubut siguen diciendo No a la mina y se preparan para resistir estos embates por todas las vías posibles.
Valeria Foglia@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente
Fuente:http://www.laizquierdadiario.com/La-Corte-de-Catamarca-fallo-a-favor-de-la-megamineria-el-pueblo-de-Andalgala-en-alerta
