Chile: Agenda legislativa ambiental, el reflejo de la inacción ante la crisis climática y ecológica
Por Pamela Poo
El planeta está experimentando un cambio abrupto e irreversible, en que los ecosistemas han superado diferentes umbrales críticos. Los modelos antropocéntricos se encuentran detrás de la presión que se ejerce sobre la tierra, no solo a través de la emisión de gases de efectos invernadero, sino que, a través de la sobrepoblación, pérdida de biodiversidad y cambios en los ciclos biogeoquímicos del planeta.
Para enfrentar esta crisis climática y ecológica, las soluciones deben ser múltiples, innovadoras y con propuestas de nuevos paradigmas. Por un lado, se requiere avanzar en políticas públicas ambiciosas que apunten a la protección de la naturaleza y a una transición socioecológica que incorpore a la economía ecológica; por otro lado, existe la necesidad de impedir que el estándar ambiental regrese a niveles más bajos que los conquistados en la actualidad.
En torno a la crisis climática y ecológica se puede inferir que en nuestro país no hay ambición, ni innovación, ni mirada de largo plazo. Por el contrario, solo hay mesura, lentitud, escaramuzas y la no comprensión de la que la crisis que se avecina es aún más compleja que la pandemia del Covid-19, ante la cual, Chile es uno de los países más vulnerables y en donde habría que trabajar a toda velocidad en materia de adaptación para preservar lo que aún tenemos.
La velocidad para proteger nuestros ecosistemas y a la población ante un cambio climático peligroso, en la actualidad no se encuentra presente en materia legislativa. La agenda en torno a generar políticas públicas que velen por la protección de los ecosistemas y de compromisos climáticos, parece más bien la aplicación de políticas desde una trinchera que impide avanzar de forma real, en donde se priorice una política de Estado y no del gobierno de turno.
En el presente periodo presidencial, el Ministerio de Medio Ambiente ha generado bajos avances en materia legislativa en torno al medio ambiente. Lo anterior queda demostrado con los dos proyectos fallidos de reforma al SEIA, incluso uno de ellos siendo retirado, ya que ambos representaban un retroceso para la legislación ambiental vigente.
Un proyecto de ley sobre delito ambiental que quedó en el primer trámite, ya que, dada la naturaleza de este, representaba un retroceso en relación con los avances que realizaban las mociones parlamentarias.
El no involucramiento del Ministerio de Medio Ambiente en la tramitación del proyecto de ley de glaciares, el que se encuentra en primer trámite, siendo el Ministerio de Minería quien lleva la batuta, lo que demuestra el poco peso que representa la opinión del ministerio que debe velar por los ecosistemas, ante los ministerios productivos.
La lenta y poco estratégica tramitación del proyecto de ley que Crea el Servicio de Biodiversidad, el que se encuentra recién en segundo trámite legislativo y el que debiese ser uno de los pilares a impulsar, por lo vital que significa la protección de nuestros ecosistemas. Sobre este proyecto no se vislumbra un avance rápido, ya que recién se lleva en votación un tercio de las indicaciones y aún les queda el paso por la Comisión de Agricultura, cuestión que el ejecutivo podría haber evitado.
La última iniciativa impulsada por el gobierno es el proyecto de ley Marco de Cambio Climático, al cual se le hicieron más de 800 indicaciones y dado el alto número de mejoras que requiere, su tramitación no será rápida. Lo anterior porque el proyecto no es ambicioso y solo se hizo eco de la carbono neutralidad al año 2050.
A su vez, el proyecto de ley se encuentra enfocado en la mitigación, que, si bien sabemos que es importante en cuanto a los compromisos internacionales y la contaminación local, es muy débil en materia de adaptación, cuestión que es esencial en nuestro país, por la alta vulnerabilidad a la que nos encontramos expuestos.
Actualmente la Comisión de Medio Ambiente del Senado se encuentra votando los principios de la ley, lo que deja un sabor un poco amargo en torno a que el proyecto original en materia de principios es débil y ante las deudas ambientales que tiene la normativa actual se requería de mayor voluntad. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con el principio de No Regresión el que ha sido objeto de indicaciones en donde el ejecutivo parece no mostrar apertura a avanzar sobre la materia, mostrando un visión restrictiva y poco visionaria de lo que se requiere para poder enfrentar la crisis que ya se deja sentir en el territorio.
El principal problema del principio de No Regresión que propone el gobierno radica en tener un ámbito de aplicación muy restringido: solo aplicaría a las medidas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio climático, pero no a otras actividades del Estado que inciden o perjudican nuestra capacidad de adaptarnos o mitigar el cambio climático, como por ejemplo el cambio de uso de suelo en bosques incendiados, para plantar monocultivos.
En efecto, el proyecto de ley lo define de la siguiente manera: “Principio de No regresión: las medidas tendientes a enfrentar los efectos adversos del cambio climático podrán ser modificadas cuando las condiciones tecnológicas, ambientales, económicas o sociales lo requieran, siempre que no se comprometan los objetivos de mitigación y/o adaptación establecidos.” Esto dista mucho de la formulación original del principio de no regresión, que más bien dispone que la toda la normativa y la jurisprudencia – sin distinguir -no deberían ser modificadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección ambiental alcanzados con anterioridad.
Ejemplos como el anterior son numerosos a la hora de revisar la tramitación de los proyectos de ley, en donde cabe destacar que los parlamentarios de la oposición y a veces del oficialismo, han buscado a través de indicaciones mejorar los textos de los proyectos que de forma insípida presenta el ejecutivo.
Por último, Chile, como uno de los países más vulnerables al cambio climático, no solo por su geografía, sino que, por sus altos niveles de desigualdad, merece leyes que puedan subsanar los pecados originales de la ley ambiental chilena. Los ciudadanos y ciudadanas que hemos manifestado la necesidad de una nueva constitución con énfasis en lo socio ecológico, debemos a su vez preocuparnos de que las leyes se encuentren a la altura de lo que el país requiere, para no borrar con el codo lo que escribimos con la mano.
Por Pamela Poo, Cientista Política, Red de Politólogas. Fuente: https://www.elciudadano.com/columnas/agenda-legislativa-ambiental-el-reflejo-de-la-inaccion-ante-la-crisis-climatica-y-ecologica/12/14/
