Ecuador: Lasso desconoce la voluntad popular de frenar la explotación petrolera en la reserva Yasuní
Carolina Mella
Los que estaban en la reunión están en contra de los resultados. Pertenecen a dos de las seis provincias amazónicas donde el “no” se impuso en la consulta popular impulsada por la sociedad civil, que preguntó a la ciudadanía si quería mantener indefinidamente bajo el subsuelo el crudo del ITT, conocido como bloque 43. Se trata de Sucumbíos y Orellana, territorios donde están los mayores campos petroleros y donde la economía local gira en torno a los servicios que ofrecen sus habitantes al personal que trabaja en las petroleras.
“No es posible aplicar el sí, es inaplicable la consulta”, continúa Lasso en el video, “técnicamente no es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana”, dijo a los asistentes. “Vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible”, sentenció. Una postura muy alejada a la que promulgó en marzo de 2021, cuando era aspirante a la Presidencia, y se comprometió a impulsar la consulta popular para no explotar el crudo del Yasuní como parte de su campaña. Además, la Constitución ecuatoriana establece como “un mandato el cumplir de manera obligatoria e inmediata las decisiones que han sido emitidas por el pueblo en las urnas, que deben ser acatadas por el Presidente de la República, ministros de Estado y cualquier otra autoridad del Gobierno”, explica André Benavides, abogado constitucionalista.
La sentencia de la Corte Constitucional, el máximo órgano de justicia del país, que dio paso a la consulta popular aclaró que de ganar el “sí”, el Estado no podría ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación de petróleo en el bloque 43; y debería “adoptar medidas inmediatas para la reparación de la naturaleza”. Pero contrario a la orden de la Corte, la petrolera estatal Petroecuador emitió un informe técnico sobre el impacto por el cierre de operaciones y abandono de instalaciones en el ITT en el que considera “continuar con la perforación en el área Ishpingo hasta diciembre 2023″, para lo cual se incorporarán “15 pozos adicionales”. EL PAÍS solicitó información a Petroecuador al respecto, que respondió que “no se están pronunciando sobre este tema”.
“Es preocupante porque es una inversión altísima en capital. No es solo continuar la explotación petrolera por un año más, sino invertir cerca de 35 millones de dólares antes del desmantelamiento”, dice Jorge Espinosa, vocero del colectivo Yasunidos, organismo ambientalista que impulsó la consulta popular. El proceso llegó a las urnas después de un camino de “obstáculos y de irregularidades impuestos por el Estado ecuatoriano” durante 10 años, como reconocieron los magistrados en su sentencia.
La Corte Constitucional estipula en la sentencia el plazo de un año desde la notificación de los resultados oficiales para la ejecución de los resultados de la consulta. Es decir, se debe trazar un plan para detener la producción petrolera, sacar los equipos y “buscar una reparación cultural, social y ambiental a los daños que han sido provocados dentro del bloque 43″, añade Espinosa. Según el Ministerio de Ambiente, en los últimos cinco años se han registrado 589 derrames de hidrocarburos en la provincia de Orellana, donde está parte del parque Yasuní, y 829 en Sucumbíos. “Sabemos que han sucedido incendios dentro del bloque 43, además del impacto de la apertura de una carretera”, dice el vocero de Yasunidos. Según el proyecto de Petroecuador, el cierre del bloque petrolero iniciaría en octubre de 2024.
En Ecuador no existe un precedente de una consulta de este tipo, por lo que el camino a futuro se traza en un tenso ambiente político y a pocas semanas de que los ecuatorianos regresen a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas. “Es preocupante porque el siguiente gobierno tendrá menos tiempo, debido a que el actual va a invertir para continuar la producción”, dice Gonzáles, que está creando un observatorio a la sentencia de la Corte para vigilar de cerca su desarrollo.
Llaman a la Corte a "dirimir"
Según el Gobierno de Lasso, aunque el "Sí" ganó a nivel nacional, la Constitución indica que son los lugareños los facultados para decidir y allí se impuso el "No".
El ministro indicó que "debería ser la misma Corte la que tenga que dirimir" sobre esta interpretación de la Constitución. No obstante, el titular de la cartera de Energía y Minas señaló que el Gobierno de Lasso no será quien haga la consulta ya que consideró que eso le correspondería hacer a los colectivos ambientalistas que impulsaron la celebración de este plebiscito.
Santos Alvite animó incluso "el derecho a la resistencia" de las comunidades indígenas del Bloque 43-ITT en caso de que se procediese con el desmantelamiento de la explotación, al señalar que es un derecho que tienen amparado en la Constitución "si ven sus derechos constitucionales violados", e insistió en que "los habitantes de Orellena son los únicos que tienen la capacidad de decidir si se inicia o se termina”.
Santos Alvite animó incluso "el derecho a la resistencia" de las comunidades indígenas del Bloque 43-ITT en caso de que se procediese con el desmantelamiento de la explotación, al señalar que es un derecho que tienen amparado en la Constitución "si ven sus derechos constitucionales violados", e insistió en que "los habitantes de Orellena son los únicos que tienen la capacidad de decidir si se inicia o se termina".
"Este Gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya, y aseguró que "nunca en la historia del mundo se ha parado un campo tan importante que produce casi 60.000 barriles por día".
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2023-09-23/lasso-desconoce-la-voluntad-popular-de-frenar-la-explotacion-petrolera-en-la-reserva-yasuni.html - Imagen de portada: Vista aérea del Parque Nacional Yasuní, en la selva al noreste de Ecuador. DOLORES OCHOA (AP)
