Medio ambiente y minería

Por Jorge Eduardo Romero

La minería como actividad primaria y extractiva genera impactos directos e indirectos sobre el medio. Los directos repercuten inmediatamente sobre el ecosistema, (utilización del agua; diques de cola; tratamiento del mineral; open pit; tratamientos de desechos, movimiento de material, acción sobre la fauna y flora etc.) acrecentando impactos y riesgos en la etapa de producción... Los impactos indirectos no se identifican fácilmente originando cambios sociales y ambientales por la contaminación a largo plazo.


En el contexto nacional e internacional
La revista Panorama Minero, en el mes de octubre de 1995, publicó un suplemento con el titulo Medio Ambiente y Minería, con documentos tomados del libro, editado por el instituto de Estudios Internacionales y la Comisión Chilena del cobre, donde se incorporan conocimientos científicos técnicos, para enfrentar el desafío del boom minero en Latinoamérica.
Carlos Aranda dice “Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, realizada en Estocolmo en 1972, la conciencia publica sobre el ambiente ha ido aumentando paulatinamente. En los países industrializados esta conciencia tomó forma política y se ha asentado como una de las fuerzas nuevas en el quehacer, político, económico y mercantil”
En la actividad minera; 1980 marca un hito, cuando el Estado de Montana en EEUU aplicó “niveles permisibles más restrictivos para efluentes gaseosos” originando el cierre de la fundición Anaconda Copper y su refinería en Great Falls, luego de haber invertido 100 millones de dólares en modificaciones estructurales pero no pudo alcanzar los niveles permitidos.
Esto impactó en la actividad minera y se fue traduciendo en leyes, códigos, regulaciones y convenios internacionales, a partir de la preocupación que en sus territorios se den prácticas ambientales irresponsables o se depreden sus riquezas naturales.
Según Carlos Aranda “Estas legislaciones tienden a ser mas idealistas que realistas en su concepción. Este hecho en si, las convierte en leyes de difícil aplicación y por lo tanto, generalmente no son respetadas. Permanecen en papel… las legislaciones tienden a satisfacer las necesidades de sesgo político y no las de orden técnicos - científicos, por esto deja de ser una herramienta de concertación y de conciliación entre las posiciones ambientalistas y de productividad y desarrollo, para convertirse en un elemento de confrontación entre ellas”
En el orden Nacional, la reforma de la Constitución en 1994, estableció con rango constitucional en su Art. 41 “El derecho a gozar de un ambiente sano” señalando la responsabilidad, de las Autoridades de los tres niveles de Gobierno (Nacional, Provincial y Municipal) y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que “deben proveer a la protección de este derecho…”
En el año 2002 se sanciono, la Ley General del Ambiente (25675) con los presupuestos mínimos de protección Ambiental. Las provincias dictaron leyes con normas complementarias de dichos requerimientos mínimos.
En nuestra Provincia tenemos la Ley 7.801 (que es una copia de la ley 7.371) y la cual no se aplica ni el art. 1° y lo peor, es que, a la Autoridad de aplicación, le dieron atribuciones fundamentales que no las conoce y ni las aplica. (Posiblemente ya están por cambiarla por otra ley electoral, que esté más acorde a los intereses financieros y no a los de la Comunidad)
En el libro, "Indicadores sobre Justicia y Ambiente" de María Di Paola, María Duverges y Alberto Esain, editado por la FARN, se dan una serie de fundamentos, "para evaluar la organización de la justicia como también la respuesta del procedimiento judicial y su aplicación concreta para el tratamiento de las controversias ambientales". Realizan un análisis de la Ley General Del Ambiente, que define "el daño ambiental de incidencia colectiva" y de acción pública por lo tanto las autoridades deben actuar de oficio. (¿Se animará algún funcionario público a cumplir con su obligación?)
Pero como dice Carlos Aranda; “no son respetadas o permanecen en papel” y en nuestra Provincia, "el pensamiento circular" es más importante que la Constitución.
No obstante la concientizacion, por el cuidado y el respeto del Ambiente, ha crecido a nivel mundial, y los Países y en nuestro caso las Provincias y Municipios se comprometen por un desarrollo sustentable, ratificados en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 2002, y seguro con mayor fuerza en la cumbre de Sud Africa.


En nuestra provincia
La Rioja por historia, geografía y recursos, fue y es considerada una Provincia con minería, avalada por los estudios, investigaciones y explotaciones, concretadas por organismos Nacionales, Provinciales e Internacionales, con un sin numero de mineralizaciones, y explotaciones; que uno encuentra cuando recorre el territorio y quedaron como Pasivos Ambientales, ya que fueron y son explotadas sin ningún control ambiental.
Es en nuestra Provincia donde se dio con mayor fuerza la dicotomía y confrontación, entre Minería y Ambiente, eliminando la posibilidad de actuar en forma coordinada para enfrentar los desafíos de esta actividad.
Se promocionaron los proyectos más fantasiosos con el apoyo político de las máximas autoridades Provinciales y Nacionales (convenio con CRA y Barrick para la explotación del Famatina; proyecto de Baritina con YPF; Planta de Piedras Preciosas, Planta de explotación de Rocas de aplicación en los Llanos; Planta de refinación de Oro, Explotación del Uranio; Proyectos en la Cordillera; etc. ) pero ninguno se concretó; mientras que casi todas las Provincias cordilleranas y especialmente las limítrofes como San Juan y Catamarca, (con muchos inconvenientes y falencias ambientales, que originan Pasivos Ambientales que se transforman en trampas si no son mitigados y controlados), lograron transformarse en Provincias Mineras.
En nuestra Provincia, se continúa aumentando la brecha entre Minería y Ambiente, a partir del doble discurso, la persecución de profesionales y ambientalistas, el desconocimiento de los limites Provinciales para permitir la explotación en Gualcamayo, la entrega del recurso hídrico, la falta del control ambiental y la negociación sistemática, por parte de las autoridades, del fuerte impacto de la actividad, que es reconocida y tenida en cuenta en sus inversiones por las Empresas Mineras.
Denise De Olivera, en Panorama Minero Edición 348 dice, La minería como actividad primaria y extractiva, experimenta diversos procesos que generan modificaciones sobre el medio a explotar, es lo que se conoce como impactos directos e indirectos. Los directos repercuten inmediatamente sobre el ecosistema, (utilización del agua; diques de cola; tratamiento del mineral; open pit; tratamientos de desechos, movimiento de material, acción sobre la fauna y flora etc.) acrecentando impactos y riesgos en la etapa de producción... Los impactos indirectos no se identifican fácilmente originando cambios sociales y ambientales por la contaminación a largo plazo".
Creo que si empezamos a entender la Minería y el Ambiente como algo necesario y complementario, donde se tienen que definir pautas y reglas, con la participación de la sociedad especialmente en el tema ambiental, con organismos que cumplan las funciones de contralor y medios para realizarlo, podríamos terminar con esta dicotomía y empezar a escuchar y valorar las experiencias donde la actividad minera, es una realidad, donde el impacto ambiental, no es negado, sino controlado- mitigado y si es negativo hasta prohibida la actividad.
Para no continuar gastando dinero en llevar a funcionarios, políticos y punteros, a que se pongan el casco minero, y con esto, ya manejen las técnicas de la minería y se transformen en los abanderados de esta actividad. O continuar golpeando o persiguiendo a ambientalistas y profesionales, repartiendo tablitas, o donde la Autoridad, controla los residuos de los baños y cocinas de los campamentos y no los impactos de las perforaciones y las contaminaciones del recurso hídrico.
Hay un gran desafío mundial, para aprovechar el recurso minero en forma sustentable. En nuestro territorio, existen potenciales recursos mineros que nos pueden permitir crear fuentes de trabajo y crecimiento, que con el control ambiental efectivo, reglas de juego claras, estudios serios y transparentes, eliminando la corrupción y negociados, y el acompañamiento de las comunidades mediante las Audiencias Publicas, con carácter vinculante para otorgar la licencia social, nos pueden permitir el desarrollo sustentable de Nuestra Provincia.
Dicen “que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y peor ciego que el que no quiere ver”.
Constantemente hablan del desarrollo de la Minería Chilena, valorando los impactos económicos y de crecimiento de la misma, pero no escuchan cuando la Intendenta de la III Región dice “somos muy rigurosos con los controles de los compromisos y las normativas, especialmente del uso del agua”…ya que en nuestra zona es escasa” y afirma “somos una gran región que tiene una gran escasez del vital elemento, por eso tenemos una institución que evalúa los diferentes proyectos y esta abierta a la comunidad para que la misma participe de la evaluación de los proyectos”
Y en cuanto a los Pasivos Ambientales, en Chile existen y están preocupados por eso. Desde el 2002 están trabajando para controlarlo, mitigarlos y hasta prohibir, la continuación de proyectos que no cumplan los requisitos ambientales. Juntamente con la Agencia Japonesa JICA desarrollaron el proyecto FOCIGAM y en nuestro País La Secretaria de Minería también tiene presupuesto y un Proyecto para controlar los Pasivos Ambientales.
Sería importante definir Políticas de Estado, que nos permitan el Desarrollo Sustentable con el aprovechamiento de los recursos y cumplir con el art. 41 de la Constitución, valorando la preocupación de las Asambleas Ambientalista y su colaboración "para tener el derecho de gozar de un ambiente sano"

Fuente: www.ecoportal.net
Jorge Eduardo Romero - Geologo Matr.1414 - Aimogasta, La Rioja , Argentina.