Shell compró a Magdalena por un plato de lentejas
Sergio Federovisky
La ausencia de política ambiental en la Argentina acaba de ser constatada en la más cruda realidad, con la victoria conseguida por Shell, empresa que consiguió comprar el pueblo de Magdalena para obtener –por una suma insignificante para semejante petrolera- la amnistía a su culpa ineludible por el daño ecológico provocado por el derrame de petróleo de 1999.
Diez años después de que el Estrella Pampeana, que llevaba petróleo para Shell en condiciones de dudosa confiabilidad ambiental, chocara con otro buque y se produjera el mayor derrame de petróleo en agua dulce (5 millones de metros cúbicos de crudo), la petrolera que responde al Estado de la princesa Máxima Zorreguieta, le impuso al intendente de Magdalena un plebiscito para consagrar su impunidad. El intendente Fernando Carballo aceptó la propuesta de Shell (nueve millones de dólares a cambio de la declaración de inocencia) y se la trasladó a la comunidad de ese partido.
Este último domingo, unos tres mil habitantes de Magdalena (sobre doce mil habilitados para votar) se presentaron en las urnas y más del 70 por ciento aceptó la limosna que la propuso Shell. Lo interesante es que la petrolera, al mismo tiempo en que impuso que esa indemnización estaría condicionada a que el municipio levante los cargos judiciales en su contra, impidió que se vinculara ese dinero con la remediación ambiental por el daño provocado por el derrame. Es decir, el acta acuerdo que ahora avaló la sociedad de Magdalena y que se firmará entre el municipio y Shell, descarta expresamente que implique un reconocimiento de los hechos por partes de la petrolera. Es una suerte de acuerdo extrajudicial, entre el asesino y la víctima, en el que el asesino paga para que la víctima no lo denuncie, pero sin que eso signifique una admisión de culpabilidad; más aún, se hace el acuerdo sin que se mencione que hubo un delito de por medio.
En el acta acuerdo, Shell ofrece su colaboración “desinteresada y no vinculante” (textual) para que la Municipalidad reciba asesoramiento en materia legal, ambiental, tecnológica, de diseño y planificación con relación a los siguientes emprendimientos:
1. El diseño de un plan de explotación integral en materia turística y de esparcimiento entre los balnearios de Magdalena y Atalaya.
2. El diseño de un parque industrial dentro del partido de Magdalena.
3. El diseño de un programa de tratamiento de los residuos generados dentro del partido de Magdalena y solo para ese distrito.
Esto es claramente una manera poco elegante de comprar a los habitantes de Magdalena, que por supuesto tienen un bajo precio, entre otras cosas debido al desamparo que les provocó el derrame de petróleo perpetrado y nunca reparado por Shell. Debe ser entendido al mismo tiempo como una admisión de culpabilidad: nadie en su sano juicio puede creer que Shell dilapidaría nueve millones y medio de dólares si estuviera convencido de su más absoluta inocencia: la dádiva no ingresa en su diccionario. Curiosamente, Shell señala que ofrece este acuerdo porque “no se aprecian restos de hidrocarburos”, cuando la lógica indica que si estos restos no estuvieran presentes (los ha comprobado un estudio de la Universidad de La Plata), jamás se hubiera ofrecido una indemnización.
Alejandro Meitin, de la ONG Ala Plástica, de La Plata, expone varias dudas, además de las que ofrece el sentido común, acerca del modo y la oportunidad del acuerdo propuesto. “Esta oferta –explica- llega luego de la presentación del informe “SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DEL DERRAME DE PETRÓLEO PROPIEDAD DE LA EMPRESA SHELL EN LA VEGETACIÓN DE LA FAJA COSTERA DE MAGDALENA A PARTIR DE TRABAJO DE CAMPO Y UTILIZACIÓN DE SENSORES REMOTOS Y SIG” elaborado por Marcel Achkar de REDES (Red de Ecología Social) – Amigos de la Tierra, Uruguay, en colaboración con Ala Plástica, en el que se evidencia una transformación de las condiciones ambientales en la zona litoral de Magdalena demostrando que la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración que aún hoy persisten”.
“También –agrega- casualmente el plebiscito, difundido en la localidad en la localidad de Magdalena bajo la ilusión de enriquecimiento masivo, se pautó para el día 17 de mayo próximo, solo 2 días antes de la presentación a cargo de SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) e inversores por la sustentabilidad de Holanda, del informe mencionado y la queja de nuestra organización por el caso ante la Asamblea Anual de la petrolera en La Haya junto a otros 5 casos internacionales críticos que involucran a la empresa y una semana antes del inicio del juicio en New York contra Royal Dutch Petroleum/Shell a causa de serias violaciones a los derechos humanos en Nigeria que terminaron con el asesinato de 9 personas entre ellas Ken Saro-Wiwa”.
Pero más allá de las suspicacias, está el dato cierto de que este tipo de contubernio es posible porque los habitantes de Magdalena, tras diez años de anomia judicial, están convencidos de que la única manera de obtener algún resarcimiento es mediante una suerte de violación consentida. El estado de la provincia de Buenos Aires y el estado nacional desistieron en tiempo y forma a demandar a Shell, como corresponde por el daño provocado por un residuo peligroso del que la ley los obliga a hacerse cargo en la totalidad de su existencia. El municipio de Magdalena, en la soledad que le hace honor a su nombre, atravesó un calvario por haber decidido seguir adelante con la demanda judicial, mientras Shell negaba toda responsabilidad, presionaba y amenazaba a quienes señalaban –con pruebas- lo contrario y perseguía cerrar esta historia a como dé lugar. Tanto el estado norteamericano como el estado español, en sendos derrames de alta presencia mediática (Exxon Valdéz y Prestige) aún con errores e idas y vueltas, actuaron judicialmente contra los dueños del petróleo volcado a las aguas, y jamás renunciaron a ese derecho que les adjudicaba la ley. En Argentina, en cambio, se decidió esperar a que el tiempo pase, que Shell no pague ningún costo y, básicamente, que no se resarciera a tiempo el daño ecológico provocado.
En ese escenario, resulta poco menos que imposible exigirles a los habitantes de Magdalena que piensen con una mirada estratégica en un país que la abandonó en pos de pagar bajos costos políticos.
“¿Cuánto vale el ambiente y la salud de las personas?”, se preguntaban los ambientalistas tras conocer el resultado del plebiscito. En una causa civil, donde en general todo se remedia con dinero, la decisión –buena o mala- la adopta la justicia. Lo grave en este caso es que el precio lo haya puesto el que cometió el delito.
Informe AMBIENTE y MEDIO
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Hay dudas sobre la validez del acuerdo con la Shell
La ONG "Ala Plástica" asegura que el convenio vulnera la Constitución, por lo que estima que un juez no va a homologar lo que se votó en el plebiscito
La ONG “Ala Plástica” puso en duda el valor jurídico y democrático del plebiscito realizado ayer en Magdalena por el que se respaldó la propuesta económica de la empresa Shell como resarcimiento por el derrame de petróleo ocurrido en sus costas hace 10 años.
“Nosotros venimos luchando por que se haga justicia y la justicia no llega para el ambiente”, expresó Alejandro Meitín, el presidente de la ONG, y agregó que “la magnitud del impacto ha alterado el ecosistema y ha producido efectos de alta duración que aún hoy persisten”.
Por Radio Provincia manifestó que “este plebiscito dejó muchas cosas en el camino: estamos hablando de un patrón electoral de 12 mil electores con una participación de 3000”. Meitín se quejó de la falta de audiencias públicas informativas y acusó a la Municipalidad de no haber promovido la discusión.
“La gente votaba por 9 millones y medio de dólares o nada”, expresó y estimó que “ese tipo de información en donde la gente no tiene ningún tipo de información sobre el contenido de las actas del acuerdo, es totalmente falaz”.
Meitín le restó validez democrática al plebiscito: “han votado 2160 personas por el sí y 840 por el no. La democracia es participación y esto es una mayoría no representativa”.
Además, denunció que “la empresa exigió el plebiscito para tener una licencia social; la empresa necesitaba la indulgencia de la comunidad”.
En el plano legal, el titular de “Ala Plástica” aseguró que “se está soslayando la obligación de recomponer que impone el artículo 41 de la Constitución, o sea que no sé hasta dónde un juez puede homologar este acuerdo… Si está demostrado que el ambiente sigue dañado y el artículo 41 dice que hay una obligación de recomponer. Entonces, un acuerdo extrajudicial no puede ponerse por encima de la Constitución”.
Por último, enfatizó que “Ala Plástica no está discutiendo cifras: “lo que estamos discutiendo que se está llegando a un acuerdo sin haber recompuesto el medio ambiente y que el daño persiste, que es el núcleo del problema”.
Por su parte, la abogada Paola González confirmó que la causa de 523 vecinos a los que ella patrocina contra la petrolera, seguirá su curso, al margen del acuerdo que pueda celebrar la comuna con Shell.
La demanda es “por el daño ambiental, económico y de la salud", indicó la letrada y agregó que "hablamos del daño económico porque representamos a comerciantes y junqueras que, a raíz del derrame, perdieron su trabajo".
Además, consignó que a causa del desastre ecológico "hubo casos de muertes de bebes por el contacto que sus padres tuvieron al limpiar el petróleo".
En tanto, González precisó que el reclamo por las consecuencias en la salud de las personas incluye a "ésta y las próximas generaciones, porque esto no es algo que surge inmediatamente después del desastre, después de 10 años tenemos 30 casos de cáncer y estamos realizando las investigaciones para determinar si existe relación de causalidad con el hecho”.
(Levántate y Anda - Informales y Corteses - AM 1270)
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REMARCAN QUE EN MAGADALENA VOTARON POCAS PERSONAS. LA JUSTICIA DEBERÁ DEFINIR EL CASO SHELL
Polémica por la debilidad del plebiscito
Solo emitieron sufragio tres mil ciudadanos de doce mil habilitados por padrón. Aunque existe un acuerdo entre el municipio y la compañía, el juez federal Roberto Porti podría rechazarlo y desoír la votación. Debaten el costo económico del daño ambiental.
No quieren decir nada. No quieren, por ahora, celebrar el resultado del plebiscito realizado entre los vecinos de la localidad de Magdalena el domingo pasado. La plana mayor de Shell Argentina entiende que, pese a que la mayoría de los votantes consideró adecuado aceptar la oferta de 9,5 millones de dólares ofrecida por la petrolera como reparación por el daño ambiental ocasionado luego del choque de dos buques el 15 de enero de 1999, aún no está dicha la última palabra. Porque la última palabra, finalmente, la tendrá la Justicia Federal.
Sucede que por más que el 77 por ciento de los vecinos (unos tres mil ciudadanos de los doce mil que habitan en el partido) votó por el Sí, como el plebiscito no era vinculante, ahora la Justicia Federal deberá evaluar si acepta o no el principio de acuerdo logrado entre los abogados de la compañía y la municipalidad de Magdalena. “Según esto, ahora que los vecinos dijeron que sí, el intendente debería ir a la Justicia y retirarse como querellante. Decir: ‘Señores, no queremos seguir las acciones iniciadas contra Shell’. Pero eso queda sujeto a una lectura del fuero jurídico y existe la posibilidad de que los jueces digan que no porque consideran que el daño ambiental existió y el dinero ofrecido por Shell no es suficiente para repararlo”, explicó a Crítica de la Argentina una fuente cercana a la causa.
El buque petrolero Estrella pampeana, de Shell, chocó el 15 de enero de 1999 contra el buque alemán Sea Paraná. Como consecuencia del impacto, 5,3 millones de litros de hidrocarburos se derramaron frente a las costas de Magdalena. El municipio demandó a la compañía por mil millones de pesos. Pero el 20 de noviembre de 2008, después de años de pleitos en la Justicia, el intendente local, Fernando Carballo, anunció que un acuerdo estaba cerca. En marzo, Shell ofreció 9,5 millones de dólares como reparación, pero sin asumir responsabilidades en el desastre ecológico. Ese ofrecimiento quedó sujeto al resultado del plebiscito.
El secretario de Gobierno, Mauricio Carrillo, explicó lo que significó la votación del domingo para las autoridades de Magdalena. “El plebiscito –dijo– tenía que ver con una instancia de convalidación del acuerdo firmado entre el intendente, Fernando Carballo, y los representantes de la compañía Shell. Pero el juez federal sigue teniendo la facultad de analizar el convenio y homologarlo o no. Nosotros lo que hicimos fue garantizar que el acuerdo tuviera aval de la gente”.
–Pero sólo votaron tres mil personas de las doce mil habilitadas por padrón, ¿eso no convierte el resultado en algo débil?
–Es verdad que votó poca gente. Pero es porque no era obligatorio. En Estados Unidos, como el voto tampoco es obligatorio, fijate que a Obama no lo votó tanta gente. De todos modos, en las últimas elecciones en Magdalena votaron siete mil personas, por lo tanto ahora estuvimos en el 40 por ciento de electores.
El procedimiento ahora debería ser el siguiente: el Concejo Deliberante, con el sí de la población, aprobaría el acuerdo y esa acta viajaría al Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 3 de Capital Federal, a cargo de Roberto Porti. Si el magistrado le diera curso, las tres causas iniciadas por el municipio contra la compañía Shell caerían automáticamente. Pero seguirían abiertas otras tantas (más de 400) iniciadas por particulares damnificados.
Pero todo podría ser más polémico porque entre especialistas y abogados emerge un debate sobre el costo del daño ambiental. Ocurre que para muchos los 9,5 millones ofrecidos son una cifra irrisoria frente al perjuicio ecológico ocasionado. Y dicen que el acuerdo, tal como está, sería una injusticia.
Fuente: criticadigital.com
