Fumigaciones:“El Estado debe empezar a actuar”

Por María Soledad Iparraguirre

Su vida cambió de rumbo cuando hace unos años, en un viaje para hacer un posgrado notarial, se topó por primera vez con la problemática ambiental: “Una colega empezó a contarme lo que pasaba con los silos y de a poco empecé a acercarme al tema de la soja. Cuando conocí al doctor Rodolfo Páramo (médico que investiga los efectos en las personas) y me contó la historia de doce chiquitos con malformaciones en Malabrigo -pequeña localidad santafesina-, ahí dije: esto es más grave de lo que se habla”. Oriunda de Santa Fe, una provincia sojera por excelencia, Graciela Gómez –abogada ambientalista y escribana- fue acercándose a la problemática hasta involucrarse activamente en la lucha contra el uso de agrotóxicos en nuestro país.

Ignorada por la gran prensa nacional, sus denuncias y escritos encuentran eco en España, Francia, Brasil y Ecuador, entre otros países. “Es demasiada gente la que está padeciendo esto y no se sabe porque se oculta sistemáticamente, lo que obliga a recurrir a medios extranjeros. En Santa Fe nadie lo publica, en el país los grandes medios no lo publican; pero estamos en la lucha, hay que seguir peleando”.

Gómez ha logrado pequeñas victorias en las batallas encaradas por los pueblos fumigados. “Disiento con muchos colegas, que aplauden los fallos provinciales que establecen zonas de resguardo, ya que está probado que más allá de las distancias, las fumigaciones llegan igual a la gente, pero sé que en el mientras tanto, algo hay que hacer, y cuanto más alejemos la fumigación, mejor. Hay que consensuar, sigamos alejándolo. En San Martín Norte logramos que se zonifique el pueblo como zona de resguardo ambiental, pero es muy difícil lograr eso en toda la provincia”, señala.

-Algunas asambleas vecinales lograron la sanción de ordenanzas que prohíben la fumigación, pero las instalaciones ferroviarias son de competencia federal. ¿Hay un vacío legal al respecto?

-No. Yo creo que miran para otro lado: si hay jurisdicción federal se debe actuar de oficio, o presentar alguna acción judicial… Pero la justicia no se involucra, hace la vista gorda. Hemos presentado amparos y responden “que se ocupe el Estado nacional”. Tiran el fardo al gobierno para que actúe, y el gobierno tampoco actúa. De parte del gobierno, hay un doble discurso: por un lado, demuestran interés y por otro lado les gusta la “caja” que da la renta. Un buen juez, un buen fiscal debería trabajar de oficio en estos casos. La misma situación se plantea con la supuesta autonomía que hay que respetar de cada provincia… Cuando hay un derecho básico afectado, como es el derecho a la salud, plasmado en nuestra Constitución Nacional, dejemos de hablar de autonomías: hay un derecho inalienable afectado que va más allá de las delegaciones de poder. El Estado debe empezar a actuar…

-¿La legislación debe modificarse o hay que hacer cumplir la existente?

-La legislación es mala, es inconsistente. Hay una ley marco, la Ley General de Ambiente, y en base a ella las provincias se manejan de acuerdo a su autonomía. Hay muchos errores e inconsistencias… Por eso no queremos una ley provincial, queremos que el estado sancione una ley nacional, porque cada provincia, más si es sojera, legisla de acuerdo a sus intereses. Lo mismo pasa con las distancias aplicadas en los distintos fallos judiciales: no puede ser que Santa Fe tenga una distancia, Buenos Aires otra, Córdoba otra… ¿Tiene más derecho a la salud la persona que vive en Buenos Aires que la que vive en Santa Fe?

Los condenados de la tierra

Juan Estanislao “Tani” Milesi tiene cinco años y padece leucemia linfoblástica aguda. Tras ocho meses de internación y quimioterapia en el Hospital Garrahan, hoy se recupera satisfactoriamente. Fue diagnosticado poco tiempo después de haber sido rociado por un avión fumigador en su casa de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Mariano Lavena tiene once años. Está seriamente afectado por el uso de agroquímicos a tan sólo 100 metros de su casa. Por su caso, la doctora Gómez inició una demanda contra la comuna de Ibarlucea y la provincia de Santa Fe por “uso ilegal de agrotóxicos”.

Marcos G. tenía ocho años. Falleció el 25 de junio pasado, víctima del mismo tipo de leucemia que padece Juan Milesi.

Julieta Sandoval nació el 15 de abril de 2010 en Bandera, Santiago del Estero, y murió 8 meses después, el 13 de diciembre, en el lugar donde el envenenamiento marcó su corta vida. Tenía múltiples malformaciones, hidrocefalia y parálisis cerebral. Su caso puede ser considerado emblemático para demostrar los fatales efectos de los agrotóxicos en la salud humana.

Los niños que viven en el barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba -contaminado por la presencia de transformadores con PCB y abuso de agroquímicos- registran el triste récord de casos de leucemias y cánceres (La Pulseada 70)

Los casos se multiplican en cada zona cercana a los cultivos de soja transgénica, mientras se sostiene un modelo agroexportador que deja rentas extraordinarias y siembra muerte.

Poner frenos

Al cierre de esta edición, dos noticias arrojaron un poco de luz en la lucha de los pueblos fumigados contra el envenenamiento progresivo. Por una parte, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco fijó límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y dos mil metros para las aéreas. Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronunció respecto del uso extensivo de agrotóxicos. El dictamen remarcó la vigencia del principio precautorio (presente en la Ley General de Ambiente) y protegió los cursos de agua. “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, asegura el fallo.

Por otra parte, el SENASA finalmente prohibió la importación de endosulfán, un insecticida altamente tóxico prohibido en los principales países del mundo, que todavía se utilizaba en Argentina. El organismo tomó la decisión a partir de recomendaciones internacionales y de una comisión local que estudió sus efectos.

Sin embargo, las organizaciones ambientales movilizadas contra los agrotóxicos siguen demandando una reclasificación de los agroquímicos utilizados. “Hoy por hoy se tiene en cuenta la toxicidad de los agroquímicos cuando afectan en dosis letales”, explica Gómez, “y se dejan de lado las pequeñas dosis, de las contaminaciones crónicas, pero el veneno aún en pequeñas dosis afecta al ser humano porque es bio-acumulativo, se va acumulando en las grasas y la exposición continuada al producto es altamente nociva. Cuando el glifosato se homologó (se aprobó para su comercialización) se lo hizo únicamente con el principio activo, no con los coadyuvantes, que terminan siendo más venenosos”.

Andrés Carrasco coincide con el reclamo: “estoy de acuerdo con toda medida que tienda a revisar el status quo porque implica que las instituciones responsables han tenido que hacerse cargo aunque sea de abrir una válvula de escape para buscar una solución. Me parece que esas son pequeñas victorias de un estado de debate que está en la sociedad, que muy de a poco se va instalando, pero se tiene que llegar a fondo. Veo bien las luchas ambientales, las peleas por las zonas de exclusión, las peleas por los cambios de categorización de la toxicidad, los controles de uso… Quizás uno no puede terminar con el problema hoy, pero lo que no puede hacer es decir que no tiene solución: uno tiene que comprometer toda su integridad, comprometer su acción para que eso sea considerado como una responsabilidad social que hay que resolver”.

Otros estudios

Hay claros antecedentes de estudios realizados que confirman los efectos de los agrotóxicos en el medio ambiente y su impacto en la salud humana. En Francia, se destacan los trabajos de Giles Eric Seralini, biólogo molecular que comprobó la relación de casos de cáncer e infertilidad con la exposición continuada a plaguicidas y Robert Belle, profesor de la Estación Biológica del Centro de Investigación Social, cuyo equipo de trabajo demostró el carácter potencialmente cancerígeno del Round Up.

En nuestro país, el estudio de Alejandro Oliva, director de la Unidad de Medio Ambiente y Salud Reproductiva del Hospital Italiano de Rosario, arrojó cifras alarmantes: los casos de malformaciones en niños de las zonas rurales altamente expuestas a plaguicidas superan “10 veces la media latinoamericana”.

También existen relevamientos realizados por los doctores Rodolfo Páramo de Santa Fe y Darío Gianfelici -Entre Ríos-.

Nota Principal: Veneno en las vías

Subnota: El glifosato provoca malformaciones

Fuente: Revista La Pulseada-La Plata -Bs As-Número 94- Octubre de 2011

Fotos: niños Céspedes Medina-Ñemby,Paraguay

Publicado y enviado por  ECOS DE ROMANG