Patagonia Sin Represas Reitera Irregularidades ante Comisión Investigadora de HidroAysen

Con Diversas Pruebas

En una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituida como Comisión Investigadora de Hidroaysén, realizada este lunes 17 en el ex Congreso en Santiago, los ambientalistas Sara Larraín y Patricio Rodrigo reiteraron las irregularidades cometidas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto.

Uno de los temas que generó interés en los diputados asistentes, a raíz de la exposición de Rodrigo, fue el proceder del Comité de Inversiones (CAI), originado en el gobierno anterior, conducido por los Ministros del Interior, Edmundo Perez Yoma, y de Energía, Marcelo Tokman quienes dirigieron a Juan José Rivas y Jaime Bravo para actuar como fast trackers de proyecto eléctricos.

Ante la denuncia, se acordó que la Comisión investigadora solicitará los cometidos funcionarios de Bravo y Rivas en su rol de empleados públicos.

Rodrigo además se refirió a los graves impactos sociales de HidroAysén, que no fueron debidamente evaluados por la empresa, ni ponderados en forma satisfactoria por el Servicio de Evaluación Ambiental, motivando reclamaciones ciudadanas y de las organizaciones Chile Ambiente y Chile Sustentable. “La cultura joven de la Patagonia, de no más de 100 años de existencia, quedaría extinta con la intervención que traería el proyecto de represas” expresó el secretario ejecutivo del CDP.

La Comisión analizó también la irregular participación del diputado David Sandoval en esta instancia investigadora, quien tiene un conflicto de intereses debido a que su esposa posee un predio que sería inundado por HidroAysén si el proyecto se llega a materializar.

Es más, estos predios no son históricamente de la familia, sino fueron adquiridos cuando ya se conocía del proyecto (en 2007), por lo que incluso se habla de maniobras especulativas. “El diputado Sandoval debiera haberse inhabilitado de participar en esta Comisión” expresó Sara Larraín, Directora del Programa Chile Sustentable, durante su alocución.

Consultada sobre el detalle de las irregularidades del proyecto, la directora de Chile Sustentable expresó que están agrupadas en distintos tipos. Primero las relacionadas con el Estudio de Impacto Ambiental, desde que el proyecto se acogió a evaluación en ausencia de la información requerida para ser evaluado, lo que viola el artículo 24 de la Ley 19.300 por ausencia de línea base. La segunda irregularidad tiene que ver con el cambio en los documentos de evaluación, porque dentro del SEIA se retiró la opción para que los servicios rechazaran el proyecto por tener problemas no solucionables, así como al pedir Adenda sin esperar el período legal para recibir las observaciones ciudadanas, por lo tanto, muchas observaciones ciudadanas no alcanzaron a presentarse, aún estando dentro del plazo legal.

“Por último, tenemos la irregularidad relacionada con el cambio en los informes finales que debían ser la base para la resolución de calificación ambiental aprobatoria o de rechazo. Esta misma Comisión ha estado durante los últimos tres meses recibiendo a funcionarios técnicos que han denunciado que la autoridad política les cambió la redacción de los informes, y eso obviamente implica falsificación de documento público y que los elementos que estaban para rechazar el proyecto o para solicitar otra adenda, hasta que eso se resolviera, fueron falsificados”, recalcó Larraín.

Larrain destacó también las faltas a la Ley de probidad y procedimiento administrativo, indicando que muchos funcionarios que se pronunciaron debiendo haberse inhabilitado por serias incompatibilidades e intereses relacionados al proyecto, destacando a autoridades como la Seremi de Medio Ambiente, que trabajó para un consorcio que es parte del grupo Colbún, y el ex alcalde Terrazas. O el mismo presidente Piñera, “que llevó a Aysén en abril de este año el plan de inversión de la región, que incluía inversiones hidroeléctricas, en momentos en que estábamos en pleno la evaluación ambiental de HidroAysén, antes que la empresa presentara la Adenda. Acá hay una serie de violaciones a los procedimientos de la Ley 19.300 y la ley de transparencia y probidad administrativa que obviamente son temas que hoy no son aceptados por la justicia en la figura del recurso de protección. Son materiales que vamos a utilizar en los futuros recursos, como el recurso de nulidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con todos estos vicios”, sostuvo Larraín.

Para el Diputado Enrique Accorsi se estableció claramente que este proyecto ha recibido un apoyo político transversal, tanto de la concertación como del gobierno actual, que habla de una especie de colusión política para apoyar un proyecto económico que favorece los intereses empresariales de algunos grupos.

“Este proyecto debió haber sido rechazado el 2008 porque no tenía toda la información suficiente ni relevante, ha seguido su curso porque ha contado con un apoyo político sin resguardos técnicos. Creemos que el tema del tendido eléctrico entra con una nueva legislatura, donde tendrá que lidiar con la superintendencia, con la participación ciudadana que es más relevante y los tribunales ambientales. Vamos a tener un Ministerio de Medio Ambiente que va a estar en plena operatividad, cosa que no había en la época en que se presentó originalmente el proyecto”, dijo el Diputado.

Accorsi destacó además que se acordó citar al contralor para que nos explique una serie de problemas relacionados con HidroAysén, y que se pedirá a la DGA también un informe que detalle cómo fue el traspaso de los derechos de agua desde el Estado a Endesa. “Tomamos el acuerdo porque estos derechos se traspasaron en forma inconsulta en 1990, dos días antes de terminar el gobierno militar”, enfatizó.

Al terminar la sesión de la comisión, Patricio Rodrigo indicó que las organizaciones ambientalistas  confían en que la corte suprema falle a favor de las reclamaciones ciudadanas y contra el Proyecto Hidroaysen.

“Esperamos que el país recupere el estado de derecho que está siendo perdido en el marco de la evaluación de este proyecto, porque acá se están violando leyes y normas todo a favor de intereses privados y particulares para poder lucrar en forma desmedida, cobrándonos la electricidad más cara del mundo. Hoy la señora Juanita de Cerro Navia paga tres veces más caro por su cuenta de luz, por el mismo KW hora que la luz que paga don Francisco en Miami, y eso es sencillamente porque el monopolio eléctrico hace y deshace en este país y no entendemos cómo las autoridades toman palco y no son capaces de actuar defendiendo el interés común”, concluyó.

Informaciones: Gwendolyn Ledger: 209 7028- Mitzi Urtubia S. 494 0233 - 92256238 www.patagoniasinrepresas.cl

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Un desprotegido Parque Nacional Laguna San Rafael

Peter Hartmann, Director de CODEFF Aisén, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida.

En enero de 2006, en una visita a El Saltón del Río Baker y el Paso San Carlos, nos encontramos con campamentos y trabajos de prospección geológica con maquinaria y apoyo de helicóptero a ambos lados del río. En las fotos respectivas, inclusive aquellas de un sobrevuelo que efectuamos por casualidad, se observan claramente esas instalaciones, senderos, escaleras y plataformas despejadas, principalmente en el costado norte del río.

Fue el poblador vecino a ese lugar, Atilio Sánchez, quién nos advirtió que ahí es parte del Parque Nacional Laguna San Rafael. Llegando de vuelta a Coyhaique, revisamos además el catastro de tenencia de la tierra del Ministerio de Bienes Nacionales, donde en la lámina Nº 82, efectivamente el lugar figura como “PN” y el costado sur como “FD” (fiscal disponible). Es mas, nos encontramos con que en el oficio 2322 del 19.12.2005, el Seremi de BBNN, respondiendo una solicitud del Director Proyecto Hidroeléctrico Aysén de Endesa, le contesta: “En cuanto a la parte norte de esa zona. Los Terrenos pertenecen al P.N. Laguna San Rafael administrado por la Conaf razón por la cual no es posible autorizar los trabajos indicados”.

Tras denunciar estos hechos a Conaf y Conama, para nuestra sorpresa, la primera nos respondió que ese lugar no seria Parque Nacional según su sistema de información geográfico, SIG, y peritaje con GPS en terreno efectuado a causa de nuestra denuncia. Mayor aun fue la sorpresa al revisar el SIG (el mismo) en Bienes Nacionales, en el cual ese lugar figuraba claramente como PN…Al observar con detención el dibujo del SIG entregado por Conaf. Se aprecia como sobre-dibujaron con línea roja su propia interpretación de deslinde.

Ante nuestros reclamos públicos y a BIENES nacionales, la Seremi Subrogante, aparentemente presionada desde arriba, responde el 9.2.2006, el fax recibido desde Endesa el día anterior, autorizando el ingreso al “retazo fiscal ubicado en la ribera norte del Río Baker” y que las actividades que se realicen “no involucran el ingreso en el área del Parque”. A diferencia de esta “regularización instantánea”, a nosotros Bienes Nacionales demoró seis meses, y tras insistirles, en responder las consultas sobre este asunto. Por su parte, Conama se lavó olímpicamente las manos, aunque también se le había insistido incluso con una presentación jurídica ante su Directora Nacional, justificándose en que esos trabajos solo eran estudios.

La cuestión es que en aquel entonces, frustrados, no supimos como continuar luchando contra los molinos de viento de los “burrocratas estatales”, expertos en justificar lo injustificable y acomodar  y borrar con oficios sus negligencias. Solo atinamos a proseguir en un infructuoso intercambio de misivas con Conaf,  del cual se puede deducir que, lo que ellos denominan como “constante supervisión” a los trabajos en El Saltón, había consistido en una sola visita y que no se  exigió Plan de Manejo Forestal, el que sí existió en todas las demás prospecciones. Por cierto que además volvimos a aprender sobre el doble estándar de cómo se trata a los poderosos vs. a los pobladores y organizaciones ciudadanas y de la escasa importancia que tienen las Áreas Silvestres Protegidas para quienes se supone deben velar por ellas.

Vale agregar que algunos meses después, ocurrió que contratistas de Vialidad – MOP fueron denunciados por efectuar obras sin evaluación ambiental en el P.N. Queulat. Esa vez, la jugarreta fue al revés; Conaf aseguraba el lugar era Parque pero por “orden de arriba” (de la misma Intendenta del caso El Saltón), se anularon los reclamos con el argumento de que Bienes Nacionales era la responsable de fijar el deslinde…Y ese informe nunca se llegó a conocer. De paso, este proceder llevó a la muerte del Consejo Consultivo de Áreas Silvestres Protegidas. 

Años después, en septiembre 2010, ante una consulta a causa de la tramitación

del Monumento Nacional Paso San Carlos, el Seremi de Bienes Nacionales nos envía copia de cartografía del SIG en que el famoso y polémico lugar supuestamente fiscal al norte de El  Saltón del Baker ¡aparece como Parque Nacional! y el costado sur arrendado a HidroAysén. Ante mi asombro y pregunta, se me respondió que el lugar nunca había dejado de ser Parque Nacional (¡plop!). Para mas remate, en  la calle un funcionario de CONAF me cuenta que habían constatado que efectivamente ese lugar es parte del P.N. Laguna San Rafael. Esto llevó a pedirle explicaciones a esa Corporación vía Ley de Transparencia.

De la parcial respuesta del actual Director de Conaf, quien como funcionario había ido en helicóptero de la empresa al lugar a efectuar el peritaje y redactó la respuesta de febrero 2006, se deduce que, en un estudio encargado por HidroAysén, a causa de otra duda de deslindes, “descubrieron” que su “interpretación” era errónea. Con eso queda mas que clara la poca seriedad del actuar de Conaf, que constantemente desconoce los deslindes de las áreas que se supone debe proteger, y que ante la duda, en vez de aplicar criterio preventivo e investigar en profundidad lo que sí sabían los vecinos, Bienes Nacionales y se apreciaba en la cartografía del SIG, dejaron hacer y deshacer a gusto a los contratistas de Endesa en ese Parque Nacional. Por lo demás, el actual Director Regional de Conaf, cuando se le menciona el tema  de la posible inundación y represa en ese lugar del Parque, tema en que esa Corporación se contradice en la tramitación del EIA,  responde algo así como: “que para que arman problema por un lugar que consiste en puras rocas”. Rocas (como lo son también las Torres del Paine y el Fitz Roy) en las cuales, entre otros, habitan huemules y aparte de ser Área Silvestre Protegida, de esas que Conaf está a cargo aunque no le guste, también fue declarada Reserva de la Biosfera por UNESCO en 1979.

Ante la sensación de haber sido engañados y constatar el incumplimiento de sus obligaciones por parte de servicios públicos, reclamamos ante la Contraloría Regional. Por desgracia, ésta no ahondo en el tema y se quedo tranquila con la respuesta justificadora de Conaf y nada pasó. Por lo tanto, apelamos y ahora el caso esta siendo visto por la Contraloría General. Y también aprovechamos de incluirlo entre las irregularidades e ilegalidades denunciadas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en su audiencia en Coyhaique. Así, en lo que respecta a nosotros al menos, tenemos nuestra conciencia tranquila de haber hecho lo posible en resguardar un patrimonio natural nacional y mundial.

http://www.eldivisadero.cl/noticias/?task=show&id=27515

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