La minería de oro y plata amenaza a los pueblos indígenas y al medioambiente de México
Por Verónica Ramos
La ONU se ha sumado a las voces en contra de proyecto de una empresa canadiense y planea intervenir directamente
Desde tiempos inmemoriales, el pueblo indígena de la etnia Wixárika (huichol), proveniente de los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit y Durango, realizan cada año la peregrinación al sitio sagrado de Wirikuta, recreando así la larga ruta que recorrieron sus antepasados hasta el desierto de Real de Catorce, en San Luis Potosí. Ahí recolectan su planta sagrada, el peyote, y oran por la preservación de su antigua cultura y de la vida en el planeta.
Sin embargo, las 22 concesiones que recibió la empresa canadiense First Majestic Silver Corp. para la apertura y explotación de minas de oro y plata han puesto en riesgo la subsistencia de estos pobladores, así como de los recursos ambientales de la zona, que es un área natural de más de 140.000 hectáreas, protegida desde 1994.
En las 6.326 hectáreas en donde la empresa minera busca instalarse, en siete municipios potosinos, uno de los elementos que corren mayor peligro es el agua, ya que los manantiales de la región pueden resultar contaminados por los químicos que se utilizan normalmente en la industria extractiva, entre ellos el cianuro, según reportó el diario La Jornada en marzo de 2010. Además, provocarían el desecamiento de cuencas hídricas que, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional del Agua, se encuentran ya sobreexplotadas y tienen muy poca capacidad de recuperación.
Ante tal situación, desde hace unos cinco años, la Unión Wixárika ha emprendido una batalla contra las autoridades locales y las empresas interesadas en explotar las riquezas mineras de la región, en pos de que sean verdaderamente respetados los decretos gubernamentales que, en teoría, protegen sus territorios.
El 28 de abril de 2008, el presidente Felipe Calderón firmó, junto con los gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, el Pacto de Hauxa Manaka’a, con el que se comprometió a preservar los lugares sagrados del pueblo huichol, particularmente Wirikuta. Con el avance del proyecto, las autoridades no sólo están violando éste, sino también diversos tratados internacionales en materia de protección ambiental.
Entre las diversas acciones de lucha emprendidas ante la situación, representantes del pueblo Wixárika han visitado el Senado de la República para expresar su inconformidad. Asimismo, buscan que Wirikuta sea declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad; desde 1988 es parte de la Red Mundial de los Sitios Sagrados Naturales.
La Organización de las Naciones Unidas se ha sumado a la serie de voces que se han levantado en contra de proyecto y planea intervenir directamente. El relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, aseguró que está pidiendo a las autoridades federales intervenir en las negociaciones con la empresa minera, con la finalidad de evitar atropellos.
Actualmente, diversas organizaciones y ciudadanos trabajan conjuntamente en temas políticos, jurídicos, culturales, ambientales, económicos y sociales con el propósito de diseñar y facilitar estrategias económicas alternativas a la actividad minera para la región. Disponen de una página en Facebook llamada Salvemos Wirikuta, así como blogs relacionados.
La Vanguardia
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