LA DEFENSA DEL MAR FRENTE A LA CORRUPCIÓN, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL INTERÉS DE LAS FORESTALES

Para reafirmar el rechazo al ducto contaminante, Eliab Viguera, uno de los activos participantes de la defensa del mar de Mehuin hace un recuento para Radio del Mar, acerca de lo que ha ocurrido en esos territorios en que la Papelera CELCO ha intervenido las comunidades locales através del dinero y el ofrecimientos de pequeños proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. Pero también influyendo directamtene en la decisión de las autoridades que han guardado silencio o simplemente han apoyado abiertamente las intenciones de esta compañía forestal.

Por: Eliab Viguera
Comité de Defensa del Mar
Mehuín, Valdivia
19 de octubre de 2011

Mehuin es una localidad costera ubicada en la provincia de Valdivia, habitada por población chilena y también parte del territorio Mapuche Lafkenche. La población local vive  en parte  de las actividades pesqueras, de extracción y cultivo de mariscos y  recolección de algas. La  agricultura de subsistencia, intercambio de productos con otros territorios y comunidades  indígenas y el turismo, son actividades que regularmente son ejercidas por la amplia población mapuche lafkenche. La rica diversidad marina potenciada por los nutrientes que se desarrolla como consecuencia del gran estuario del rio Lingue, afectado significativamente por las fluctuaciones de mareas,  genera una enorme productividad marina de la cual no solo los pescadores artesanales y las comunidades lafkenches aprovechan estos recursos, sino que también  la flota de cerqueros “artesanales de la region de los rios” y  los buques de la gran industria pesquera que violan las zonas de pesca e ingresan a extraer valiosos recursos pelágicos y de fondo.

DERECHOS SOBRE RECURSOS Y ZONAS MARINAS
En los últimos años la comunidad de Mehuin se ha visto enfrentada a diferentes visiones respecto a la propiedad de los derechos tanto de los recursos como de las zonas marinas. Por un lado está la visión de la gran industria y de un sector de los pescadores artesanales que reclaman derechos históricos de propiedad para explotar los recursos marinos. Y por otro, esta la posición de los mapuche lafkenches que afirman poseer derechos consuetudinarios, de propiedad,  de uso, de convivencia, de los recursos marinos,  es decir todo lo que es el territorio costero marino. Estas dos posiciones encuentran argumentos en leyes estatales como la Ley de Pesca, para los pescadores artesanales y la gran industria, y la Ley Lafkenche, para las comunidades mapuche lafkenches.

Por tanto, se puede afirmar que  aunque es histórica la presencia de los pescadores artesanales, no son  los primeros usuarios que ha tenido el mar, respecto al manejo de los recursos. Nosotros vemos en los relatos que hemos tenido que enviar a la autoridades, relatos que tienen que ver con el proceso de la tramitación de las solicitudes de espacio  costero marino  de los pueblos originarios, en el marco de la Ley Lafkenche, que las comunidades tienen uso de los recursos y espacio marino de cientos de años. Estamos hablando de comunidades, de pueblos costeros originarios que han hecho un uso racional, un uso respetable de los recursos y eso tiene que ver con la relación de los pueblos ribereños indígenas con la naturaleza, además con el nexo que tienen con otras comunidades  originarias  del interior. Entonces no se puede decir que son los pescadores artesanales, los primeros o históricos usuarios del mar.  Yo soy pescador, pero tengo que decir la verdad, no puedo esconder esto, son las comunidades, los pueblos originarios los primeros. Después venimos nosotros los pescadores artesanales.

LEY LAFKENCHE
En esta Ley Lafkenche, ley 20.249, están incluidos estos elementos de los derechos sobre la zona costera, los recursos y los derechos de intercambio entre las comunidades ribereñas entre si y con las comunidades mediterráneas. La Ley primero considera el establecimiento del espacio costero mediante  requisitos puntuales;  que sean comunidades  indígenas constituidas  de acuerdo a la ley, que sean esas las comunidades que puedan optar al espacio marino, y además que estas demuestren el uso que han hecho sobre los recursos. Primero tiene que garantizarse esto y después viene la otra etapa del plan de manejo, si es que así se le puede llamar, del espacio costero, donde queda establecido que no solamente los titulares  como usuarios sean  los únicos que pueden acceder a este espacio. Porque estamos hablando de los usuarios y también puede resultar que los usuarios no solamente sean las comunidades indígenas, sino que también los pescadores artesanales u otros usuarios, como las comunidades del interior y que solo acuden en cierta fecha a la costa a extraer mariscos, algas o pescar desde la orilla.

La Ley dice que se establece el espacio marino costero en zonas donde no se han establecido jurídicamente espacios legales con anterioridad. Estamos hablando que si uno quiere que en un espacio objetivo, pudiese establecerse un espacio marino costero de pueblos originarios, las comunidades interesadas deben enviar una solicitud con un plano geo referencial  autoridad  competente (subpesca ), que revisa si hay algún otro establecimiento jurídico dentro del área que se está solicitando.

 Luego de esto, la autoridad envía una propuesta del espacio costero donde quedan fuera todos los espacios ya establecidos jurídicamente. Esto pueden ser áreas de manejo, aéreas de acuicultura, concesiones de playas que ya tienen establecimiento legal. Al entender eso, no podría haber complicaciones entre otras actividades económicas, como la pesca artesanal y las comunidades indígenas.  Si bien han proliferado algunas interpretaciones alejadas de toda razón, esto respecto a que ésta ley en particular coartaría la liberad de trabajo de un sector de la pesca artesanal, esta visión está muy alejada de la realidad y conocimiento real de la ley, puesto que el espíritu de la ley es rígidamente la protección de los recursos naturales.

AMENAZAS A LAS COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
Especialmente en esta zona de la Región de Los Ríos se han dado objetivamente varias amenazas ya que hay varios intereses en juego. Aquí primero existe desde la pesca artesanal un interés incluso hasta mezquino para que la Ley Lafkenche no se pueda aplicar,  ya que existen zonas donde opera la  flota semi industrial de captura de sardina y anchoveta. Por otro lado tenemos en el rio de Valdivia una vasta zona declarada  de interés de la salmonicultura, estamos hablando de la crianza de alevines, donde ya hay aprobadas como 18 o 19 concesiones salmoneras. Luego tenemos en la zona de Mehuin, otro interés que es derechamente  dañino, y que tiene el interés en el mar para  construir y poner en operación  un ducto de descarga de desechos industriales de una planta de celulosa. El interés de esta empresa, Celulosa Aracuco (CELCO), del grupo empresarial Angelini, que tiene inversiones en los sectores forestal, energético, minero y pesquero, ya no quiere el mar por sus recursos, ya no quiere el mar por el turismo, sino que simplemente lo quiere para basurero. Ese es un interés criminal.

Todo esto dificulta establecer un espacio marino costero de los pueblos indígenas en la Región de Los Rios. Donde, además, existen líneas políticas bastante claras respecto del interés de los gobernantes de  beneficiar a los empresarios porque hay una voluntad política de querer corromper a las comunidades costeras, comprando las conciencias y voluntades, y luego lo innegable del compromiso de facilitación administrativa de tramitación a favor de los grandes conglomerados económicos. Lo anterior es demostrable, pues son los propios órganos del Estado, estamos hablando de la Subsecretaría de Marina y la Subsecretaría de Pesca, que están colaborando malintencionadamente  para sesgar, restringir al máximo el ámbito de  la aplicabilidad de la Ley Lafkenche. En primer lugar en forma arbitraria, ilegal, y unilateral  resuelven dejar fuera del ámbito de aplicación los ríos y lagos navegables por buques de más de 100 toneladas (el rio lingue en Mehuin se encuentra en el listado de éstos), cuestión que se contradice con el texto de la Ley, el cual indica  que serán susceptibles  de ser declarados como espacio costero marino de pueblos originarios los bienes comprendidos en el borde costero que se encuentran bajo la supe vigilancia y administración del Ministerio de Defensa y la Subsecretaria de marina, de conformidad con el artículo 1 del decreto con fuerza de ley nº 340 de 1960 sobre concesiones marítimas. Por lo tanto en el ajustado entendimiento de la ley lafkenche (20.249), la delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios  estará determinada por la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario realizado en el, por los pueblos originarios interesados.  

INTERPRETACIÓN DE LA LEY PARA PRIVATIZAR
También hay posibilidades que se interprete la Ley u otras leyes para cambiar el sentido del derecho consuetudinario  o derechos a los recursos y comenzar poco a poco a traspasar a propiedad privada los derechos sobre estas zonas. Esto ocurre en la forma de transformar estos espacios en concesiones o que tengan carácter de hipoteca. Hay ejemplos de esto en el tema de la salmonicultura en que cambiaron la Ley y permitieron que los poseedores de esas concesiones acuícolas, que son bienes nacionales de uso público, puedan hipotecarlas para garantizar créditos en los bancos. Esto puede ocurrir con esta Ley o la Ley de Pesca. Existe un sector de la pesca artesanal que se ha comprometido con la clase empresarial destructiva, y que han buscado modificar la normativa que actualmente opera. Las vinculaciones que se han dado en Mehuin entre un sector de los pescadores, la Federación Ferepa del Bio-Bio, con la empresa forestal Arauco, siguen una sola línea, y esa línea está en la colaboración y asistencia reciproca para que por medio de éstos pseudo pescadores, transformar vastas zonas marítimas en basureros químicos, por supuesto a cambio de abultadas sumas de dinero para sus dirigentes en primer lugar y después a los pescadores asociados.

El modelo de cooptacion de voluntades opera con plena aceptacion de los sucesivos gobiernos en Chile. Es lamentable, pero no se puede ocultar. Han sido los gobiernos concertacionistas chilenos quienes han amparado la corrupción, traspasando una oscura herencia de violaciones a los derechos humanos  de comunidades violentadas y hasta militarizadas por las fuerzas policiales.   Pero nosotros hemos pasado de una etapa de violencia en este lugar en que una empresa  y el gobierno central quebranta la paz social, a una nueva etapa en donde hemos establecido un cerco clarísimo de protección para que no puedan instalar un ducto. Por ejemplo las áreas de manejo establecidas bajo la Ley de Pesca, hoy tenemos que tener un tal cuidado de que sean las propias instituciones del Estado quienes no modifiquen esto, porque obviamente, porque así ha ocurrido, que han tenido la intención de hacerlo.

Entonces hay que tener mucho cuidado, pero no solo con las instituciones del Estado. Hoy tenemos grandes organizaciones de representatividad de la pesca artesanal donde ya existe una clara colaboración  con las multinacionales  uno de estos conglomerados  es la Confepach,  la que instó a sindicatos de la zona de Perales, en la región del Maule, para que estos renunciaran a las áreas de manejo y con esto permitir la instalación de un ducto de celulosa de la papelera Nueva Aldea.

Esto mismo lo quisieron hacer aquí mediante la renuncia a un sector del área de manejo por parte de los pescadores artesanales. Frente a esto, aquí en Mehuin, los dirigentes de la defensa del mar son bastante avezados y tienen pleno conocimiento acerca de la ley y como opera. No fue difícil salir al camino de  uno de esos sindicatos que estaban operando en conjunto con CELCO, los que quisieron abrir un área de manejo para que la empresa instale su ducto. Nosotros reclamamos a la autoridad, y logramos que esa área de manejo, a la cual renunciaron un sector de los pescadores, siga manteniendo esa calidad, porque la Ley de pesca así lo exige.

Ahora, hay otra presión de los bancos para que las zonas marinas y los recursos pesqueros sean transables en bolsa y transferibles. A pesar que los pescadores y comunidades pueden seguir teniendo los derechos de propiedad, si se le agrega a esa ley la posibilidad de la transacción, se debilitan los derechos de uso de las zonas y recursos.

Aquí en la Región de la Araucanía, aledaña a la nuestra, vinieron funcionarios del gobierno a proponer establecer la primera línea del borde costero como AAA (Área Apta para la Acuicultura), eso es un intento de privatización del mar. Entonces están buscando la fórmula para privatizar el mar, y la fórmula es a través de concesiones, porque cuando uno concesiona ya tiene la base para poder transferir, incluso hipotecar. Mientras los  verdaderos  pescadores  artesanales y las comunidades  mapuche lafkenches estén vigilantes y con rechazo tajante a esa posibilidad, y mientras las zonas de manejo sigan teniendo su carácter para las que fueron realizadas, mientras las grandes organizaciones de pescadores no cambien el espíritu de las áreas de manejo, esto seguirá siendo parte del derecho de las comunidades costeras.

PAPELERA CELCO EN CORTE INTERNACIONAL
La gran amenaza que tuvimos en esta zona, que convirtió a Mehuin en un infierno de violencia, no ha logrado terminar con la resistencia a la instalación del ducto de descarga de tóxicos de la papelera. Entonces esta lucha se ha convertido en un claro referente para las comunidades y poblaciones amenazadas por todo tipo de proyectos invasivos y destructivos.

La Forestal Arauco y Constitución (CELCO), instaló una factoría de fabricación de celulosa en la comuna de San José de la Mariquina, pero como estas fábricas producen tantos desechos industriales, tienen que depositarlos en alguna parte y vieron a Mehuín como la zona ideal para instalar su cañería industrial. Son cerca de 35 kilómetros del ducto que proyectaron desde la factoría de celulosa, hasta la costa.

Desde la década de los ’90 la compañía comenzó toda la tramitación ambiental  para obtener los diferentes permisos. Pero hubo falta de transparencia y movimientos oscuros. Si no hubiese sido por nuestra porfiada oposición, si no hubiese sido por nuestra perseverancia aquí ya habría habido un ducto. Hubo mucha permisividad de la Armada a la cual se les solicitó en reiteradas veces información acerca de quién vino a hacer los estudios, cuándo vinieron, cuáles fueron las embarcaciones, cuándo zarparon, quiénes las tripularon y cuál era la experticia profesional de quienes hicieron las mediciones, donde ubicaron los correntómetros y otros instrumentos. Todas estas preguntas las realizamos, pero nunca respondieron.

Entonces todo eso cooperó para que no hubiese observaciones a estos estudios. Y a pesar de nuestras preguntas, se siguió adelante con el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Compañía con datos falsos. Todos estos asuntos conformaron una falta grave.

Pero lo más grave fue que nuestra comunidad fue brutalmente quebrantada por una empresa que lo hizo con permiso del Gobierno. Aquí hubo gran violencia, incluso con amenazas e intentos de muerte. ¿Cómo se puede entender que nuestros propios compañeros, con los cuales defendíamos el mar, después nos atacarán?

 Fuera de ello el propio ministerio Público se vio enredado en todo este asunto porque en ese tiempo había una fiscal local, que estaba llevando todos los procesos acerca de la violencia aquí, pero esa fiscal  tiene todos sus parientes aquí en Mehuin  que se vendieron a CELCO, además de eso, esta fiscal participó abiertamente en un juicio de acción privada donde fue a asesorar a la gente de CELCO.

Entonces, todo esto es parte de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, tiene que ver con el derecho de las comunidades indígenas a los territorios, a sus lugares ancestrales. El trazado del ducto, especialmente en la zona de Puringue, determinó su paso en medio de un cementerio  mapuche  y por un lugar donde se celebran los Nguillatunes, la principal ceremonia del pueblo Mapuche. Entonces eso es una transgresión al derecho que tienen las comunidades indígenas, derecho garantizado por el Convenio 169 de la OIT.

Además, estas comunidades y todas las que defienden el territorio marítimo costero, nunca fueron consultadas sobre este proyecto tal como lo obliga el artículo 6 y 7 del Convenio 169. Entonces una vez agotadas todas estas instancias primero reclamadas al interior del Estado chileno no nos quedó otra opción que ir a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) con esta denuncia.

A pesar de esta oposición de más de 15 años, y del alegato que se dará en la CIDH, la Compañía sigue intentando instalar su ducto. Lo que está haciendo ahora es desechar líneas que supuestamente a ellos les iban a servir, en este caso los pescadores artesanales de Mehuin que se vendieron. Estos ya no les sirven porque existen otras leyes que no están en manos de los pescadores artesanales, como es la Ley Lafkenche en que entran ahí en la discusión las comunidades indígenas. Ya no le sirven los pescadores y en este caso los desechan.

Y la empresa sigue queriendo establecer mayores lazos de beneficios ahora con las comunidades indígenas tendiendo lazos afectivos para que finalmente sean las comunidades Mapuche, en una supuesta votación libre, que ellas decidan si la empresa puede instalar o no, con su ducto al mar.

Obviamente la empresa no va a bajar los brazos, la empresa sigue presionando, y no solo a las comunidades indígenas, pues presiona a los órganos del Estado para que no se implementen los espacios marino costero de los pueblos indígenas. Presiona para que no se implemente la Ley Lafkenche.

Pero la defensa del mar se va a dar a nivel de mar. Aquí  a nivel de mar nos vamos a tener que ver las caras y ya nos estamos viendo las caras porque quisieron abrir un área de manejo y no les sirvió, después CELCO se involucró con una comunidad indígena que realizó una  solicitud de espacio marino costero en toda la bahía, esta comunidad aceptó el dinero de Celco y desistió de un sector de la petición para que se instalara el ducto en esa zona, y la empresa creyó que con eso bastaba. Entonces otra comunidad actuó como tapón y bloqueó el intento de Celco. Así aparecieron otras solicitudes de espacios costeros hasta que hoy día ya no hay forma de que la empresa pueda corrompernos respecto a que pueda vulnerar la Ley Lafkenche, especialmente las solicitudes. Así que por lo tanto, la empresa sigue avanzando, pero nosotros también seguimos avanzando, oponiéndonos al ducto y defendiendo el mar.