Argentina: Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación entre fumigaciones y cáncer
Es el primer caso en el que se toma una medida de este tipo. Imputaron a dos productores por "contaminación dolosa". Otras dos causas similares van a juicio el 11 de junio.
Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. La medida fue dictada ayer por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos productores rurales en una de las causas en las que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó Anexo.
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004, denunciados por la Fundación para el Medio Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas 10.505 (Emergencia ambiental en Ituzaingó Anexo) y 10.590 (que prohíbe fumigar a menos de 2500 metros de las viviendas del barrio). La causa es paralela a la que entrará a juicio el 11 de junio. En ese proceso se investigarán las fumigaciones clandestinas en el lugar, pero no las secuelas de la contaminación.
Dos de los que se sentarán en el banquillo de acusados el mes próximo son los imputados ayer: los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra.
La Funam pide que se investigue a “todos los responsables” y que “se establezca la relación de causalidad entre las conductas denunciadas” y las muertes y “el impacto en la salud a casi cinco mil vecinos del lugar”.
Relevamientos. El fiscal contaba con estudios previos de organismos públicos de los que se desprenden que hay tres posibles causas contaminantes: la fumigación clandestina, los transformadores de Epec con PCB, y el agua contaminada por arsénico y plomo. El “cóctel” contaminante habría dejado enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
La causa se inició en 2002 y la instrucción inicial recayó en la Fiscalía Federal Nº3, pero luego pasó a la Justicia Provincial. Tras varios años de parálisis, ahora se analizan los casos desde el enfoque de la ley de residuos peligrosos 24.051.
Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos de cáncer, y más de 30 muertes por esa enfermedad. Si se establece que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en estos casos, la figura de “contaminación dolosa” sería agravada con “resultado de muerte”, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.
En el barrio de Ituzaingó Anexo fue vital la lucha de las madres, que consiguieron la provisión de agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionaran una ordenanza y una ley para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas en toda Córdoba.
Premio ambiental
Distinción. Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingó, recibió el 16 de abril el Premio Goldman, el “Nobel Verde” que se otorga a un líder ambiental de cada continente. Se trata de la primera argentina en obtener tamaña distinción.
Relevamiento. Las Madres de Ituzaingó y los equipos de Atención Primaria del barrio relevaron cantidades anormales de vecinos enfermos de cáncer y otras graves afecciones de origen ambiental.
LAVOZ www.lavoz.com.ar
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AGROQUÍMICOS: OTRA VOZ INSTITUCIONAL DE LOS PROFESIONALES DEL AGRO
El Nº 118 de AGROPOST de la CPIA correspondiente al mes de febrero/2012, dedica las 18 primeras paginas, de un total de 28, a difundir acríticamente las actividades del SENASA, transformándose así en un órgano de difusión institucional de esa entidad.
AGROPOST es la publicación institucional del Consejo de Ingeniería Agronómica (CPIA), con Jurisdicción Nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajos que aparecen en el número 118 de febrero/2012 están escritos por los mismos profesionales que integran la grilla del SENASA.
En esas descripciones en particular, o en las publicaciones de AGROPOST en general, no aparecen, entre tantas otras cosas:
· Que desde 1996 hasta el 2009, en todo el período en que se aprobaron la mayoría de los cultivos transgénicos y se difundieron los sistemas de cultivos que los incluyen, la estructura de la conducción superior del SENASA estuvo constituida principalmente por una Concejo de Administración integrado mayoritariamente por representantes de organizaciones que nuclean a los empresarios cuya actividad debe ser regulada por la misma institución de la cual integran la estructura ejecutiva, y cuya competencia estaba así reñida con lo prescripto por la Ley 25188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
· Que a partir del 2009, a pesar de haberse transformado el Consejo de Administración en un Consejo Asesor, siguen dominando absolutamente las voces y los intereses de las empresas que se benefician con el uso de los pesticidas, estando sin representación las voces de los afectados por los riesgos y daños que generan su uso.
· Que, en el ámbito donde se regulan los conflictos derivados del uso de los pesticidas, estaban y siguen estando dominados por quienes causan los riesgos y daños, y estaban ausentes los representantes de quienes los padecen, a saber los trabajadores agrarios, las poblaciones afectadas por las derivas de las fumigaciones y las personas que llevan los producto alimenticios así elaborados a su mesa para alimentar a su familia.
· La responsabilidad del SENASA en los daños y riesgos al ambiente y a la salud que la metodología de clasificación de los pesticidas desencadenan en las normativas provinciales y locales, principalmente pero no solo sobre la salud de la población afectada. Dicha metodología toma como sustento una publicación de la OMS que dice taxativamente que ese organismo internacional no se hace responsable de las consecuencias de su aplicación, y que nunca la clasificación realizada con la DL50 aguda debe ser tomado como criterio principal sino como criterio complementario.
· Que los laboratorios inscriptos en la Red de Laboratorios del SENASA que realizan ensayos toxicológicos de los agroquímicos, incluyen, en un grado muy importante, a los que están vinculados o son las mismas empresas que los producen y comercializan. De esta manera, estarían haciendo las veces de jueces y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos pulverizados que dañan cada vez más al ambiente y a las personas afectadas.
· Tampoco hace referencia a la actuación reciente del SENASA en lo que hace a la ampliación por dos años más del uso del endosulfán en la Argentina, producto ya prohibido en otros países, obligando a la población a padecer las consecuencias sobre la salud y el ambiente, con el único justificativo de defender los intereses de las empresas que lo comercializan y lo utilizan.
· Además, y en el mismo sentido, esa nómina permite contravenir la RESOLUCIÓN 736/2006 SAGPYA, que crea y regula la Red Nacional de Laboratorios de Ensayo y Diagnóstico dependiente de la Dirección de Laboratorios y Control Técnico del SENASA, que en su Art. 9º expresa:
“Los laboratorios Autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio.”
· Tampoco el AGROPOST de febrero dedicado al SENASA hace comentario alguno sobre las denuncias judiciales contra el SENASA respecto a los alimentos con restos de pesticidas por encima de los límites regulados por la misma institución; ni que en el en la Red de Laboratorios inscriptos para realizar los ensayos toxicológicos de los pesticidas hay laboratorios que pertenecen a las mismas empresas que patenta, producen y comercializan estos productos.
Causa también dolor e indignación profesional que la CPIA no haya tomado medida ni solicitado informe alguno con respecto a situaciones gravosas donde participaron o pudieron haber participado ingenieros vinculados al agro, como el caso de los cultivos donde de denunciaron trabajadores en situación de semiesclavitud, fumigaciones cercanas a poblaciones y escuelas, tanto aéreas como terrestres, la falta de controles sobre los productos realmente pulverizados, el tráfico ilegal de pesticidas, el uso de niños banderilleros para señalizar fumigaciones aéreas, y tantas otras.
Este tipo de posturas como las que lleva adelante el CPIA, es lo que hace que la población afectada tenga, con razón, una opinión cada vez de mayor desvaloración y crítica de los profesionales vinculados al agro, ya que los ve actuando privilegiando sus intereses económicos directos y la de sus asesorados, sin darle la importancia que requieren a los riesgos y daños sobre el ambiente y sobre la salud de la población y las actividades productivas afectadas que genera la aplicación masiva de estos productos.
Y es también por ese motivo que la imagen y consideración de esos profesionales se vea cada vez más deteriorada.
A pesar de ello, la población en general y los profesionales en particular debemos saber no todos los profesionales del agro matriculados en los colegios profesionales pensamos de la manera como se difunde por AGROPOST, especialmente en su Nº 118.
Ing. Ftal. Claudio Lowy – UNLP - Mat. 00299 - Master en Desarrollo Humano Sostenible-Catedra UNESCO
