Chevron: 50 años de impunidad
Toni Martínez
(LA MAREA)
En 1964, la petrolera Texaco (que años después sería absorbida por Chevron) llegaba a Ecuador. Allí firmó con el gobierno un contrato de concesión para la extracción de petróleo. Empezaba la contaminación de la Amazonía de ese país que culminó con la expulsión de la compañía a principios de los años 90. Años más tarde, el 12 de noviembre de 2013, la Corte Suprema ecuatoriana, en una sentencia histórica, confirmó definitivamente (tras 20 años de litigios) la condena a Chevron, que le obliga a pagar 9.500 millones de dólares por los daños medioambientales que ha ocasionado en la región.
Pese a esa sentencia, el pueblo ecuatoriano no ha recibido ni un solo dólar. De ahí que, este año, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de Accionistas de la compañía, cientos de entidades de todo el mundo hayan convocado actos para rechazar las prácticas dañinas para el Medio Ambiente de la compañía petrolera.
Desde el Comité Español en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana (CEDAEC), recuerdan que Chevron-Texaco “ha devastado la naturaleza en los países donde opera, ha llenado de muerte y enfermedades a los habitantes de dichas zonas, ha violado los derechos personales y colectivos de las personas y los pueblos, y explota, daña y se enriquece pero nunca responde por sus actos que violan los Derechos Humanos”.
Es el caso de Ecuador, donde la empresa perforó y operó 356 pozos de petróleo en la zona, abriendo para ello 1.000 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento. En ellas, arrojó residuos de todo tipo -principalmente petróleo, lodos de perforación y aguas tóxicas- que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de vida de los miembros de las comunidades locales. De hecho, se calcula que se vertieron aproximadamente 80.000 toneladas de residuos tóxicos en la selva amazónica ecuatoriana, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Por estos daños ambientales y por las afectaciones a más de 30.000 personas pertenecientes a varias comunidades amazónicas, la empresa fue sentenciada judicialmente.
Sin activos en Ecuador
Pese a que hay una sentencia firme, esa sentencia no se ejecuta porque Chevron-Texaco “no tiene activos en Ecuador”, explica el abogado Pablo Fajardo. Ahora su lucha se plantea en otros países donde la empresa sí tiene activos: Estados Unidos, Canadá, Brasil…
Pero no es fácil. De hecho, en marzo de este mismo año, un tribunal norteamericano decretó que la sentencia dictada en Ecuador es “corrupta y fraudulenta”. Según el auto, el abogado neoyorquino Steven Dozinger y los abogados ecuatorianos “redactaron ellos mismos la sentencia” e incluso se afirma que prometieron 500.000 dólares al juez si al final la firmaba.
La sentencia del tribunal norteamericano ha conseguido el efecto contrario, la demandada ha pasado a ser demandante y Chevron ha conseguido ganar una doble batalla. Por un lado, paraliza el proceso judicial contra ella y por otro ha obligado a la firma de abogados Patton Boggs, con sede en Washington, a pagarle 15 millones de euros a la compañía por fraude, engaño y acusación maliciosa.
Cerrada la puerta de Estados Unidos y de Venezuela o Argentina, según denuncian activistas como Donald Moncayo, “porque pesan más los intereses económicos y petroleros que la justicia”, sólo les queda confiar en Canadá o Brasil, donde el proceso judicial para embargar las cuentas de Chevron sigue adelante.
Desde CEDAEC exigen que Chevron-Texaco cumpla con la sentencia de la justicia ecuatoriana y pague los montos fijados para reparar colectivamente a las personas damnificadas. En el mismo sentido, rechazan las demandas de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya contra el Estado ecuatoriano, por atentar contra la seguridad jurídica y la soberanía ecuatoriana.
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21-M: Declaración de los pueblos argentinos en contra de Chevron
OPSUR
Como organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas, asambleas; venimos hoy, en este Día Internacional Anti Chevron, a pronunciarnos desde Argentina en contra de esta empresa que ha ingresado a nuestro territorio de la mano del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial de Neuquén, violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social.
Este Día Mundial Antichevron es muy significativo, pues nos permite mostrar al mundo la violación de nuestra soberanía en favor de intereses norteamericanos, y al mismo tiempo demostrar que es una empresa que ha dejado una estela de contaminación ambiental y social en los distintos países donde ha operado, no solo en Argentina, Estados Unidos, Nigeria, Ecuador y Rumania, sino también en una decena de otros países. Por esto hacemos un llamado a todo el mundo para tomar conciencia sobre lo que implica esta empresa, la tercera corporación más grande de Estados Unidos, y a impedir que se siga perpetuando su política de devastación de nuestros territorios en función de sus propios intereses.
A pesar de que Chevron ya operaba en el territorio nacional desde hace más de una década, el año pasado se asoció con YPF para realizar el primer desarrollo masivo de yacimientos no convencionales en Latinoamérica. Para que se hiciera el acuerdo, Chevron impuso sus términos, que eran dos: que se destrabara el embargo interpuesto por los afectados por Chevron en Ecuador para el pago de la remediación ambiental de su territorio, cosa que hizo en junio la Corte Suprema; y una serie de beneficios: exenciones fiscales y promoción productiva para la exportación. Esta última fue cumplida con la firma por parte del Gobierno Nacional por medio del decreto 929/13. La semana pasada la Cámara Federal ratificó que la Presidenta Cristina Fernández puede ser investigada por la firma de este decreto, por presunto beneficio directo a Chevron y por la posibilidad de impacto ambiental a partir de la utilización de la técnica de fractura hidráulica o fracking. Este es un avance importante ya que va en la misma línea de lo que venimos denunciando: la firma del acuerdo Chevron YPF implicó una pérdida de soberanía para el país, al legislar el Ejecutivo de acuerdo a los intereses de la empresa y no el interés nacional.
La provincia de Neuquén a través del poder ejecutivo y legislativo, allanó el camino para el convenio, reprimiendo a las miles de personas que protestaban en contra de él. La firma entre Neuquén-YPF , ademas implicó la violación de los derechos colectivos de la comunidad mapuche Campo Maripe, cuyo territorio fue concesionado para el plan piloto de explotación, sin consentimiento libre, previo e informado, en los términos establecidos por la legislación nacional e internacional vigente. Posteriormente tres casas de la comunidad fueron quemadas por desconocidos.
Chevron viene a nuestro país a impulsar la política del fracking, una nociva técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales, que multiplica los riesgos de contaminación de nuestro territorio. Ésta es principalmente una estrategia impulsada por el Departamento de Estado de EEUU, política de la cual Chevron ha sido uno de los principales beneficiarios. Consideramos que la alianza con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos.
Así como Chevron llegó de la mano del gobierno nacional para desarrollar el fracking en Argentina con Latinoamérica en perspectiva; también lo hizo en otros países, como Rumania con el objetivo de avanzar sobre Europa del este y de esta manera disminuir la influencia tanto de los países de la OPEP (que incluye a Venezuela) como de Rusia. La férrea defensa del pueblo rumano impidió el avance de Chevron, sin embargo la amenaza de que la petrolera norteamericana fracture el suelo de Rumania aún sigue latente. Es por esto que nos unimos a una convocatoria mundial contra Chevron, porque consideramos que así como se quiere romper con la soberanía de nuestro pueblo, lo mismo se busca hacer en otros países, con un libreto repetido, como es el caso de Rumania.
También nos solidarizamos con los hermanos de Ecuador que han sufrido por el accionar del Chevron el peor desastre petrolero de la historia que tras 20 años de litigio ha negado, y evadido su obligación a pagar la justa remediación ambiental del territorio amazónico a pesar de estar condenada por todas las instancias judiciales ecuatorianas. Exigimos la indemnización al pueblo ecuatoriano y somos conscientes de que buena parte de la suerte judicial de nuestros hermanos depende de que los tribunales argentinos se ajusten a derecho, aplicando los tratados bilaterales firmados en la materia y reconozcan así la sentencia emanada desde Ecuador.
¡Por una verdadera soberanía energética: fuera Chevron y todas las empresas que saquean nuestros bienes comunes!
¡No al fracking. Ni en Argentina ni en Rumania ni en ningún lugar del mundo!
En 1964, la petrolera Texaco (que años después sería absorbida por Chevron) llegaba a Ecuador. Allí firmó con el gobierno un contrato de concesión para la extracción de petróleo. Empezaba la contaminación de la Amazonía de ese país que culminó con la expulsión de la compañía a principios de los años 90. Años más tarde, el 12 de noviembre de 2013, la Corte Suprema ecuatoriana, en una sentencia histórica, confirmó definitivamente (tras 20 años de litigios) la condena a Chevron, que le obliga a pagar 9.500 millones de dólares por los daños medioambientales que ha ocasionado en la región.
Pese a esa sentencia, el pueblo ecuatoriano no ha recibido ni un solo dólar. De ahí que, este año, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de Accionistas de la compañía, cientos de entidades de todo el mundo hayan convocado actos para rechazar las prácticas dañinas para el Medio Ambiente de la compañía petrolera.
Desde el Comité Español en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana (CEDAEC), recuerdan que Chevron-Texaco “ha devastado la naturaleza en los países donde opera, ha llenado de muerte y enfermedades a los habitantes de dichas zonas, ha violado los derechos personales y colectivos de las personas y los pueblos, y explota, daña y se enriquece pero nunca responde por sus actos que violan los Derechos Humanos”.
Es el caso de Ecuador, donde la empresa perforó y operó 356 pozos de petróleo en la zona, abriendo para ello 1.000 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento. En ellas, arrojó residuos de todo tipo -principalmente petróleo, lodos de perforación y aguas tóxicas- que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de vida de los miembros de las comunidades locales. De hecho, se calcula que se vertieron aproximadamente 80.000 toneladas de residuos tóxicos en la selva amazónica ecuatoriana, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Por estos daños ambientales y por las afectaciones a más de 30.000 personas pertenecientes a varias comunidades amazónicas, la empresa fue sentenciada judicialmente.
Sin activos en Ecuador
Pese a que hay una sentencia firme, esa sentencia no se ejecuta porque Chevron-Texaco “no tiene activos en Ecuador”, explica el abogado Pablo Fajardo. Ahora su lucha se plantea en otros países donde la empresa sí tiene activos: Estados Unidos, Canadá, Brasil…
Pero no es fácil. De hecho, en marzo de este mismo año, un tribunal norteamericano decretó que la sentencia dictada en Ecuador es “corrupta y fraudulenta”. Según el auto, el abogado neoyorquino Steven Dozinger y los abogados ecuatorianos “redactaron ellos mismos la sentencia” e incluso se afirma que prometieron 500.000 dólares al juez si al final la firmaba.
La sentencia del tribunal norteamericano ha conseguido el efecto contrario, la demandada ha pasado a ser demandante y Chevron ha conseguido ganar una doble batalla. Por un lado, paraliza el proceso judicial contra ella y por otro ha obligado a la firma de abogados Patton Boggs, con sede en Washington, a pagarle 15 millones de euros a la compañía por fraude, engaño y acusación maliciosa.
Cerrada la puerta de Estados Unidos y de Venezuela o Argentina, según denuncian activistas como Donald Moncayo, “porque pesan más los intereses económicos y petroleros que la justicia”, sólo les queda confiar en Canadá o Brasil, donde el proceso judicial para embargar las cuentas de Chevron sigue adelante.
Desde CEDAEC exigen que Chevron-Texaco cumpla con la sentencia de la justicia ecuatoriana y pague los montos fijados para reparar colectivamente a las personas damnificadas. En el mismo sentido, rechazan las demandas de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya contra el Estado ecuatoriano, por atentar contra la seguridad jurídica y la soberanía ecuatoriana.
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21-M: Declaración de los pueblos argentinos en contra de Chevron
OPSUR
Como organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones indígenas, feministas, asambleas; venimos hoy, en este Día Internacional Anti Chevron, a pronunciarnos desde Argentina en contra de esta empresa que ha ingresado a nuestro territorio de la mano del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial de Neuquén, violando nuestros derechos y reprimiendo nuestra justa protesta social.
Este Día Mundial Antichevron es muy significativo, pues nos permite mostrar al mundo la violación de nuestra soberanía en favor de intereses norteamericanos, y al mismo tiempo demostrar que es una empresa que ha dejado una estela de contaminación ambiental y social en los distintos países donde ha operado, no solo en Argentina, Estados Unidos, Nigeria, Ecuador y Rumania, sino también en una decena de otros países. Por esto hacemos un llamado a todo el mundo para tomar conciencia sobre lo que implica esta empresa, la tercera corporación más grande de Estados Unidos, y a impedir que se siga perpetuando su política de devastación de nuestros territorios en función de sus propios intereses.
A pesar de que Chevron ya operaba en el territorio nacional desde hace más de una década, el año pasado se asoció con YPF para realizar el primer desarrollo masivo de yacimientos no convencionales en Latinoamérica. Para que se hiciera el acuerdo, Chevron impuso sus términos, que eran dos: que se destrabara el embargo interpuesto por los afectados por Chevron en Ecuador para el pago de la remediación ambiental de su territorio, cosa que hizo en junio la Corte Suprema; y una serie de beneficios: exenciones fiscales y promoción productiva para la exportación. Esta última fue cumplida con la firma por parte del Gobierno Nacional por medio del decreto 929/13. La semana pasada la Cámara Federal ratificó que la Presidenta Cristina Fernández puede ser investigada por la firma de este decreto, por presunto beneficio directo a Chevron y por la posibilidad de impacto ambiental a partir de la utilización de la técnica de fractura hidráulica o fracking. Este es un avance importante ya que va en la misma línea de lo que venimos denunciando: la firma del acuerdo Chevron YPF implicó una pérdida de soberanía para el país, al legislar el Ejecutivo de acuerdo a los intereses de la empresa y no el interés nacional.
La provincia de Neuquén a través del poder ejecutivo y legislativo, allanó el camino para el convenio, reprimiendo a las miles de personas que protestaban en contra de él. La firma entre Neuquén-YPF , ademas implicó la violación de los derechos colectivos de la comunidad mapuche Campo Maripe, cuyo territorio fue concesionado para el plan piloto de explotación, sin consentimiento libre, previo e informado, en los términos establecidos por la legislación nacional e internacional vigente. Posteriormente tres casas de la comunidad fueron quemadas por desconocidos.
Chevron viene a nuestro país a impulsar la política del fracking, una nociva técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales, que multiplica los riesgos de contaminación de nuestro territorio. Ésta es principalmente una estrategia impulsada por el Departamento de Estado de EEUU, política de la cual Chevron ha sido uno de los principales beneficiarios. Consideramos que la alianza con Chevron va absolutamente en contra de la supuesta política de soberanía energética, y creemos que una transición hacía una matriz energética más sustentables debe comenzar con la disminución de la dependencia de nuestro país de los hidrocarburos.
Así como Chevron llegó de la mano del gobierno nacional para desarrollar el fracking en Argentina con Latinoamérica en perspectiva; también lo hizo en otros países, como Rumania con el objetivo de avanzar sobre Europa del este y de esta manera disminuir la influencia tanto de los países de la OPEP (que incluye a Venezuela) como de Rusia. La férrea defensa del pueblo rumano impidió el avance de Chevron, sin embargo la amenaza de que la petrolera norteamericana fracture el suelo de Rumania aún sigue latente. Es por esto que nos unimos a una convocatoria mundial contra Chevron, porque consideramos que así como se quiere romper con la soberanía de nuestro pueblo, lo mismo se busca hacer en otros países, con un libreto repetido, como es el caso de Rumania.
También nos solidarizamos con los hermanos de Ecuador que han sufrido por el accionar del Chevron el peor desastre petrolero de la historia que tras 20 años de litigio ha negado, y evadido su obligación a pagar la justa remediación ambiental del territorio amazónico a pesar de estar condenada por todas las instancias judiciales ecuatorianas. Exigimos la indemnización al pueblo ecuatoriano y somos conscientes de que buena parte de la suerte judicial de nuestros hermanos depende de que los tribunales argentinos se ajusten a derecho, aplicando los tratados bilaterales firmados en la materia y reconozcan así la sentencia emanada desde Ecuador.
¡Por una verdadera soberanía energética: fuera Chevron y todas las empresas que saquean nuestros bienes comunes!
¡No al fracking. Ni en Argentina ni en Rumania ni en ningún lugar del mundo!
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Exigen a la Junta de Andalucía la prohibición del fracking
Ante el compromiso público firmado en el Congreso de los Diputados por 20 partidos políticos de prohibir la fracturación hidráulica en investigación y en explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales
La Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) exige a la Junta de Andalucía la prohibición del fracking en Andalucía, en base al compromiso firmado ayer en el Congreso por PSOE e IU.
Ante el compromiso público firmado en el Congreso de los Diputados por 20 partidos políticos de prohibir la fracturación hidráulica en investigación y en explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales, así como paralizar inmediatamente cualquier proyecto de investigación o de explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados en el estado español, la Plataforma Andalucía Libre de Fracking exige coherencia a estos dos partidos y que materialicen una ley de prohibición en Andalucía, así como una revocación inmediata de los permisos de investigación ya otorgados y de los que están actualmente en tramitación.
El 14 de Mayo se producía en el Congreso de los Diputados la firma del compromiso frente al fracking, contrayendo voluntariamente la obligación de prohibir esta técnica de extracción de gas natural del subsuelo con graves impactos ambientales. Este compromiso fue firmado por 20 partidos políticos, entre ellos, PSOE, PCE, EQUO, Podemos, Partido X y PACMA.
Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar fracking. La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados suponen 82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 hectáreas en Sevilla y 68.000 hectáreas en Jaén. A esta superficie hemos de sumar una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla.
Desde la Plataforma PALF solicitamos al gobierno de PSOE e IU de la Junta de Andalucía que sea coherente con lo firmado ayer a nivel estatal y lo ya aprobado por el Parlamento Andaluz en sendas Proposiciones No de Ley en junio y septiembre del año pasado y, en consecuencia, materialice una prohibición del fracking en Andalucía, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas, así como ejecute la revocación sin demoras de los permisos vigentes, en tramitación y en reactivación.
En caso de no proceder coherentemente en Andalucía estos partidos estarían demostrando su hipócrita oportunismo político a la hora de firmar compromisos emanados la sociedad en periodo de elecciones. Teniendo en cuenta el avanzado estado de desarrollo de los permisos de investigación vigentes, la no actuación por parte de la Junta puede significar que Andalucía sea una de las primeras comunidades autónomas donde se desarrolle el fracking y por lo tanto donde empecemos a sufrir las graves consecuencias ambientales y sociales de esta actividad Exigimos a PSOE-A y a IU que ratifiquen públicamente a la sociedad andaluza los compromisos adquiridos en Madrid por los grupos estatales a los que pertenecen, comprometiéndose a actuar consecuentemente en los órganos de gobierno de la Junta de Andalucía.
http://www.ecologistasenaccion.org/
Ante el compromiso público firmado en el Congreso de los Diputados por 20 partidos políticos de prohibir la fracturación hidráulica en investigación y en explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales
La Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) exige a la Junta de Andalucía la prohibición del fracking en Andalucía, en base al compromiso firmado ayer en el Congreso por PSOE e IU.
Ante el compromiso público firmado en el Congreso de los Diputados por 20 partidos políticos de prohibir la fracturación hidráulica en investigación y en explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales, así como paralizar inmediatamente cualquier proyecto de investigación o de explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados en el estado español, la Plataforma Andalucía Libre de Fracking exige coherencia a estos dos partidos y que materialicen una ley de prohibición en Andalucía, así como una revocación inmediata de los permisos de investigación ya otorgados y de los que están actualmente en tramitación.
El 14 de Mayo se producía en el Congreso de los Diputados la firma del compromiso frente al fracking, contrayendo voluntariamente la obligación de prohibir esta técnica de extracción de gas natural del subsuelo con graves impactos ambientales. Este compromiso fue firmado por 20 partidos políticos, entre ellos, PSOE, PCE, EQUO, Podemos, Partido X y PACMA.
Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar fracking. La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados suponen 82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 hectáreas en Sevilla y 68.000 hectáreas en Jaén. A esta superficie hemos de sumar una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla.
Desde la Plataforma PALF solicitamos al gobierno de PSOE e IU de la Junta de Andalucía que sea coherente con lo firmado ayer a nivel estatal y lo ya aprobado por el Parlamento Andaluz en sendas Proposiciones No de Ley en junio y septiembre del año pasado y, en consecuencia, materialice una prohibición del fracking en Andalucía, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas, así como ejecute la revocación sin demoras de los permisos vigentes, en tramitación y en reactivación.
En caso de no proceder coherentemente en Andalucía estos partidos estarían demostrando su hipócrita oportunismo político a la hora de firmar compromisos emanados la sociedad en periodo de elecciones. Teniendo en cuenta el avanzado estado de desarrollo de los permisos de investigación vigentes, la no actuación por parte de la Junta puede significar que Andalucía sea una de las primeras comunidades autónomas donde se desarrolle el fracking y por lo tanto donde empecemos a sufrir las graves consecuencias ambientales y sociales de esta actividad Exigimos a PSOE-A y a IU que ratifiquen públicamente a la sociedad andaluza los compromisos adquiridos en Madrid por los grupos estatales a los que pertenecen, comprometiéndose a actuar consecuentemente en los órganos de gobierno de la Junta de Andalucía.
http://www.ecologistasenaccion.org/
