Colombia: La capital del Tolima quiere que la ciudadanía defina en las urnas un asunto crucial para el medio ambiente de su territorio
Consulta sobre explotación minera se abre paso en Ibagu
Una de las banderas de gobierno del alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, es la preservación del agua y del medio ambiente de la capital del Tolima. En ese sentido, viene impulsando una consulta popular sobre la explotación minera en el municipio. Las actividades relacionadas con la minería generan altas afectaciones para los recursos naturales, en particular el agua, por lo que comunidades, organizaciones ambientalistas y líderes políticos han venido impulsando mecanismos institucionales para afrontar esta amenaza.
Jaramillo, exfuncionario de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, propuso convocar a una consulta popular para decidir si se quiere tener explotación minera en el municipio, actividad efectuada por empresas multinacionales con altos impactos sociales y ambientales.
La iniciativa fue aprobada por el Concejo municipal en febrero pasado con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”
En concreto, Ibagué busca detener el proyecto La Colosa, donde la multinacional AngloGold Ashanti espera extraer millones de onzas de oro en los próximos años. Según diferentes instancias, con la explotación minera de La Colosa se afectaría el río Coello, que alimenta el acueducto de varios municipios tolimenses con vocación agropecuaria.
Esta semana, medios locales reportaron que el Tribunal Administrativo del Tolima dio luz verde para la realización de la consulta. Según el diario “El Nuevo Día”, los magistrados Belisario Beltrán y Jaime Galeano votaron en contra de la ponencia de su colega, José Ruiz, que negaba el mecanismo. Con su determinación, el tribunal ordena a la Registraduría organizar la consulta en el plazo de un mes, por lo que la ciudadanía ibaguereña concurriría a las urnas a principios de junio.
Sin embargo, existe el riesgo de que opositores a este tipo de medidas, incrustados en instituciones del Estado, lleven a cabo acciones judiciales para dilatar la consulta. Ya el Ministerio de Minas y la Procuraduría han manifestado su oposición.
“La Procuraduría ha agregado el toque de intimidación contra los funcionarios que se atreven a convocarlas, enviándoles misivas que advierten sobre posibles investigaciones disciplinarias”, sostuvo César Rodríguez, director de la organización Dejusticia.
“Otro de los obstáculos es la carencia de recursos para efectuar la consulta”, explicó un analista consultado para este artículo, que agregó que si bien su convocatoria es mandato, las entidades del Estado pueden esgrimir este argumento para entorpecerla.
La Corte Constitucional ya ha avalado este tipo de iniciativas, de la cual ya existe un antecedente: el municipio de Piedras, también en el Tolima, que en el 2013 le dijo “No” a la explotación minera en una consulta popular.
De prosperar la consulta en Ibagué, sería la primera vez que una ciudad capital celebre este tipo de mecanismo. De concretarse, representaría un gran avance del movimiento ambientalista y de las comunidades de la región, cuya vocación agropecuaria está amenazada por la llegada de las multinacionales.
Una de las banderas de gobierno del alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, es la preservación del agua y del medio ambiente de la capital del Tolima. En ese sentido, viene impulsando una consulta popular sobre la explotación minera en el municipio. Las actividades relacionadas con la minería generan altas afectaciones para los recursos naturales, en particular el agua, por lo que comunidades, organizaciones ambientalistas y líderes políticos han venido impulsando mecanismos institucionales para afrontar esta amenaza.
Jaramillo, exfuncionario de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, propuso convocar a una consulta popular para decidir si se quiere tener explotación minera en el municipio, actividad efectuada por empresas multinacionales con altos impactos sociales y ambientales.
La iniciativa fue aprobada por el Concejo municipal en febrero pasado con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”
En concreto, Ibagué busca detener el proyecto La Colosa, donde la multinacional AngloGold Ashanti espera extraer millones de onzas de oro en los próximos años. Según diferentes instancias, con la explotación minera de La Colosa se afectaría el río Coello, que alimenta el acueducto de varios municipios tolimenses con vocación agropecuaria.
Esta semana, medios locales reportaron que el Tribunal Administrativo del Tolima dio luz verde para la realización de la consulta. Según el diario “El Nuevo Día”, los magistrados Belisario Beltrán y Jaime Galeano votaron en contra de la ponencia de su colega, José Ruiz, que negaba el mecanismo. Con su determinación, el tribunal ordena a la Registraduría organizar la consulta en el plazo de un mes, por lo que la ciudadanía ibaguereña concurriría a las urnas a principios de junio.
Sin embargo, existe el riesgo de que opositores a este tipo de medidas, incrustados en instituciones del Estado, lleven a cabo acciones judiciales para dilatar la consulta. Ya el Ministerio de Minas y la Procuraduría han manifestado su oposición.
“La Procuraduría ha agregado el toque de intimidación contra los funcionarios que se atreven a convocarlas, enviándoles misivas que advierten sobre posibles investigaciones disciplinarias”, sostuvo César Rodríguez, director de la organización Dejusticia.
“Otro de los obstáculos es la carencia de recursos para efectuar la consulta”, explicó un analista consultado para este artículo, que agregó que si bien su convocatoria es mandato, las entidades del Estado pueden esgrimir este argumento para entorpecerla.
La Corte Constitucional ya ha avalado este tipo de iniciativas, de la cual ya existe un antecedente: el municipio de Piedras, también en el Tolima, que en el 2013 le dijo “No” a la explotación minera en una consulta popular.
De prosperar la consulta en Ibagué, sería la primera vez que una ciudad capital celebre este tipo de mecanismo. De concretarse, representaría un gran avance del movimiento ambientalista y de las comunidades de la región, cuya vocación agropecuaria está amenazada por la llegada de las multinacionales.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article19347- Imagen: radiomacondo.fm
