Brasil abre una enorme reserva amazónica, más grande que toda Dinamarca, para las corporaciones mineras
Es parte de un enorme plan de privatizaciones del gobierno de Michel Temer. Son unos 40 millones de hectáreas en los estados de Amapá y Pará. Críticas de organizaciones ecologistas.
El Gobierno de Michel Temer abrió una enorme reserva natural de la Amazonia brasileña para la explotación por parte de la minería privada, según un decreto publicado el miércoles en el boletín oficial.
La llamada Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), ubicada en un territorio de unos 40 millones de hectáreas (47.000 kilómetros cuadrados) entre los estados de Pará y Amapá en el norte del país, había sido creada en 1984, todavía durante la dictadura militar, y estaba reservada hasta ahora sólo al Estado. La superficie es mayor a la de todo Dinamarca o Suiza, según comparan distintos medios brasileños.
La iniciativa era barajada desde comienzos de año como parte de las medidas que impulsa el Gobierno conservador de Temer para intentar reanimar la maltrecha economía del gigante brasileño.
Se estima que la reserva tiene yacimientos de cobre y oro, entre otros metales.
Organizaciones ecologistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) criticaron la medida como una amenaza potencial para áreas naturales protegidas ubicadas en esa región, así como para la población local.
"Habrá un empeoramiento de conflictos agrícolas y amenazas a los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales", vaticinó el director de WWF en Brasil, Maurício Voivodic, en un comunicado emitido por el grupo ecologista.
"Lo que nos sorprende es la falta de diálogo y de transparencia del gobierno que, por medio de un decreto, abre para la minería un área que coloca en riesgo a los pueblos indígenas y a las unidades de conservación de potencial ecológico relevante, en el corazón de la Amazonía", agregó el cordinador de Políticas Públicas de WWF, Michel de Souza Santos.
El gobierno conservador de Temer es criticado desde hace tiempo por una política de apertura de áreas protegidas para la explotación a gran escala por parte de la minería, la agricultura y la ganadería. El ministro de Agricultura y Ganadería de Temer, Blairo Maggi, es uno de los grandes productores de soja del mundo.
El Departamento Nacional de Producción Mineral en Amapá dijo sin embargo al canal Globo News que ninguna de las áreas preservadas está incluida en el paquete de concesiones minerales y que el proceso está bajo control de órganos ambientales.
Organizaciones y habitantes originarios denuncian regularmente las concesiones del presidente a grupos vinculados al agronegocio o a actividades de deforestación.
Durante el mandato de Temer, que asumió el poder en 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, se han multiplicado también las denuncias sobre conflictos entre grandes latifundistas y grupos indígenas. Estos últimos han sido blancos de varios ataques sangrientos en los últimos meses.
Fuente: agencias
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Temer es acusado de ser el presidente más "antiindígena" desde tiempos de dictadura
RIO DE JANEIRO.- La decisión del Gobierno de anular la creación de una reserva para los Guaraní en el estado de Sao Paulo confirmó la condición de Michel Temer como el presidente más "antiindígena" de Brasil desde la dictadura militar (1964-1985), afirmó este martes el Consejo Misionero Indigenista (CIMI).
El Gobierno de Michel Temer abrió una enorme reserva natural de la Amazonia brasileña para la explotación por parte de la minería privada, según un decreto publicado el miércoles en el boletín oficial.
La llamada Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), ubicada en un territorio de unos 40 millones de hectáreas (47.000 kilómetros cuadrados) entre los estados de Pará y Amapá en el norte del país, había sido creada en 1984, todavía durante la dictadura militar, y estaba reservada hasta ahora sólo al Estado. La superficie es mayor a la de todo Dinamarca o Suiza, según comparan distintos medios brasileños.
La iniciativa era barajada desde comienzos de año como parte de las medidas que impulsa el Gobierno conservador de Temer para intentar reanimar la maltrecha economía del gigante brasileño.
Se estima que la reserva tiene yacimientos de cobre y oro, entre otros metales.
Organizaciones ecologistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) criticaron la medida como una amenaza potencial para áreas naturales protegidas ubicadas en esa región, así como para la población local.
"Habrá un empeoramiento de conflictos agrícolas y amenazas a los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales", vaticinó el director de WWF en Brasil, Maurício Voivodic, en un comunicado emitido por el grupo ecologista.
"Lo que nos sorprende es la falta de diálogo y de transparencia del gobierno que, por medio de un decreto, abre para la minería un área que coloca en riesgo a los pueblos indígenas y a las unidades de conservación de potencial ecológico relevante, en el corazón de la Amazonía", agregó el cordinador de Políticas Públicas de WWF, Michel de Souza Santos.
El gobierno conservador de Temer es criticado desde hace tiempo por una política de apertura de áreas protegidas para la explotación a gran escala por parte de la minería, la agricultura y la ganadería. El ministro de Agricultura y Ganadería de Temer, Blairo Maggi, es uno de los grandes productores de soja del mundo.
El Departamento Nacional de Producción Mineral en Amapá dijo sin embargo al canal Globo News que ninguna de las áreas preservadas está incluida en el paquete de concesiones minerales y que el proceso está bajo control de órganos ambientales.
Organizaciones y habitantes originarios denuncian regularmente las concesiones del presidente a grupos vinculados al agronegocio o a actividades de deforestación.
Durante el mandato de Temer, que asumió el poder en 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, se han multiplicado también las denuncias sobre conflictos entre grandes latifundistas y grupos indígenas. Estos últimos han sido blancos de varios ataques sangrientos en los últimos meses.
Fuente: agencias
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Temer es acusado de ser el presidente más "antiindígena" desde tiempos de dictadura
RIO DE JANEIRO.- La decisión del Gobierno de anular la creación de una reserva para los Guaraní en el estado de Sao Paulo confirmó la condición de Michel Temer como el presidente más "antiindígena" de Brasil desde la dictadura militar (1964-1985), afirmó este martes el Consejo Misionero Indigenista (CIMI).
El organismo de defensa de los indios, vinculado al Episcopado de la Iglesia católica brasileña, condenó en duros términos en un comunicado la decisión anunciada el lunes por el Ministerio de Justicia de anular un decreto que reconocía como propiedad de los Guaraní un área de 512 hectáreas en Jaraguá, un municipio en el estado de Sao Paulo.
Tras la anulación del decreto, los 70 indios Guaraní que viven en Jaraguá tendrán que limitarse a un terreno de 3 hectáreas pese a que el Gobierno ya había reconocido que las tierras de sus ancestros se extendían por más de 500 hectáreas.
Para el CIMI, la decisión del Gobierno de Temer "es injusta, discriminatoria, vergonzosa y genocida" ya que confina a un grupo de indios en un "espacio flagrantemente insuficiente para que puedan vivir según sus costumbre, creencias y tradiciones".
El Gobierno alegó que la demarcación de la reserva de 512 hectáreas tendría que haber sido concluida cinco años después de su creación en 1987, pero el propio Gobierno demoró 25 años en hacerlo.
De acuerdo con la entidad, la más activa en la defensa de los indios en Brasil, el Gobierno terminó "sancionando a los Guaraní por la omisión y la morosidad del Estado brasileño. Al culpar y sancionara a las víctimas, Temer eleva aún más el nivel de cinismo y de injusticia de su Gobierno".
"No restan dudas de que el Gobierno Temer es el más antiindígena desde la dictadura militar. Además de omitirse en la publicación de los decretos que homologan nuevas reservas indígenas, Temer ataca a los pueblos originarios y sus derechos con radicalismo y recurrencia", asegura el organismo episcopal.
Según el CIMI, entre otras medidas que demuestran que la posición antiindígena del actual Gobierno destaca el decreto en el que le pidió al Ministerio de Justicia revisar los procedimientos de demarcación de reservas y el parecer que instituyó la tesis según la cual los indios sólo pueden tener derecho a las tierras que ya ocupaban cuando fue aprobada la Constitución de 1989.
El CIMI atribuye tales posiciones al poder que tienen en el Gobierno y en el Congreso los grandes latifundistas.
"El Gobierno Temer funciona como una oficina avanzada de los latifundistas y de las grandes corporaciones empresariales, muchas de las cuales multinacionales dedicadas a la agropecuaria en Brasil", afirmó el organismo en su comunicado.
De acuerdo con los obispos que integran el CIMI, mientras que los latifundistas "esparcen el terror en el campo y en los bosques con asesinatos en serie y robo en masa de tierras públicas, el Gobierno Temer los premia y los ayuda estructuralmente en el intento de eliminar los pueblos indígenas, descendientes de esclavos prófugos y pescadores artesanales".
En Brasil, según datos oficiales, existen unas 600 reservas habitadas por 480.000 indios de 227 etnias y que ocupan 109,6 millones de hectáreas, equivalentes al 13 % del territorio nacional.
Los conflictos por la propiedad de la tierra son recurrentes en Brasil y muchos ocurren en reservas indígenas, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), otro organismo del Episcopado.
De acuerdo con este organismo, en 2016 la violencia en el campo alcanzó sus peores niveles en trece años, con 1.536 conflictos que dejaron 61 muertos, de los cuales 13 eran indios y 4 descendientes de esclavos prófugos.
Tras la anulación del decreto, los 70 indios Guaraní que viven en Jaraguá tendrán que limitarse a un terreno de 3 hectáreas pese a que el Gobierno ya había reconocido que las tierras de sus ancestros se extendían por más de 500 hectáreas.
Para el CIMI, la decisión del Gobierno de Temer "es injusta, discriminatoria, vergonzosa y genocida" ya que confina a un grupo de indios en un "espacio flagrantemente insuficiente para que puedan vivir según sus costumbre, creencias y tradiciones".
El Gobierno alegó que la demarcación de la reserva de 512 hectáreas tendría que haber sido concluida cinco años después de su creación en 1987, pero el propio Gobierno demoró 25 años en hacerlo.
De acuerdo con la entidad, la más activa en la defensa de los indios en Brasil, el Gobierno terminó "sancionando a los Guaraní por la omisión y la morosidad del Estado brasileño. Al culpar y sancionara a las víctimas, Temer eleva aún más el nivel de cinismo y de injusticia de su Gobierno".
"No restan dudas de que el Gobierno Temer es el más antiindígena desde la dictadura militar. Además de omitirse en la publicación de los decretos que homologan nuevas reservas indígenas, Temer ataca a los pueblos originarios y sus derechos con radicalismo y recurrencia", asegura el organismo episcopal.
Según el CIMI, entre otras medidas que demuestran que la posición antiindígena del actual Gobierno destaca el decreto en el que le pidió al Ministerio de Justicia revisar los procedimientos de demarcación de reservas y el parecer que instituyó la tesis según la cual los indios sólo pueden tener derecho a las tierras que ya ocupaban cuando fue aprobada la Constitución de 1989.
El CIMI atribuye tales posiciones al poder que tienen en el Gobierno y en el Congreso los grandes latifundistas.
"El Gobierno Temer funciona como una oficina avanzada de los latifundistas y de las grandes corporaciones empresariales, muchas de las cuales multinacionales dedicadas a la agropecuaria en Brasil", afirmó el organismo en su comunicado.
De acuerdo con los obispos que integran el CIMI, mientras que los latifundistas "esparcen el terror en el campo y en los bosques con asesinatos en serie y robo en masa de tierras públicas, el Gobierno Temer los premia y los ayuda estructuralmente en el intento de eliminar los pueblos indígenas, descendientes de esclavos prófugos y pescadores artesanales".
En Brasil, según datos oficiales, existen unas 600 reservas habitadas por 480.000 indios de 227 etnias y que ocupan 109,6 millones de hectáreas, equivalentes al 13 % del territorio nacional.
Los conflictos por la propiedad de la tierra son recurrentes en Brasil y muchos ocurren en reservas indígenas, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), otro organismo del Episcopado.
De acuerdo con este organismo, en 2016 la violencia en el campo alcanzó sus peores niveles en trece años, con 1.536 conflictos que dejaron 61 muertos, de los cuales 13 eran indios y 4 descendientes de esclavos prófugos.
FUENTE: EFE - Imagenes: El Heraldo
