El conflicto forestal en territorio mapuche hoy
La industria forestal se asocia, por gran parte del movimiento mapuche, a la tercera invasión sufrida en su territorio ancestral. La primera fue la de la Corona Española, con conflicto intermitente y parlamentos que delimitaron la frontera en el río Biobío (1536-1818). La segunda fue la del propio Estado chileno, iniciada en 1861, con el exterminio de una parte significativa de la población mapuche y el despojo de su territorio. El territorio usurpado pasó a manos de la oligarquía chilena, y luego a colonos europeos (exportadores de trigo para Perú y California). La tercera corresponde a la expansión de la industria forestal desde 1974. Se inicia en la dictadura militar de Pinochet y en plena contrarreforma agraria, destinada a “devolver” a la oligarquía nacional las tierras recuperadas por campesinos chilenos y mapuches durante los gobiernos de Frei Montalva y Allende (Huenchunao, 2014). En aquel contexto, se implementa el Decreto de ley 701, de fomento forestal, para subsidiar a la industria forestal en la plantación de pino radiata y eucaliptos, especies no nativas de rápido crecimiento. Desde 1974, se han entregado 838 millones de dólares en subsidios a las empresas del mercado maderero, el cual es controlado por dos grandes grupos económicos chilenos: Angelini (Forestal Arauco) y Matte (CMPC – Forestal Mininco).[1]
Juan Ignacio Latorre* y Nicolás Rojas Pedemonte**
Las regiones situadas en el territorio mapuche ancestral (Wallmapu) poseen la mayor concentración de plantaciones forestales (1.559.185 hectáreas). Las consecuencias de la expansión de estas especies exógenas han sido documentadas: disminución de servicios ecosistémicos, provisión de cantidad y calidad de agua principalmente (González-Hidalgo, 2015; Little et al., 2014); aumento de incendios forestales; homogeneización del paisaje y reducción de la biodiversidad (Martínez et al., 2011; Echeverría et al., 2007); sustitución y fragmentación del bosque nativo, impactando en el efecto invernadero y el cambio climático (Boy et al., 2014); concentración de la propiedad privada, aumento de la desigualdad y la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2015; Durán y Kremerman, 2015); precariedad laboral; y disminución de la población rural por migración forzosa a centros urbanos (Aylwin et al., 2013).
Hoy el conflicto forestal-mapuche se ha intensificado y da cuenta de posiciones polarizadas entre los actores, incluyendo al propio Gobierno (Rojas Pedemonte y Miranda, 2016). Mientras la élite económica y política se niega a negociar con, según ellos, “terroristas” y “delincuentes” (básicamente todas las comunidades movilizadas), el movimiento hoy dispone de mayor conocimiento sobre los límites de la vía institucional y sobre la agenda de aquella coalición político-empresarial que le ha propinado los mayores golpes a nivel policial y judicial.[2] Es su propia experiencia en el conflicto la que ha incrementado su capacidad disruptiva y ha fortalecido sus convicciones entorno a la defensa de su identidad y de la ñuke mapu (“madre tierra” en mapudungún; “mapuche” significa ‘gente de la tierra’) y, por lo tanto, entorno a la necesidad de resistir a un modelo de grave impacto socioeconómico y ambiental. Sus dos principales demandas versan hoy sobre la restitución territorial y sobre su autodeterminación como pueblo. Sin duda, estas demandas desafían la institucionalidad del Estado unitario y centralista, y el modelo extractivista forestal impuesto.
Juan Ignacio Latorre* y Nicolás Rojas Pedemonte**
Las regiones situadas en el territorio mapuche ancestral (Wallmapu) poseen la mayor concentración de plantaciones forestales (1.559.185 hectáreas). Las consecuencias de la expansión de estas especies exógenas han sido documentadas: disminución de servicios ecosistémicos, provisión de cantidad y calidad de agua principalmente (González-Hidalgo, 2015; Little et al., 2014); aumento de incendios forestales; homogeneización del paisaje y reducción de la biodiversidad (Martínez et al., 2011; Echeverría et al., 2007); sustitución y fragmentación del bosque nativo, impactando en el efecto invernadero y el cambio climático (Boy et al., 2014); concentración de la propiedad privada, aumento de la desigualdad y la pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2015; Durán y Kremerman, 2015); precariedad laboral; y disminución de la población rural por migración forzosa a centros urbanos (Aylwin et al., 2013).
Hoy el conflicto forestal-mapuche se ha intensificado y da cuenta de posiciones polarizadas entre los actores, incluyendo al propio Gobierno (Rojas Pedemonte y Miranda, 2016). Mientras la élite económica y política se niega a negociar con, según ellos, “terroristas” y “delincuentes” (básicamente todas las comunidades movilizadas), el movimiento hoy dispone de mayor conocimiento sobre los límites de la vía institucional y sobre la agenda de aquella coalición político-empresarial que le ha propinado los mayores golpes a nivel policial y judicial.[2] Es su propia experiencia en el conflicto la que ha incrementado su capacidad disruptiva y ha fortalecido sus convicciones entorno a la defensa de su identidad y de la ñuke mapu (“madre tierra” en mapudungún; “mapuche” significa ‘gente de la tierra’) y, por lo tanto, entorno a la necesidad de resistir a un modelo de grave impacto socioeconómico y ambiental. Sus dos principales demandas versan hoy sobre la restitución territorial y sobre su autodeterminación como pueblo. Sin duda, estas demandas desafían la institucionalidad del Estado unitario y centralista, y el modelo extractivista forestal impuesto.
Aun cuando ciertas disputas hoy se asocian a la neocolonización del capital transnacional, el principal escollo que reconoce el movimiento mapuche es la nueva “burguesía” forestal chilena, que está profundamente imbricada con la élite política (Rojas Pedemonte y Miranda, 2016). La globalización del capital continúa reproduciendo las desigualdades mundiales entre centro y periferia, pero en casos como el chileno, en el que la concentración del ingreso ha consolidado megafortunas nacionales,[3] los estados son tan o más determinados por esos grandes conglomerados criollos que por el gran capital transnacional. Si bien no todo han sido triunfos sobre las transnacionales, durante las últimas dos décadas el balance parece más negativo cuando se trata de enfrentar a los conglomerados nacionales que financian a la clase gobernante.
La tenaz movilización mapuche en las provincias de Arauco y Malleco se ha materializado, en la última década, en conquistas en la recuperación del territorio explotado por las forestales, principalmente por Volterra (capital japonés) y Arauco (Grupo Angelini).[4] Empero, Forestal Mininco, del Grupo Matte —hoy el principal grupo financista de la clase política (Matamala, 2016) —, se resiste a toda negociación o diálogo en los procesos de restitución territorial al pueblo mapuche.[5] Así, la mayor conflictividad hoy se concentra en las disputas territoriales de aquella empresa maderera con las comunidades. Durante el último año, se ha iniciado la temporada de cosecha forestal, y el discurso abiertamente intransigente de esta empresa, que rechaza toda demanda territorial mapuche, parece haber alcanzado también resonancia en un Gobierno que hoy, como nunca, ha cerrado las vías de diálogo, optando por una represión indiscriminada y desproporcionada.[6]
Un ejemplo de resistencia: la Guerra de Cuyinco
Ejemplos de la dificultad de resistir al extractivismo del gran capital nacional no son difíciles de encontrar en Wallmapu, e incluso es posible retratar las raíces políticas de la explotación forestal en un caso emblemático, pero hoy invisibilizado, en el que no es la intransigencia de Mininco la involucrada, sino la cara aparentemente más dialogante de la industria maderera: Arauco, del Grupo Angelini; se trata de la “Guerra de Cuyinco” (véase Rivas, 2010; Pairican, 2014). A novecientos kilómetros al sur de Santiago, en la comuna de Los Álamos, sector Cerro Alto (provincia de Arauco), se ubica el predio Cuyinco (‘Agua arenosa’, en mapudungún), que se extiende a lo largo de 1.600 hectáreas, tapizadas por el verde oscuro del pino. Excluida del predio y de sus recursos, relegada a dos hectáreas periféricas, habita la comunidad Pablo Quintriqueo Huenuman, la propietaria legal y heredera de aquel territorio (Chamorro, 2008). Hoy Arauco —propiedad del segundo mayor benefactor de la clase política, el Grupo Angelini (Matamala, 2016)— cuenta con resguardo policial para explotar Cuyinco. Diversas cortes regionales y nacionales (Suprema y de Apelaciones) han reconocido los títulos de dominio (no sólo el derecho ancestral) que posee esta comunidad; sin embargo, el sistema judicial y policial ha resguardado los intereses de la empresa, permitiendo la explotación forestal del territorio.
La historia indica que un fundo colindante con Cuyinco, llamado Cuyinco Alto, en 1971 fue expropiado a unos terratenientes de apellido González durante la reforma agraria de Allende. Luego, en 1977, con la contrarreforma, Cuyinco Alto fue devuelto a los González, quienes lo vendieron a Arauco. La empresa hoy explota los dos fundos como si fuesen uno. Hasta hoy no ha demostrado derechos legales sobre Cuyinco (sí en Cuyinco Alto), pero lo explota y priva el acceso a la comunidad mediante guardias y férreas barreras de acero. Como si la violencia del despojo colonizador (y de la dictadura neoliberal de Pinochet) mantuviese su vigencia, la comunidad mapuche entre 1998 y diciembre de 2014 ha denunciado ante la justicia, sin éxito, reiterados hostigamientos y golpizas por parte de guardias de la empresa. Aun cuando “la propiedad” se ha esgrimido como un pilar fundamental del modelo neoliberal chileno, en Cuyinco no parece resguardarse. Hoy la crisis de legitimidad de la política chilena (por corrupción y cohecho), parecen evidenciar algo que la “Guerra de Cuyinco” hace años testimoniaba: una colusión infranqueable entre el gran capital maderero y la élite política.
Con todo, la comunidad, desgastada por la represión y contando con la legalidad a su favor, deposita hoy sus expectativas en la vía institucional, y a ella se suma un importante grupo de campesinos no mapuches,[7] con quienes convivieron y compartieron Cuyinco hasta la llegada de las forestales. Si para esta coalición campesino-indígena, con la ley a su favor, los resultados no han sido auspiciosos, vale preguntarse qué alternativas les quedan al resto de las comunidades que basan sus demandas territoriales en el derecho ancestral colectivo, en la universal defensa de la ñuke mapu y en la legítima lucha por su autodeterminación como pueblo.
A modo de conclusión
Para el movimiento mapuche, los medios de protesta hoy comienzan a pasar a segundo plano, frente al objetivo de sobrevivir como pueblo, sobre todo cuando el desastre ecológico es cada vez más patente, y la cerrazón política, cada vez más férrea, con una clase política que hoy la asocian a demagogia y clientelismo empresarial. Insistiendo en inefectivas (y radicalizadoras) medidas represivas, hoy no es claro si el Estado busca la paz social con una inadecuada política indígena o si en realidad aplica una efectiva y funcional política clientelar, atendiendo las demandas del empresariado forestal y de los sectores más conservadores de la oligarquía local, aumentando así sostenidamente la violencia. Hoy no ofrece caminos para la paz, ni menos incentivos para la moderación hacía vías institucionales de lucha, y es negligente en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Más bien despliega una política represiva e intransigente que no hace más que inclinar a los militantes mapuches moderados hacia posiciones más radicales. Los sobrevivientes de las tres invasiones históricas al territorio mapuche, hoy difícilmente serán aplacados por los mismos mecanismos fracasados durante siglos. El conflicto hoy no da señales de paz, y promete más violencia mientras el Estado no opte por respuestas políticas de reconocimiento de la demanda por el territorio y la autodeterminación, pues el movimiento mapuche —a pesar de su fragmentación organizativa— se muestra alineado en su discurso y en su diagnóstico antiextractivismo forestal, y, por cierto, cada vez más más imprevisible y versátil en sus estrategias de lucha.
La tenaz movilización mapuche en las provincias de Arauco y Malleco se ha materializado, en la última década, en conquistas en la recuperación del territorio explotado por las forestales, principalmente por Volterra (capital japonés) y Arauco (Grupo Angelini).[4] Empero, Forestal Mininco, del Grupo Matte —hoy el principal grupo financista de la clase política (Matamala, 2016) —, se resiste a toda negociación o diálogo en los procesos de restitución territorial al pueblo mapuche.[5] Así, la mayor conflictividad hoy se concentra en las disputas territoriales de aquella empresa maderera con las comunidades. Durante el último año, se ha iniciado la temporada de cosecha forestal, y el discurso abiertamente intransigente de esta empresa, que rechaza toda demanda territorial mapuche, parece haber alcanzado también resonancia en un Gobierno que hoy, como nunca, ha cerrado las vías de diálogo, optando por una represión indiscriminada y desproporcionada.[6]
Un ejemplo de resistencia: la Guerra de Cuyinco
Ejemplos de la dificultad de resistir al extractivismo del gran capital nacional no son difíciles de encontrar en Wallmapu, e incluso es posible retratar las raíces políticas de la explotación forestal en un caso emblemático, pero hoy invisibilizado, en el que no es la intransigencia de Mininco la involucrada, sino la cara aparentemente más dialogante de la industria maderera: Arauco, del Grupo Angelini; se trata de la “Guerra de Cuyinco” (véase Rivas, 2010; Pairican, 2014). A novecientos kilómetros al sur de Santiago, en la comuna de Los Álamos, sector Cerro Alto (provincia de Arauco), se ubica el predio Cuyinco (‘Agua arenosa’, en mapudungún), que se extiende a lo largo de 1.600 hectáreas, tapizadas por el verde oscuro del pino. Excluida del predio y de sus recursos, relegada a dos hectáreas periféricas, habita la comunidad Pablo Quintriqueo Huenuman, la propietaria legal y heredera de aquel territorio (Chamorro, 2008). Hoy Arauco —propiedad del segundo mayor benefactor de la clase política, el Grupo Angelini (Matamala, 2016)— cuenta con resguardo policial para explotar Cuyinco. Diversas cortes regionales y nacionales (Suprema y de Apelaciones) han reconocido los títulos de dominio (no sólo el derecho ancestral) que posee esta comunidad; sin embargo, el sistema judicial y policial ha resguardado los intereses de la empresa, permitiendo la explotación forestal del territorio.
La historia indica que un fundo colindante con Cuyinco, llamado Cuyinco Alto, en 1971 fue expropiado a unos terratenientes de apellido González durante la reforma agraria de Allende. Luego, en 1977, con la contrarreforma, Cuyinco Alto fue devuelto a los González, quienes lo vendieron a Arauco. La empresa hoy explota los dos fundos como si fuesen uno. Hasta hoy no ha demostrado derechos legales sobre Cuyinco (sí en Cuyinco Alto), pero lo explota y priva el acceso a la comunidad mediante guardias y férreas barreras de acero. Como si la violencia del despojo colonizador (y de la dictadura neoliberal de Pinochet) mantuviese su vigencia, la comunidad mapuche entre 1998 y diciembre de 2014 ha denunciado ante la justicia, sin éxito, reiterados hostigamientos y golpizas por parte de guardias de la empresa. Aun cuando “la propiedad” se ha esgrimido como un pilar fundamental del modelo neoliberal chileno, en Cuyinco no parece resguardarse. Hoy la crisis de legitimidad de la política chilena (por corrupción y cohecho), parecen evidenciar algo que la “Guerra de Cuyinco” hace años testimoniaba: una colusión infranqueable entre el gran capital maderero y la élite política.
Con todo, la comunidad, desgastada por la represión y contando con la legalidad a su favor, deposita hoy sus expectativas en la vía institucional, y a ella se suma un importante grupo de campesinos no mapuches,[7] con quienes convivieron y compartieron Cuyinco hasta la llegada de las forestales. Si para esta coalición campesino-indígena, con la ley a su favor, los resultados no han sido auspiciosos, vale preguntarse qué alternativas les quedan al resto de las comunidades que basan sus demandas territoriales en el derecho ancestral colectivo, en la universal defensa de la ñuke mapu y en la legítima lucha por su autodeterminación como pueblo.
A modo de conclusión
Para el movimiento mapuche, los medios de protesta hoy comienzan a pasar a segundo plano, frente al objetivo de sobrevivir como pueblo, sobre todo cuando el desastre ecológico es cada vez más patente, y la cerrazón política, cada vez más férrea, con una clase política que hoy la asocian a demagogia y clientelismo empresarial. Insistiendo en inefectivas (y radicalizadoras) medidas represivas, hoy no es claro si el Estado busca la paz social con una inadecuada política indígena o si en realidad aplica una efectiva y funcional política clientelar, atendiendo las demandas del empresariado forestal y de los sectores más conservadores de la oligarquía local, aumentando así sostenidamente la violencia. Hoy no ofrece caminos para la paz, ni menos incentivos para la moderación hacía vías institucionales de lucha, y es negligente en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Más bien despliega una política represiva e intransigente que no hace más que inclinar a los militantes mapuches moderados hacia posiciones más radicales. Los sobrevivientes de las tres invasiones históricas al territorio mapuche, hoy difícilmente serán aplacados por los mismos mecanismos fracasados durante siglos. El conflicto hoy no da señales de paz, y promete más violencia mientras el Estado no opte por respuestas políticas de reconocimiento de la demanda por el territorio y la autodeterminación, pues el movimiento mapuche —a pesar de su fragmentación organizativa— se muestra alineado en su discurso y en su diagnóstico antiextractivismo forestal, y, por cierto, cada vez más más imprevisible y versátil en sus estrategias de lucha.
Referencias
AYLWIN, J. et al. (2013). Pueblo mapuche y recursos forestales en Chile. Santiago de Chile: Observatorio Ciudadano.
BOY, J. et al. (2014). “Transporte de aerosoles, biometeorización y cambio global”. En: C. Donoso, M. González y A. Lara (eds.). Ecología forestal: Bases para el manejo sustentable y conservación de los bosques nativos de Chile. Valdivia: Universidad Austral de Chile.
CHAMORRO, C. (2008). La familia Melita: Persistencia política y permanencia territorial mapuche en la zona de Arauco, 1726-2008. Tesis para optar al título de Antropóloga Social. Uinversidad de Chile.
DURÁN, G.; KREMERMAN, M. (2015). Despojo salarial y pueblos originarios. Santiago de Chile: Fundación Sol.
— (2015). Los verdaderos sueldos en Chile. Panorama Actual del valor del trabajo usando la Encuesta NESI. Santiago de Chile: Fundación Sol.
ECHEVERRÍA, C. et al. (2007). “Impacts of forest fragmentation on species composition and forest structure in the temperate landscape in southern Chile”, Global Ecology and Biogeography, 16, pp. 426-439.
GONZÁLEZ-HIDALGO, M. (2015). ¿Agua para quién? Escasez hídrica y plantaciones forestales en la Provincia de Arauco. Santiago de Chile: Iniciativa “Agua que has de beber” y ONG Forestales por el Bosque Nativo.
HUENCHUNAO, J. (2014). “La lucha por territorio y autonomía”, Le Monde Diplomatique, Chile, octubre de 2014, http://www.lemondediplomatique.cl/La-lucha-por-territorio-y.html, consultado el 15 de abril de 2016.
LITTLE, C. et al. (2009). “Revealing the impact of forest exotic plantations on water yield in large scale watersheds in South-Central Chile”, Journal of Hydrology, 374, pp. 162-170.
LÓPEZ, R.; FIGUEROA, E.; GUTIÉRREZ, P. (2013). La “parte del león”: Nuevas estimaciones de la participación de los superricos en el ingreso de Chile. Documentos de trabajo. Santiago de Chile: Universidad de Chile, FEN.
MARTÍNEZ, C. et al. (2011). Restricted gene flow across fragmented populations of Legrandia continua, a threatened Myrtaceae endemic to south-central Chile. Bosque, 32:30-38.
MATAMALA, D. (2016). Poderoso caballero. El peso del dinero en la política chilena. Santiago de Chile: Catalonia.
Ministerio de Desarrollo Social (2015). Encuesta Casen 2013. Pueblos indígenas. Síntesis de resultados. Santiago de Chile: Ministerio de Desarrollo Social.
PAIRICAN, F. (2014). Malón, la rebelión del movimiento mapuche 1990-2013. Santiago de Chile: Pehuén.
RIVAS, R. (2010). Reconstrucción histórica de las tierras de Cuyinco y de la comunidad Pablo Quintriqueo Huenuman.[8] Tesis para optar al título de Antropólogo. Universidad de Concepción.
ROJAS PEDEMONTE, N.; MIRANDA, O. (2016). “Dinámica sociopolítica del conflicto y la violencia en territorio mapuche”, Revista de Sociología, 30. Universidad de Chile.
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* Centro Fernando Vives SJ, Universidad Alberto Hurtado (jlatorre@uahurtado.cl)
** Centro Fernando Vives SJ, Universidad Alberto Hurtado (nrojas@uahurtado.cl)
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[1] Se estiman hoy 2,8 millones de hectáreas plantadas (CONAF, 2015). En 2014, la exportación de este sector fue la tercera del país, con 6.094 millones de dólares (CORMA, 2014).
[2] El 18 de abril de 2016, se registran veintinueve presos vinculados a la protesta mapuche (incluyendo a dos machi, autoridades espirituales mapuches), la cifra más alta de los últimos cuatro años.
[3] Según Forbes, en su último informe, Chile cuenta con catorce “superricos”, frente a los trece de Suiza, los ocho de Austria o los seis de Holanda. Existe evidencia significativa (Duran y Kremerman, 2015; López, Figueroa y Gutiérrez, 2013) que sitúa a Chile como el país con mayor concentración del ingreso entre su población más rica.
[4] Fruto de la movilización, estas empresas han accedido a vender al Estado predios para ser devueltos a comunidades que los reclaman.
[5] La primera y última vez que Mininco vendió a un predio al Estado fue en el año 2002, mientras paralelamente exigía al Gobierno de Lagos una estrategia de inteligencia para la desmovilización mapuche. Hoy es la única empresa que se resiste a vender predios, argumentando que las comunidades mapuches “no saben producir la tierra”, aludiendo a que no plantan pinos o eucaliptos (Informe Especial, 3/9/2015).
[6] El gasto policial en la provincia de Arauco, aquella que concentra la mayor presencia de industrias forestales, ha aumentado en un 530% entre los años 2012 y 2015. Hoy hay quince predios forestales con protección policial permanente, y nueve de ellos son de Forestal Mininco.
[7] Sindicato de trabajadores agrícolas forestales Nueva Esperanza y Sin Tierra, conformado por más de doscientas familias.
[8] Referencias sobre la comunidad Pablo Quintriqueo Huenuman:
http://www.tlahui.com/politic/politi00/politi9/cl9-67.htm, http://www.mapuche.info/lumaco/punto981120.htm,
http://www.elciudadano.cl/2014/12/18/133603/acusan-presunta-autoria-de-guardias-de-forestal-arauco-en-violenta-agresion-a-comunero-mapuche/
Fuente: http://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/?p=6052 - Fotos: El Ciudadano
