El mal negocio de la minería para Guatemala
De las utilidades de las empresas mineras Guatemala recibe una cantidad muy baja apenas 0.12 centavos por cada dólar; según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Perú recibe 0.27 centavos, Chile 0.35 centavos y Bolivia 0.57 centavos. Esto significa que las empresas mineras podrían pagar el doble, el triple o hasta cinco veces más al Estado y aun así seguir siendo un negocio rentable.
El aporte directo de las mineras a las finanzas de Guatemala representa apenas un 0.71% de los ingresos del Gobierno Central, un aporte que no compensa la conflictividad social, los gastos para proveer seguridad policial o militar a las mineras, los gastos para la promoción de la minería por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), tampoco esos aportes mineros alcanzarían para cubrir los posteriores costos de saneamiento ambiental.
Un caso reciente que ilustra el mal negocio de las mineras para Guatemala es el de Minera San Rafael de la canadiense Tahoe Resources. En enero de 2014 al sureste de la ciudad de Guatemala empezó a extraer plomo, zinc, oro y plata en la mina Escobal. En sus catorce informes trimestrales disponibles en su página web se reflejan sus jugosos beneficios, al 30 de junio 2017 la compañía indica haber extraído 71.5 millones de onzas de plata en “la tercera mina de plata más grande del mundo” y del yacimiento según sus mediciones aún tienen 267.5 millones de onzas. A la empresa le cuesta en promedio seis dólares producir una onza de plata y la vende en dieciséis dólares, de lo extraído ha vendido el 94% lo que le ha generado US $1,143 millones. Para cuando Tahoe Resources se retire, la rehabilitación y cierre de la Mina Escobal según el acuerdo con el MEM, de no realizar la empresa esta fase de manera adecuada, la fianza de cumplimiento es de apenas US $1 millón y el Estado tendría que cubrir los costos multimillonarios.
¿Cuánto exactamente ha pagado Tahoe Resources al Estado de Guatemala?, la información del Estado no es fácilmente accesible, la empresa dice haber pagado Q1,000 millones de 2014 a la fecha por concepto de impuestos, más el obligatorio 1% por regalías y el 4.5% como aporte voluntario cuando la onza de plata la ha vendido arriba de los dieciséis dólares, una cantidad que no compensa las pérdidas para Guatemala. También dice haber generado 1,600 empleos directos, pero son temporales, con tendencia a reducirse progresivamente y son pocos puestos de trabajo para la multimillonaria inversión que principalmente sirve para cubrir el costo de la importación de equipos y maquinaria.
CACIF exige “certeza jurídica” para los “inversionistas”, ¿pero de qué hablan si varias licencias mineras como las de Tahoe Resources fueron aprobadas por funcionarios corruptos como el exministro Erick Archila y el general Otto Pérez y, además, violando los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169? Guatemala quiere desarrollo, pero no este tipo de “desarrollo” que ya ha sido rechazado en decenas de consultas comunitarias o municipales.
Fuente: Por Aroldo Pérez publicado en Diario La Hora
