Colonialismo en el siglo XXI en Argentina: la lucha de las comunidades indígenas
La comunidad diaguita de Los Chuschagasta, ubicada en la provincia argentina de Tucumán, continúa reclamando justicia en el caso de Javier Chocobar, comunero indígena asesinado por un terrateniente el 12 de octubre de 2009. El motivo, la tierra.
Por: Luciana Chiodi y Gastón Wahnish
El 12 de octubre se celebra en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios, o por lo menos eso marca el calendario. Los hechos cuentan otra versión de la historia. Javier Chocobar, comunero indígena del pueblo diaguita Los Chuschagasta, ubicado en la provincia argentina de Tucumán, fue asesinado por un terrateniente un 12 de octubre de 2009. El motivo, la tierra. Nueve años después la comunidad continúa en la búsqueda de justicia y reconocimiento.
Y llegaron los blancos con sus armas
El 12 de octubre de 2009 el empresario Darío Amín, junto a los expolicías Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso ingresaron armados al territorio comunitario de Los Chuschagasta, comunidad diaguita reconocida por la Ley 26.160, para reclamar la posesión sobre una cantera de piedras lajas. Los comuneros se resistieron y los blancos dispararon. Javier Chocobar fue alcanzado por una bala en la pierna y minutos más tarde murió desangrado. El cacique Andrés Mamaní y su primo Eduardo Mamaní resultaron gravemente heridos. Todo quedó registrado en un video que hoy constituye una pieza fundamental en la causa judicial.
Desde 1959 la familia Amín intentaba tomar posesión de ese terreno comunal con títulos de dudosa procedencia. En 2008 logran que el Estado provincial les dé la concesión para explotar esta cantera, y hasta el día de hoy la reclama como propia.
“A él [Javier Chocobar] la familia de Amín ya lo tenía en la mira desde hace años. Cuando éramos chicos el padre de Darío Amín ya lo había amenazado que lo iba a matar si no le entregaba la vivienda. Y no lo consiguió él, lo consiguió el hijo”, narra Delfín Cata, comunero y hermano de Javier Chocobar.
Aquel 12 de octubre Amín no improvisó, fue armado y acompañado de un “comando” —como él mismo lo denominó— conformado por dos agentes vinculados a fuerzas de seguridad. Luis Humberto Gómez, conocido como ‘El Niño’, es un policía retirado acusado de haber pertenecido al grupo parapolicial Comando Atila, vinculado con un temeroso ex comisario de la provincia, el ‘Malevo’ Ferreyra. Su amigo, Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi figura en las listas desclasificadas de integrantes del Batallón 601, una unidad especial de inteligencia del Ejército Argentino que funcionó durante la última dictadura cívico-militar.
El largo camino a la justicia (colonial)
Después de nueve años exigiendo justicia, Los Chuschagasta lograron el inicio del juicio oral a los artífices del asesinato de Javier Chocobar, su autoridad comunitaria. Los tres imputados, Amín, Gómez y Valdivieso, son acusados como partícipes necesarios en los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas de fuego.
No fue simple para el pueblo diaguita llegar a esta instancia, durante casi una década —junto a organizaciones sociales y políticas de Tucumán— se movilizaron y reclamaron justicia. Por esas mismas calles se paseaban los imputados, el Poder Judicial había decidido dejarlos en libertad hasta el momento del juicio.
El camino fue largo y la justicia no lo puso fácil. Desde el pasado 28 de agosto, para llegar a cada audiencia los comuneros madrugan y parten desde El Chorro en un tractor que los deja en La Higuera. Desde allí tienen más de una hora de viaje en colectivo para desembarcar en la histórica ciudad de San Miguel de Tucumán y luego trasladarse hacia el destino final, el Fuero Penal del Poder Judicial. No entran como si nada, es territorio de la Justicia con mayúscula, los cachean en la puerta principal, les piden los datos en la mesa de entrada a la Sala IV y en la puerta la policía provincial cachea a uno por uno antes de dejarlos ingresar. Sus rostros sugieren cansancio y tristeza, pero también una pisca de esperanza. Todo es registrado por dos cámaras de filmar y algunas fotográficas: la cineasta Lucrecia Martel está sentada en primera fila tomando nota para lo que luego se transformará en un documental sobre el caso Chocobar.
La comunidad sabe que en este ámbito también se perpetúa el colonialismo, los tribunales hablan otro lenguaje, tienen otra cultura y no suelen estar del lado de los marginados. Según un mapa realizado por la organización ANDHES (Abogadas y abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), en Tucumán existen 40 conflictos territoriales en relación a 10 pueblos indígenas, lo que representa un promedio de cuatro conflictos por comunidad. Solo el 60% de esos conflictos se judicializa y las resoluciones muestran que cuando el denunciante es una comunidad, solo el 3% obtiene una resolución favorable, mientras que el 97% no cuenta con una respuesta o resultan favorables a terratenientes.
En las audiencias se evidencia el choque de dos cosmovisiones. Para la justicia blanca y occidental la propiedad de la tierra es individual y su explotación económica está basada en un modelo extractivista. Para las comunidades indígenas la noción de territorio tiene una significación colectiva y no se reduce a una mera relación patrimonial, de posesión y producción, sino que es además material y espiritual, básica para la preservación del legado cultural de estos pueblos. “Vivimos de nuestra Madretierra, es donde podemos cultivar nuestros alimentos, cosechamos, consumimos y hay un tiempo en que todo lo que recibimos por parte de ella, tenemos que ofrecerlo de vuelta a nuestra Madretierra para que el próximo año nos dé mucho más de lo que hemos producido”, explica Audolio Chocobar, hijo de de Javier y testigo en el juicio. Sabe que en cuanto haya una sentencia favorable y logre hacer el duelo por su padre, su próxima batalla es por la Ley de Propiedad Comunitaria, un reclamo que atraviesa todas las etnias y tiene su eco en el Congreso nacional.
Audolio Cocobar, hijo de Javier y testigo en el juicio. Gastón Wahnish
Las vaquitas son ajenas, y de unos pocos
La situación de la propiedad de la tierra en Tucumán, al igual que en otras provincias de Argentina, muestra un fuerte proceso de concentración. El Registro de Tierras Rurales arroja que aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes. En el caso de Tucumán, según datos del último Censo Nacional Agropecuario, menos del 1% de los terratenientes abarcan la mitad de las tierras cultivadas de la provincia, lo que representa 60 explotaciones agropecuarias que concentran el 52% de esas tierras.
La organización ANDHES afirma que “los numerosos intereses económicos presentes en la explotación indiscriminada de recursos en territorios de las comunidades implican una necesaria y decidida presencia del Estado en su rol de garante de derechos”. Esta explotación de la tierra tucumana se concentra cada vez en menos manos, entre los censos de 1988 y 2008 las explotaciones agropecuarias registradas se redujeron a la mitad sobre una superficie incluso más extensa.
¿Descendemos de los barcos?
El escenario, el histórico Congreso de Tucumán, el presidente Mauricio Macri se dirige al rey emérito Juan Carlos I: “Deberían tener angustia de tomar la decisión, mi querido rey, de separarse de España’, en alusión a quienes participaron de la declaración de independencia de España. El contexto no fue azaroso, se trataba de los festejos por el bicentenario de la independencia argentina, el 9 de julio de 2016.
El discurso colonialista que se desprende de la boca del funcionario más importante de un país se conjuga con aquel otro que niega de un plumazo a nuestros pueblos originarios afirmando que los argentinos descienden de los barcos. Pero, como antes, los hechos narran otra versión de la historia. En el territorio argentino el Estado identificó 1.604 comunidades indígenas. Además, el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de los Pueblos Originarios muestra que el 2,38% de la población forma parte de alguno de los 31 pueblos indígenas de Argentina. Y si sumamos a los nativos que viven fuera de las comunidades, dato excluido por este censo, se llega a un total de casi 2 millones de indígenas, es decir, un 5% de la población del país.
Este 12 octubre no hay mucho para celebrar. Los desalojos, los asesinatos y el silenciamiento hacia los pueblos originarios no cesan. Las comunidades indígenas de Argentina pelean por el efectivo cumplimiento de la Ley 26.160 que debe relevar hace años todos los territorios comunitarios para protegerlos. En las resistencias y los saberes ancestrales aún vive la semilla para el imperioso reconocimiento de los pueblos y la tan ansiada interculturalidad.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/
