Ecuador: contaminación en afluentes del río Napo apunta a la minería
En diciembre de 2019, un grupo de biólogos ecuatorianos y brasileños publicó una investigación que revelaba que en los afluentes de la cuenca alta del río Napo, en la provincia amazónica de Napo, los niveles de algunos metales pesados —cadmio, aluminio, hierro, cobre, zinc, níquel y plomo— son 500 veces más altos de lo permitido por normativas ecuatorianas y norteamericanas. Además, los sitios ubicados cerca de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios presentaron concentraciones de 100 a 1000 veces más altas que los sitios clasificados como “poco amenazados”.
por Mayuri Castro
Los resultados de la investigación —de la Universidad Ikiam, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad San Francisco de Quito— muestran que las altas concentraciones de metales observadas en el agua se deben, efectivamente, a la cercanía de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios, pero también a la piscicultura no nativa, al uso intensivo de agroquímicos tóxicos y disposición de residuos sólidos municipales. La alta concentración de metales, revela la investigación, representa una potencial afectación al ecosistema y la salud humana.
El río Yutsupino es uno de los afluentes del Napo, y allí la actividad minera es constante. No solo hay mineros artesanales sino que, bajo el régimen de pequeña minería, opera la empresa Terraearth Resources S.A. Desde 2017, la compañía tiene una concesión minera en etapa de explotación llamada Regina 1S. Además, tiene otras cinco concesiones que están en diferentes etapas: Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho —que conforman el proyecto aluvial Tena con una extensión de 7125 hectáreas— y la Vista Anzu.
Las concesiones de Terraearth Resources S.A son para exploración y explotación aluvial de oro. Por lo general, la minería en aluviones se hace en áreas reducidas de los márgenes de los ríos, no dentro de ellos. Es practicada, especialmente, por mineros artesanales y es considerada una práctica ancestral. “Pero los mineros ilegales también la emplean con el uso de una batea para sacar el material minero, si explotan en extensas áreas el impacto ambiental es tremendo y muy visible”, explica Elisa Levy, vocera del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador.
Actividad minera formal e informal
Las cuatro concesiones del Proyecto Aluvial Tena —Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho— aún no tienen licencia ambiental. Hernán Lema, técnico de Terraearth Resources, dice que en las concesiones Confluencia y El Icho han hecho exploración, mientras que en la concesión Talag y Vista Norte, la empresa no ha realizado ninguna actividad.
Actualmente estas cuatro concesiones no están en etapa de explotación, y Lema deslinda a la compañía de cualquier responsabilidad en los niveles de contaminación. Dice que la minería artesanal es la causante. Sin embargo, en el Ecuador, los procesos de exploración y exploración avanzada (antes de la explotación) en minería metálica a pequeña escala —como la que se realiza en este proyecto— sí requieren una licencia ambiental, según indica la especialista en Derecho Ambiental, Lucía Gallardo.
En cuanto a las concesiones Regina 1S —que se está explotando actualmente— y Vista Anzu, Lema asegura que forman parte del Proyecto Shiguacocha que sí tiene licencia. El técnico de Terraearth Resources reitera que solo en Regina 1S está la explotación y que en las otras cinco concesiones no realizan actividad minera.
La declaración de Lema, de que la empresa no realiza ninguna actividad minera, se contradice con la denuncia de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (Foin). La Federación sostiene que la empresa sí ha realizado actividades de explotación minera sin licencia ambiental en las concesiones Confluencia y El Icho, y que ha incumplido las provisiones de su licencia ambiental en las concesiones Regina 1S y Vista Anzu.
Patricio Shiguango, presidente de la Foin, dice que las comunidades indígenas piden que se detenga la minería porque la empresa Terraearth Resources S.A. las ha realizado por muchos años fuera del área permitida y sin una licencia ambiental. Piden al Ministerio del Ambiente que sancione a la empresa.
Un estudio posterior
En octubre de 2019, la empresa Terraearth Resources S.A. publicó el Estudio de impacto ambiental expost para las fases de exploración y explotación simultánea de minerales metálicos bajo el régimen de pequeña minería de las áreas mineras Talag, Confluencia, Anzu Norte y el Icho. El estudio de impacto ambiental es un requisito para obtener la licencia ambiental y, en este caso, explica el funcionario Lema, para las cuatro concesiones que conforman el Proyecto Aluvial Tena se necesita solamente una porque están contiguas.
En el estudio, la empresa menciona el método que utilizará en las siguientes etapas, el de batea, que consiste en la extracción del mineral sumergiendo una especie de plato de madera o de acero en el agua, que posteriormente se llena con la arena y los minerales que allí haya. Dice, además, que explotará el material a cielo abierto —cavando grandes cráteres en extensión y profundidad—. El abogado ambiental Fred Larreátegui explica que aunque las etapas de exploración y exploración avanzada sean menos fuertes que la explotación, implican un impacto en la zona en la que se haga porque se deben talar árboles y utilizar químicos para las perforaciones para obtener «los testigos» —bloques de tierra y mineral que luego se llevan a laboratorios para analizar la concentración de minerales—.
El mismo estudio de Terraearth dice que el área donde se haría la explotación minera colinda con otras concesiones mineras y terrenos agrícolas, por lo que podría haber impactos ambientales y de salud pública causados por estos terceros. Además, habla de la calidad los ríos: “Los resultados del muestreo de agua indican que la mayoría de parámetros se encuentran dentro del rango establecido por la norma, a excepción de los parámetros de hierro cuyo valor es superior al límite permisible”. Esto contradice la investigación académica, donde se indica que no solo el hierro sino el cadmio, el aluminio, el cobre, el zinc, el níquel y el plomo exceden por mucho los niveles permitidos en los afluentes del río Napo.
En el documento, la empresa afirma que no ha realizado ninguna actividad minera porque no tiene licencia ambiental, aunque la declaración es contradicha por la Foin.
Mongabay Latam contactó al Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) para conocer cuáles de las concesiones tienen, en efecto, una licencia ambiental y entender su nivel de responsabilidad en los altos niveles de metales pesados en el río. Sin embargo, su respuesta se limitó a decir que el MAE está en “proceso de transición” por cambio de autoridades. El 4 de marzo de 2020 se posicionó un nuevo ministro de Ambiente, Juan Dehowitt Holguín, y además la entidad fue fusionada con la Secretaría del Agua, creando el primer Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador.
Otras afectaciones a las comunidades
El 5 de febrero de 2020, la Foin denunció algo más: en un comunicado mencionó las irregularidades encontradas en el proceso de participación social del estudio y la contaminación ambiental en los ríos Jatunyacu, Anzu, Talag, Yutzupino, Piocullin y Napo, en la provincia de Napo. En esta área hay actividad de mineros artesanales y se encuentra la empresa Terraearth Resources S.A.
El Ministerio del Ambiente ecuatoriano aprobó en enero de 2019 la elaboración del estudio de impacto ambiental de la empresa con la figura ex post . “Es una figura que se aplica para regularizar cualquier actividad que se esté realizando sin permisos, en el caso de la minería, en cualquiera de sus fases”, explica Silvia Vasquez, experta en derecho ambiental. Cuando se da la autorización para presentar este documento, la empresa tiene que parar la actividad mientras hace el estudio de impacto ambiental, dice Vásquez.
“El estudio de impacto ambiental ex post viola los derechos ambientales de la naturaleza según la Constitución”, dice Lucía Gallardo, especialista en derechos ambientales y docente de la Universidad Ikiam. Gallardo asegura que esta figura también viola el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada.
La investigación de los biólogos de las universidades Ikiam, Pontificia Universidad Católica y San Francisco de Quito obtuvo muestras de los afluentes de la cuenca alta del río Napo y menciona que los ríos donde se ubican las seis concesiones mineras son cabeceras de importantes ríos amazónicos.
Por su parte, la Fundación Río Napo (FRN), organización civil que trabaja desde hace veinte años en la protección de los ríos en Ecuador y el desarrollo sostenible de proyectos ambientales para el sector, realiza actividades de conservación de los ríos por el impacto que ha dejado la actividad minera. La FRN dice que la empresa minera empezó a realizar actividades de “forma agresiva y de manera directa”. Una fuente, que pidió no ser mencionada por temor a represalias, dice que la empresa minera “no cumple con la normativa ambiental”. Además, asegura que no hacen una correcta señalética, almacenamiento de combustibles, mantenimiento de maquinarias, manejo adecuado de aguas, y afirma que hay trabajadores sin equipo de protección.
Fuente: https://es.mongabay.com/2020/03/mineria-de-rio-afecta-afluentes-rio-tena-en-ecuador/?utm_source=Latam&utm_campaign=05d684c378-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_08_30&utm_medium=email&utm_term=0_e3bbd0521d-05d684c378-71089191 - *Imagen principal: Los ríos afluentes del río Napo están contaminados por algunos metales pesados. Foto: Cortesía GK.
por Mayuri Castro
Los resultados de la investigación —de la Universidad Ikiam, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad San Francisco de Quito— muestran que las altas concentraciones de metales observadas en el agua se deben, efectivamente, a la cercanía de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios, pero también a la piscicultura no nativa, al uso intensivo de agroquímicos tóxicos y disposición de residuos sólidos municipales. La alta concentración de metales, revela la investigación, representa una potencial afectación al ecosistema y la salud humana.
El río Yutsupino es uno de los afluentes del Napo, y allí la actividad minera es constante. No solo hay mineros artesanales sino que, bajo el régimen de pequeña minería, opera la empresa Terraearth Resources S.A. Desde 2017, la compañía tiene una concesión minera en etapa de explotación llamada Regina 1S. Además, tiene otras cinco concesiones que están en diferentes etapas: Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho —que conforman el proyecto aluvial Tena con una extensión de 7125 hectáreas— y la Vista Anzu.
El río Yutsupino estaría contaminado por la actividad minera y otras actividades humanas. Foto: Cortesía para GK.
Las concesiones de Terraearth Resources S.A son para exploración y explotación aluvial de oro. Por lo general, la minería en aluviones se hace en áreas reducidas de los márgenes de los ríos, no dentro de ellos. Es practicada, especialmente, por mineros artesanales y es considerada una práctica ancestral. “Pero los mineros ilegales también la emplean con el uso de una batea para sacar el material minero, si explotan en extensas áreas el impacto ambiental es tremendo y muy visible”, explica Elisa Levy, vocera del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador.
Actividad minera formal e informal
Las cuatro concesiones del Proyecto Aluvial Tena —Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho— aún no tienen licencia ambiental. Hernán Lema, técnico de Terraearth Resources, dice que en las concesiones Confluencia y El Icho han hecho exploración, mientras que en la concesión Talag y Vista Norte, la empresa no ha realizado ninguna actividad.
Actualmente estas cuatro concesiones no están en etapa de explotación, y Lema deslinda a la compañía de cualquier responsabilidad en los niveles de contaminación. Dice que la minería artesanal es la causante. Sin embargo, en el Ecuador, los procesos de exploración y exploración avanzada (antes de la explotación) en minería metálica a pequeña escala —como la que se realiza en este proyecto— sí requieren una licencia ambiental, según indica la especialista en Derecho Ambiental, Lucía Gallardo.
En cuanto a las concesiones Regina 1S —que se está explotando actualmente— y Vista Anzu, Lema asegura que forman parte del Proyecto Shiguacocha que sí tiene licencia. El técnico de Terraearth Resources reitera que solo en Regina 1S está la explotación y que en las otras cinco concesiones no realizan actividad minera.
Mujeres protestando contra la minería en la provincia de Napo. Foto: Cortesía GK.
La declaración de Lema, de que la empresa no realiza ninguna actividad minera, se contradice con la denuncia de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (Foin). La Federación sostiene que la empresa sí ha realizado actividades de explotación minera sin licencia ambiental en las concesiones Confluencia y El Icho, y que ha incumplido las provisiones de su licencia ambiental en las concesiones Regina 1S y Vista Anzu.
Patricio Shiguango, presidente de la Foin, dice que las comunidades indígenas piden que se detenga la minería porque la empresa Terraearth Resources S.A. las ha realizado por muchos años fuera del área permitida y sin una licencia ambiental. Piden al Ministerio del Ambiente que sancione a la empresa.
Un estudio posterior
En octubre de 2019, la empresa Terraearth Resources S.A. publicó el Estudio de impacto ambiental expost para las fases de exploración y explotación simultánea de minerales metálicos bajo el régimen de pequeña minería de las áreas mineras Talag, Confluencia, Anzu Norte y el Icho. El estudio de impacto ambiental es un requisito para obtener la licencia ambiental y, en este caso, explica el funcionario Lema, para las cuatro concesiones que conforman el Proyecto Aluvial Tena se necesita solamente una porque están contiguas.
En el estudio, la empresa menciona el método que utilizará en las siguientes etapas, el de batea, que consiste en la extracción del mineral sumergiendo una especie de plato de madera o de acero en el agua, que posteriormente se llena con la arena y los minerales que allí haya. Dice, además, que explotará el material a cielo abierto —cavando grandes cráteres en extensión y profundidad—. El abogado ambiental Fred Larreátegui explica que aunque las etapas de exploración y exploración avanzada sean menos fuertes que la explotación, implican un impacto en la zona en la que se haga porque se deben talar árboles y utilizar químicos para las perforaciones para obtener «los testigos» —bloques de tierra y mineral que luego se llevan a laboratorios para analizar la concentración de minerales—.
La compañía Terraearth Resources S.A se desvincula de la contaminación de los ríos en la Amazonía.
Foto: Cortesía GK.
El mismo estudio de Terraearth dice que el área donde se haría la explotación minera colinda con otras concesiones mineras y terrenos agrícolas, por lo que podría haber impactos ambientales y de salud pública causados por estos terceros. Además, habla de la calidad los ríos: “Los resultados del muestreo de agua indican que la mayoría de parámetros se encuentran dentro del rango establecido por la norma, a excepción de los parámetros de hierro cuyo valor es superior al límite permisible”. Esto contradice la investigación académica, donde se indica que no solo el hierro sino el cadmio, el aluminio, el cobre, el zinc, el níquel y el plomo exceden por mucho los niveles permitidos en los afluentes del río Napo.
En el documento, la empresa afirma que no ha realizado ninguna actividad minera porque no tiene licencia ambiental, aunque la declaración es contradicha por la Foin.
Mongabay Latam contactó al Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) para conocer cuáles de las concesiones tienen, en efecto, una licencia ambiental y entender su nivel de responsabilidad en los altos niveles de metales pesados en el río. Sin embargo, su respuesta se limitó a decir que el MAE está en “proceso de transición” por cambio de autoridades. El 4 de marzo de 2020 se posicionó un nuevo ministro de Ambiente, Juan Dehowitt Holguín, y además la entidad fue fusionada con la Secretaría del Agua, creando el primer Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador.
Otras afectaciones a las comunidades
El 5 de febrero de 2020, la Foin denunció algo más: en un comunicado mencionó las irregularidades encontradas en el proceso de participación social del estudio y la contaminación ambiental en los ríos Jatunyacu, Anzu, Talag, Yutzupino, Piocullin y Napo, en la provincia de Napo. En esta área hay actividad de mineros artesanales y se encuentra la empresa Terraearth Resources S.A.
Además de la actividad minera formal en este sector también hay actividad minera artesanal e informal.
Foto: Cortesía GK.
El Ministerio del Ambiente ecuatoriano aprobó en enero de 2019 la elaboración del estudio de impacto ambiental de la empresa con la figura ex post . “Es una figura que se aplica para regularizar cualquier actividad que se esté realizando sin permisos, en el caso de la minería, en cualquiera de sus fases”, explica Silvia Vasquez, experta en derecho ambiental. Cuando se da la autorización para presentar este documento, la empresa tiene que parar la actividad mientras hace el estudio de impacto ambiental, dice Vásquez.
“El estudio de impacto ambiental ex post viola los derechos ambientales de la naturaleza según la Constitución”, dice Lucía Gallardo, especialista en derechos ambientales y docente de la Universidad Ikiam. Gallardo asegura que esta figura también viola el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada.
La investigación de los biólogos de las universidades Ikiam, Pontificia Universidad Católica y San Francisco de Quito obtuvo muestras de los afluentes de la cuenca alta del río Napo y menciona que los ríos donde se ubican las seis concesiones mineras son cabeceras de importantes ríos amazónicos.
Por su parte, la Fundación Río Napo (FRN), organización civil que trabaja desde hace veinte años en la protección de los ríos en Ecuador y el desarrollo sostenible de proyectos ambientales para el sector, realiza actividades de conservación de los ríos por el impacto que ha dejado la actividad minera. La FRN dice que la empresa minera empezó a realizar actividades de “forma agresiva y de manera directa”. Una fuente, que pidió no ser mencionada por temor a represalias, dice que la empresa minera “no cumple con la normativa ambiental”. Además, asegura que no hacen una correcta señalética, almacenamiento de combustibles, mantenimiento de maquinarias, manejo adecuado de aguas, y afirma que hay trabajadores sin equipo de protección.
Fuente: https://es.mongabay.com/2020/03/mineria-de-rio-afecta-afluentes-rio-tena-en-ecuador/?utm_source=Latam&utm_campaign=05d684c378-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_08_30&utm_medium=email&utm_term=0_e3bbd0521d-05d684c378-71089191 - *Imagen principal: Los ríos afluentes del río Napo están contaminados por algunos metales pesados. Foto: Cortesía GK.
