El agua vale más que el litio: Comunidades indígenas y asambleas socioambientales denuncian que una minera de litio busca apropiarse de un río en Catamarca.
Pueblos originarios rechazan la minería de litio por sus impactos ambientales y sociales, y por violar los derechos indígenas vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos. Son comunidades diaguitas de Catamarca, que afirman que la multinacional Livent ya secó un río y busca apropiarse de otro. Denuncian persecución y detenciones arbitrarias contra quienes cuestionan la minería. En Jujuy, comunidades kollas de las Salinas Grandes rechazan que empresas y gobiernos insistan en las actividades extractivas. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un amparo judicial aguarda respuesta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por Darío Aranda
La multinacional FMC Corporation se instaló en Catamarca en la década del 90 (bajo el nombre de Minera del Altiplano). Con su proyecto Fénix (más conocido como Salar del Hombre muerto) fue pionera en la explotación de sales de litio, mineral imprescindible para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. Siempre mantuvo un perfil bajo, eclipsada también por Minera Alumbrera (el mayor emprendimiento de oro y cobro, centro de las denuncias y críticas). En 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation.
En 2018 la empresa presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para ampliar la explotación (del proyecto Fénix). Para eso requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del acuífero de la subcuenca río Los Patos. Propuso la realización de seis pozos de bombeo, los que permitirían proveer 650.000 litros de agua por hora, y trasportar el caudal a través de un acueducto de 32 kilómetros hasta la planta.
Por Darío Aranda
La multinacional FMC Corporation se instaló en Catamarca en la década del 90 (bajo el nombre de Minera del Altiplano). Con su proyecto Fénix (más conocido como Salar del Hombre muerto) fue pionera en la explotación de sales de litio, mineral imprescindible para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. Siempre mantuvo un perfil bajo, eclipsada también por Minera Alumbrera (el mayor emprendimiento de oro y cobro, centro de las denuncias y críticas). En 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation.
En 2018 la empresa presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para ampliar la explotación (del proyecto Fénix). Para eso requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del acuífero de la subcuenca río Los Patos. Propuso la realización de seis pozos de bombeo, los que permitirían proveer 650.000 litros de agua por hora, y trasportar el caudal a través de un acueducto de 32 kilómetros hasta la planta.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Antofagasta de la Sierra rechazan la avanzada empresaria. Afirman que la multinacional ya agotó el recurso del río Trapiche, y que hará lo mismo con el río Los Patos, imprescindible para la vida del lugar.
“Decimos no al acueducto del río Los Patos. El proyecto de la minera Livent atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua”, afirmaron en un escrito público la comunidad indígena Atacamaqueños del Altiplano y Vecinos Autoconvocados de Antofagasta de la Sierra. También recordaron que mantienen un corte de ruta selectivo (sobre la ruta provincial 43, donde solo frenan a los vehículos de la minera) y denunciaron el accionar del fiscal Jorge Alberto Flores (del juzgado de Belén), que ordenó el desalojo con la excusa de “proteger la seguridad” de los manifestantes. La comunidad indígena denunció que la policía local los amenaza con la posible llegada de empleados mineros y camioneros para reprimir el corte de ruta.
No sería el primer hecho de violencia. Entre octubre y diciembre de 2019 hubo cuatro hechos de violencia contra quienes se oponen a la explotación de litio en Catamarca. Desde detenciones violentas y arbitrarias (sin notificación previa) hasta amenazas y persecuciones policiales (los efectivos se movilizaban en camionetas de la minera). “En Catamarca es una verdadera política pública de persecución a quienes defienden el agua y el ambiente”, afirmó Evelyn Vallejos, de Pucará. Desde la organización denunciaron el accionar “arbitrario e ilegal” de los fiscales Verónica Saldaño y Jorge Alberto Flores.
Comunidades indígenas y asambleístas tuvieron reuniones y comunicaciones con los gobernadores (Lucía Corpacci –hasta 2019–, y el actual Raúl Jalil), el intendente Julio Taritolay, con el representante del Ministerio de Minería Gustavo Carrizo, y con el gerente de Livent, Fernando Ruiz Moreno. A todos les informaron que “no hay licencia social” para el acueducto minero, les precisaron media docena de irregularidades del informe de impacto ambiental de la empresa y denunciaron la violación de la legislación indígena, principalmente la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.
En Jujuy la principal lucha contra el litio se da en las Salinas Grandes y cuenca de la Laguna de Guayatayoc. Desde hace una década más de treinta comunidades del Pueblo Kolla y Atacama rechazan la instalación de mineras, que cuentan con apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. Clemente Flores, de la comunidad El Angosto (departamento de Tumbaya), explicó que la mayor preocupación actual pasa por “las presiones de parte del gobierno provincial” para que las comunidades firmen estudios de impacto ambiental a la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), que licitó áreas de Salinas Grandes a la compañía Integra Recursos Naturales. “En enero de 2019 las comunidades le comunicamos por escrito al Gobierno de Jujuy que nuestra decisión era ‘no al litio, sí a la vida’. La presión ahora sobre comuneros para que firmen acuerdos con mineras es claramente violatorio del derecho a la consulta libre, previa e informada que tenemos los pueblos indígenas”, afirmó Flores.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades indígenas, recordó que una causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de derechos indígenas, y un amparo (presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales–FARN–) está desde diciembre de 2019 en la procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda solicita “prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico” de las Salinas Grandes.
Fuentes: Rebelión
“Decimos no al acueducto del río Los Patos. El proyecto de la minera Livent atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua”, afirmaron en un escrito público la comunidad indígena Atacamaqueños del Altiplano y Vecinos Autoconvocados de Antofagasta de la Sierra. También recordaron que mantienen un corte de ruta selectivo (sobre la ruta provincial 43, donde solo frenan a los vehículos de la minera) y denunciaron el accionar del fiscal Jorge Alberto Flores (del juzgado de Belén), que ordenó el desalojo con la excusa de “proteger la seguridad” de los manifestantes. La comunidad indígena denunció que la policía local los amenaza con la posible llegada de empleados mineros y camioneros para reprimir el corte de ruta.
No sería el primer hecho de violencia. Entre octubre y diciembre de 2019 hubo cuatro hechos de violencia contra quienes se oponen a la explotación de litio en Catamarca. Desde detenciones violentas y arbitrarias (sin notificación previa) hasta amenazas y persecuciones policiales (los efectivos se movilizaban en camionetas de la minera). “En Catamarca es una verdadera política pública de persecución a quienes defienden el agua y el ambiente”, afirmó Evelyn Vallejos, de Pucará. Desde la organización denunciaron el accionar “arbitrario e ilegal” de los fiscales Verónica Saldaño y Jorge Alberto Flores.
Comunidades indígenas y asambleístas tuvieron reuniones y comunicaciones con los gobernadores (Lucía Corpacci –hasta 2019–, y el actual Raúl Jalil), el intendente Julio Taritolay, con el representante del Ministerio de Minería Gustavo Carrizo, y con el gerente de Livent, Fernando Ruiz Moreno. A todos les informaron que “no hay licencia social” para el acueducto minero, les precisaron media docena de irregularidades del informe de impacto ambiental de la empresa y denunciaron la violación de la legislación indígena, principalmente la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad.
En Jujuy la principal lucha contra el litio se da en las Salinas Grandes y cuenca de la Laguna de Guayatayoc. Desde hace una década más de treinta comunidades del Pueblo Kolla y Atacama rechazan la instalación de mineras, que cuentan con apoyo de los gobiernos provinciales y nacional. Clemente Flores, de la comunidad El Angosto (departamento de Tumbaya), explicó que la mayor preocupación actual pasa por “las presiones de parte del gobierno provincial” para que las comunidades firmen estudios de impacto ambiental a la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), que licitó áreas de Salinas Grandes a la compañía Integra Recursos Naturales. “En enero de 2019 las comunidades le comunicamos por escrito al Gobierno de Jujuy que nuestra decisión era ‘no al litio, sí a la vida’. La presión ahora sobre comuneros para que firmen acuerdos con mineras es claramente violatorio del derecho a la consulta libre, previa e informada que tenemos los pueblos indígenas”, afirmó Flores.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades indígenas, recordó que una causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de derechos indígenas, y un amparo (presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales–FARN–) está desde diciembre de 2019 en la procuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda solicita “prevenir el daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y borato en el sistema hídrico” de las Salinas Grandes.
Fuentes: Rebelión
