Azerbaiyán acusa a Armenia de ecocidio en Karabaj
Por Pablo Jofré Leal
El concepto de ecocidio tiene, desde el año 2021, una definición jurídica. En concreto refiere a «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente». La narrativa armenia con fuerte influencia, sobre todo en ciertos países europeos, sigue con la línea argumental de hablar de un territorio en disputa cuando la realidad es que Karabaj es reconocido internacionalmente y así estipulado por las Naciones Unidas en resoluciones que dan cuenta de ello. Por esto, es necesario que aquello que acontece en esta región de Azerbaiyán deje de tener la unilateralidad observada en los medios de comunicación occidentales y traer a colación lo que efectivamente está aconteciendo con la protesta de manifestantes de la sociedad civil y activistas medioambientales azerbaiyanos, respecto a no seguir aceptando el saqueo y destrucción de sus riquezas naturales.
Este incremento de la tensión obedece, principalmente, al incumplimiento de obligaciones de la parte armenia, que consisten, fundamentalmente, en no retirar aún parte de su ejército de territorio azerbaiyano en clara violación del párrafo 4 del acuerdo de paz del año 2020, el uso indiscriminado de los recursos naturales de la zona por donde transita esta carretera a manos de armenia en lo que Bakú considera actividades económicas ilegales, además de la obstrucción de aquellas vías de comunicaciones de transporte de la región que impide la continuación de obras de desarrollo, que no sólo favorecen a Azerbaiyán, sino que al conjunto del Cáucaso Sur.
El gobierno armenio había señalado a las autoridades de Azerbaiyán como responsables del cierre de la carretera Khankandi-Lachin, pero en verdad esta vía fue momentáneamente cortada, no por los manifestantes azerbaiyanos, sino por el contingente de paz conformado por tropas rusas, desplegados en la zona a partir del 10 de noviembre del año 2020. En estos últimos días las protestas de los miembros de la sociedad civil de Azerbaiyán, entre ellos los activistas ambientales en defensa de los recursos naturales de Azerbaiyán, manifestado en la carretera Shusha-Lachin, producto de insatisfacciones respecto a lo que Bakú ha denunciado desde la época de ocupación de Karabaj y los distritos adyacentes, recuperados tras la guerra del año 2020: el saqueo de sus riquezas, las actividades económicas ilegales y, sobre todo, lo que se ha denominado el eco terrorismo que ha dañado enormemente el medio ambiente en dicha región.
El gobierno azerbaiyano ha dado a conocer que los habitantes de origen armenio, que aún residen en la zona, no tendrán impedimento alguno respecto a cubrir sus necesidades humanitarias, pues de lo que se trata es de favorecer la normalidad de la zona y no generar mayores grados de zozobra en la población. Por su parte, la comisionada de Azerbaiyán para los Derechos Humanos -defensora del pueblo- Sabina Aliyeva señaló que las protestas de la sociedad civil de Azerbaiyán en la carretera Khankandi-Lachin tienen el objetivo de “impedir que Armenia explote y saquee ilegalmente los recursos naturales de Azerbaiyán, lo que está causando una grave contaminación medioambiental”. Y, por tanto, afirmó Aliyeva, se debe tomar nota de estas manifestaciones, justas y legales, que en modo alguno perjudican la seguridad de la zona, cuya responsabilidad está en manos de las fuerzas rusas desplegadas en la zona.
Las manifestaciones de este año 2022 se originaron cuando un equipo interministerial azerbaiyano se entrevistó con el mando militar del contingente ruso desplegado y dio a conocer la necesidad de terminar con la explotación ilegal de los yacimientos minerales en los territorios pertenecientes a Azerbaiyán y que aún tienen presencia militar armenia –claramente constitutivo de violación de las leyes internacionales, que prohíben toda explotación en territorios ocupados según la convención de Ginebra–. Preocupación que además se amplía a las consecuencias medioambientales de una explotación sin control alguno, que trae, consecuentemente, efectos secundarios que amplían los efectos negativos sobre el conjunto del territorio. La solicitud específica de Azerbaiyán refiere a la necesidad de inspeccionar in situ los depósitos de oro en Gizilbulag y de cobre-molibdeno en Demirli, fuertemente contaminantes para las capas acuíferas. La demanda da cuenta también de cesar la explotación ilegal, evaluar los daños medioambientales y trabajar por los daños ya generados.
En materia de contaminación acuífera, en un interesante artículo de la periodista Elena Ostapenko, esta profesional señala, por ejemplo, que “La longitud total del río Okhchuchay es de hasta 83 km y su mayor parte se encuentra dentro de la región de Zangezur. El curso inferior del río atraviesa Zangilan, los territorios liberados de la ocupación armenia. El nivel de contaminación del río Okhchuchay es extremadamente importante para Azerbaiyán, considerando que desemboca en el río Araz, el segundo río más grande del sur del Cáucaso. El río Araz, el afluente derecho más grande del río Kura, desempeña un papel crucial en el riego de las tierras agrícolas de Azerbaiyán. Sin embargo, dada la calidad del agua del río, su uso para necesidades domésticas y agrícolas puede generar impactos extremadamente negativos” (1). La liberación de las tierras azerbaiyanas ocupadas anteriormente por Armenia ha dado acceso a los ecologistas azerbaiyanos a los ríos locales, que fluyen, en particular, a través de los territorios del distrito de Zangilan, comprobando el ecocidio cometido.
Los reclamos de Azerbaiyán son de larga data. Incluso medios alemanes, en su momento, dieron cuenta de estas demandas por el fin de conductas dañinas contra el medio ambiente en las otrora zonas ocupadas por Armenia. El portal de noticias alemán TRT Deutsch publicó un artículo titulado “Azerbaiyán critica la contaminación ambiental por parte de empresas armenias”, a las cuales responsabilizó del desastre ambiental en Karabaj (2). Estas noticias develadas a partir de denuncias del gobierno de Azerbaiyán, dieron cuenta, a principios de julio del año 2021, que empresas alemanas, ligadas a la industria minera, con operaciones en Armenia, estaban contaminado el río Okhchuchay, al verter desechos de la industria minera ligada al Cromo y el Molibdeno. Se dio a conocer que la empresa alemana Cronimet, con sede en la ciudad de Karlsruhe, es el principal accionista de la empresa minera Zangezur Copper-Molybdenum Combine. Igualmente, se denunció a la planta de procesamiento de minerales de Gafan –Chaarat Kapan CJSC– adquirida por una empresa británica.
En un artículo anterior, donde daba cuenta de la catástrofe ambiental dejada por la ocupación armenia de territorio azerbaiyano, señalé que “Para Bakú, la actual situación ambiental debe ser calificada como un desastre ecológico, ante el cual el gobierno armenio no puede evitar asumir su responsabilidad, como también se exige a las empresas alemanas involucradas. Requerimiento que emana también de la constatación de daño ambiental de ecologistas de la propia armenia (3). Elemento muy importante a la hora de exhortar, que aquellos que suelen hablar de respeto al medio ambiente y cuyos gobiernos ejercen presiones sobre otros países, para hacer factible los acuerdos medioambientales, ejecuten acciones similares frente a lo que hacen sus empresas, como es el caso de Cronimet, ligado además a grupos de cabildeo armenio en Alemania. Los propios alemanes han dado cuenta del alcance del lobby armenio. Así, se constata que Gunther Pilarsky, además de ser el fundador de Cronimet, su director ejecutivo, cumple la función de cónsul Honorario de Armenia, en la región de Baden-Wurtemberg, que está incluida por las autoridades tanto de Armenia como de la misma nación teutona como una empresa lobista. Sumemos a ello que Mikael Minasyan, yerno del ex presidente armenio Serzh Sargsyan, es uno de los accionistas de Zangezur Copper-Molybdenum Combine. Una relación que explica los intereses y la negativa de terminar con su labor depredadora.
La situación de deterioro ambiental, que está siendo trabajada como política prioritaria por Bakú, es el resultado de 30 años de ocupación armenia, que no sólo perpetró masacres como la de Jodyali, sino que forzó el desplazamiento de un millón de azerbaiyanos, que aún mantiene grupos armados ilegales en los territorios de Karabaj aun después del triunfo de Azerbaiyán, continuando sus amenazas militares y la negativa a entregar el conjunto de mapas que permita el desminado de la zona, que se constituyen en una seria amenaza para el trabajo de restauración y reconstrucción a gran escala realizado en el período posterior al conflicto, tanto para la población civil que trabaja en estas zonas, como para el retorno de los desplazados y a su vida pacífica en sus hogares.
Las cifras oficiales entregadas por el gobierno azerbaiyano señalan que desde el fin de la guerra del año 2020, 268 ciudadanos de Azerbaiyán han sido víctimas de explosiones de minas terrestres y dentro de ellas 45 personas, incluyendo tres periodistas, han perdido la vida, 35 de ellas civiles. La seguridad de aquellos que viven en la región de Karabaj, incluyendo población de origen armenio, es un asunto interno de Azerbaiyán y se garantizan de conformidad con la Constitución de la República de Azerbaiyán. Por tanto, si Azerbaiyán cumple con sus obligaciones en su totalidad, exige que Armenia también cumpla con sus obligaciones, que incluyen el fin de todo acto de eco terrorismo, que genera tensión en la región e impide llevar adelante el conjunto de acciones destinadas a crear un Cáucaso Sur pleno de desarrollo para el conjunto de sus naciones. Eso es pensar con visión estratégica incluso extendiendo la mano a todos aquellos que pueblan esta región.
Articulo para SegundoPaso ConoSur - https://www.elciudadano.com/columnas/azerbaiyan-acusa-a-armenia-de-ecocidio-en-karabaj/12/23/
