"Los cambios ambientales son una forma de violencia lenta"
Entrevista de: Manuel Ruiz Rico.
Sostiene en el libro que siempre ha habido desplazamientos de personas por motivos climáticos, pero ahora hay dos elementos nuevos: un planeta habitado por 8.000 millones de personas y un cambio climático acelerado por la acción humana. Esto hará, argumenta, que las acciones para bloquear el tránsito de seres humanos "fracasen tarde o temprano".
Las estimaciones varían, pero los cálculos son que para 2050 habrá entre cien y mil millones de desplazados en el mundo. Todo dependerá de cómo actuemos en adelante, de si adaptamos nuestras políticas para que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Es decir, si ayudamos a los países y sus poblaciones a esa adaptación podríamos reducir esos desplazamientos masivos de personas tanto a nivel interno como en cuanto a la migración entre fronteras. No sabemos qué cifra habrá en el futuro, pero sí sabemos que en torno al 80% de las migraciones provocadas por el clima ocurren en el interior de los países. En Estados Unidos lo estamos viendo porque las naciones desarrolladas no son inmunes en absoluto a los efectos del cambio climático. Los incendios de California están llevando a muchos californianos a mudarse a Texas, Minnesota, New Hampshire o Vermont. Del mismo modo, Louisiana está experimentando pérdidas masivas de terreno como resultado tanto del incremento del nivel del mar como de las prácticas ambientales de la industria del petróleo, por lo que muchas personas se están mudando del sur de ese estado al norte.
Este fenómeno es interesante porque normalmente se pone el foco en el migrante exterior que entra en un país, y esta migración forzada interior ¿podría llegar a ser, de ser masiva, más desafiante de gestionar para los países?
Completamente. Actualmente hay planes para trasladar la capital entera de Indonesia, Yakarta, ¡imagina qué supone eso sólo desde el punto de vista logístico! Estamos hablando de mover de sitio a una población de más de diez millones de personas. En Filipinas también están trasladando a personas que viven en zonas costeras. Hay muchos países que ya están pensando en modos para adaptar a su población.
¿Podemos llegar a ver situaciones en las que un estado mueva a su propia población contra la voluntad de ésta?
En Filipinas ya ha sucedido. Las decisiones para desplazar a personas de zonas costeras han sido resistidas por la población local. Mucha gente se ha opuesto y considera esas medidas autoritarias. Y una decisión así es fácil que se interprete así por la población afectada, de modo que habrá que analizar en el futuro qué motivos tiene un estado para tratar de llevar a cabo una medida así. Lo peor es que muchas veces esas medidas serán rechazadas porque a veces, como pasa en Estados Unidos, un número significativo de personas no cree que el cambio climático sea real y, cuando sí lo creen, entonces no creen que sea el ser humano el que está acelerando esos cambios, así que habrá mucha resistencia a esas decisiones, ya la está habiendo. Sobre esto, creo que al final será el sector privado el que acabará forzando que la gente se vaya a otro sitio.
¿A qué se refiere?
Por ejemplo, con las empresas aseguradoras, que no querrán asegurar tu propiedad en un área particular, de modo que la gente al final tendrá que irse de allí, así que al final puede que la presión definitiva provenga del sector privado y no del gobierno.
En su libro llama a reforzar la cooperación internacional para abordar la situación de los refugiados climáticos.
Desde luego la respuesta a este fenómeno tendrá que venir aplicando un enfoque regional, en lo que respecta a Estados Unidos tendrá que ser así y habrá que tener la conversación de por qué algunos países están en primera línea de los efectos del cambio climático, sufriendo los efectos de una crisis medioambiental que ellos no han creado, y en esto hay que señalar la responsabilidad de los países desarrollados hacia esos otros países y su responsabilidad en ayudarlos a adaptarse a la nueva realidad del cambio climático.
¿Están las organizaciones internacionales preparadas para afrontar este reto?
Lo han estado, por ejemplo, con el así llamado Proceso de La Puebla [de 1996]. Los países de la región han tenido conversaciones anuales sobre temas que les afectan por igual, y la migración es uno de esos asuntos. ¿Cuántas veces el cambio climático está presente en esas conversaciones? No muy a menudo, pero tendrán que ir apareciendo más, porque el resto del cambio climático se da a varios niveles: abordar los efectos del cambio climático, ayudar a las personas a adaptarse, proveer ayuda humanitaria para las personas afectadas por eventos meteorológicos extremos, examinar las políticas que crear vulnerabilidad, y tener una estrategia para personas que puedan estar permanentemente desplazadas. Por ejemplo, Centroamérica y el Caribe son un epicentro en las Américas en cuanto a los efectos del cambio climático. Para las personas de esta zona, habrá que tener incluso un programa regional de reasentamiento.
En el libro, usted aborda esta cuestión en el ámbito internacional, analizando convenciones y acuerdos de Naciones Unidas. Los refugiados climáticos, ¿son considerados técnicamente eso, "refugiados"?
Se suele usar el término refugiado de forma muy amplia. Solemos hablar de refugiados climáticos, pero eso no implica que las leyes los vean como refugiados. Ahora mismo, dentro de la definición internacional o nacional, en el caso de Estados Unidos, de lo que es un refugiado, no está incluido como causa el medio ambiente, el cambio climático. Hay personas, por este motivo, que están llamando a redefinir y actualizar el concepto de refugiado, de manera que las personas desplazadas por causas medioambientales puedan recibir una protección similar. Pero creo que la mayoría aún se resiste a redefinir ese término porque temen que esto puede implicar rebajar las protecciones de aquellas personas que están perseguidas políticamente. Lo que proponen estas voces es crear una vía complementaria para los desplazados por motivos medioambientales.
Pero no sólo es la definición de refugiado la que está desactualizada. Como usted denuncia en su libro, la propia Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de Naciones Unidas, adoptada en 1954, sigue sin contemplar que un estado pueda desaparecer debido al cambio climático.
Es otro de los ejemplos que habría que adaptar a la nueva realidad, pero, como digo, hay mucha resistencia a hacerlo. Otro elemento relacionado con esto es que la migración es multicausal.
El efecto 'cascada' que usted menciona en el libro.
Eso es, en la mayoría de las situaciones las personas migran por un cúmulo de razones. Por ejemplo, un agricultor de Honduras puede migrar debido a los problemas de la tierra, como una sequía o por un huracán. A partir de ahí, dicho agricultor puede huir a la ciudad, cuando llega, pongamos que se ve afectado por la violencia criminal o política y decide migrar de nuevo, esta vez fuera del país, a Costa Rica o a México y hasta Estados Unidos, así que cuando llega a este país es considerado un refugiado por motivos económicos y, bueno, no es incierto, ha huido por motivos económicos, pero también por causas medioambientales que están en el origen. La forma en que el sistema de migraciones está diseñado en el mundo intenta ubicar a las personas en categorías estancas muy definidas y esas categorías desconectadas pueden ser legalmente útiles para crear cuotas, pero no reconocen la realidad de las causas de la migración actualmente.
En el caso concreto de Estados Unidos, usted pide buscar un enfoque para afrontar estas migraciones abandonando las prácticas neocoloniales que sólo logran dejar atrapadas a las personas, y asegura que estas prácticas relevan el legado imperial y de las políticas de la Guerra Fría. ¿A qué se refiere?
Estados Unidos tiene enormes intereses en Centroamérica. Por eso, tras el huracán Mitch en 1998, Estados Unidos ofreció el llamado TPS (Estatus de Protección Temporal) y fue renovado constantemente para los migrantes de Centroamérica una y otra vez, pero no para personas de otros países o regiones afectadas por el mismo huracán. Estados Unidos necesita la estabilidad de los países de Centroamérica, porque ha invertido miles de millones de dólares en esos países, ha firmado acuerdos comerciales con ellos, tiene muchas inversiones puestas en diferentes sectores, y todo esto es un legado del neoliberalismo y de la Guerra Fría, por eso la emergencia de movimientos de izquierdas en esos países son una molestia para el gobierno de Estados Unidos y ni los gobiernos republicanos ni los demócratas quieren eso, ambos han preferido siempre un status quo particular que fomente la estabilidad económica y las inversiones del país.
El un concepto que acuñó Rob Nixon [en el libro de 2013 Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, en español sería: Violencia lenta y el ecologismo de los pobres]. Hay ciertas políticas que, en su interés por el desarrollo económico, crean una forma de violencia lenta. Cuando se aplican esas políticas, no se ven sus efectos inmediatamente, pero acaban apareciendo con el paso del tiempo con consecuencias devastadoras. Por ejemplo, la deforestación, la minería y la contaminación de los ríos, sus consecuencias son violentas para la población que vive en esas áreas, agricultores, población indígena, etcétera. No sólo afecta sus modos de vida y su entorno sino sus vidas mismas, puesto que, si crean un movimiento ecologista contra eso, bueno, hay un número considerable de asesinatos de personas que son activistas ambientales en Centroamérica, así que sí, los cambios ambientales son una forma de violencia lenta y contra los que se oponen a esas políticas se produce una violencia radical e intensa.
En el caso de Estados Unidos, es curioso que, como usted analiza en el libro, la Ley de Ayuda a los Refugiados de 1953 sí incluía el concepto de víctimas de "calamidades naturales", elemento que desapareció en la ley de Inmigración de 1965 y la de Refugiados de 1980.
Ocasionalmente, Estados Unidos ha acomodado a personas víctimas de desastres medioambientales, pero siempre de manera ad hoc. En cualquier caso, siempre han sido grupos de personas muy reducidos. Efectivamente, cuando el país aprobó la Ley de Refugiados de 1980 y codificó finalmente el sistema de refugiados, eliminó cualquier referencia al medioambiente o la destrucción medioambiental, en parte porque se adoptó la definición de refugiado de Naciones Unidas; en 1967, Estados Unidos se había convirtió en firmante del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas. La ley de 1980, de hecho, fue para trasladar a la propia ley estadounidense el contenido de esa convención internacional. Pero es cierto que el medioambiente desapareció de cualquier consideración. Desde luego, ha llegado el tiempo de revisar eso porque la realidad es que existe un cambio climático acelerado que provoca refugiados climáticos.
¿Se ha intentado aprobar alguna ley posterior para corregir esto?
Sí, se introdujo una ley [en 2019] tanto en el Senado como en la Cámara de los Representantes y fue rechazada en ambas cámaras. Ha sido reintroducida de nuevo y sospecho que volverá a ser rechazada y sospecho que en el nuevo congreso que tomará posesión en enero de 2023 tras las elecciones del pasado mes de noviembre, pero para ser honesta, no veo que haya posibilidades de que una ley así pueda ser aprobada pronto porque, en estos momentos, cualquier política que sea percibida como generosa hacia los inmigrantes en una patata caliente política para los republicanos y para los demócratas porque temen que puedan hacerles perder fácilmente la mayoría escasa que tienen en el Congreso. Biden, por ejemplo, sí ha expandido las cuotas para acoger ucranianos que huyen de la guerra, pero los americanos sí tienen en mente a los ucranianos, pero esta llamada no existe ahora mismo para aumentar el número de peticiones de asilo ni de inmigrantes porque la inmigración en este país se ha convertido en una patata caliente [la primera propuesta sobre refugiados climáticos fue presentada en el Congreso en septiembre de 2019, fue una iniciativa del senador Ed Markey y la congresista Nydia Velázquez. La propuesta de ley reconocía la "responsabilidad compartida" de Estados Unidos en esa situación y proponía conceder cada año 50.000 visados para desplazados climáticos].
¿Cómo se gestiona ahora mismo la llegada de los refugiados?
En estos momentos, según la ley vigente, cada año la Casa Blanca, tras consultar con el Congreso, establece un número, una cuota, y asignan un número de esa cuota a cada región del mundo, suelen ser regiones en las que Estados Unidos tenga un interés determinado, pero no hay ninguna cuota específica y concreta para refugiados climáticos. La única herramienta que hay en nuestra legislación para acomodar a personas desplazadas debido al medioambiente es el llamado TPS, Estatus de Protección Temporal, pero, como digo en el libro, sólo beneficia a personas que ya están en Estados Unidos, trabajando o estudiando, y además no abre la posibilidad a conseguir la ciudadanía estadounidense, así que cuando ese estatus se te termina, te echan del país. Este instrumento es el que se ha usado para coger temporalmente a miles de hondureños, salvadoreños y nicaragüenses [desplazados por motivos económicos o políticos], que llevan más de 20 años algunos viviendo en Estados Unidos, trabajan aquí, pagan sus impuestos aquí, han tenido hijos y familias aquí, pero que el día en que ese estatus temporal les sea retirado, tendrán que abandonar el país. Es un instrumento que te hace vivir en un margen social porque nunca abre la vía a convertirte en ciudadano. Estos instrumentos deberían garantizar el acceso a la nacionalidad.
En el libro se habla de Nueva Zelanda como el único país que sí ha establecido cuotas para refugiados climáticos. ¿En qué consiste el caso de este país?
Nueva Zelanda ha sido el primer gobierno en crear una vía para admitir en su país a refugiados climáticos. Los refugiados que tienen en mente son las personas que pertenecen a las pequeñas islas-estado del Pacífico, cuyos modos de vida y su propio país está en riesgo de desaparecer debido al incremento del nivel del mar. De momento, las cuotas establecidas son muy reducidas, en torno a 100 al año, pero es el primer gobierno en el mundo que ha reconocido esa responsabilidad compartida.
Analiza en su libro con detenimiento los casos de desastres naturales en las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Aunque son dos territorios de Estados Unidos, el gobierno federal no actuó en ellos del mismo modo que lo habría hecho si dichos desastres hubieran pasado en estados ricos. ¿Se está generando una especie de ciudadanos de primera y de segunda ante el cambio climático incluso dentro de países desarrollados?
Eso es totalmente así y por eso quería realmente introducir un capítulo en el libro dedicado a la migración interna dentro de los países. Cuando ese desastre ambiental se produjo [el huracán María, de septiembre de 2017], muchos estadounidenses dijeron: "Un momento, ¿los desplazados de las Islas Vírgenes y de Puerto son migrantes internos?" ¡Por supuesto que lo son! Son ciudadanos de Estados Unidos, aunque mucha gente no lo supiera porque esos países están fuera de sus mentes, están lejos. Esto es, de nuevo, un legado del imperialismo americano, que ha generado dos tipos de ciudadanos americanos. Los ciudadanos de esos territorios, siendo estadounidenses, no cualificaron para recibir la misma asistencia que cuando estos desastres se han producido en la parte continental de Estados Unidos. Yo misma estoy muy familiarizada con la situación de Puerto Rico porque terminé allí el instituto. Cuando vives en la isla, confrontas todo el rato esa situación de doble estatus de estadounidense. Suceden cosas como ésta: si vives en Puerto Rico, y lo mismo sucede si vives en las Islas Vírgenes, no puedes votar al presidente, aunque este te pueda enviar a la guerra, pero si te mudas a los Estados Unidos continentales, sí que puedes. De modo que tus derechos como ciudadano americano dependen del lugar del país en el que vivas. Es totalmente extraño. Y hay otros territorios americanos, como las Islas Marianas o la isla de Guam, cuyo estatus es incluso más raro.
Alerta del riesgo de que la respuesta ante el cambio climático acabe llevando a lo que usted llama el 'ecoapartheid' o el 'ecofascismo'. ¿A qué se refiere?
Cuando estudias el cambio climático, ves que las personas que más sufren sus consecuencias son los más pobres, y de entre ellos, las mujeres y especialmente los niños. Vemos claramente cómo funciona la desigualdad. Muchas veces, estos sectores de la sociedad son invisibles para el resto, incluso tienden a considerarse desechables y para los sectores más poderosos y ricos de la sociedad, es muy fácil que simplemente los excluyan, que ni siquiera los consideren para ningún tipo de desarrollo, de políticas. Los sectores poderosos y ricos, ven a estas personas como bajas necesarias. Y cuando [ante el cambio climático] las políticas son diseñadas sólo para el beneficio de los ricos, estamos ante una forma de ecoapartheid. Esto lo estamos viendo ya en muchas de las estrategias de los milmillonarios [billionaires, en inglés personas con un patrimonio de más de mil millones de dólares], quienes en los últimos años están explorando comprar sus propias islas para evitar pagar impuestos y dotadas con sus propios sistemas de seguridad y de gobierno para no tener que depender de los estados-nación, o los milmillonarios que están explorando las posibilidades de vivir fuera de la Tierra. Desde luego, cuando planean opciones así, desde luego no están pensando en el ciudadano de a pie.
Fuente: https://www.publico.es/sociedad/maria-cristina-garcia-cambios-ambientales-son-forma-violencia-lenta.html#analytics-seccion:listado
