Comentario del libro de Gilberto López y Rivas «Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación»
Por Iván Franco
La 4T es un proyecto nacionalista de clara vocación desarrollista y con amplio diálogo con el orden transnacional cifrado en el T-MEC y el Proyecto Mesoamérica, es decir, mantiene inmersa la economía nacional al espectro capitalista extractivo, orgánico al universo de megaproyectos transnacionales y la geopolítica del despojo. La 4T se sustenta en el liderazgo de AMLO y el movimiento Morena. Unidos lograron desplazar por vía electoral (aún no derrotar) a una elite plutocrática, expoliadora y mafiosa que se desplegó como nunca en y desde los partidos PRI y PAN de 1988 a la fecha. Democratizadora en lo político, modernizadora en lo económico e integradora de la economía regional al Estado transnacional, la 4T gira en torno a recuperar cierto peso del Estado como rector de la economía; después que la clase neoliberal cayó de la gracia de grandes masas de electores como de sus promotores anglosajones y es muy probable que sigan en caída libre. Un modelo integrador al gran capital internacional ya no pudieron concretarlo esos grupos ya que, además de salvajes y depredadores, llevaron a la condición de narco Estado a México. Tenían como eje, al menos en el sureste, unas siete a ocho Zonas Económicas Especiales. Estas serían el epicentro de los agresivos proyectos extractivos, inmobiliarios y turísticos de capitales financieros, incluidos los de origen asiático.
El Sureste
Las preguntas que nos guían los comentarios de la obra son ¿Por qué desde hace 30 años el sureste se convirtió en una “atractiva” zona para el arribo de megaproyectos, decenas de inmobiliarias, mega-granjas porcinas, cerveceras, etc.? ¿Cómo es que el golfo y la península entraron al esquema de la geopolítica del despojo transnacional? Al inicio del sexenio de Vicente Fox Quezada, nos enteramos que un plan de gran envergadura estaba listo para “impulsar el desarrollo de nueve estados del sureste de México y cinco países de Centroamérica”. El plan se pondría en marcha a partir del año 2001 y fue conocido como Plan Puebla Panamá (PPP). Su análisis mostró que se trataba de un conjunto de proyectos para realizar centenas de inversiones estatales e internacionales cuyo objetivo era concretar un agresivo modelo de integración a la economía norteamericana. Los nueve estados y cinco países considerados poseen petróleo, iridio, manganeso, corrientes eólicas, horas de sol, etc.
Nunca se pidió opinión a los 40-50 millones de personas quienes habitaban entonces esas entidades si deseaban o no ese futuro. Mucho menos a los pueblos originarios que en ellos residen pues no pocos proyectos se planteaban aterrizar en sus territorios. Explotar recursos naturales y movilizar millones de personas con base a la construcción de aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, puertos, orientación de zonas agro-industriales y demás, definían sus objetivos. El estudio del PPP permitió entender que su concepción y presentación “ordenada” no se hizo de la noche a la mañana. Mucho menos fue una ocurrencia fundada en ayudar y llevar “justicia” a los pueblos originarios desde que el EZLN alzó la voz contra el modelo neoliberal en 1994 y, como rescata la obra de GLR, pugnar por la autonomía y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Los habitantes originarios del área han estado sometidos a represión y masacres por su sempiterna oposición a proyectos similares del Estado mexicano o de empresas extractivas extranjeras, principalmente en Chiapas.
Ya desde mediados del siglo XX países poderosos y grandes empresas petroleras y extractivas (incluida PEMEX), llevaban “radiografiando” zonas y regiones de México y de otros países para determinar su potencial estratégico, es decir, la calidad y cantidad de reservas minerales no explotadas. Esas prospecciones y estudios dieron un vuelco cualitativo cuando la aplicación de los avances tecnológicos propiciados por la carrera espacial, dieron paso a la identificación de territorios ricos en recursos como petróleo, gas natural, iridio, oro, chispas de diamante, etc. La acumulación y dominio de la información se hizo mediante el uso de avanzados equipos satelitales, en buques marinos de vanguardia, naves y drones de alto espectro, y demás. Todo junto dio paso a la conformación de entidades empresariales globales operando con una nueva e insaciable lógica lucrativa apoyadas por instancias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Foro de Davos, etc.
La meta: articular proyectos para imponer por la vía de “pactos” internacionales o proponer vía golpes de Estado a regiones y a Estados débiles -o en tránsito hacia regímenes neoliberales-, planes de inversión coloquialmente nombrados “para el desarrollo”. Fue el caso del PPP que concluyó en un relativo fracaso aunque los sucesivos planes regionales armados para Latinoamérica y el Caribe están concebidos y son aplicados de manera análoga. México estuvo gobernado desde 1982 por una clase política orgánica al Estado transnacional mundial. Sus actores de base fueron a partir de 1988 la clase política “salinista” cuyo imperio perdura hasta la fecha en entidades como Yucatán, plenamente derechizado por el modelo neoliberal depredador esgrimido por la clase política panista gobernante. Carente de inversiones extrajeras directas (IED) altas, comparado con otras entidades, Yucatán da indicios de ser un estado cada vez más subordinado al capital financiero y especulativo. En la entidad se imponen desde entonces y de forma unilateral agendas relacionadas con la delimitación de zonas de inversión y liberalización de tierras públicas y ejidales con desarrollos y empresas que amenazan formas milenarias de vida, explosión de procesos migratorios violentos o pasivos, etc.
Queda claro que a partir de la última década del siglo XX y la primera del XXI, el sureste de México ya era visto como un apetitoso bocado por empresas extractivas y turísticas ligadas al capital financiero. Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, fueron el espacio geo-estratégico “elegido” por el capital transnacional para poner en marcha el nuevo modelo intensivo de acumulación, extracción y movilización (laboral y turística) plasmado de forma incipiente en los planes impuestos por los organismos internacionales. Ese marco histórico ayuda a entender el alcance que tiene la obra que comentamos. Porque el status todopoderoso que ahora guardan las transnacionales agobian un día sí y otro también a los pueblos originarios del sureste.
La obra
El libro es una agenda analítica y de lucha construido desde la mirada y reacción de los pueblos originarios a la fase depredadora del capital financiero mundial. No es una agenda cualquiera. Es una voz crítica contra el nuevo colonialismo depredador que caracteriza al modelo transnacional impulsado por EEUU y Canadá en este lado del continente. La obra se suma a una lista importante de ensayos críticos sobre cómo los pueblos y su cultura milenaria intentan frenar el desastre social, ecológico y territorial que dicho modelo dicta para México desde hace al menos tres décadas. El texto contiene cinco capítulos de cuya lectura se extraen conceptos teóricos que alimentan el debate sobre el impacto de las políticas neoliberales a nivel mundial, nacional y desde luego local además de, punto central, porque desmitifica como ya se observa en otros ensayos, un aspecto particular de la 4T como es la impronta de “sus” megaproyectos de Estado.
La Introducción es en sí un capítulo analítico de gran riqueza teórica y conceptual. En ella, el autor realiza un recorrido del sujeto “pueblos indígenas, tribales o aborígenes” y su construcción desde ópticas teóricas y políticas con las que el poder o poderes en turno han operado para justificar la colonización, dominación, inclusión, explotación, control, criminalización e incluso el genocidio de los pobladores milenarios. El autor realiza un recorrido interesante sobre el sujeto histórico “pobladores originarios” a partir de tópicos como las políticas de los Estados nacionales de los siglos XVIII y XIX, la situación de los pueblos indígenas en la matriz de clase (marginación), la invisibilidad impuesta en América Latina pese a su presencia innegable en movimientos y procesos como la Revolución Mexicana, o el incómodo tema de las autonomías para los grandes proyectos “democráticos” nacionales; en el caso de México también revisa el rol de la antropología y el indigenismo como políticas del Estado, la descalificación del etno-marxismo y de la cuestión étnica-nacional por las posturas neocolonialistas europeas en las décadas de 1980 y 1990. No deja de lado el relevante tema de la nación y la cuestión de la diversidad étnico-nacional irresuelta. Finalmente aborda el radical y profundo planteamiento de la autonomía planteado por movimientos de los pueblos indígenas a partir de la resolución 169 de la OIT como de cara a la urgente preservación de sus territorios, recursos naturales, saberes, identidades, formas de justicia y organización social. Temas que con retraso y pobre compromiso también retomó la UNESCO en la década de 1980.
El capítulo I se dedica precisamente a desgranar el origen y significado de la llamada Cuarta Transformación, un programa político amplio plegado a la globalización que tiene como eje articular al Estado y el ejército mexicano sólo para mantener el modelo de desarrollo basado en megaproyectos estatales y transnacionales que gozan del visto bueno de organismos como el FMI, el BID, etc. El ejército mexicano, en mi opinión, cumple bajo la 4T una especie de relevo institucional por default puesto que la inmensa mayoría de instituciones del Estado (como el INE), están preñadas de intereses de grupos tecnócratas neoliberales contrarios no a la 4T sino a quienes la aplican. No de otra forma se explica la migración casi masiva de priistas a las filas guindas. Como otros analistas, puedo decir que el autor, más que una transformación, observa que nación y territorio están como nunca camino de una cuarta gran fase de destrucción, por lo que habría que debatir si no debe denominarse la 4T en realidad 4D.
Y eso lo vemos aquí en Yucatán cuando observamos que, además del territorio, la naturaleza, paisaje, y demás, la 4T, con megaproyectos que ya emergen con y junto al Tren, se están apropiando de tierras y del bien escaso llamado agua a través de la sustracción de ejidos y territorios. Un dato es revelador: Quinientas mil hectáreas ejidales han pasado de 1990 a la actualidad al control y uso privado de empresas cerveceras, inmobiliarias, cementeras, eólicas, porcinas, aviares y demás solo en Yucatán. Todas están impactando en la depredación y contaminación de milenarios acuíferos, paisajes naturales y culturales, etc. Hace unos días supimos por la prensa que una firma inmobiliaria regiomontana estaba tratando de ingresar a esa órbita especulativa 712 hectáreas ejidales cercanas a Mérida, en agravio de sistemas agrícolas como de fauna y flora milenarios.
Las comunidades organizadas que se oponen a ese modelo de expropiación, compra, despojos (o lo que sea que esté impulsando el modelo capitalista en boga), son ya criminalizadas desde las instancias judiciales del gobierno estatal bajo dirección panista. El “derecho” a acumular tierras, monopolizar agua, mar y tierra, una vez más, está en manos de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Los pueblos, tribus o aborígenes quienes poblaron el territorio hace más de cinco mil años, construyeron a partir del siglo XV de nuestra era un modelo de articulación hombre-naturaleza respetuoso y, este sí, sustentable. Hoy sus descendientes reciben amenazas, intimidación cuando no órdenes de aprehensión por cuestionar el patrón por excelencia destructor y depredador. La 4T, con su propuesta económica, no parece cuestionar ni busca romper el esquema del capitalismo extractivista, masificador y depredador que avanza desde 1990 en la península. Está poniendo condiciones para ampliarlo y profundizarlo. La conclusión de los proyectos de trenes, aeropuertos, y demás, otorgará a esos capitales -en sus distintas facetas- más y mejores condiciones para desplegarse contra los territorios de los pueblos originarios.
El capítulo II detalla y analiza uno de los aspectos principales que rigen la globalización neoliberal como es el neocolonialismo de los territorios o su “recolonización” capitalista integral. En México inició como vemos con la liberalización de la propiedad ejidal de fines del siglo XX impulsada por el salinismo. Constituye un fenómeno de “revalorización” capitalista de la tierra y de los territorios (“Ven a vivir al paraíso” reza la propaganda inmobiliaria), con base a detectar las riquezas visibles e invisibles locales para dar paso a estrategias amplias de apropiación, despojo, robo y contaminación hasta de tierras privadas. En no pocos países la estrategia es acompañada por militarización, ya que esta es una de las características del Estado transnacional contemporáneo. En el caso del sureste, en lo personal he caracterizado ese proceso como parte de una fase explosiva e intensiva de ocupación masiva de un área que se definió “geo-estratégica” a fines del siglo pasado, después que la geología demostró que el subsuelo marino peninsular posee petróleo, asbesto, iridio y otros minerales. El concepto permite entender cómo, a partir de los procesos de investigación y recuento de riquezas minerales auspiciados por países con tecnologías de punta, evidencia que esos mismos intereses son los que imponen planes y programas de inversiones específicas a países, regiones, localidades e incluso hasta en “nichos” marinos como ocurre en algunas islas caribeñas. La voracidad de esos capitales no tiene límite.
El capítulo III analiza, con base a gran parte de los elementos teóricos del capítulo II, varios casos vinculados a la minería depredadora y tóxica que opera en numerosos territorios de México, etno-regiones como las caracteriza el autor; es decir, zonas y regiones cuyos recursos milenarios también ya fueron definidos por la geopolítica del despojo como estratégicos por el capital transnacional por lo que operan a como de lugar para obtenerlos. Es el caso de las mineras canadienses con agresivos sistemas extractivos que no son permitidos en sus lugares de origen. El autor reseña cómo ese modelo tiene un impacto negativo de amplio espectro en el patrimonio material e inmaterial de la nación, en prácticamente todos los sitios y zonas (Morelos, Puebla, San Luis Potosí, etc.) en las que obtuvo permisos leoninos del gobierno mexicano de la etapa 2000-2018 para explotación de plata, recursos naturales como el agua, bosques, y demás.
Como otros Estados con cierto grado de conciencia política e institucional de la riqueza cultural de sus habitantes originarios, la clase política y burocracia de México tienden a plegarse frente a esos grandes capitales depredadores. Destaca en el texto el espacio que el autor dedica a resaltar cómo algunas luchas y movimientos de los pueblos y comunidades han logrado detener la presencia de empresas nocivas, mediante luchas de resistencia que parecen perderse en el horizonte de los intereses “nacionales”. Esas luchas de resistencia también las vivimos en el sureste contra las agresivas granjas porcinas que desde principios de 1990 empezaron a colonizar y apropiarse de tierras y aguas superficiales y subterráneas localizadas de forma preferente en el cinturón de cenotes del norte de la península. Depredación y despojo a la vista arrasan y destruyen lenguas, cultura, símbolos y modelos agrícolas por todos los rincones de la península de Yucatán.
Por si no fuera poca la voracidad de las transnacionales mexicanas y extranjeras, en el capítulo IV el autor llama la atención de una dimensión cuya extensión y penetración significa violencia de todo tipo y por ende de aumento de miseria y criminalidad en el mundo rural. Son los fenómenos del narcotráfico y la contrainsurgencia. Estos procesos están ligados a las políticas neoliberales y han “obligado” al Estado a replegarse, aparte que esa incapacidad expone con crudeza la inoperancia de gobiernos dominados por los intereses criminales sean del signo que sean. Las mafias del narcotráfico y grupos contrainsurgentes, no pocas veces unidos, terminan por gobernar nichos, municipios, regiones e incluso entidades completas; su poder de penetración en el tejido social les permite construir fuerzas paraestatales tanto o más “eficientes” que las llamadas “fuerzas del orden” para expandir negocios, control de clase política, redes de distribución de drogas y de apoyos clientelares, vínculos con círculos de compra-venta de armas, crímenes, etc.
Sobre la base de que el Estado mexicano dejó de apoyar a los descendientes de los pueblos originarios con planes en favor del cuidado de la tierra y sus habitantes, grandes zonas han sido “concedidas” a grupos criminales a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchos son “blanqueados” por los intereses globales o “curiosamente” sus métodos están presentes entre comunidades y pueblos en donde el capital corrompe personas y determina si invertirá (o no) en empresas agro-industriales, tecnológicas, etc. En nuestra entidad se puede registrar cómo, a partir del incremento de megaproyectos de los años 90 del siglo pasado, las políticas neoliberales propician además de ventas forzadas y despojos de tierras ejidales, aumento de problemas sociales como precarización laboral y educativa, migración forzada, drogadicción, prostitución, movilidad y aumento de enfermedades sexuales, violencia intrafamiliar y demás en comunidades equidistantes 30, 40, 50, 60 y hasta 90 kilómetros del epicentro de poder Mérida. La pandemia de Covid-19 agudizó esa paleta de contrariedades pues precarizó más lo que ya estaba precarizado. El panorama además de incierto se pinta tétrico pues, bajo el actual clima pre-bélico de dimensión mundial, costo e inflación de la vida se han disparado.
Los capítulos 5 y 6 exponen las respuestas que los pueblos originarios dan al orden global que los maltrata, criminaliza y busca eliminar. Cuando Europa entró en contacto con los pueblos “americanos”, y pasado el período de descabezamiento de las elites indígenas que sostenían los imperios, la reacción a la colonización y dominio occidental se expresó de muchas formas. Una fue la resistencia armada y tuvo sus episodios más violentos en la larga etapa de los siglos XVIII y XIX. Entonces los pueblos originarios ya tenían claro su deseo de recuperar el control de sus territorios antiguos. Pero el despliegue de los Estados nacionales e imperiales se interpuso y algunas fases de corte populista que derivaron en reformas agrarias relevantes, por llamarlo de alguna manera, tranquilizó la efervescencia y rechazo indígena contra el despliegue de la dominación occidental. Esa ecuación cambió al final del siglo XX y lo que llevamos del XXI ya que, con la expansión brutal de las políticas neoliberales y del Estado transnacional, asistimos a la nueva fase de lucha con las demandas de autonomía, respeto de sus usos y costumbres milenarios, práctica abierta de democracia colectiva y de aplicación de justicia, cuidado de la naturaleza, y demás. Una situación ejemplar se vive hoy día en los municipios zapatistas de Chiapas o en la comunidad de Cherán en Michoacán. En ellos las comunidades han expulsado a los agentes perniciosos ligados a abusos, explotación irracional de bosques, agua, recursos naturales, robos, crimen y demás.
Para algunos pueblos originarios, principalmente los que han asumido la urgencia de frenar la penetración brutal e irracional de las fuerzas del mercado en sus comunidades, el orden global y los proyectos de corte neoliberal, se entienden como parte de un mismo proceso expoliador. Nada distinto, por decirlo en términos muy amplios, de los modelos colonial, decimonónico, del Estado nacional ni, paradójicamente, del Estado desarrollista que emergió de la 4T. No discuto que este proyecto no goce de aceptación y preferencia ciudadana cuando, sobre todo, se compara con la voracidad, narco-génesis y brutalidad extractiva que definió al Estado salinista del período 1988-2018. Pero es esa condición de asentimiento democrático de la 4T lo que, en mi opinión, obnubila la posibilidad de entender que los megaproyectos de Estado que definen su programa son parte de la continuación del despliegue del Estado transnacional y de la geopolítica del despojo. No es un modelo alterno favorable a la preservación y conservación de las culturas milenarias. La base de expansión del modelo por todo el sureste son los megaproyectos conocidos como los trenes “transoceánico” y “maya”, cuya operación ampliará y agudizará la condición de despojo histórico contra los pueblos originarios del área.
Comentario final
Pese al sentido nacionalista del discurso del presidente mexicano, el proyecto económico de la 4T está sujeto al modelo norteamericano y canadiense transnacional. La política económica a nivel nacional -como en Yucatán- seguirá acompañada del impacto negativo del capital contra las formas ancestrales de vida, cultura, memoria, identidad, patrimonio cultural, como también en zonas urbanas con crecimiento descontrolado como Mérida y que ya afecta a pueblos indígenas ubicados en un radio de hasta 60 kilómetros. Decenas de proyectos transnacionales y megaproyectos públicos en boga, acompañados por desarrollos inmobiliarios invasivos, afectan la relación milenaria con agua, aire, flora y fauna, y ponen en riesgo su ya de por sí precaria condición.
Las comunidades mayas están brutalmente impactadas por vías rápidas y capitales inmobiliarios en los últimos diez años y, en general, por empresas cuyos volúmenes de consumo de agua están agudizando las seculares y precarias condiciones de los pueblos originarios y de toda la población del área. Tan sólo la crisis porcina asiática de principios de 1990 estimuló la formación de más de 500 mega-granjas en la península bajo el mismo esquema de compra, despojo y apropiación de tierras ejidales y de agua. Y como en otras regiones de México, más de dos decenas de pueblos de la etno-región maya yucateca que se han organizado y luchan contra la expansión de dicho modelo capitalista, una vez más, ya son víctimas de amenazas y criminalización judicial. Un estado neocolonial, depredador y transnacional sentó sus reales en la tierra donde ya no hay faisán ni venado. Muchas gracias.
Dr. Iván Franco, CINAH-Yucatán
Fuentes: Rebelión
