Dejar que el río fluya: las luchas contra las represas en América Latina
Por Daiana Melón
(para la agencia de noticias BiodiversidadLA)
En la actualidad, existen en el mundo 38.660 represas y otras 3.700 se encuentran en proceso de construcción o en fase avanzada de planificación, lo que implica que el 60% de las grandes cuencas se encuentran hoy represadas, según un informe realizado por el Observatorio Mundial de Presas (GDW, por su sigla en inglés). A su vez, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares; la imprecisión de este número está ligada a que muchas no fueron reconocidas o registradas, por lo que no fueron indemnizadas o reasentadas. En la mayoría de los casos, las indemnizaciones resultaron insuficientes y los reasentamientos no implicaron una restitución de los medios de subsistencia. Por otro lado, este informe de la GDW plantea que comunidades indígenas y minorías étnicas han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado, y son quienes han sufrido mayores impactos negativos en relación a la reproducción de sus vidas y su cultura.
Una represa es una obra de infraestructura construida sobre un río, cuyo objetivo es desviar o retener el agua. La estructura se compone de un dique que se construye de forma perpendicular al cauce del río y el agua puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica, el riego, la piscicultura, el consumo industrial o humano, o para evitar anegamientos en las zonas aledañas a la fuente de agua.
Además de los impactos en las comunidades, este tipo de obras de infraestructura tienen grandes consecuencias negativas en el plano ambiental. Por un lado, han sido el tipo de infraestructura que más gases de efecto invernadero ha generado en el mundo, a causa de la descomposición de miles de hectáreas de materia orgánica que han sido inundadas. A ello se suma la destrucción de bosques nativos y de poblaciones de especies; la degradación de las cuencas debido a la inundación de los embalses; la pérdida de biodiversidad acuática y de los servicios brindados por humedales; el deterioro de la calidad de agua; y las sequías en algunos territorios aledaños.
América Latina, junto con el sudeste asiático y África, es una de las regiones con mayores conflictos vinculados a la construcción de represas, en su mayoría destinadas a producir energía. Esto ha implicado el creciente aumento, en las últimas décadas, de la lucha contra estos megaproyectos hídricos y, por consiguiente, el aumento de la criminalización y la represión. Algunos casos, por su magnitud y nivel de resistencia, se han convertido en emblemáticos.
Proyecto La Elena
El Carrenleufú o Corcovado es un río que nace en el Lago General Vintter -en territorio controlado por el Estado argentino- y, tras recorrer alrededor de 130 kilómetros, atraviesa la cordillera de los Andes hasta llegar a Chile. Desde los años setenta, el Estado argentino comenzó a estudiar la posibilidad de impulsar la construcción de represas hidroeléctricas sobre esta fuente de agua, aprovechando el desnivel natural que posee para el desarrollo de energía hidroeléctrica. Así, en 1982, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó una planificación integral con un proyecto de siete embalses y seis usinas: Jaramillo, Caridad, La Elena, Carrenleufú, Río Hielo y Frontera. Años más tarde, se realizó un balance de cada una de estas represas, donde se detectó que la más rentable era La Elena.
Tras décadas de estancamiento de este proyecto, en el año 2004 el gobierno de la provincia de Chubut, que en ese momento se encontraba en manos del peronista Mario Das Neves, decidió reiniciar los estudios de factibilidad de La Elena y le solicitó al gobierno nacional iniciar la licitación correspondiente. Detrás del proyecto estaba la corporación de capitales españoles Santander. Esta compañía es la principal accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, la cual posee una división en Puerto Madryn, por lo que el interés estaba centrado en obtener un mayor potencial energético para esta empresa. Sin embargo, la movilización que se desató ante la activación de este proyecto implicó un freno al avance de La Elena, ya que las poblaciones de la región se informaron sobre los impactos que la construcción de esta represa generaría. Por un lado, se inundarían alrededor de 11 mil hectáreas de bosque nativo. Por otro lado, afectaría por completo el territorio que habita la comunidad mapuche Pillán Mahuiza.
“En ese momento se articuló con vecinos de la zona, con grupos ambientalistas, con comunidades mapuche, se inició una campaña anti represa contando el impacto que esta tendría sobre el río. Esto derivó en movilizaciones, en acciones ahí mismo en el río, acciones que tuvieron contundencia”, recuerda Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza, en relación a los orígenes de la resistencia contra La Elena. Y agrega: “Las acciones que se llevaron adelante estaban vinculadas a denunciar y explicar mediáticamente lo que significa una represa en un lugar tan frágil, con biodiversidad, a diferencia de otros sectores de la Patagonia. También las consecuencias que traería acarreadas, porque cambiaría el clima, la flora, la fauna y también la vida de las personas”.
Tras este primer freno en el 2004, hubo nuevos intentos de reactivación de La Elena. En 2010 fue el secretario de Infraestructura provincial, Alejandro Pagani, el encargado de anunciarlo, planteando además que el anteproyecto estaba avanzado y que sólo faltaban los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, se pospuso nuevamente hasta un nuevo intento en 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni, en medio de una crisis económica y social, insistió en avanzar con este proyecto bajo el argumento de “llevar energía a las poblaciones alejadas”. Así lo explica Millán: “Ellos hacen como una especie de prueba del impacto que tiene, por ejemplo, empezar a subir información promocionando la instalación de esta represa. Creo que estaban midiendo la intensidad y probando en qué clima se desarrollaría cualquier intención de apertura del proyecto”.
Más allá de que el proyecto La Elena se encuentra frenado al día de hoy, a lo largo de los años la Lof Pillán Mahuiza sufrió las consecuencias de la lucha que vienen llevando adelante desde hace más de una década. En 2015 se descubrió que estaban realizando espionaje ilegal contra algunos de sus integrantes, a partir del hallazgo de un expediente clasificado de la ex SIDE. Por otro lado, han recibido amenazas de muerte y, durante algunas ceremonias realizadas por la comunidad, advirtieron la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad.
A pesar de ello, no han frenado la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico, así como también ante el avance de otras actividades extractivistas. “Hay algo que es fundamental tener en cuenta que es que, en el momento en que dejaste clavar una pala para que el proyecto comience, ya es prácticamente imparable. O sea, hay que prevenir inclusive que se acerquen a orillas del río con prospecciones, porque después no lo podés detener, es muy difícil una vez que se instala. No sólo se instala la estructura de trabajadores, sino también las fuerzas de seguridad, es muy difícil revertir eso”, finaliza Millán.
Represa El Zapotillo
El río Verde atraviesa el territorio de tres estados mexicanos emplazados en el centro del país: nace en Zacatecas y recorre Aguascalientes y Jalisco, donde confluye con el río Santiago. Posee una longitud de 200 kilómetros y su cuenca una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. En 1997, el gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco, firmó un acuerdo para el aprovechamiento de esta fuente de agua.
Tras este acuerdo se anunció la construcción de una represa que se ubicaría en el poblado de San Nicolás, en el estado de Jalisco. Sin embargo, dada la movilización de los pobladores que se verían afectados, el proyecto logró frenarse. Tras esta victoria, en 2005, fue lanzada una obra alternativa: la represa El Zapotillo, la cual se ubicaría en los Altos de Jalisco, a 100 kilómetros de Guadalajara.
El argumento que se planteó desde el gobierno era la necesidad de abastecer de agua a la ciudad de León, la región de los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. En el primer proyecto se detallaba la construcción de una cortina (barrera construida para detener o desviar el agua) de 80 metros de altura. En 2007, el gobierno anunció que esta cortina sería de 105 metros, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, este cambio implicaba que algunas localidades del estado de Jalisco sufrirían anegamientos, así como también pobladores de algunas regiones deberían ser relocalizados.
Desde el Estado anunciaron que tendrían que relocalizarse habitantes de las localidades Acasico y Palmarejo, regiones habitadas por integrantes del pueblo indígena Nahua. A pesar de que existe legislación internacional que protege y obliga a la consulta previa a los pueblos originarios, en el caso de El Zapotillo esta normativa no fue tenida en cuenta.
Por otro lado, se construirían dos diques para evitar el anegamiento de Temacapulín. “Pensando que tendríamos un riesgo muy grande con los diques, nos empezamos a organizar para que no se llevara a cabo el proyecto”, relata Abigail Agredano, presidenta del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sobre los comienzos de la resistencia contra El Zapotillo. Y agrega: “La resistencia fue larga, luchamos durante 16 años, con plantones, marchas, protestas, visitas al Congreso, a los gobernadores, cartas. En 2011 tomamos la represa, aun sabiendo que había muchos riesgos. Acudimos a organismos de derechos humanos, hicimos cuántas acciones se nos ocurrieron”.
A pesar de las movilizaciones que la represa suscitó, el gobierno nacional continuó adelante con el proyecto. En septiembre de 2009, la CONAGUA anunció que la licitación para la construcción de la obra había sido ganada por un consorcio conformado por la firma mexicana La Peninsular, la española FCC Construcción y el Grupo Hermes. Por otro lado, el acueducto quedaría en manos de Abengoa México, Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, Sociedad Unipersonal y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial.
La construcción de la represa se fue dilatando producto de acciones judiciales interpuestas por el comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que obtuvieron tres medidas cautelares que determinaron el freno del proyecto durante algún tiempo. Sin embargo, dada la clara intención del gobierno de finalizar la represa para que comience a funcionar en 2023, los pobladores de las regiones afectadas se vieron obligados a negociar con el gobierno mexicano para obtener algún tipo de protección. Así lo detalla Abigail: “La represa no se logró echar abajo, el Presidente de la República nos dio la opción de llenarla a 40 metros de altura, ya que la cortina estaba casi terminada. A esa altura no inunda ninguna comunidad. Aceptamos porque no teníamos otra opción, se están haciendo unas ventanas vertedoras para que no haya riesgo de inundación. Actualmente, estamos revisando que se cumpla lo que se prometió, junto con el plan de justicia”.
Brasil inundado de represas
Brasil es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en el desarrollo de represas hidroeléctricas. De hecho, el 60% de la energía que se consume en el país proviene de esta fuente. En la actualidad, Brasil posee 120 proyectos hidroeléctricos emplazados sobre diferentes ríos del país.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la represa Belo Monte, dado que, al finalizarse, será la segunda mayor hidroeléctrica brasileña (luego de la de Itaipú, que este país posee en conjunto con Paraguay) y la tercera del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China. A su vez, representará el 11% de la potencia instalada brasileña.
Belo Monte comenzó su construcción en 2011, en uno de los ecosistemas más importantes del mundo en términos de diversidad biológica: el Amazonas. Se encuentra ubicada sobre el río Xingú, que, con una longitud de 1.815 kilómetros, se extiende por el estado de Pará y es uno de los mayores afluentes de la vertiente meridional del río Amazonas.
El complejo de Belo Monte cuenta con una represa principal, llamada Pimentel, la cual creó un embalse de 359 kilómetros cuadrados y desvió el flujo del río Xingú hacia el noroeste, a través de un canal de 17 kilómetros. Este canal deriva en un embalse secundario y en una estación hidroeléctrica.
Norte Energía es el consorcio (compuesto por Eletronorte, Neonergia, Cemig, Light, JMalucelli Energía, Vale y Sinobras) que posee la concesión para operar Belo Monte por un período de 35 años. En abril de 2016, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) impuso una multa de 6,6 millones de dólares por la muerte de más de 16 toneladas de peces durante el proceso de llenado del embalse.
Por otro lado, Belo Monte implica el anegamiento de una extensa área de tierra, el desecamiento de partes del río Xingú, y la reducción de reservas de peces que son imprescindibles para la reproducción de la vida de distintos pueblos indígenas que habitan la zona: los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã. En 2011, integrantes del pueblo kayapó, en una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaron: “No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar”.
En memoria de Berta y Macarena
La problemática de las represas se extiende en distintos territorios de pueblos originarios y cada vez son más las redes de movimientos de afectados que se organizan para rechazar estas mega obras. Existen dos casos paradigmáticos de luchadoras indígenas que han sido asesinadas por enfrentar el represamiento de los ríos donde se asientan sus comunidades.
Por un lado, el caso de Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchó contra el avance del Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca de la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA). Esta represa iba a ser construida sobre el río Gualcarque, afectando los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. El 2 de marzo de 2016, Berta fue asesinada y, en junio de 2022, un ex directivo de DESA fue condenado como autor intelectual de su homicidio.
Por otro lado, el caso de Macarena Valdés, perteneciente al pueblo mapuche e integrante de la comunidad Newen de Tranguil, ubicada en el territorio que controla el Estado chileno. Macarena era parte fundamental de la lucha de su comunidad contra la minicentral hidroeléctrica que la compañía austríaca RP Global buscaba construir sobre el río Tranquil. El 22 de agosto de 2016, Macarena fue encontraba ahorcada en su casa y, rápidamente, Carabineros y el Servicio Médico Legal catalogaron su muerte como suicidio. Sin embargo, su familia y comunidad lograron que el Poder Judicial reabra el caso de Macarena e investigue la causa de su muerte, frente a las graves amenazas que habían sufrido previo a su deceso.
Esta nota es parte del proyecto “Biodiversidad para el sustento. La comunicación para fortalecer a indígenas y campesinos en sus acciones", realizado con el apoyo de Swift.
Por Daiana Melón para agencia de noticias BiodiversidadLA - daianamelon@gmail.com
