Algo huele a podrido en el Río Baradero

La causa de contaminación contra Papel Prensa avanza con dificultad. Clarín se defiende con chicanas. Qué dicen los ambientalistas.

Por Demián Verduga

Una vista de Papel Prensa: concebida en el Onganiato, regalada por Videla a Clarín y La Nación.

La planta de Papel Prensa está construida a la vera del río Baradero, uno de los brazos del delta del Paraná. El predio ocupa 150 hectáreas y el conjunto de edificios que componen la fábrica suma 40 mil metros cuadrados construidos. Produce 170 mil toneladas de papel de diario por año, usando 360 mil toneladas de madera. Hasta aquí, son indicadores exitosos. Pero hay otros. La planta arroja efluentes al río Baradero y esa agua  necesita diez veces más oxígeno para volver a su estado natural que lo exigido en la reglamentación vigente. Éste es un modo de medir la contaminación: la cantidad de oxígeno que el agua precisa para recuperarse. La planta no tiene certificado de aptitud ambiental ni permiso de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires para arrojar químicos al río. Fuentes del juzgado federal número 1 de San Nicolás, que pidieron estricta reserva, hablaron con Miradas al Sur sobre la historia de estos hechos y la situación actual. 

El tema se destapó a mediados del 2007. Un grupo de inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recorrió las instalaciones de Papel Prensa. Fue en el marco del Plan de Reconversión Industrial. En la visita, los inspectores tomaron muestras del agua que la planta devuelve al río Baradero, después de haberla usado en el proceso de producción del papel. Las papeleras necesitan enormes cantidades de agua, por eso se construyen siempre en las orillas de algún río. Las muestras de la Secretaría se analizaron y el resultado no fue nada alentador para el ecosistema del Baradero. “Se comprobó que el agua tenía un altísimo nivel de eco-toxicidad. Necesita 10 veces más oxígeno para recuperarse que lo permitido por las normas existentes y las que acepta la Autoridad del Agua bonaerense”, dijeron las fuentes judiciales que conocen la causa. 

Ante los resultados de la inspección, Papel Prensa respondió. El juez Martín Alberto Martínez, a cargo del juzgado federal número 1 de San Nicolás, que tiene jurisdicción en Baradero, encontró sobre su escritorio un pedido de demanda declarativa. Era de la firma Papel Prensa y en contra del Gobierno Nacional. Se presentó en septiembre de 2007. La posición de la fábrica era que el Ejecutivo nacional no podía inspeccionar y sancionar la planta, porque no tenía jurisdicción en ese territorio ya que el río Baradero está completamente dentro de la provincia de Buenos Aires. “Argumentaron que sólo la autoridad ambiental provincial podía ejercer el poder de policía en la planta”, contó una de las fuentes que hablaron con Miradas al Sur. Y agregó una suspicacia: “En la demanda pedían, además, que se citara al Estado provincial como parte involucrada en la causa”. Y bajando el tono de voz, mirando a un lado y a otro para comprobar que nadie estuviese tan cerca como para escuchar, dijo: “Se nota que se sienten cómodos con la autoridad ambiental bonaerense. Es comprensible: no les dan el permiso para arrojar efluentes químicos por los niveles de contaminación, pero tampoco les cierran la planta”.
Donde mandan los privados. Después de la demanda presentada por la empresa, el juzgado pidió una nueva inspección para analizar los efluentes. Estaría a cargo del ente de residuos peligrosos, que depende del Estado Nacional. Los inspectores estacionaron la camioneta en la puerta de entrada a la planta y se bajaron del vehículo. El agente de seguridad privada que vigila la fábrica se quedó parado detrás de la reja, se acomodó la gorra negra y dijo:

–Disculpen, pero no pueden pasar.

El hombre obedecía órdenes de la jerarquía de la empresa: no dejar entrar a las autoridades del Estado Nacional. La excusa fue la demanda que habían presentado en el juzgado de San Nicolás y que todavía no había una resolución. El juez Martínez, finalmente, derivó la demanda a la Corte Suprema. Ese tribunal tendrá que definir si el Gobierno Nacional tiene autoridad para hacer inspecciones ambientales en Baradero. Hace más de un año y medio que el expediente está en la Corte y los ministros no se han expedido. Por su parte, Martínez dejó asentado que la planta funcionaba sin certificado de aptitud ambiental ni autorización para arrojar efluentes químicos. Además, del mismo juzgado, salió una orden de allanamiento para volver a analizar los efluentes de la planta. Los nuevos resultados coincidieron con la primera inspección: el nivel de oxígeno que necesitaba el agua para recuperarse de la carga química era 10 veces mayor al permitido.
Guerra de muestras. La empresa no se quedó de brazos cruzados esperando que la Corte Suprema se expida. El directorio hizo una movida hábil: su propio análisis del impacto ambiental. Estuvo a cargo del Instituto de Limnología de la Universidad de Litoral, que depende del Conicet. El estudio tuvo una sutil diferencia con los que habían realizado antes, fue un análisis de toxicidad aguda. “El único objetivo fue tratar que la causa se caiga”, dicen desde el juzgado a cargo. Ese tipo de estudio ambiental consiste en someter a un ser vivo, bacteria o planta, a permanecer un tiempo corto expuesto al agua extraída de los efluentes. Luego se analiza si tuvo alguna alteración química. Si no es así, se determina que el agua no tiene un nivel de contaminación que dañe el ecosistema. La empresa se volvió a presentar en el juzgado de San Nicolás con el resultado del estudio, que fue “positivo”, y pidió el sobreseimiento de la causa. El juzgado no hizo lugar. “Lo que tenemos que estudiar acá es el impacto ambiental crónico de la planta, no hacer un análisis de contaminación aguda”, dijo a este diario uno de los ambientalistas que conocen la causa, otra vez pidiendo reserva de su nombre. Y agregó: “Debe hacerse estudiando el impacto sobre el propio ecosistema del río y durante un período prolongado”. Ese estudio está pedido para que lo haga la Universidad de Luján y tiene un costo de 100 mil pesos. Pero las distintas secretarías, del Estado provincial y nacional, que deberían aportar los fondos, “no se ponen de acuerdo sobre a quién le corresponde”, remarcaron las fuentes judiciales.
Algo huele a podrido. En medio de esta situación están los 55 mil habitantes de San Pedro. Isabel es una señora que vivió siempre en el pueblo. Como la mayoría de sus habitantes va al río cuando el cielo está despejado y no hace mucho frío. Se agarra la nariz con dos dedos para graficar lo que va a decir: 

–El olor muchas veces es nauseabundo.  

Su marido, Antonio, mira al cielo con sus ojos claros, como si allí pudiese encontrar los viejos tiempos que añora. Cuenta que siempre le gustó pescar, que solía ir con otros vecinos y con su hijo. 

–Yo no sé si será por la papelera, pero creéme que antes había más peces en el río.

Hay otras quejas de los vecinos: el color que tiene el agua cuando abren las canillas en sus casas, que también viene del río. Las enfermedades en la piel que sufren los que se bañan, el sabor del agua que beben. “No hay duda de que el ecosistema ha sufrido un cambio muy importante”, remata el ambientalista de la causa. 

Es necesario recordar la composición accionaria de Papel Prensa. El 60 por ciento de las acciones están en manos del sector privado, la mayor parte controladas por el Grupo Clarín y el resto en manos del diario La Nación. Las fuentes judiciales subrayan que esto deja al Gobierno en minoría en las reuniones de directorio a la hora de las decisiones. De todos modos, no se puede negar la corresponsabilidad del Estado.

Para descubrir los motivos de estos cambios en el ecosistema del río Baradero, no hay otro camino que realizar un estudio prolongado en el tiempo. La empresa se resiste y sigue trabajando, arrojando efluentes con químicos sin autorización. La Corte Suprema todavía no se expide. Los recursos para que la Universidad de Luján haga el estudio no aparecen. Es la combinación perversa de un Estado lento, burocrático, sumergido en internas, y una empresa que tiene en su génesis no respetar la ley o transar con el Estado. Es lógico. Si se piensa en el origen de la planta, en un negocio que nació para que los grandes diarios no hablen sobre los crímenes de la última dictadura, no se puede esperar que se conmuevan por la salud del río Baradero.

dverduga@miradasalsur.com

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La chancha y la máquina de hacer chorizos
Papel Prensa: quien la controla, controla parte del éxito o fracaso de otros diarios.

Desde que la dictadura le regaló Papel Prensa, Clarín controla con mano de hierro el mercado de diarios: puede decidir si un medio crece, si sobrevive o incluso si muere. En la actualidad, Papel Prensa –según fuentes de la propia empresa–, está compuesta por el Grupo Clarín (49%), el matutino La Nación (22,5%) y el Estado nacional (27,5%).

Por Diego Rosemberg

Todos para uno, pero jamás uno para todos. Durante casi una década –a fines de los ’60 y principios de los ’70–, la totalidad de los periódicos argentinos aportaban un gravamen equivalente al 10% del papel que importaban con el objetivo de reunir los fondos necesarios para montar Papel Prensa, la primera fábrica de bobinas para diario del país. Hoy, a cuatro décadas de que se inaugurara la papelera, el Grupo Clarín se convirtió en el principal accionista de la firma que no sólo tiene una posición dominante en el mercado, sino que distribuye su producción de papel de manera discrecional, a quien quiere y al precio que quiere.

En la actualidad, Papel Prensa –según fuentes de la propia empresa–, está compuesta por el Grupo Clarín (49%), el matutino La Nación (22,5%) y el Estado nacional (27,5%). El uno por ciento restante, agregan, corresponde a pequeños inversores iniciales. Con su producción de 170.000 toneladas anuales, la empresa provee de papel a 130 diarios, el 95% de los que se publican en el país. Pero resulta imprescindible una aclaración: no vende la cantidad de bobinas que los periódicos demandan, sino la que la papelera define en sus reuniones de directorio.

Excepto los diarios Clarín y La Nación, que reciben las toneladas de papel que precisan para cubrir sus ediciones, el resto de las publicaciones está sujeto a los cupos de venta que fija el directorio de la empresa cada seis meses. “Todas las veces que llamo y digo que quiero aumentar el volumen de compras, me dicen que el plan productivo del semestre ya está comprometido. Y cuando llamo al siguiente semestre, recibo la misma respuesta”, refunfuña el directivo de un diario porteño. “Nunca consigo incrementar la cantidad de papel –agrega– y si quiero imprimir una mayor tirada tengo que importar papel. Ahora, si un día llego a decir que necesito menos, después nunca más puedo volver a los niveles actuales de compra.”
La ley de la poca oferta. Argentina posee sólo dos empresas que fabrican papel para imprimir diarios, una es Papel Prensa y la otra Papelera Tucumán –vinculada al ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri–, de inferior capacidad productiva, menor calidad y precios más caros. La tercera opción para obtener las bobinas es acudir a las distribuidoras que importan papel, principalmente de Chile, Canadá y Estados Unidos. Aunque también puede conseguirse –en menor medida y calidad– el que llega desde Brasil o, incluso, algunos países de África o de la Europa escandinava.

De esta manera, a través de la política de cupos, Papel Prensa cuenta con una herramienta que le permite regular la competencia en el mercado de las publicaciones periódicas. Puede, si lo quiere, frenar el crecimiento de la tirada de un periódico u obligarlo a importar y pagar precios mucho más caros, dificultando muchas veces la viabilidad económica de las empresas. Uno de los primeros en denunciar este mecanismo fue el fundador de Ámbito Financiero, un periodista-empresario defensor a ultranza del libre mercado, que nadie podría tildar de izquierdista. Para describir cómo funcionaba el sistema autoeditó un libro llamado Los Cerrojos de la prensa, en el que escribió: “Se regaló Papel Prensa sólo a tres diarios. Luego se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel, con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vendía a nadie. A precio bajo sólo se benefician los dueños”.

La necesidad de las empresas periodísticas de obtener papel a precios bajos permitió, también, que la historia de Papel Prensa que vincula en su nacimiento a la dictadura militar con los diarios de mayor circulación en la Argentina quedara silenciada. Hoy, incluso, muchos medios gráficos prefieren callar sobre las condiciones comerciales que impone la papelera antes de correr el riesgo de que sus cuotas de papel disminuyan. Esta cultura del miedo al gigante explica la suavidad con que es tratado Clarín en el mercado de la libertad de imprenta. De cara a la discusión sobre la comunicación concentrada en el mercado del cable, la situación se replica con los pequeños cableros, absolutamente dependientes de los contenidos y redes desde una posición dominante.
Maravillas de la papelera propia. En estos días, el kilo producido en Papel Prensa cotiza a 2,95 pesos, IVA incluido. Mientras que la misma cantidad producida por Papelera Tucumán ronda los 3,26 pesos. Un diario chico, que cada día tira 8.500 ejemplares de 48 páginas, consume unos mil kilos de papel por edición. Si trabajara con Papelera Tucumán a fin de año tendría un costo de 112.220 pesos más que si lo hiciera con Papel Prensa. 

Si se cambia el punto de vista y se analiza cuánto es el ahorro de Clarín, el diario de mayor circulación, por ser el fabricante casi exclusivo del papel más barato del país, la cifra se multiplica de manera exponencial. El diario vendió en el primer semestre de este año, según el IVC, un promedio de 354.000 ejemplares por día (en el mundillo de la distribución de diarios se habla de una caída en el último año y medio que haría descender la cifra a 280 mil). Si imprimiera ejemplares similares a los de un diario chico, de sólo 48 páginas, y comprara los insumos en Papelera Tucumán, tendría –de piso– un costo extra anual de casi cinco millones de pesos. Si se contempla que Clarín, a veces, puede duplicar esa cantidad de páginas en el cuerpo central del diario y con los suplementos adicionales que ofrece las llega a triplicar, el ahorro podría multiplicarse por dos o por tres. 

Si, para mantener la calidad del producto, una publicación decide adquirir papel importado, los costos que debe afrontar son aún mayores. El papel comprado en Chile cuesta 3,40 pesos el kilo, IVA incluido. A esa cifra es necesario añadirle el 3% de impuesto a las ganancias y si la empresa no está inscripta en el Registro de Importación del Sector Editorial, tendrá que abonar un 10% extra en concepto de IVA a la importación. Además, es necesario tener en cuenta que los costos se incrementan con los honorarios del despachante de aduana, el alquiler del depósito aduanero hasta que se retira la mercadería, el precio del servicio de custodia mientras se traslada el material y sellados varios.

Esta situación en el mercado del papel prensa no es nueva. Ya el 8 de octubre de 1986, en su tapa, Crónica publicaba una editorial inédita, que desnudaba la situación del mercado del papel: “Crónica se editará dentro de pocas semanas con el papel más caro del mundo, pues a su precio de fábrica tenemos que sumarle un 28% de impuestos que se tributa para mantener la supuesta producción nacional. Cabe consignar, que de las 2.000 toneladas que esta editorial consume mensualmente, la mitad era provista por Papel Prensa, pero con el correr del tiempo la misma se fue achicando hasta llegar a las 300 o 350 actuales. El Gobierno considera a dos de sus socios (Clarín y La Nación) como diarios líderes por el caudal publicitario que reciben y los convierte en los árbitros de los precios de venta, o sea que todos los demás deberán acompañarlos, aunque sus costos operativos sean muchos más elevados (...)”.  Hacia el final del artículo, Héctor Ricardo García, otro de los pocos editores que se animó a protestar contra las reglas de juego, escribió: “Bien es sabido, por ejemplo, que en el país hay dos tipos de precios para el papel con que se imprimen los diarios: para unos está el que produce Papel Prensa, que cotiza la tonelada de 380 australes, y para los otros el de Papel del Tucumán, que cuesta 570 australes la tonelada, un 60 % más. Con el producto más barato se confeccionan los diarios socios del Ejecutivo, como Clarín, La Nación y La Razón, y con el más caro la casi totalidad de los restantes editados en todo el país”.

Habrá que recordar que hace años el viejo y popular diario Crónica entró en una pendiente más que complicada.
Remarcando precios. Más acá en el tiempo, el año pasado, el diario Hoy de La Plata dedicó una extensa editorial a protestar por los aumentos de precio que fijaba Papel Prensa, desde su óptica desproporcionados. “En diciembre de 2006, la tonelada valía 1.567 pesos, mientras que actualmente el precio es de 2.151. Es decir, en poco más de un año, el precio se incrementó un 37,2%, cuatro veces más que el índice de inflación anual reconocido por el Indec. Esta compañía monopólica, que es controlada por el Grupo Clarín y el diario La Nación (en sociedad con el Estado), busca ahogar a aquellos diarios que no forman parte de la corporación mediante continuos aumentos en el precio del papel”, aseguraba el artículo.

El nuevo proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que ahora se discute en el Senado, busca poner límite a situaciones de mercado de este tipo en el mundo de la televisión, el cable y la radiofonía. Pero no refiere al mercado de la prensa gráfica que, más allá de los que pase en la Cámara alta, seguirá teniendo actores que podrán decir: “Yo lo fabrico, yo lo vendo y yo lo escribo”.
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